INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES: SESIONES VIRTUALES

IMG_0673

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

 

  • Sesión Virtual I

“Política. Lógica y método de las ciencias sociales” – Giovanni Sartori 

¿Qué diferencia existe entre ciencia, teoría y filosofía?

¿Cuáles son las funciones de los métodos de control y cuáles son sus implicaciones en la construcción del conocimiento científico?

Sartori Virtual

Sartori Prez

  • Sesión Virtual II

“Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico” – Karl Popper

¿Cómo ocurre el progreso en la ciencia?

¿Por qué la ciencia parte de problemas y no de observaciones?

¿Cuál es la diferencia entre verificar y refutar?

¿Qué relación tienen las anteriores prácticas con la falsación positiva/negativa?

Popper Virtual

Popper Prezi

  • Sesión Virtual III

“Apología para la historia” – Marc Bloch 

¿Qué quiere decir la expresión “cambio de duración”?

¿El tiempo en el que transcurren las acciones entre los hombres es unitario o múltiple?

¿Por qué el pasado no es un hecho fijado sino el producto de una construcción?

Bloch Virtual

Bloch Prezi

  • Sesión Virtual IV

“¿Qué es la política?” – Hannah Arendt

Sin espacio de intermediación entre  los hombre no existe política, ¿por qué?

¿Qué diferencia existe entre espacio público y espacio público político?

¿Por qué la historia es la política del pasado?

¿Bajo qué términos puede cancelarse la política?

Arendt Virtual

  • Sesión Virtual V

 “Sobre la violencia” – Hannah Arendt

¿Por qué toda violencia es instrumental?

Toda producción supone violencia, ¿por qué?

¿La violencia puede ser racional?

Arendt Virtual

Arendt Prezi

  • Sesión Virtual VI 

“La ideología alemana” – Karl Marx 

¿Por qué las fuerzas productivas condicionan la cuestión social?

¿Por qué la abolición de la propiedad privada sólo es posible dentro de la gran industria?

¿Cuál es el producto de la contradicción entre fuerzas productivas y modos de intercambio?

Marx Virtual

Marx Prezi

  • Sesión Virtual VII

“El manifiesto del Partido Comunista” – Karl Marx & Friedrich Engels 

Marx y los comunistas no están en contra de la pequeña propiedad, ¿por qué?

Si el Estado es una junta donde se administran los asuntos de la clase burguesa entonces ya no es Estado, ¿en qué radica el contrasentido?

¿Por qué toda lucha de clases es una lucha política?

Marx Virtual (Primera parte)

Marx Virtual (Segunda parte)

Marx Prezi

  • Sesión Virtual VIII

“Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental” – Hannah Arendt  

¿En qué consiste la tradición del pensamiento político occidental?

¿Por qué Marx está más anclado a la tradición del pensamiento político occidental de lo que nosotros podríamos estarlo?

¿Cuál es el rasgo estrictamente utópico del pensamiento de Marx?

Arendt Virtual

Arendt Prezi

 

 

 

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Sociología

EL AÑO DEL PEJE

IMG_0172.jpg

“Sólo se considera que un poder es plenamente democrático

si está sometido a pruebas de control y validación

a la vez competitivas y complementarias

de la expresión mayoritaria”

Pierre Rosanvallon

 

¿Cómo evaluar a un líder social como Andrés Manuel López Obrador que, a un año de haber triunfado, después de una mayoría inmejorable en el Congreso y un cúmulo de gobernadores francamente adictos a su figura, sigue en campaña, polarizando el debate público posible y siempre “con otros datos” como la mejor respuesta para todos aquellos que cada mañana les ha tocado jugar el deshonroso papel de sus “adversarios”? ¿Bajo qué parámetros podría decirse que los despidos masivos a servidores públicos federales, los recortes presupuestales y las adjudicaciones directas han mejorado la eficiencia gubernamental y combatido exitosamente la corrupción? ¿Acaso las consultas ciudadanas han contribuido a forjar una sociedad más democrática, realmente han acercado a los mexicanos a la experiencia de los presupuestos participativos, gracias a ellas el gasto público está siendo vigilado y controlado desde la ciudadanía, o tan sólo han servido para legitimar procesalmente los caprichos de una autocracia singular? Y finalmente, ¿en qué medida el derroche presupuestal en materia de política social y de militarización del espacio público ha contribuido a mejorar los índices de seguridad junto con un repunte de la inversión productiva? ¿Acaso ha podido debilitar los sistemas ilegales y forzar a los amigos del hampa a “portarse bien”? Se trata de un cúmulo de preguntas que no se formulan en las mañaneras y, aunque se hicieran, en momentos incómodos el presidente siempre ha optado por ser “dueño de su propio silencio”.

Doce meses le han bastado a López Obrador para convertirse en el centro de gravedad del sistema político mexicano; eso bajo ninguna circunstancia puede ser una buena noticia. Si analizamos el desempeño de la LXIV Legislatura –al corte del 18 de junio– rápidamente saldrían a la luz 105 iniciativas aprobadas, de un total 1645 que fueron presentadas. ¿Cómo puede una Congreso con 316 diputados pertenecientes a una gran coalición, “Juntos haremos Historia”, tener un nivel de eficiencia de tan sólo el 6.38%? Una oposición organizada no es la respuesta; en San Lázaro sólo existe mayoría cuando se trata de un proyecto que le interese al señor presidente, en el resto de las casos la gran fuerza de Morena se difumina en un archipiélago de grupos, clanes y tribus con intereses contrapuestos, incapaces de colaborar por el mero cálculo del consenso. La cuarta transformación, lejos de fundar una nueva República, trajo de vuelta una vieja regla del sistema: la mayoría la monopoliza el presidente, con la única salvedad que, en esta ocasión, la metaconstitucionalidad que arroja su ejercicio tiene un recubrimiento democrático que le permite solventar el impacto de malas decisiones a través de niveles de aprobación sustentables: a un año de la noche de su triunfo Andrés Manuel no sólo cuenta con más del 60% de aprobación del electorado –coinciden con la cifra Mitofsky y El Financiero– sino que todavía el 85% de sus 30 millones de votantes siguen confiando en su “honestidad valiente”.

¿La razón? Es tan simple que hasta parece una mera ocurrencia: no existe nadie más en quien confiar. El sistema de partidos está quebrado, las oligarquías opositoras putrefactas, en todo el espacio público no hay un solo actor, un solo discurso capaz de rivalizar con el del presidente y, sin embargo, las críticas que se reproducen por montones no son captadas por el votante medio como un proyecto alternativo de gobierno –y quizá ésta sea la mayor conquista moral de Andrés Manuel–, sino como un retroceso a un pasado que agravó la desigualdad, y ese es un hecho demostrable.

“Por el bien de México, primero los pobres”: hoy se ha convertido en un auténtico evangelio que justifica en el imaginario colectivo una reducción presupuestal del 13.2% en 26 dependencias del gobierno federal; y aunque no se alcanzan a ver las contradicciones que una medida de ese calibre genera en la realidad de la banqueta como el castigo del 15.8% a la secretaría de Educación Pública equivalente a 21 mil 390 millones o la disminución del 36%, conforme a cifras del 2018, de los recursos asignados para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; sí se percibe –¿acaso la política no se trata tan sólo de apariencias?– un presupuesto de 60 mil 702 millones, con un incremento del 42.1% en los programas de la secretaría de Bienestar que, en el corto salto de un sexenio a otro han duplicado las pensiones de los adultos mayores, además de asignar en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) becas y salarios a jóvenes estudiantes y trabajadores gracias a una cartera de inversión proyectada en 150 mil millones de pesos –los datos son del propio Informe de Finanzas Públicas de la SHCP–.

Desde luego la crisis de los contrapesos constitucionales, así como el populismo como herramienta para subsidiar la miseria, no son los únicos procedimientos que han llevado a la llamada 4T a poner en riesgo el límite crítico del sistema. La maquinaria gubernamental viene sobrecargada y muy desgastada por “los malos manejos” –aquí el presidente acierta en su diagnóstico inicial– “de los gobiernos anteriores”. México enfrenta un déficit en materia de Salud de 5 billones de pesos, además de 100 mil plazas que no tienen fuentes de financiamiento y un pasivo de proveedores de 100 mil millones; bajo estas terribles circunstancias un recorte del 15% al presupuesto de Salud implicó, técnicamente, contribuir a la debacle del pasado; no conforme con ello la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló 2 mil 400 millones pertenecientes a los Institutos Nacionales de Salud –Diario de los Debates del Senado de la República–, sus directores rápidamente protestaron ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero el sitio era equivocado; la medida era un mandato administrativo del Ejecutivo que quebrantaba inconstitucionalmente el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Al final fue la opinión pública, que en México se ha erigido por emergencia como el único contrapeso eficiente del sistema, la única fuerza capaz de reintegrar los recursos a sus originales destinatarios.

¿Por qué un gobierno que ha osado decretar “el fin de la era neoliberal” ejerce recortes que ponen en riesgo la salud de millones de mexicanos? Porque padece de insuficiencia presupuestal para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Desde que López Obrador asumió la presidencia al 30 de junio de 2019 se han contabilizado 19 mil 944 víctimas de homicidios doloso y feminicidio –cálculos del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, un dato que deliberadamente fue omitido durante el informe de 90 minutos de la Plaza de la Constitución el primero de julio pasado, y con razón pues se trata del arranque sexenal más sangriento en la historia de México. ¿La solución? “Frijol con gorgojo”. La creación de un ejército dentro del ejército pero sin la disciplina y la organización de éste último. La Guardia Nacional obedeció a un incremento del 15.6% del presupuesto que el año pasado ejercieron las fuerzas armadas; en total el Gobierno de la República con 93 mil 670 millones de pesos dará “el paso sin retorno” a la consolidación del la militarización del espacio público; y ésta no es una sentencia exagerada, el presupuesto anual de la Fiscalía General de la República (FGR) asciende a sólo 15 mil 351 millones de pesos –según el Diario Oficial de la Federación–. No habrá abrazos, tampoco carpetas de investigación y mucho menos consignaciones; claramente tendremos muchos balazos, o dicho de manera más académica: México será la cuna extemporánea del militarismo burocrático más institucionalizado de América Latina.

Nada de todo lo antes descrito –excepto algunos programas sociales– fueron decisiones tomadas bajo el control “del pueblo sabio”. Las consultas ciudadanas son el sello de una autocracia participativa que ha convertido el fino arte de “llamar constantemente a cuentas al electorado” en una vulgar herramienta de legitimación de proyectos de alto impacto ambiental –y riesgo económico latente– como Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía. Un año ha transcurrido y me parece que no nos encontramos en una sociedad menos neoliberal, más democrática, menos corrupta y mucho menos más transparente; lo que sí tenemos son millones de mexicanos, el propio Andrés Manuel incluido, decididamente convencidos de que hace un año hicieron lo correcto. Justo aquella noche, en el corazón de la República, en el zócalo de la Ciudad de México el presidente aseguraba ante miles de simpatizantes: “tengo la ambición legítima de ser un buen presidente”; con el curso de las decisiones que hasta el momento ha tomado, ¿podrá lograrlo?

Deja un comentario

Archivado bajo Columna

BELLAS ARTES: PANEM ET CIRCENSES

IMG_9487.JPG

“La persona que juzga -como dice Kant con mucha elegancia-

sólo puede galantear en busca del consentimiento del otro

con la esperanza de llegar, por último, a un acuerdo con él”.

Hannah Arendt

 

¿Por qué la utilización del máximo recinto cultural del país, el Palacio de Bellas Artes, para homenajear a alguien que se dice ser “el apóstol de Jesucristo”, no ha generado indignación más allá de un reducido circulo de intelectuales, artistas y el club de asiduos del maravilloso escenario proyectado a principios de siglo pasado por Adamo Boari y Federico Mariscal? ¿Por qué, ante un ultraje tan penoso y evidente, tanto la secretaría de la Cultura como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en tiempos de “la cuarta transformación”, afanosamente han sostenido que el teatro “no fue solicitado, ni autorizado para hacer ningún homenaje a ningún líder religioso”? ¿Qué clase de alianzas y contubernios, que nos recuerdan mucho las escenas de las dictaduras militares de Chile y Argentina de los años 70, existen entre la Iglesia de la Luz del Mundo y la Sinfónica de la Marina Armada de México, una institución laica, únicamente al servicio de los honores al lábaro patrio y la conmemoración de las gestas heroicas del Estado mexicano? Y finalmente, ¿hasta dónde la clase política dominante, la misma que devotamente se ha curado en la salud de Andrés Manuel López Obrador, está comprometida con una organización religiosa que intenta restaurar los valores de la Iglesia cristiana del siglo primero? Muchas preguntas, desafortunadamente muy pocas respuestas.

El espíritu público en México, gracias a un fuerte centralismo y a un individualismo posesivo de mercado, está contrariado desde hace mucho con una sociedad de masas que no está interesada en la cultura sino en el entretenimiento; para el gran público, y tristemente para la secretaría de Cultura también, no hay diferencia entre la presentación de Carmina Burana junto al oráculo de la Luz del Mundo y aquella que en los próximos días presentará en Bellas Artes la Compañía Nacional de Danza. No nos encontramos ante al viejo conflicto entre arte y política, que no puede ni debe resolverse, pues ambos pertenecen a la esfera pública desde el momento en que están tensionados de principio; por el contrario, nos enfrentamos a un debate extemporáneo entre política y religión donde la solución del liberalismo, contraria a la medida conservadora que Andrés Manuel tanto ha satanizado en sus mañaneras, nunca ha sido su fusión sino su autonomía recíproca y separación pragmática. ¿Quién diría que el gobierno de quien llegó a la presidencia asegurando que “él se hincaba donde se hinca el pueblo”, en una población mayoritariamente católica, terminaría reparando los agravios que los gobiernos anticlericales de Plutarco Elías Calles y compañía le hicieron al padre de Naasón Joaquín García abriéndole las puertas de Bellas Artes?

La noche del pasado viernes 17 de mayo, durante el habitual concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, la protesta irrumpió en la sala de espectáculos: “los grupos artísticos del INBAL rechazamos el ilegal, abusivo y doloso uso del Palacio de Bellas Artes para la realización de eventos privados de carácter religioso disfrazado de concierto operístico, titulado El Guardián del Espejo”; la manta se leyó entre los aplausos del público asistente. Hasta el momento no han habido más réplicas: aún permanece un fuerte control corporativo en cada una de las funciones administrativas del Estado, y la secretaría de Cultura no es la excepción, no se trata de indiferencia por parte de los miembros del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes o el Ballet Folklórico de México; la posición de los artistas es delicada, Srba Dinić –a disgusto– acaba de salir por la puerta trasera de la Ópera de Bellas Artes y la política de austeridad, en honor a la verdad, ha dejado una cartelera cualitativamente disminuida; la situación de los trabajadores del INBAL dista mucho de ser diferente, presas de salarios caídos, opacidad e intensos conflictos sindicales desde hace más de un sexenio, resultan ser los menos apropiados para convertir una protesta en un movimiento en defensa de la producción artística libre de proselitismo religioso.

“Nos sentimos violentados, porque si bien las autoridades del INBA dicen que no tuvieron nada que ver, estaban entre el público”, declaró enfático Francisco Chavero Briseño, presidente del Sindicato Nacional de Grupos Artísticos. La lista de miembros destacados de la 4T era copiosa: los senadores Martí Batres, Félix Salgado Macedonio, Julio Ramón Menchaca; los diputados Sergio Mayer, Héctor Yunes; acompañados de la subdirectora del INBAL, Laura Ramírez Rasgado, y hasta del Fiscal Electoral José Agustín Ortiz Pinchetti, entre muchos otros. Las preguntas siguen siendo consignas: ¿por qué mintió públicamente la secretaría de la Cultura?, ¿por qué negó la inocultable condición religiosa de un evento en cuyo programa de mano apareció el rostro del mismo Naasón Joaquín García enmarcado en la luz del mentado espejo? La mentira, una práctica que en otras ocasiones ha repdoducido con devoción el gobierno de López Obrador, sólo es producto de la imaginación de quien la emite pues el engaño sólo tiene éxito cuando la afirmación suena plausible, cuando las cosas pudieron haber sido como el mentiroso asegura que fueron; pero en el caso de Bellas Artes la falacia resulta incapaz de establecerse como un principio compartido pues quien la difunde ha convocado a la indignación siendo presa fácil del escarnio.

No es un secreto para nadie que todos los ámbitos de la vida pública en este país atraviezan por un desgaste sin precedentes, y el problema se agrava cuando Bellas Artes es parte de un sistema burocrático incapaz de asumir la responsabilidad de sus procedimientos; ya no hay necesidad que el presidente salga a decir ante la opinión pública: “no te preocupes Alejandra Frausto” pues, en tiempos de la 4T, esa frase se ha sustituido por otra mucho más desvergonzada: “nosostros tenemos otros datos”. No habrá renuncias, “la verdad histórica” del INBAL quedará para la posteridad: “el teatro fue solicitado por el senador Rogelio Zamora Guzmán y la Asociación de Profesionales y Empresarios de México pagó 184 mil 413 pesos por la renta del recinto cultural más importante de México, en ningún momento se autorizó un evento religioso”.

¿Se trata de un caso más de inepetitud gubernamental a la que los ciudadanos nos hemos resignado con estóica paciencia? ¿O acaso existe una decidida intención por parte de López Obrador de propagar desde las instituciones del Estado sus valores cristianos envueltos en los ropajes de un aparente discurso cívico democrático? Hasta el momento sólo tenemos indicios: los mensajes apostólicos, dignos de un pastor frente a su rebaño en las mañaneras de Palacio Nacional; la propagación de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes que a la letra dice: “la práctica del bien supone el acatamiento a una serie de respetos, estos respetos equivalen a los mandamientos de la religión”; la entrega en fast track de tres concesiones para transmitir ondas de radio de uso social o comunitario a organizaciones dedicadas a la difusión de mensajes evangélicos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones; en fin, tan sólo indicios, el curso del proceso político nos darán las respuestas que estamos buscando, lo cierto es que en tiempos de la 4T el espacio público secular está amenazado de principio.

Deja un comentario

Archivado bajo Columna

THE MONSTER CONDITION

Escudo_BUAP_Positivo_2

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN DERECHO 

IMG_6573.JPG

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

EXAMEN FINAL

I. Completa el siguiente párrafo con los conceptos más adecuados.  

Asustar es la ________________ de la condición monstruo. Cada asustador, a la manera de un _______  ________ realiza un __________ concreto. Su ________  ________, expresada en cuotas y esquemas de  competencia, no está exenta de relaciones de _____________. Las puertas, un auténtico pasaje entre mundos, son _________ de _________ y, en consecuencia, de ____________.  Claramente la potencial grandeza de los monstruos no es producto de su __________, sino de su habilidad para ______________ la materia prima de los sustos en una __________ distinta que no está libre de riesgos.

Mike Wazowski, gracias a la __________ de la labor, puede unir sus fuerzas afirmando la __________ de los monstruos y el determinismo económico de las relaciones de ____________; mientras que James P. Sullivan, en pleno uso de su __________, atraviesa excepcionalmente la puerta sin afán de ____________  confirmando, no sólo el carácter indeterminado de la __________, sino el hecho de que el ________ de sus manos y la ________ de su cuerpo pudieron ser uno y lo mismo.

Los monstruos si no fueran _________ no necesitarían del _________ para entenderse, quizá por eso en Monstruópolis, a pesar de la __________ de Henry J. Waternoose, puede esperarse lo infinitamente ___________. 

¡Buena Suerte!

 

Deja un comentario

Archivado bajo Sociología

ALICE’S ADVENTURES IN HEIDEGGER LAND

Escudo_BUAP_Positivo_2

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

 LICENCIATURA EN DERECHO

Alice

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

EXAMEN PARCIAL

  1. “¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué tarde voy a llegar!”. La irrupción del Conejo Blanco sólo puede suscribirse a uno de los siguientes dos eventos: “Comparecencia”, ¿de quién y por qué? “Representación”, ¿de qué?
  2. ¿Por qué no toma ninguna importancia el orden plantado por Alicia en la formulación de las preguntas sobre los gatos y los murciélagos?
  3. ¿Por qué Alicia confió la verdad sobre un frasquito a un cartel de papel, colgado sobre el cuello del mismo, con la leyenda “Bébeme”?
  4. “Al Ilustrísimo Señor Don Pie Derecho de Alicia (…)”. V (Verdad) NV (No-verdad) ¿Por qué?
  5. “¿Quién soy yo? ¡Ah! Eso sí que es un misterio!” V (Verdad) NV (No-verdad) ¿Por qué?
  6. “¿Où est ma chatte?”. V (Verdad) NV (No-verdad) ¿Por qué? 
  7. “¡Mucho me temo que lo he ofendido de nuevo!”. ¿Por qué Alicia insiste en ofender al ratón”. 
  8. “¡Oye, Ratón, simpático, vuelve acá y no volveré a hablar de gatos ni de perros si no te gustan!” El afirmación de Alicia se inscribe al menos a uno de los siguientes tres eventos: “Comparecencia”, ¿de quién y por qué? “Representación”, ¿de qué?  “Libertad”, ¿de quién?
  9. ¿Por qué Alicia se encontraba conversando con la mayor familiaridad entre animales empapados por sus propias lágrimas?
  10. “Tengo más edad que tú, y por tanto sé todo mejor que tú”. ¿Dónde está el contrasentido que encubre el Loro? ¿Y por qué, cualquier respuesta adecuada a la pregunta anterior, no puede liberarse de cierta paradoja?
  11. El _______ es la representación más fidedigna de la “carrera en comité”. Justifica tu afirmación.
  12. El reclamo de Alicia al Ratón, “¿en qué estás pensando?”, adquiere la auténtica forma sobre la pregunta por la _______ de ___  _______.
  13. ¿Por qué el botellín que estaba a lado del espejo del tocador del Conejo Blanco no es una cosa?
  14. ¿Cuál es el/los sentido/s de la/s cosa/s en la siguiente situación: “me pregunto qué puede haberme sucedido (…) creo que debiera escribirse un libro sobre mí (…) lo escribiré yo misma cuando sea mayor, pero… ¡si ya no puedo ser mayor!”
  15. ¿En qué radica la cosidad de cavar manzanas?
  16. La _____ del _____ _____ es un marco de ordenación con cuya ayuda fijamos e indicamos la localización y el instante de las cosas particulares.
  17. Si la no-verdad presupone un misterio, ¿por qué, en la sentencia “supongo que tendré que comer o beber de esto o de aquello, ¿pero de qué? ¡Ese es el gran misterio!”, Alicia incurre necesariamente en una verdad?
  18. ¿Por qué Alicia no puede estar segura de quién es ella justo en el momento en que la Oruga pregunta? ¿Por qué sólo tiene certeza de aquello que fue?
  19. “A lo mejor el lacayo-pez no puede evitarlo, sus ojos están tan encima de su cabeza”. ¿Cómo fue que Alicia llegó a esa conclusión?
  20. El cerdito que tiene Alicia en sus brazos se _______, y bajo la corriente del _______ Alicia se haya en camino hacia lo que le ______.
  21. “Todos estamos locos por aquí”. ¿Cómo calificas el argumento del Gato de Cheshire? Verdad de hecho / Verdad de opinión. ¿Por qué?
  22. Pendiente  

Deja un comentario

Archivado bajo Docencia

ANDRÉS MANUEL Y LAS TRAMPAS DE LA FE

image1

“La naturaleza de los pueblos es inconstante:

resulta fácil convencerlos de una cosa

pero es difícil mantenerlos convencidos”

Niccolò Machiavelli

 

Una mañana cualquiera en un domicilio conocido de la colonia Roma: cuatro fresnos emergen de escuetas jardineras convertidas en auténticas salas de espera de ancianos enfermos, migrantes en apuros, desempleados, jóvenes madres de familia, niños curiosos; unos con cartas, otros con currículos, algunos con consignas y hasta con machetes en los puños; todos con necesidades legítimas, salvoconductos de viejas y nuevas rencillas a la expectativa de una audiencia, de un contacto, de una débil promesa de quien asegura estar listo para encabezar “la cuarta transformación de México”.

Aquellos que no esperan transitan, al dar vuelta en la esquina de la calle Monterrey se topan con el escenario de la esperanza, rápidamente advierten la autenticidad del evento; no se trata de un montaje y, sin embargo, la escena no corresponde a una casa de campaña financiada con el presupuesto público de un sistema de partidos en decadencia; se detienen, la curiosidad se apodera de sus prejuicios: hurgan en el patio, en los detalles de la fachada, reconocen el Jetta blanco de “las benditas redes sociales”, pasan revista a las ventanas con la única intención de mirar a quien reconocen de sobra, algunos preguntan a la manera de un vecino molesto “¿qué, ahí está Andrés Manuel?”, y se marchan de inmediato; otros sólo desean contribuir al espectáculo de su fanatismo con un selfie y un celular en la mano.

La escena se completa con un cuadro que permanece sin pretensiones, se trata de un enorme despliegue de reporteros, unidades satelitales, motocicletas, cámaras y micrófonos convertidos en los cristales con los que se mira una locación inédita en el desarrollo político nacional: Los Pinos poco a poco pierden su sentido, hemos confiado al libro de texto a Peña Nieto antes de tiempo, y no podría ser de otro modo, la casa de transición comprueba el protagonismo de un “presidente virtual” que en un mundo digital ha demostrado tener un grado más alto de credibilidad; día con día López Obrador bosqueja la trayectoria moral de su sexenio mientras sus secretarios salen al ruedo de la calle Chihuahua a “explicarle al pueblo” los lineamientos del “cambio verdadero”; de pronto el Plan de Anticorrupción y Austeridad Republicana acapara la cobertura informativa de la nación, aunque nadie aún tenga la certeza sobre sus procedimientos, plazos, sobre la implementación de un programa de acción, para el imaginario colectivo bastaron 50 promesas convertidas en decretos para enmendar –o agravar– el terrible estado de la administración pública federal.

¿Cómo fue que el discurso de Andrés Manuel, que no ha sufrido modificaciones en el último cuarto de siglo, logró moldear la mentalidad pública, expresar con fidelidad las emociones del desencanto y marcar la agenda de devotos y adversarios? ¿Por qué las campañas negativas, a diferencia de los procesos anteriores de 2006 y 2012, insultaron el coeficiente del electorado, convencieron a una masa de indecisos y dejaron en ridículo a sus promotores? Y quizá lo más importante, ¿qué pasó en México para que un líder social, proveniente de un ala de la izquierda conservadora, se transformara en un rockstar del templete y la campaña en el momento de mayor descrédito de la clase política?

Aunque es evidente que lo posee, la variable del carisma queda descartada. Casi 26 millones y medio de votantes le tienen desconfianza a López Obrador por sus políticas proteccionistas que han desafiado la retórica neoliberal en un país que ha logrado afianzarse en las semifinales del mundial de los pobres, 53.4 millones de mexicanos se encuentran en esta condición abyecta por definición; una masa incuantificable que deberá ser dirimida en el tribunal de las conciencias del 46.81% de la votación total emitida lo discrimina –o de plano lo detesta– por miles de razones imaginables, quizá todas ellas resumidas en una muy trágica: Andrés Manuel es la muestra viva de que el conflicto de castas sigue sin resolverse 497 años después de la caída de la México-Tenochtitlán.

La respuesta va en otro sentido. El señor AMLO fue el único político que creció a la par del colapso de las instituciones del Estado, literalmente hizo leña del árbol caído al denunciar con vehemencia una crisis republicana que agravaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y que continúo sin cortapisas Enrique Peña: desde la Casa Blanca de Las Lomas hasta el socavón del Paso Express, pasando por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en lo profundo de más de 200 mil memorias de duelo y tragedia, sin olvidarnos de gobernadores como Roberto Borge, Javier Duarte, Andrés Granier, Eugenio Hernández, Guillermo Padrés, Tomás Yarrington, auténticos aprendices del arte del peculado frente al desvío de más de 7 mil millones de pesos orquestado por el gobierno federal que, gracias a esquemas de triangulación y contubernio con universidades públicas, conocemos como “la estafa maestra” de un país donde la impunidad de los responsables y el cinismo de los cómplices se convirtieron en la única función permanente del sistema; sin esa descomposición tan obscena de la dignidad de la vida publica las palabras de Andrés Manuel jamás hubieran cobrado sentido frente a 30 millones de electores que, casi en un acto de contrición, le confiaron el monopolio moral de la resolución de la tragedia nacional.

Y sin embargo López Obrador no hubiera logrado su cometido sin un aparato capaz de entretejer su “ambición legítima de ser un buen presidente” con los ramales del federalismo mexicano. Como en el PRI de antaño todos caben en Morena y sus satélites: Manuel Bartlett, Cuauhtémoc Blanco, Gabriela Cuevas, René Fujiwara, Napoleón Gómez Urrutia, Lino Korrodi, Nestora Salgado –por mencionar algunos–, cada uno proviene de coaliciones en rebeldía frente a la partidocracia dominante, al amparo de Andrés Manuel se montaron en la ola anti-elitista que invadió las emociones de la nación y ganaron una partida que jamás esperaron: poner punto final a siete cámaras de gobiernos divididos con 310 diputados federales y 69 senadores; junto con cinco gobernadores, una veintena de congresos con 385 diputados locales repartidos en 27 entidades federativas; además de 314 presidencias municipales. Morena y Andrés Manuel no sólo sacaron al PRI de Los Pinos, también acabaron legítimamente con los contrapesos que operan sobre el sistema de facultades del Ejecutivo; evidentemente la proeza de AMLO no consistió en sobrevivir tres sexenios y al final salir ganando, sino en legarle una base democrática, en condiciones de plena competitividad, a la metaconstitucionalidad del ejercicio del poder presidencial.

¿Podrá un gobernante con un Congreso adicto a su figura ejercer su poder con mesura y sin tendencias autocráticas? ¿Realmente Andrés Manuel conseguirá erradicar la escrófula de la corrupción con el simple contagio del ejemplo; a la manera de los reyes taumaturgos de los siglos XII y XIII con el ritual de la presencia y el tacto? ¿Serán suficientes los recortes presupuestales, la autosuficiencia energética y los esquemas de austeridad para brindarles opciones de vida digna a los mexicanos? Por ahora la creencia en el milagro, la fe en las proezas sobrehumanas capaces de ser alcanzadas por el soberano fue la respuesta precipitada de una minoría vinculante del electorado ante la debacle del Estado pero, ¿por cuánto tiempo el presidente podrá mantenerlos convenidos de que hicieron lo correcto?

 

Deja un comentario

Archivado bajo Columna

EL ESPACIO PÚBLICO DE LA DISTENSIÓN: GOBIERNOS DIVIDIDOS Y EQUILIBRIOS ENTRE PODERES EN MÉXICO, 1997-2000

01sep99-5

Cuando la democracia se convierte en una realidad contrastable se torna cada vez más imperfecta al momento de la administración en los asuntos de gobierno debido al control férreo que ejerce la mayoría en las negociaciones de los intereses vinculantes (Holmes, 1999: 85). El marco de la distensión entre poderes en un sistema presidencial[1] no sólo está a merced de la división partidaria de las instituciones, sino de la capacidad del diseño para afrontar mayores grados de incertidumbre, cuando esta incertidumbre se institucionaliza, es decir desde el momento en que se constituye como el producto de un pacto sustantivo que garantiza una estructura de equidad entre las fuerzas políticas participantes, los intereses quedan sometidos a los bemoles de la competencia y, por tanto, al flujo de conflictos propios de toda movilidad transitoria.[2]

 

El presidente y el Congreso

La dinámica de toda transición se desenvuelve entorno a interacciones estratégicas y arreglos sustanativos entre actores con poderes y recursos limitados (Gill, 2000: 80). Bajo ese supuesto, si el ordenamiento institucional de 1996 abrió paso a la democratización en México, limitando de manera equitativa los poderes y recursos de los actores políticos participantes; los comicios de 1997 proyectaron el inicio de una instauración democrática[3] que transformó la naturaleza del sistema de partidos de un pluralismo semicompetitivo a un pluralismo limitado[4]. La LVII Legislatura (1997-2000) fue la primera en suscribirse a dicho esquema de distribución de fuerzas:

Captura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.28.54.pngCaptura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.45.43.png

Durante la LVII Legislatura el PRI no sólo perdió –como en 1988– los dos tercios necesarios para reformar la Constitución, sino que contó por primera vez con una suma de curules que ascendió a poco menos de la mitad de las bancas totales de San Lázaro; lejano había quedado el electorado 1994, aquél que ante la adversidad respaldaba el sostenimiento del status quo gubernamental, a tres años de distancia el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) era evaluado por un referéndum altamente negativo para su figura y la de su partido (Magaloni, 1999: 230). México se asomaba a la ventana del siglo XXI acompañado de una ciudadanía despierta y difícilmente cautiva.

No obstante acelerar una democratización vía una cámara baja polarizada arrojaría grandes dificultades, una de ellas fue la forzada “reinvención democrática” de la bancada de Los Pinos en San Lázaro; las repercusiones alcanzan nuestros días: el PRI comenzó a erigirse cada vez más como una maquinaria electoral y cada vez menos como un brazo gubernamental (Domínguez, 1999: 21).[5] En 1997 a diferencia de los procesos anteriores los gobernadores del PRI, en contubernio con la secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quedaron en libertad para decidir candidaturas a favor de sus más cercanos aliados; además se les otorgó un mayor número de espacios de representación a miembros prominentes de cuadros políticos estatales, e incluso se privilegió la experiencia electoral para la asignación de candidaturas a diputaciones federales, sobre todo bajo el principio de mayoría relativa (Langston, 2002: 414). Hablamos de transformaciones profundas en la estructura de selección interna del Revolucionario Institucional que, sin traducirse necesariamente en su democratización interna, abrieron paso a un proceso que desembocó en la delegación del control del partido en manos de los gobernadores, revitalizando la descentralización política del sistema.

Bajo la retórica de un gobierno dividido[6] las fuerzas políticas organizadas encontraron en aquello que la metaconstitucionalidad[7] del sistema jamás previó: un Congreso altamente fragmentado; la garantía institucional básica para la profundización de la etapa democratizadora de la transición. En consecuencia la estructura de oportunidades construida en torno al pluralismo limitado conseguía, a nivel de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, una serie de distensiones tan propias como inéditas, pues por primera vez el efecto institucional en los resultados de los conflictos era inevitable; la validez y legitimidad de las instituciones que comandaban dichas incertidumbres eran crecientes; así como la competitividad de los partidos que, equiparada con su potencial institucional, constituía un hecho real e innegable.[8] Tres directrices que paulatinamente instrumentaban desde San Lázaro una de las tareas fundamentales del constitucionalismo liberal: controlar y/o bloquear, según sea el caso, la agenda presidencial.

Desde 1997 la Cámara de Diputados se reafirmó como un medio alterno para convertir en productos ciertas clases de insumos, hecho que colocó a los proyectos de iniciativa en una posición estratégica y sensible a las afectaciones propias de su entorno. En otras palabras, la naturaleza conflictiva de la transición impactó directamente en el terreno vinculante del setting agenda:

Captura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.29.41.pngCaptura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.48.32.png

La LVII Legislatura, a pesar de haber registrado sólo 22.6 por ciento de eficiencia, albergó fracciones altamente cohesionadas que no desemboocaron en parálisis alguna; es decir, entre los años de 1985 y 1997 la media de proyectos de ley aprobados por San Lázaro fue de 152.7, dato que no marcó un gran contraste con los 137 documentos votados durante la primera cámara de gobierno dividio; como el propio Linz argumentó: “cuando una coalición exitosa no produce ninguna ganancia en términos electorales y, un fracaso por su parte sólo produce costos, lo racional es oponerse al presidente en vez de cooperar con él”.[9] Bajo esa secuencia la caída porcentual en la eficiencia legisalativa no se correlacionó con la producción nominal de la Cámara en aquellos años.

Sin embargo la aprobación de la agenda legislativa reclamó la construcción de coaliciones, así éstas fueran efímeras. Para el caso de los presupuestos de Ingresos y Egresos durante el ejercicio de la LVII Legislatura el PAN, y en menor medida el PRD, aceptaron brindar su apoyo fugaz a cambio de una transacción altamente rentable: el incremento en los porcentajes de participaciones de las entidades y municipios gobernados por la oposición; con el tiempo el arreglo desembocó en una paradoja curiosa, pues para descentralizar el gasto público –en abierta contradicción con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional–, el Congreso terminó por centralizar la asignación del ramo municipal (Pérez Correa, 2002: 65). Se trata de un botón de muestra que exhibe el desmantelamiento de la hegemonía del PRI paralela a la continuidad de la centralización presupuestaria avalada, esta vez, a diferencia del pasado, por un sistema de pluralismo limitado de creciente competitividad electoral.

De las 469 iniciativas que no fueron aprobadas por la LVII Legislatura destacan proyectos de no poco envergadura: asuntos relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso, la supresión de los candados impuestos a las coaliciones en lo relativo a su financiamiento y composición, se discutió incluso la restauración de la candidatura común, así como la creación de una comisión de fiscalización con facultades para vigilar el uso y destino de las prerrogativas de los partidos políticos en campaña y precampaña, y hasta la reducción de Impuesto al Valor Agragado (IVA) del 15 al 13 por ciento.[10] Un conjunto de iniciativas que fueron llevadas a la congeladora no sólo por la presencia de un gobierno dividio en San Lázaro, sino por el freno estructural que representó una mayoría absoluta del Revolucionario Institucional en el Senado de la República.[11] La situación arrojó tres modelos de transacción legislativa de reciente incursión para el caso mexicano:

 

  1. La oposición contra el gobierno.- apareció desde las primeras horas de la LVII Legislatura; entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre de 1997 la oposición, en tensión con la fracción del PRI, entorpeció la toma de protesta en San Lázaro arriesgando la celebración del III Informe de Gobierno del presidente Zedillo.
  2. El gobierno en coalición con la oposición.- paralelamente, entre el 31 de agosto al 1 de diciembre se fueron gestando las primeras colaboraciones entre las bancadas del PRI y el PAN para la aprobación del primer presupuesto emanado de un gobierno dividido.
  3. Bazar de coyuntura.- cuando Erensto Zedillo perdió el apoyo de la fracción de Acción Nacional el PRI decidió buscar el respaldo de la bancada del PRD, ante la rotunda negativa el presdiente no tuvo otra opción que aprobar el presupuesto de Ingresos y Egresos de 1998 con los votos del PVEM, el PT y una parte del PAN.[12]

 

Los tres primeros meses de la LVII Legislatura exportaron las formas y modos de acción en que los intereses fueron agregados y los conflictos abordados en una era donde la fragmentación era la regla en la Cámara de Diputados.

 

¿Adiós a la metaconstitucionalidad?

No obstante la incursión de un gobierno dividido imposibilitó al PRI mantener en operación aquella vieja construcción de meta-formalidad que descansaba en la delegación de las facultades legislativas en el ámbito de atribuciones del presidente en turno; hecho posible gracias a la fortaleza de la estructura organizativa del Revolucionario Institucional, colmada de disciplina y lealtad de los legisladores asegurada por la imposibilidad de reelección de los mismos; hecho que invariablemente era traducido –por una suerte de pacto sectorial– en disciplina y lealtad para con el presidente en turno (Weldon, 2002: 191). Esta cadena de relaciones simbióticas y escalonadas posibilitaron la consagración de mega mayorías gubernamentales que desde el Congreso –nunca desde Los Pinos– coadyuvaron a la puesta en marcha de un enorme poder presidencial que se tradujo, en la mayoría de los casos, en la capacidad desmedida de reforma constitucional del partido gobernante y, por añadidura, del Ejecutivo en turno (Lujambio, 2003: 255).

El resultado de la coyuntura de 1997 fue simple: la presidencia de la República dejó de ser el centro de redes y controles últimos destinados a dirigir la vida política nacional; la metaconstitucionalidad, propia de los ejecutivos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, se había debilitado en virtud de la reactivación de equilibrios institucionales diseñados para controlar y atemperar las facultades del Ejecutivo en turno. La dirección democrática de la transición, quizá ésta sea su consecuencia más impactante, hacía agonizar medio siglo de hiperpresidencialismo mexicano[13] debido a la ausencia de una mayoría constitucional en el Congreso predestinada a invalidar los controles últimos del sistema.

Captura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.30.23.pngCaptura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.51.07.png

A partir del año de 1997 las sinergias de la representación política fraccionaria desembocaron en una mayor flexibilidad en el principio de distinción entre poderes traducida, eventualmente, en una mayor coordinación y corresponsabilidad entre mismos.[14] No obstante “el objetivo principal de dividir el poder para limitarlo no puede implicar una separación radical que termine por inmovilizarlo” (Carbonell y Salazar, 2006: 17); es decir el debilitamiento de la contribución legislativa del Ejecutivo no se tradujo en una variación en los términos de su eficiencia: en ese contexto Ernesto Zedillo fue acreedor a la tasa de contribución legislativa más baja registrada en la historia reciente de México, 20.4 por ciento –tabla III–, el fin en el tiempo del poder interventor del presidente en el ámbito de competencia del Congreso había comenzado.

 

La transición ampliada: gobiernos locales dividios y tasa de alternancia municipal

Si la liberalización económica desmanteló los ciminetos corporativos del PRI y construyó las bases del actual sistema de partidos; la transición política, en consecuencia, vía el gradualismo electoral comandado desde el centro político nacional por una larga apertura, impactó en las localidades consiguiendo mayores condiciones de equidad en los términos de la competencia electoral. De este modo las entidades federativas y los municipios, por isomorfismo institucional,[15] incursionaron en alternancias de gobernadores, alcaldes, e incluso en los equilibrios de gobiernos locales divididos a partir de la crisis económica de 1995 que arrojó saldos negativos cada vez más crecientes y significativos para el partido que aún despachaba desde Los Pinos.[16]

En el año de 1989 la oposición, comandada por el Partido Acción Nacional, ganó la gobernatura de Baja California; por primera vez en muchas deácadas el PRI reconoció una derrota significativa y, por consiguiente, validó la actitud competitiva de los comicios locales. A esa alternancia le siguieron otros cuatro triunfos logrados por el PAN; el Partido de la Revolución Democrática tardaría ocho años en hacer lo propio, fue hasta 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas consiguió la gobernatura de la Ciudad de México. El pluralismo limitado de partidos impactó con fuerza el norte del país al grado que posterior al triunfo de Acción Nacional en Baja California seguirían once contiendas en las que resultarían electos igual número de gobernadores de extracción opositora.[17] Las comicios en los estados entre los años de 1989 y 1995, aún bajo los términos de una competencia selectiva, ocurrieron con ventajas inmejorables para Acción Nacional en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco con 10.5, 6.9, 25.2 y 15.9 puntos respectivamente, es decir con una media de 14.6 sobre los votos totales del PRI; un año después –una vez iniciada la democratización a nivel nacional– en Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California Sur la oposición triunfó con márgenes de 22.5, 6.6, 15.1, 5.5 y 18.5 por ciento, en suma con una distancia promedio de 11.4 con respecto al segundo partido más votado, el Revolucionario Institucional para cualquiera de los casos –tabla IV–.[18]

Las elecciones locales incursionaban en una curva de competitividad creciente. Para 1998 el coalicionismo opositor irrumpió como un arma efectiva contra el partido oficial; la innovación vendría desde la izquierda y ocurriría en Tlaxcala donde el PRD, PT y PVEM lograron 46.5 por ciento de los votos totales emitidos, poniéndole punto final al monólogo del partido oficial con 2.2 puntos de ventaja; un año más tarde la experiencia se repitió en Nayarit, sería la primera vez que el PAN y el PRD irían coaligados en un mismo proyecto político logrando el 52.9 por ciento de la votación efectiva, cifra que superó en 8.1 puntos la votación del PRI.[19]

La alternancia de gobernadores fue impulsada –e impulsó– la aparición sistemática de gobiernos locales divididos. Desde 1994 la LVI Legislatura de Guanajuato, bajo una mayoría absoluta del PRI, tuvo que arreglárselas con un ejecutivo proveniente de las filas del PAN; un año más tarde la LVI Legislatura de Aguascalientes, con una mayoría simple compartida por el PRI y el PAN, pudo cohabitar con un gobernador del Revolucionario Institucional; ese mismo año el congreso de Chihuahua albergó una mayoría absoluta del PRI en tensión con un mandatario del PAN; para 1998 el escenario de Aguascalientes se repetiría en Baja California, sólo que en esta ocasión la XVI Legislatura enfrentó un ejecutivo del PAN; finalmente Zacatecas y Tlaxcala cierran nuestro secuencia de gobiernos locales divididos ocurridos antes de la alternancia federal, en ambos casos persistieron mayorías del Revolucionario Institucional –simple para el primer caso y absoluta para el segundo– electas con gobernadores del PRD.[20]

Captura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.56.55.pngCaptura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 22.58.39.pngCaptura de pantalla 2018-06-25 a la(s) 23.00.47.png

Fuente: http://www.elecciones.cidac.mx

*La tasa de alternancia municipal se obtuvo dividiendo el número total de municipios gobernados por primera vez por una fuerza política distinta al PRI entre el número de municipalidades contenidas en cada entidad federativa, discriminando para cada trienio aquellas alcaldías adscritas al fenómeno de la alternancia opositora.

En suma los espacios de representación de la oposición crecían de manera sostenida en 12 entidades del país:

  1. Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas se inscribieron al status de cuasi-poliarquías[21] en virtud de sus probadas alternancias y mayorías diversas al Revolucionario Institucional en sus congresos locales, junto con tasas de alternancia municipal mayores al 50 por ciento del total sus ayuntamientos.[22]
  2. Las entidades de Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Tlaxcala y Querétaro, a pesar de haber atravesado por alternancias de gobernadores –y para el caso concreto de Nuevo León hasta por un gobierno unificado a cargo de Acción Nacional–, están mucho más cercanos a las formas de las oligarquías competitivas[23] debido a que el desarrollo de sus alternancias municipales, por debajo de la mitad de sus ayuntamientos totales, no coincidieron con el grado de fragmentación de sus congresos locales.[24]
  3. A pesar de que los estados de Coahuila, Colima, Morelos, San Luis Potosí y Sonora no han experimentado alternancias de gobernadores; cada uno fue perfectamente capaz de albergar gobiernos divididos con mayorías simples del PRI impulsadas por tasas de alternancia municipales que fluctuaron entre el 41 y el 50 por ciento. Sin embargo el triunfo opositor en las cabeceras municipales no fue capaz de posicionarse a nivel de sus congresos locales y, mucho menos, a nivel de gubernatura. Por este bloqueo en el desarrollo de la representación opositora, motivada por leyes electorales inequitativas y distorsiones significativas en el tamaño de sus muestras distritales, cada una de estas cinco entidades pueden caracterizarse como oligarquías semi-competitivas.[25]
  4. Las entidades de Durango, Michoacán y Veracruz se sitúan en la escala de desarrollo de las hegemonía representativas [26] pues, detrás de una tradición de más de medio siglo de gobiernos unificados del PRI, sus tasas de alternancia superiores a la mitad de sus cabildos totales son, de hecho, el único soporte de su exigua representación opositora.
  5. En estado de mayor dilación, bajo la auténtica caracterización de hegemonías cuasi-representativas, se encuentran Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán; espacios con una tasa de alternancia municipal global de 28.5 por ciento –tabla IV–, y con férreos gobiernos unificados que se han mantenido indiferentes a más de dos décadas de cambios democráticos impulsados por las reformas electorales federales.
  6. Mención aparte merecen Quintana Roo y Tabasco, dos bastiones absolutos del priísmo nacional pues, además de albergar gobiernos unificados con fuertes mayorías absolutas –casi constitucionales–, son las únicas dos entidades del país donde ninguno de sus ayuntamientos –entre los años de 1989 y 1999– han experimentado un sólo cabildo presidido por un partido distinto al de Los Pinos. Singular característica que coloca a esta dupla, debido al nulo estado de pluralismo en los términos de su representación política, en los parámetros de una hegemonía cuasi-cerrada.[27]

 

Lógica de fin de régimen

Para finales del año de 1999 más de la mitad de la población nacional había vivido la experiencia de ser gobernada desde alguno de los tres niveles de gobierno por fracciones distintas al Partido Revolucionario Institucional; circunstancia que forzó al PRI a volverse vez más competitivo, a redefinir sus estrategias de lucha electoral y buscar candidatos más populares y con mayor apoyo de las bases. Asimismo la emergencia de una oposición local verdaderamente competitiva resultó decisiva, no sólo para el fortalecimiento del federalismo mexicano, sino para la puesta en marcha de reformas legislativas que abrieron paso a estilos alternativos de gobierno.[28]

Un año antes de la alternancia del ejecutivo federal la dinámica del cambio periférico abandonaría para siempre el unilateralismo isomorfo dictado por el centro; la democratización de los estados poco a poco adquiría un efecto doble: al proceso político tradicionalmente ocurrido “desde arriba”, en el que las reformas nacionales acarreaban consecuencias locales, se sumaba –en virtud de la creciente apertura local– un efecto contrario “desde abajo” donde los comicios, entendidos como transacciones entre la clase política vinculante, forzaban ajustes favorables en el marco de un régimen cada vez más predispuesto a las negociaciones que al mandato inequívoco.

Poco a poco, por la fuerza de un sistema de partidos cada vez más competitivo, la centralización política se desvanecía sin necesidad de alternancia en la oficina central de Los Pinos; mientras que “las reformas institucionales fueron provocado la dispersión del poder, activando los contrapesos fundamentales en cualquier orden democrático” (Elizondo y Nacif, 2002: 10-11). En consecuencia los tres grandes momentos de una transición política, por su naturaleza estructural escindidos –la transformación de las reglas, el acceso a las mismas y la persistencia en el ejercicio del poder político–, en México se encontraban en un mismo “paquete de contingencia” que hacían de la transición de régimen un proceso inseparable de la dinámica establishment/anti-establishment que, dicho sea de paso, permaneció vigente incluso en su etapa más convulsa, durante la llamada “consolidación democrática” donde actores con alianzas e intereses inocultables solventaron en escenarios diferenciados el juego de su persistencia.

 

*Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique , Ingeniería institucional y consolidación de la democracia en México, 1997-2006, tesis de licenciatura, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2007, pp. 51-74.

 

BIBLIOGRAFÍA

Becerra, R. Salazar, P. Woldenberg, J. 2000. La mecánica del cambio político en México: elecciones, partidos y reformas, Cal y Arena, México.

Bruhn, K. 1999. “The resurrection of Mexican left in the 1997 elections: implications of the party system”, en Domínguez, I. J. Poiré, A. (eds.), Toward Mexico’s democratization: parties, campaigns, and public opinion, Routledge, New York & London, pp. 88-113.

Carbonell, M. Salazar, P. 2006. División de poderes y régimen presidencial en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Casar, M. A. 2002. “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”, en Elizondo, C. Nacif, B. (eds.), Lecturas sobre el cambio político en México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 41-78.

——— 1999. Coaliciones parlamentarias: aprendiendo a vivir en la democracia, documento de trabajo, Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, México.

Colomer, J. 2001. Instituciones políticas, Ariel, Barcelona.

Dahl, R. 1996. La poliarquía: participación y oposición, Red Editorial Iberoamericana, México.

DiMaggio, P. Powell, W. 2001. “Retorno a la jaula de hierro: el isomorfismo institucional y la racionalidad colectiva en los campos organizacionales”, en Powell, W. DiMaggio, P. (eds.), El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 104-125.

Domínguez, I. J. 1999. “The transformation of Mexico’s electoral and party systems, 1988-1997”, en Domínguez, I. J. Poiré, A. (eds.), Toward Mexico’s democratization: parties, campaigns, and public opinion, Routledge, New York & London, pp. 1-23.

Gill, G. 2000. The dynamics of democratization: elites, civil society and the transition process, St. Martin’s, New York.

Holmes, S. 1999. “Las reglas mordaza o la política de la omisión”, en Elster, J. Slagstad, R. (coord.), Constitucionalismo y democracia, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 49-88.

Hurtado, J. 2001. El sistema presidencial mexicano: evolución y perspectivas, Fondo de Cultura Económica, Universidad de Guadalajara, México.

Langston, J. 2002. “Los efectos de la competencia electoral en la selección de candidatos del PRI a la Cámara de Diputados”, en Elizondo, C. Nacif, B. (eds.), Lecturas sobre el cambio político en México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 387-430.

López Lara, A. 2001. “Presidencialismo y coaliciones legislativas en la Cámara de Diputados de México”, en Polis: sucesión presidencial y cambio político, número extraordinario, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, pp. 121-155.

Lujambio, A. 2003. “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México”, en Lanzaro, J. (ed.), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, pp. 251-280.

Magaloni, B. 1999. “Is the PRI fading? Economic performance, electoral accountability, and voting behavior in the 1994 and 1997 elections”, en Domínguez, I. J. Poiré, A. (eds.), Toward Mexico’s democratization: parties, campaigns, and public opinion, Routledge, New York & London, pp. 203-234.

Mizrahi, Y. 2002. “Democracia, eficiencia y participación: los dilemas de los gobiernos de oposición en México”, en Elizondo, C. Nacif, B. (eds.), Lecturas sobre el cambio político en México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 353-386.

Nacif, B. 2006. The fall of dominant presidency: lawmaking under divided government in Mexico, documento de trabajo, Centro de Investigación y Docencia Económica, México.

Pérez Correa, F. 2002. Temas del federalismo. ¿De la centralización a la fragmentación?, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Przeworski, A. 1999. “La democracia como resultado contingente de conflictos”, en Elster, J. Slagstad, R. (coord.), Constitucionalismo y democracia, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 89-110.

———. 1994. “Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia”, en O’Donnell, G. Schmitter, P. Whitehead, L. (coord.), Transiciones desde un gobierno autoritario: perspectivas comparadas, vol. 3, Paidós, Barcelona, pp. 79-104.

Remes, A. 2002. “Gobiernos yuxtapuestos en México: hacia un marco analítico para el estudio de las elecciones municipales”, en Elizondo, C. Nacif, B. (eds.), Lecturas sobre el cambio político en México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 431-463.

Sartori, G. 2005. Partidos y sistemas de partido: marco para un análisis, Alianza Editorial, Madrid.

———. 2000. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, México.

Sejersted, F. 1999. “La democracia y el imperio de la legalidad: algunas experiencias históricas de contradicciones en la lucha por el buen gobierno”, en Elster, J. Slagstad, R. (eds.), Constitucionalismo y democracia, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 156-175.

Sirvent, C. 2002. “Reformas electorales y representación política en México: 1910-2000”, en Sirvent, C. (ed.), Partidos políticos y procesos electorales en México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 61-127.

Weldon, J. 2002. “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”, en Mainwarring, S. Soberg, M. (eds.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Paidós, Buenos Aires, pp. 175-211.

 

[1] Un sistema presidencial se define con base a tres criterios convergentes: primero, una elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado; segundo, el Ejecutivo carente de voto parlamentario en su elección originaria designa a discrecionalidad a los miembros de su gabinete; tercero, es el propio presidente quién encabeza el poder ejecutivo sin posibilidad de revocación del Congreso (Sartori, 2000: 97-99).

[2] Véase Przeworski (1999: 92-94).

[3] La instauración democrática queda circunscrita al momento de la “institucionalización de la incertidumbre”; aquél proceso de corto plazo –de 1 a 3 años– en el que todos y cada uno de los grupos, ante la falta de certeza, someten sus intereses a resultados previamente negociados (Przeworski, 1994: 96).

[4] Al respecto Sartori señala que “el pluralismo limitado y moderado está demarcado, en una frontera, por los sistemas bipartidistas y, en otra, por el pluralismo extremo y polarizado. La clase abarca básicamente, pues, de tres a cinco partidos importantes, y por eso digo que se trata de un pluralismo limitado, en contraposición al extremo” (Sartori, 2005: 224).

[5] Ninguno de los otros partidos enfrentaron cambios internos de semejante envergadura debido a la posición de riesgo que el pluralismo limitado terminó por implementar en cada una de las fracciones opositoras, tanto el PAN como el PRD no estaban dispuestos a emitir reforma organizacional alguna hasta que sus bases electorales estuviesen aseguradas, circunstancia que para 1997 era muy difícil de atajar (Bruhn, 1999: 93).

[6] Existe un gobierno dividido cuando varios partidos políticos tienen poder significativo y vinculante en instituciones políticas relevantes (Colomer, 2001: 179); de manera más precisa esto supone un Ejecutivo en manos de un partido que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y que a su vez ningún partido posee principio de mayoría sustentable, de ahí la necesidad de construir amplios acuerdos como condición elemental para el ejercicio de toda gobernabilidad (Sirvent, 2002: 117).

[7] Por metaconstitucionalidad se entiende una serie de arreglos institucionales fundamentados en el consenso de una elite política que anulaba con éxito relativo cualquier contrapeso entre poderes al depositar, bajo el control del partido hegemónico y, por añadidura, de su jefe máximo e inmediato el Presidente de la República, una serie de funciones de naturaleza originalmente compartida (Weldon, 2002: 177-178).

[8] Véase Sejersted (1999: 160).

[9] Citado en Lujambio (2003: 261).

[10] Véase López Lara (2001: 149); Sirvent (2002: 118).

[11] Durante la última recta del sexenio del presidente Zedillo la Cámara de Senadores quedó conformada por 33 legisladores del PAN, 77 del PRI, 17 del PRD y uno del PT y PVEM, respectivamente (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 475).

[12] Véase Pérez Correa (2002: 73-84).

[13] El hiperpresidencialismo mexicano radicó en la penetración efectiva del Ejecutivo en el actuar del Legislativo y Judicial vía un arreglo institucional previo, motivado por una escasa representación opositora en el Congreso y sustentada mediante el control último del presidente al interior del partido mayoritario. De tal manera magistrados, diputados y senadores encontraron mayores incentivos en la disciplina autoimpuesta que en el contra-balanceo real ante aquél poder “indiviso y unitario” representado por la Presidencia de la República (Casar, 2002: 42-71).

[14] Para 1997 cinco de las 48 facultades presidenciales no podían ejercerse sin la aprobación mayoritaria del Congreso; tres años después dicha relación creció a siete de un total de 37 atribuciones ejecutivas que requerían del consentimiento expreso de alguna de las dos cámaras. Entre algunas de las facultades compartidas destacan la reforma al artículo 102 constitucional efectuada a finales de 1994 en la que el presidente debía nombrar al Procurador General de la República previa aprobación del Senado; así como la reforma –de ese mismo año– al artículo 96 donde se estipuló que el Ejecutivo debía nombrar a los ministros de la Suprema Corte con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Senado (Hurtado, 2001: 149).

[15] El concepto de isomorfismo institucional corresponde a un proceso de imitación, de homogenización que obliga a una entidad u organización a parecerse a otra más exitosa o avanzada, siempre y cuando ésta enfrente condiciones ambientales similares, pues el sólo acto de la imitación lleva en sí la promesa de cierto desarrollo estructural (DiMaggio y Powell, 2001: 108-109).

[16] “Hasta antes de la crisis económica de 1995 grandes sectores del electorado seguían votando por el PRI debido al recuerdo de un pasado económico exitoso”; motivados además por la incertidumbre que generaba votar por cualquier otra fuerza distinta al partido del régimen (Magaloni, 1999: 233-234).

[17] Sólo en Chihuahua el PRI recuperó la gubernatura en 1998 con el 49.3 de la votación total emitida, 7.9 puntos de ventaja con respecto a la segunda fuerza política más votada (Lujambio, 2003: 252).

[18] http://www.elecciones.cidac.org

[19] En Nayarit la coalición electoral fue encabezada por el empresario Antonio Echeverría Domínguez quién militó en el PRI hasta 1998, y aunque logró aglutinar tanto a la derecha como a la izquierda, el triunfo de su coalición en sus sentido práctico fue para el PRD, partido que para ese mismo año consiguió la mayoría relativa en el Congreso local. http://www.elecciones.cidac.org

[20] La LVI Legislatura de Guanajuato se conformó por 21 diputados del PRI, 5 del PAN y 2 del PRD; la LVI Legislatura de Aguascalientes albergó 11 diputados del PAN, 11 del PRI, 1 del PRD, 1 del PT y uno más del PC; por su parte la LVIII Legislatura de Chihuahua se constituyó con 15 legisladores del PRI, 7 del PAN, 1 del PRD y otro del CDP; en 1998 el Congreso de Zacatecas se conformó por 12 diputados del PRI, 10 del PRD, 6 del PAN y 2 del PT; Tlaxcala presentó 17 del PRI, 8 del PRD, 3 del PAN, 2 del PT, 1 del PARM y otro del PVEM; mientras que Baja California albergó 11 diputados del PRI, otros 11 del PAN y 3 del PRD. http://www.elecciones.cidac.org

[21] En opinión de Dahl acontece una poliarquía –o cuasi-poliarquía— “cuando los regímenes hegemónicos y las oligarquías evolucionan hacia las poliarquías aumentan las oportunidades de participación y de debate y, por consiguiente, el número de individuos, grupo e intereses cuyas preferencias hay que considerar al ejercer el poder político (1993: 23).

[22] Para el año de 1999 el 24.1 por ciento de los 2400 municipios del país se encontraban gobernados por la oposición; cifra contrastante con las 39 alcaldías que en 1989 eran controladas por un partido distinto al PRI. http://www.elecciones.cidac.mx

[23] Una oligarquía competitiva comprende un régimen donde las fuerzas políticas vinculantes son pocas, están limitadas y adolecen de una base popular activa; el régimen se sostienen no por una participación continua y consiente de la ciudadanía, sino por la inercia de la mayoría o, en su defecto, debido a la momentánea movilización de las masas en momentos coyunturales (Dahl, 1996: 41).        

[24] Los comicios de 1997 en Nuevo León llevaron al Congreso a 24 diputados locales del PAN, 14 del PRI, 2 del PT y 2 más del CD; ese mismo año en LII Legislatura de Querétaro se contaron 12 bancas del PAN, 9 del PRI, 2 del PRD y uno del PC; mientras que las elecciones del año 1999 en Nayarit validaron las fórmulas de 9 legisladores del PRD sumados a 6 del PAN, 3 del PT y uno del PRS en oposición a 11 diputados del PRI. http://www.elecciones.cidac.org

[25] Posterior a los comicios de 1997 el Congreso de Colima se conformó por 10 diputados del PRI, 7 del PAN y 3 del PRD; ese mismo año en Morelos tomaron protesta 13 legisladores del PRI, 11 del PRD, 5 del PAN y uno del PCM; mientras que San Luis Potosí ganaron la contienda 14 representantes del PRI, 9 del PAN, 3 del PRD y uno del PT; Sonora por su parte arrojó un total de 14 diputados del PRI, 9 del PRD, 8 del PAN, y 2 independientes; finalmente, un par de años después, en Coahuila fueron electos 16 candidatos del PRI, 9 del PAN, 3 del PRD, 2 del PT y 2 del PC.

[26] Una hegemonía representativa supone el predomino de una fuerza política sobre otras minadas en su representatividad debido desequilibrios y tendencias de una gran coalición vinculante que no permite mayores posibilidades para la conformación del debate público posible (Dahl, 1996: 42).

[27] Siguiendo los esquemas de Dahl: “la hegemonía cerrada se abre haciéndose representativa (…) la hegemonía representativa se transforma seguidamente en una poliaqruía al aumentar las oportunidades de debate público” (1996: 43 y 46).

[28] Véase Mizrahi (2002: 353-362); Remes (2002: 443).

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Ensayo