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EL ESPACIO PÚBLICO DE LA DISTENSIÓN: GOBIERNOS DIVIDIDOS Y EQUILIBRIOS ENTRE PODERES EN MÉXICO, 1997-2000

01sep99-5

Cuando la democracia se convierte en una realidad contrastable se torna cada vez más imperfecta al momento de la administración en los asuntos de gobierno debido al control férreo que ejerce la mayoría en las negociaciones de los intereses vinculantes (Holmes, 1999: 85). El marco de la distensión entre poderes en un sistema presidencial[1] no sólo está a merced de la división partidaria de las instituciones, sino de la capacidad del diseño para afrontar mayores grados de incertidumbre, cuando esta incertidumbre se institucionaliza, es decir desde el momento en que se constituye como el producto de un pacto sustantivo que garantiza una estructura de equidad entre las fuerzas políticas participantes, los intereses quedan sometidos a los bemoles de la competencia y, por tanto, al flujo de conflictos propios de toda movilidad transitoria.[2]

 

El presidente y el Congreso

La dinámica de toda transición se desenvuelve entorno a interacciones estratégicas y arreglos sustanativos entre actores con poderes y recursos limitados (Gill, 2000: 80). Bajo ese supuesto, si el ordenamiento institucional de 1996 abrió paso a la democratización en México, limitando de manera equitativa los poderes y recursos de los actores políticos participantes; los comicios de 1997 proyectaron el inicio de una instauración democrática[3] que transformó la naturaleza del sistema de partidos de un pluralismo semicompetitivo a un pluralismo limitado[4]. La LVII Legislatura (1997-2000) fue la primera en suscribirse a dicho esquema de distribución de fuerzas:

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Durante la LVII Legislatura el PRI no sólo perdió –como en 1988– los dos tercios necesarios para reformar la Constitución, sino que contó por primera vez con una suma de curules que ascendió a poco menos de la mitad de las bancas totales de San Lázaro; lejano había quedado el electorado 1994, aquél que ante la adversidad respaldaba el sostenimiento del status quo gubernamental, a tres años de distancia el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) era evaluado por un referéndum altamente negativo para su figura y la de su partido (Magaloni, 1999: 230). México se asomaba a la ventana del siglo XXI acompañado de una ciudadanía despierta y difícilmente cautiva.

No obstante acelerar una democratización vía una cámara baja polarizada arrojaría grandes dificultades, una de ellas fue la forzada “reinvención democrática” de la bancada de Los Pinos en San Lázaro; las repercusiones alcanzan nuestros días: el PRI comenzó a erigirse cada vez más como una maquinaria electoral y cada vez menos como un brazo gubernamental (Domínguez, 1999: 21).[5] En 1997 a diferencia de los procesos anteriores los gobernadores del PRI, en contubernio con la secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quedaron en libertad para decidir candidaturas a favor de sus más cercanos aliados; además se les otorgó un mayor número de espacios de representación a miembros prominentes de cuadros políticos estatales, e incluso se privilegió la experiencia electoral para la asignación de candidaturas a diputaciones federales, sobre todo bajo el principio de mayoría relativa (Langston, 2002: 414). Hablamos de transformaciones profundas en la estructura de selección interna del Revolucionario Institucional que, sin traducirse necesariamente en su democratización interna, abrieron paso a un proceso que desembocó en la delegación del control del partido en manos de los gobernadores, revitalizando la descentralización política del sistema.

Bajo la retórica de un gobierno dividido[6] las fuerzas políticas organizadas encontraron en aquello que la metaconstitucionalidad[7] del sistema jamás previó: un Congreso altamente fragmentado; la garantía institucional básica para la profundización de la etapa democratizadora de la transición. En consecuencia la estructura de oportunidades construida en torno al pluralismo limitado conseguía, a nivel de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, una serie de distensiones tan propias como inéditas, pues por primera vez el efecto institucional en los resultados de los conflictos era inevitable; la validez y legitimidad de las instituciones que comandaban dichas incertidumbres eran crecientes; así como la competitividad de los partidos que, equiparada con su potencial institucional, constituía un hecho real e innegable.[8] Tres directrices que paulatinamente instrumentaban desde San Lázaro una de las tareas fundamentales del constitucionalismo liberal: controlar y/o bloquear, según sea el caso, la agenda presidencial.

Desde 1997 la Cámara de Diputados se reafirmó como un medio alterno para convertir en productos ciertas clases de insumos, hecho que colocó a los proyectos de iniciativa en una posición estratégica y sensible a las afectaciones propias de su entorno. En otras palabras, la naturaleza conflictiva de la transición impactó directamente en el terreno vinculante del setting agenda:

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La LVII Legislatura, a pesar de haber registrado sólo 22.6 por ciento de eficiencia, albergó fracciones altamente cohesionadas que no desemboocaron en parálisis alguna; es decir, entre los años de 1985 y 1997 la media de proyectos de ley aprobados por San Lázaro fue de 152.7, dato que no marcó un gran contraste con los 137 documentos votados durante la primera cámara de gobierno dividio; como el propio Linz argumentó: “cuando una coalición exitosa no produce ninguna ganancia en términos electorales y, un fracaso por su parte sólo produce costos, lo racional es oponerse al presidente en vez de cooperar con él”.[9] Bajo esa secuencia la caída porcentual en la eficiencia legisalativa no se correlacionó con la producción nominal de la Cámara en aquellos años.

Sin embargo la aprobación de la agenda legislativa reclamó la construcción de coaliciones, así éstas fueran efímeras. Para el caso de los presupuestos de Ingresos y Egresos durante el ejercicio de la LVII Legislatura el PAN, y en menor medida el PRD, aceptaron brindar su apoyo fugaz a cambio de una transacción altamente rentable: el incremento en los porcentajes de participaciones de las entidades y municipios gobernados por la oposición; con el tiempo el arreglo desembocó en una paradoja curiosa, pues para descentralizar el gasto público –en abierta contradicción con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional–, el Congreso terminó por centralizar la asignación del ramo municipal (Pérez Correa, 2002: 65). Se trata de un botón de muestra que exhibe el desmantelamiento de la hegemonía del PRI paralela a la continuidad de la centralización presupuestaria avalada, esta vez, a diferencia del pasado, por un sistema de pluralismo limitado de creciente competitividad electoral.

De las 469 iniciativas que no fueron aprobadas por la LVII Legislatura destacan proyectos de no poco envergadura: asuntos relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso, la supresión de los candados impuestos a las coaliciones en lo relativo a su financiamiento y composición, se discutió incluso la restauración de la candidatura común, así como la creación de una comisión de fiscalización con facultades para vigilar el uso y destino de las prerrogativas de los partidos políticos en campaña y precampaña, y hasta la reducción de Impuesto al Valor Agragado (IVA) del 15 al 13 por ciento.[10] Un conjunto de iniciativas que fueron llevadas a la congeladora no sólo por la presencia de un gobierno dividio en San Lázaro, sino por el freno estructural que representó una mayoría absoluta del Revolucionario Institucional en el Senado de la República.[11] La situación arrojó tres modelos de transacción legislativa de reciente incursión para el caso mexicano:

 

  1. La oposición contra el gobierno.- apareció desde las primeras horas de la LVII Legislatura; entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre de 1997 la oposición, en tensión con la fracción del PRI, entorpeció la toma de protesta en San Lázaro arriesgando la celebración del III Informe de Gobierno del presidente Zedillo.
  2. El gobierno en coalición con la oposición.- paralelamente, entre el 31 de agosto al 1 de diciembre se fueron gestando las primeras colaboraciones entre las bancadas del PRI y el PAN para la aprobación del primer presupuesto emanado de un gobierno dividido.
  3. Bazar de coyuntura.- cuando Erensto Zedillo perdió el apoyo de la fracción de Acción Nacional el PRI decidió buscar el respaldo de la bancada del PRD, ante la rotunda negativa el presdiente no tuvo otra opción que aprobar el presupuesto de Ingresos y Egresos de 1998 con los votos del PVEM, el PT y una parte del PAN.[12]

 

Los tres primeros meses de la LVII Legislatura exportaron las formas y modos de acción en que los intereses fueron agregados y los conflictos abordados en una era donde la fragmentación era la regla en la Cámara de Diputados.

 

¿Adiós a la metaconstitucionalidad?

No obstante la incursión de un gobierno dividido imposibilitó al PRI mantener en operación aquella vieja construcción de meta-formalidad que descansaba en la delegación de las facultades legislativas en el ámbito de atribuciones del presidente en turno; hecho posible gracias a la fortaleza de la estructura organizativa del Revolucionario Institucional, colmada de disciplina y lealtad de los legisladores asegurada por la imposibilidad de reelección de los mismos; hecho que invariablemente era traducido –por una suerte de pacto sectorial– en disciplina y lealtad para con el presidente en turno (Weldon, 2002: 191). Esta cadena de relaciones simbióticas y escalonadas posibilitaron la consagración de mega mayorías gubernamentales que desde el Congreso –nunca desde Los Pinos– coadyuvaron a la puesta en marcha de un enorme poder presidencial que se tradujo, en la mayoría de los casos, en la capacidad desmedida de reforma constitucional del partido gobernante y, por añadidura, del Ejecutivo en turno (Lujambio, 2003: 255).

El resultado de la coyuntura de 1997 fue simple: la presidencia de la República dejó de ser el centro de redes y controles últimos destinados a dirigir la vida política nacional; la metaconstitucionalidad, propia de los ejecutivos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, se había debilitado en virtud de la reactivación de equilibrios institucionales diseñados para controlar y atemperar las facultades del Ejecutivo en turno. La dirección democrática de la transición, quizá ésta sea su consecuencia más impactante, hacía agonizar medio siglo de hiperpresidencialismo mexicano[13] debido a la ausencia de una mayoría constitucional en el Congreso predestinada a invalidar los controles últimos del sistema.

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A partir del año de 1997 las sinergias de la representación política fraccionaria desembocaron en una mayor flexibilidad en el principio de distinción entre poderes traducida, eventualmente, en una mayor coordinación y corresponsabilidad entre mismos.[14] No obstante “el objetivo principal de dividir el poder para limitarlo no puede implicar una separación radical que termine por inmovilizarlo” (Carbonell y Salazar, 2006: 17); es decir el debilitamiento de la contribución legislativa del Ejecutivo no se tradujo en una variación en los términos de su eficiencia: en ese contexto Ernesto Zedillo fue acreedor a la tasa de contribución legislativa más baja registrada en la historia reciente de México, 20.4 por ciento –tabla III–, el fin en el tiempo del poder interventor del presidente en el ámbito de competencia del Congreso había comenzado.

 

La transición ampliada: gobiernos locales dividios y tasa de alternancia municipal

Si la liberalización económica desmanteló los ciminetos corporativos del PRI y construyó las bases del actual sistema de partidos; la transición política, en consecuencia, vía el gradualismo electoral comandado desde el centro político nacional por una larga apertura, impactó en las localidades consiguiendo mayores condiciones de equidad en los términos de la competencia electoral. De este modo las entidades federativas y los municipios, por isomorfismo institucional,[15] incursionaron en alternancias de gobernadores, alcaldes, e incluso en los equilibrios de gobiernos locales divididos a partir de la crisis económica de 1995 que arrojó saldos negativos cada vez más crecientes y significativos para el partido que aún despachaba desde Los Pinos.[16]

En el año de 1989 la oposición, comandada por el Partido Acción Nacional, ganó la gobernatura de Baja California; por primera vez en muchas deácadas el PRI reconoció una derrota significativa y, por consiguiente, validó la actitud competitiva de los comicios locales. A esa alternancia le siguieron otros cuatro triunfos logrados por el PAN; el Partido de la Revolución Democrática tardaría ocho años en hacer lo propio, fue hasta 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas consiguió la gobernatura de la Ciudad de México. El pluralismo limitado de partidos impactó con fuerza el norte del país al grado que posterior al triunfo de Acción Nacional en Baja California seguirían once contiendas en las que resultarían electos igual número de gobernadores de extracción opositora.[17] Las comicios en los estados entre los años de 1989 y 1995, aún bajo los términos de una competencia selectiva, ocurrieron con ventajas inmejorables para Acción Nacional en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco con 10.5, 6.9, 25.2 y 15.9 puntos respectivamente, es decir con una media de 14.6 sobre los votos totales del PRI; un año después –una vez iniciada la democratización a nivel nacional– en Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California Sur la oposición triunfó con márgenes de 22.5, 6.6, 15.1, 5.5 y 18.5 por ciento, en suma con una distancia promedio de 11.4 con respecto al segundo partido más votado, el Revolucionario Institucional para cualquiera de los casos –tabla IV–.[18]

Las elecciones locales incursionaban en una curva de competitividad creciente. Para 1998 el coalicionismo opositor irrumpió como un arma efectiva contra el partido oficial; la innovación vendría desde la izquierda y ocurriría en Tlaxcala donde el PRD, PT y PVEM lograron 46.5 por ciento de los votos totales emitidos, poniéndole punto final al monólogo del partido oficial con 2.2 puntos de ventaja; un año más tarde la experiencia se repitió en Nayarit, sería la primera vez que el PAN y el PRD irían coaligados en un mismo proyecto político logrando el 52.9 por ciento de la votación efectiva, cifra que superó en 8.1 puntos la votación del PRI.[19]

La alternancia de gobernadores fue impulsada –e impulsó– la aparición sistemática de gobiernos locales divididos. Desde 1994 la LVI Legislatura de Guanajuato, bajo una mayoría absoluta del PRI, tuvo que arreglárselas con un ejecutivo proveniente de las filas del PAN; un año más tarde la LVI Legislatura de Aguascalientes, con una mayoría simple compartida por el PRI y el PAN, pudo cohabitar con un gobernador del Revolucionario Institucional; ese mismo año el congreso de Chihuahua albergó una mayoría absoluta del PRI en tensión con un mandatario del PAN; para 1998 el escenario de Aguascalientes se repetiría en Baja California, sólo que en esta ocasión la XVI Legislatura enfrentó un ejecutivo del PAN; finalmente Zacatecas y Tlaxcala cierran nuestro secuencia de gobiernos locales divididos ocurridos antes de la alternancia federal, en ambos casos persistieron mayorías del Revolucionario Institucional –simple para el primer caso y absoluta para el segundo– electas con gobernadores del PRD.[20]

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Fuente: http://www.elecciones.cidac.mx

*La tasa de alternancia municipal se obtuvo dividiendo el número total de municipios gobernados por primera vez por una fuerza política distinta al PRI entre el número de municipalidades contenidas en cada entidad federativa, discriminando para cada trienio aquellas alcaldías adscritas al fenómeno de la alternancia opositora.

En suma los espacios de representación de la oposición crecían de manera sostenida en 12 entidades del país:

  1. Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas se inscribieron al status de cuasi-poliarquías[21] en virtud de sus probadas alternancias y mayorías diversas al Revolucionario Institucional en sus congresos locales, junto con tasas de alternancia municipal mayores al 50 por ciento del total sus ayuntamientos.[22]
  2. Las entidades de Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Tlaxcala y Querétaro, a pesar de haber atravesado por alternancias de gobernadores –y para el caso concreto de Nuevo León hasta por un gobierno unificado a cargo de Acción Nacional–, están mucho más cercanos a las formas de las oligarquías competitivas[23] debido a que el desarrollo de sus alternancias municipales, por debajo de la mitad de sus ayuntamientos totales, no coincidieron con el grado de fragmentación de sus congresos locales.[24]
  3. A pesar de que los estados de Coahuila, Colima, Morelos, San Luis Potosí y Sonora no han experimentado alternancias de gobernadores; cada uno fue perfectamente capaz de albergar gobiernos divididos con mayorías simples del PRI impulsadas por tasas de alternancia municipales que fluctuaron entre el 41 y el 50 por ciento. Sin embargo el triunfo opositor en las cabeceras municipales no fue capaz de posicionarse a nivel de sus congresos locales y, mucho menos, a nivel de gubernatura. Por este bloqueo en el desarrollo de la representación opositora, motivada por leyes electorales inequitativas y distorsiones significativas en el tamaño de sus muestras distritales, cada una de estas cinco entidades pueden caracterizarse como oligarquías semi-competitivas.[25]
  4. Las entidades de Durango, Michoacán y Veracruz se sitúan en la escala de desarrollo de las hegemonía representativas [26] pues, detrás de una tradición de más de medio siglo de gobiernos unificados del PRI, sus tasas de alternancia superiores a la mitad de sus cabildos totales son, de hecho, el único soporte de su exigua representación opositora.
  5. En estado de mayor dilación, bajo la auténtica caracterización de hegemonías cuasi-representativas, se encuentran Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán; espacios con una tasa de alternancia municipal global de 28.5 por ciento –tabla IV–, y con férreos gobiernos unificados que se han mantenido indiferentes a más de dos décadas de cambios democráticos impulsados por las reformas electorales federales.
  6. Mención aparte merecen Quintana Roo y Tabasco, dos bastiones absolutos del priísmo nacional pues, además de albergar gobiernos unificados con fuertes mayorías absolutas –casi constitucionales–, son las únicas dos entidades del país donde ninguno de sus ayuntamientos –entre los años de 1989 y 1999– han experimentado un sólo cabildo presidido por un partido distinto al de Los Pinos. Singular característica que coloca a esta dupla, debido al nulo estado de pluralismo en los términos de su representación política, en los parámetros de una hegemonía cuasi-cerrada.[27]

 

Lógica de fin de régimen

Para finales del año de 1999 más de la mitad de la población nacional había vivido la experiencia de ser gobernada desde alguno de los tres niveles de gobierno por fracciones distintas al Partido Revolucionario Institucional; circunstancia que forzó al PRI a volverse vez más competitivo, a redefinir sus estrategias de lucha electoral y buscar candidatos más populares y con mayor apoyo de las bases. Asimismo la emergencia de una oposición local verdaderamente competitiva resultó decisiva, no sólo para el fortalecimiento del federalismo mexicano, sino para la puesta en marcha de reformas legislativas que abrieron paso a estilos alternativos de gobierno.[28]

Un año antes de la alternancia del ejecutivo federal la dinámica del cambio periférico abandonaría para siempre el unilateralismo isomorfo dictado por el centro; la democratización de los estados poco a poco adquiría un efecto doble: al proceso político tradicionalmente ocurrido “desde arriba”, en el que las reformas nacionales acarreaban consecuencias locales, se sumaba –en virtud de la creciente apertura local– un efecto contrario “desde abajo” donde los comicios, entendidos como transacciones entre la clase política vinculante, forzaban ajustes favorables en el marco de un régimen cada vez más predispuesto a las negociaciones que al mandato inequívoco.

Poco a poco, por la fuerza de un sistema de partidos cada vez más competitivo, la centralización política se desvanecía sin necesidad de alternancia en la oficina central de Los Pinos; mientras que “las reformas institucionales fueron provocado la dispersión del poder, activando los contrapesos fundamentales en cualquier orden democrático” (Elizondo y Nacif, 2002: 10-11). En consecuencia los tres grandes momentos de una transición política, por su naturaleza estructural escindidos –la transformación de las reglas, el acceso a las mismas y la persistencia en el ejercicio del poder político–, en México se encontraban en un mismo “paquete de contingencia” que hacían de la transición de régimen un proceso inseparable de la dinámica establishment/anti-establishment que, dicho sea de paso, permaneció vigente incluso en su etapa más convulsa, durante la llamada “consolidación democrática” donde actores con alianzas e intereses inocultables solventaron en escenarios diferenciados el juego de su persistencia.

 

*Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique , Ingeniería institucional y consolidación de la democracia en México, 1997-2006, tesis de licenciatura, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2007, pp. 51-74.

 

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[1] Un sistema presidencial se define con base a tres criterios convergentes: primero, una elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado; segundo, el Ejecutivo carente de voto parlamentario en su elección originaria designa a discrecionalidad a los miembros de su gabinete; tercero, es el propio presidente quién encabeza el poder ejecutivo sin posibilidad de revocación del Congreso (Sartori, 2000: 97-99).

[2] Véase Przeworski (1999: 92-94).

[3] La instauración democrática queda circunscrita al momento de la “institucionalización de la incertidumbre”; aquél proceso de corto plazo –de 1 a 3 años– en el que todos y cada uno de los grupos, ante la falta de certeza, someten sus intereses a resultados previamente negociados (Przeworski, 1994: 96).

[4] Al respecto Sartori señala que “el pluralismo limitado y moderado está demarcado, en una frontera, por los sistemas bipartidistas y, en otra, por el pluralismo extremo y polarizado. La clase abarca básicamente, pues, de tres a cinco partidos importantes, y por eso digo que se trata de un pluralismo limitado, en contraposición al extremo” (Sartori, 2005: 224).

[5] Ninguno de los otros partidos enfrentaron cambios internos de semejante envergadura debido a la posición de riesgo que el pluralismo limitado terminó por implementar en cada una de las fracciones opositoras, tanto el PAN como el PRD no estaban dispuestos a emitir reforma organizacional alguna hasta que sus bases electorales estuviesen aseguradas, circunstancia que para 1997 era muy difícil de atajar (Bruhn, 1999: 93).

[6] Existe un gobierno dividido cuando varios partidos políticos tienen poder significativo y vinculante en instituciones políticas relevantes (Colomer, 2001: 179); de manera más precisa esto supone un Ejecutivo en manos de un partido que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y que a su vez ningún partido posee principio de mayoría sustentable, de ahí la necesidad de construir amplios acuerdos como condición elemental para el ejercicio de toda gobernabilidad (Sirvent, 2002: 117).

[7] Por metaconstitucionalidad se entiende una serie de arreglos institucionales fundamentados en el consenso de una elite política que anulaba con éxito relativo cualquier contrapeso entre poderes al depositar, bajo el control del partido hegemónico y, por añadidura, de su jefe máximo e inmediato el Presidente de la República, una serie de funciones de naturaleza originalmente compartida (Weldon, 2002: 177-178).

[8] Véase Sejersted (1999: 160).

[9] Citado en Lujambio (2003: 261).

[10] Véase López Lara (2001: 149); Sirvent (2002: 118).

[11] Durante la última recta del sexenio del presidente Zedillo la Cámara de Senadores quedó conformada por 33 legisladores del PAN, 77 del PRI, 17 del PRD y uno del PT y PVEM, respectivamente (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 475).

[12] Véase Pérez Correa (2002: 73-84).

[13] El hiperpresidencialismo mexicano radicó en la penetración efectiva del Ejecutivo en el actuar del Legislativo y Judicial vía un arreglo institucional previo, motivado por una escasa representación opositora en el Congreso y sustentada mediante el control último del presidente al interior del partido mayoritario. De tal manera magistrados, diputados y senadores encontraron mayores incentivos en la disciplina autoimpuesta que en el contra-balanceo real ante aquél poder “indiviso y unitario” representado por la Presidencia de la República (Casar, 2002: 42-71).

[14] Para 1997 cinco de las 48 facultades presidenciales no podían ejercerse sin la aprobación mayoritaria del Congreso; tres años después dicha relación creció a siete de un total de 37 atribuciones ejecutivas que requerían del consentimiento expreso de alguna de las dos cámaras. Entre algunas de las facultades compartidas destacan la reforma al artículo 102 constitucional efectuada a finales de 1994 en la que el presidente debía nombrar al Procurador General de la República previa aprobación del Senado; así como la reforma –de ese mismo año– al artículo 96 donde se estipuló que el Ejecutivo debía nombrar a los ministros de la Suprema Corte con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Senado (Hurtado, 2001: 149).

[15] El concepto de isomorfismo institucional corresponde a un proceso de imitación, de homogenización que obliga a una entidad u organización a parecerse a otra más exitosa o avanzada, siempre y cuando ésta enfrente condiciones ambientales similares, pues el sólo acto de la imitación lleva en sí la promesa de cierto desarrollo estructural (DiMaggio y Powell, 2001: 108-109).

[16] “Hasta antes de la crisis económica de 1995 grandes sectores del electorado seguían votando por el PRI debido al recuerdo de un pasado económico exitoso”; motivados además por la incertidumbre que generaba votar por cualquier otra fuerza distinta al partido del régimen (Magaloni, 1999: 233-234).

[17] Sólo en Chihuahua el PRI recuperó la gubernatura en 1998 con el 49.3 de la votación total emitida, 7.9 puntos de ventaja con respecto a la segunda fuerza política más votada (Lujambio, 2003: 252).

[18] http://www.elecciones.cidac.org

[19] En Nayarit la coalición electoral fue encabezada por el empresario Antonio Echeverría Domínguez quién militó en el PRI hasta 1998, y aunque logró aglutinar tanto a la derecha como a la izquierda, el triunfo de su coalición en sus sentido práctico fue para el PRD, partido que para ese mismo año consiguió la mayoría relativa en el Congreso local. http://www.elecciones.cidac.org

[20] La LVI Legislatura de Guanajuato se conformó por 21 diputados del PRI, 5 del PAN y 2 del PRD; la LVI Legislatura de Aguascalientes albergó 11 diputados del PAN, 11 del PRI, 1 del PRD, 1 del PT y uno más del PC; por su parte la LVIII Legislatura de Chihuahua se constituyó con 15 legisladores del PRI, 7 del PAN, 1 del PRD y otro del CDP; en 1998 el Congreso de Zacatecas se conformó por 12 diputados del PRI, 10 del PRD, 6 del PAN y 2 del PT; Tlaxcala presentó 17 del PRI, 8 del PRD, 3 del PAN, 2 del PT, 1 del PARM y otro del PVEM; mientras que Baja California albergó 11 diputados del PRI, otros 11 del PAN y 3 del PRD. http://www.elecciones.cidac.org

[21] En opinión de Dahl acontece una poliarquía –o cuasi-poliarquía— “cuando los regímenes hegemónicos y las oligarquías evolucionan hacia las poliarquías aumentan las oportunidades de participación y de debate y, por consiguiente, el número de individuos, grupo e intereses cuyas preferencias hay que considerar al ejercer el poder político (1993: 23).

[22] Para el año de 1999 el 24.1 por ciento de los 2400 municipios del país se encontraban gobernados por la oposición; cifra contrastante con las 39 alcaldías que en 1989 eran controladas por un partido distinto al PRI. http://www.elecciones.cidac.mx

[23] Una oligarquía competitiva comprende un régimen donde las fuerzas políticas vinculantes son pocas, están limitadas y adolecen de una base popular activa; el régimen se sostienen no por una participación continua y consiente de la ciudadanía, sino por la inercia de la mayoría o, en su defecto, debido a la momentánea movilización de las masas en momentos coyunturales (Dahl, 1996: 41).        

[24] Los comicios de 1997 en Nuevo León llevaron al Congreso a 24 diputados locales del PAN, 14 del PRI, 2 del PT y 2 más del CD; ese mismo año en LII Legislatura de Querétaro se contaron 12 bancas del PAN, 9 del PRI, 2 del PRD y uno del PC; mientras que las elecciones del año 1999 en Nayarit validaron las fórmulas de 9 legisladores del PRD sumados a 6 del PAN, 3 del PT y uno del PRS en oposición a 11 diputados del PRI. http://www.elecciones.cidac.org

[25] Posterior a los comicios de 1997 el Congreso de Colima se conformó por 10 diputados del PRI, 7 del PAN y 3 del PRD; ese mismo año en Morelos tomaron protesta 13 legisladores del PRI, 11 del PRD, 5 del PAN y uno del PCM; mientras que San Luis Potosí ganaron la contienda 14 representantes del PRI, 9 del PAN, 3 del PRD y uno del PT; Sonora por su parte arrojó un total de 14 diputados del PRI, 9 del PRD, 8 del PAN, y 2 independientes; finalmente, un par de años después, en Coahuila fueron electos 16 candidatos del PRI, 9 del PAN, 3 del PRD, 2 del PT y 2 del PC.

[26] Una hegemonía representativa supone el predomino de una fuerza política sobre otras minadas en su representatividad debido desequilibrios y tendencias de una gran coalición vinculante que no permite mayores posibilidades para la conformación del debate público posible (Dahl, 1996: 42).

[27] Siguiendo los esquemas de Dahl: “la hegemonía cerrada se abre haciéndose representativa (…) la hegemonía representativa se transforma seguidamente en una poliaqruía al aumentar las oportunidades de debate público” (1996: 43 y 46).

[28] Véase Mizrahi (2002: 353-362); Remes (2002: 443).

 

 

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LA ECUACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO CONSTITUYENTE

Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917

La serie de acontecimientos relacionados con el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917 marcaron el comienzo de un cambio político integral, una suerte de “ingeniería institucional” que involucró el desarrollo de dos procesos altamente convergentes: a) en la forma bajo el impulso de reformas constitucionales sucesivas y alternantes inspiradas en el diseño bicameralista de los años de 1823-1824, y bajo la fuerza indiscutible de un federalismo decididamente centrífugo, se fue configurando “un nuevo esquema de división de poderes”; b) mientras que en la función la creación de una nueva Constitución motivó la formación de nuevas transacciones, verdaderos pactos de dominación sostenidos entre el centro y las periferias, entre los actores vinculantes con poderes reales y formales y el multifacético collage de cuerpos intermedios, tradicionales y eminentemente locales envueltos en esquemas de racionalidad creciente, predestinados a transformar el devenir de la gobernabilidad estable durante el resto del siglo XX mexicano.[1]

Desde luego la formación de un régimen perdurable mediante los mecanismos de un nuevo diseño institucional necesitaba del despeje de una ecuación de agregación de potestades y márgenes de maniobra puestos y contrapuestos, predestinados a producir una de las constituciones “más progresistas en el mundo occidental”; capaz de sintetizar, por la coyuntura de su nacimiento, una dinámica de conjunción y disyunción simple entre la forma y los procedimientos del México decimonónico.[2]

Una vez derrotada la División del Norte y fraguado el destino de la Convención de Aguascalientes Venustiano Carranza decidió cohesionar los revólveres implementando un par de estrategias concurrentes: en materia castrense se decidió por el reclutamiento de una cantidad obscena de efectivos para sus tropas, a mediados del año de 1916 se contaban 150 mil soldados en las filas constitucionalistas, esa sería la base de la cual partiría la representación interesada del Constituyente de Querétaro; en cuanto a la estabilidad política atañe, el 14 de septiembre de ese mismo año dio por terminado el decretismo fulgurante de los años revolucionarios con la publicación de una convocatoria en clave decimonónica, con toda pompa y circunstancia se anunciaba la hechura de una reforma constitucional que tenía por propósito “evitar la proclividad a la dictadura” poniendo al día el documento original de 1857.[3]

Cada uno de las entidades y territorios del país, junto con el Distrito Federal, eligieron un diputado propietario y un suplente por cada 70 mil habitantes –o fracción que pase de los 20 mil habitantes– según datos del censo de 1910.[4] Para ser electo se necesitaba cumplir con los mismos requisitos exigidos por la Constitución de 1857 para ser diputado del Congreso de la Unión, además de no haber pertenecido a ninguna fracción hostil a la causa constitucionalista, restauradores en esencia. Muy pronto un mosaico maximalista de candidaturas independientes invadieron los distritos de la nación bajo los membretes del Partido Liberal Constitucionalista, Partido Constitucional Fronterizo, Partido Liberal Nacionalista, Partido Nacional Democrático, Partido Liberal Obrero, Partido Unión Liberal Obrera, Partido Liberal Puro entre más de un centenar de fracciones de ocasión que el 22 de octubre de 1916 contendieron por el favor de los sufragios.[5]

“Entre los 220 delegados –incluyendo los suplentes– había 62 abogados, 22 oficiales de alto rango, 19 agricultores, 18 profesores, 16 ingenieros, 16 médicos, 14 periodistas, 7 contadores, 5 líderes sindicales, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 2 farmacéuticos, 1 actor y 31 representantes de otras profesiones, entre ellas artesanos, comerciantes y empleados. La gran mayoría provenía de zonas rurales, “tenía conceptos más bien provincianos” y pertenecía a la generación de ente 30 y 40 años”.[6]

Entre el 20 y el 30 de noviembre se llevaron a cabo las sesiones preliminares de los trabajos constituyentes con un saldo al corte de 8 votaciones nominales y 102 económicas; tras inspeccionar detalladamente las cartas credenciales –historia y filiaciones– de los diputados recién electos el Congreso entró en funciones con 193 diputados propietarios: 116 profesionistas, 66 militares –el número más alto de cuerpos castrenses registrado en la historia de nuestros constituyentes, como muy bien afirma Arroyo–, junto con 36 delegados de oficios y ocupaciones varias.[7] La Mesa Directiva fue presidida por Luis Manuel Rojas; Cándido Aguilar y Salvador González Torres fungieron como vicepresidentes; mientras que Fernando Lizardi, Ernesto Meade Fierro, José Ma. Truchuelo y Antonio Ancona Albertos se desempeñaron como secretarios.[8]

El 1° de diciembre el Congreso fue inaugurado por “el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Ejecutivo” quién se limitó a presentar los dictámenes correspondientes a 132 artículos –más nueve transitorios– que consagraba su proyecto de reforma constitucional; el hecho era inédito en la historia de los Constituyentes de la Era Moderna: nunca antes ningún mandatario se había atrevido a tanto, a convocar elecciones libres y presentar un proyecto de reforma con el único propósito de que fuera ratificado y sancionado sin cuestionar por representantes de tendencia mayoritariamente “centrífuga” y proyectos autónomos bajo el brazo.[9] No obstante muy pronto las cosas tomaron un rumbo distinto al que suponía Carranza al interior del Teatro de la República, poco a poco los 218 constituyentes –entre propietarios y suplentes– fueron discrepando, sobre todo en lo concerniente al sistema de facultades de la federación y los estados implicado en el nuevo diseño constituyente:

“Si la Constitución que al final surgió hubiera seguido de cerca el proyecto –de Carranza– en todos sus conceptos, sin adiciones significativas, no hubiera valido las 150 000 horas-hombre y los dos millones de pesos que costó”.[10]

 En el lapso récord de dos meses, entre el 1° de diciembre de 1916 y el 5 de febrero de 1917 se efectuaron 67 sesiones en las que se registraron 179 votaciones –117 resueltas por unanimidad y 62 por mayoría– celebradas con un quórum legal de 122 diputados que en la realidad de los hechos fluctuó entre 124 y 192  –51 y 79 por ciento respecto al quórum nominal– con un promedio de asistencia de 153 diputados –63 por ciento respecto al total y 80 según el quórum real más alto–.[11] Para la organización de los trabajos se nombraron nueve comisiones, entre ellas dos fueron las más importantes: la Primera Comisión de Constitución, conformada casi exclusivamente por jacobinos, quedó integrado por Francisco J. Múgica, Luis G. Monzón, Alberto Román, Enrique Colunga y Enrique Recio; mientras que la Segunda Comisión de Constitución, creada de manera tardía –el 23 de diciembre– para auxiliar los trabajos de la primera, incluyó un equilibrio entre moderados y jacobinos como Paulino Machorro y Narváez, Arturo Méndez, Agustín Garza González, Hilario Medina y Heriberto Jara.[12]

Poco más de medio centenar de constituyentes pertenecían a la coalición de “los jacobinos”; en la tribuna y en las votaciones respaldaban posturas a favor de una descentralización selectiva en lo referente a los equilibrios funcionales entre el centro y la periferia, podría decirse que eran demócratas por convicción mientras defendían la figura de un Estado fuerte como institución socio-económica, así como la consagración de un proyecto constitucional capaz de brindar una respuesta social a las demandas de los grupos no privilegiados que motivaron el estallido revolucionario; en algunas ocasiones ese posicionamiento también les valió el apelativo de “radicales”, realmente se trataba de “un término relativo” que sólo fungía para señalar su autonomía frente al Primer Jefe así como su decisión inquebrantable de cambiar el proyecto original de Carranza en temas no afines a la lógica de sus “intereses” –tabla I–.[13] Al otro extremo del espectro fraccionario 65 constituyentes se reconocían como “moderados”. Muchos de ellos ostentaban cartas credenciales de origen castrense, selectivamente adictos a la figura de Carranza, federalistas por convicción pero con posturas proclives a la centralización y al fortalecimiento de la figura del Ejecutivo bajo pretexto, en clave decimonónica, de obstaculizar la emergencia de una dictadura, tampoco hacían reparos al momento de enarbolar el decretismo de los años 1914-1916 como una “adaptación táctica a la situación de guerra” –tabla I–[14]

Fraccionalismo Constituyente 1916-1917Ambas fracciones, moderados y jacobinos, sumaban 129 constituyentes: el 58.63 por ciento del total de las cartas credenciales aprobadas por el Constituyente de Querétaro.[15] De tal modo “en una escala del 1 al 100 el promedio de cohesión relativa de las listas de votación de los moderados fue de 79.2; el de los jacobinos de 76.7”.[16] El intervalo existente entre ambas medias revela una flexibilidad sustancial dentro de las dos coaliciones, hecho que permitió la conformación de una tercera fracción elaborada sobre la marcha de las votaciones a la manera de un bazar de coyuntura, se trataba de diputados “equilibristas” –también llamados “independientes”– de filiación flexible, de difícil posicionamiento ideológico a causa de sus escasas participaciones en la lista de oradores y, sin embargo, en votaciones altamente polarizadas fungieron como la fuerza política decisiva en proyectos proclives a un federalismo tanto “centrípeto” como “centrífugo”, según la diversidad de la materia –tabla I–.[17]

Finalmente, para completar el cuadro del Constituyente de 1916-1917, restan un total de 23 diputados que en su momento también fueron llamados a formar parte de los trabajos de la XXVI Legislatura, su persecución y hasta su “resistencia” al gobierno de la restauración les valió un asiento en el Teatro de la República con el mote de “renovadores”. Se trataba nada menos que de la bancada del Primer Jefe en la asamblea, liberales reformistas, “maderistas con agenda propia”, conocían a la perfección el lenguaje de la ilustración; “se opusieron a que las comisiones constitucionales y el pleno del congreso cambiaran el proyecto original de Carranza”, pugnaban por la renovación de la tradición republicana poniendo al día la Constitución de 1857 fortaleciendo la figura del Ejecutivo para alejar el militarismo y los peligros de una larga dictadura del horizonte mexicano del siglo XX –tabla I–.[18]

En cuanto a la correlación entre la representación fraccionaria y el territorio no existe –como Smith lo llegó a afirmar– una zona norte predominantemente jacobina ni mucho menos una región centro tendencialmente moderada.[19] Mientras los estados de Colima, Chihuahua, Oaxaca y Sonora son bastiones jacobinos; Aguascalientes, Nuevo León y Puebla son moderados; en tanto que Baja California y Chiapas son entidades de cuño equilibrista –figura I–. La variable geográfica no tiene lugar; por el contrario lo que sí impera son entidades altamente competitivas en su filiación electa: en los estados de Morelos, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz tres fracciones –jacobinos, equilibristas y moderados– comparten el principio de mayoría simple; en Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí y Sinaloa sólo un par –equilibristas con moderados, jacobinos con moderados y equilibristas con renovadores para los últimos dos casos– empatan en ese principio. Por cierto la mayoría simple jacobina es clara únicamente en las bancadas de Hidalgo, México, Michoacán, Yucatán y Zacatecas; clara también para los equilibristas electos en el Distrito Federal, Guanajuato, Tamaulipas y Tepic; esta proporción también se reproduce para el caso de los diputados moderados de Durango y Querétaro –tabla II–. Queda ampliamente demostrado que en 19 entidades federativas –65.51 por ciento de los espacios de representación total— la alta competitividad era la regla del Constituyente de 1916-1917.[20]

Fraccionalismo Constituyente 1916-1917

Fraccionalismo Constituyente 1916-1917Por su parte, a lo largo de los trabajos del Constituyente, la polarización era la excepción y no regla. Al igual que Jean Jacob Rousseau los diputados constituyentes coincidieron en que “la misma ley de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone, al menos una vez, la previa unanimidad.[21] A pesar del complejo entramado de fracciones, de la superposición de tendencias centrífugas y centrípetas, incluso de la proximidad geográfica y política entre una y otra demarcación; existían líneas de consenso perfectamente claras avant lettre, discutidas y votadas con la avenencia plebiscitaria de los legisladores: el acotamiento del Poder Legislativo; la incorporación del veto presidencial superable sólo por las dos terceras partes de ambas cámaras; la elección del Ejecutivo por sufragio universal, secreto y directo; el fortalecimiento de la autonomía e inmovilidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia; así como el revestimiento constitucional del municipio; eran temas donde los respaldos y las votaciones unánimes hacían a un lado las discrepancias.[22]

En contraste los factores de conflicto del Constituyente descansaban en todos aquellos proyectos que implicaran una distinción significativa entre el diseño de poderes del centro con respecto de las periferias; es decir la gran carta de distensión de Querétaro no era muy distinta a la que presentaron los congresos de 1823-1824 y 1856-1857 pues, una vez más en la accidentada historia del México independiente, la proyección de la gestión pública gubernamental encontraría su punto máximo de conflicto entre posiciones centristas y centrífugas, de concentración versus dispersión, precisamente al centro de las relaciones entre la federación y los estados.[23]

No es producto de la casualidad que la primera discusión capaz de tensar los ánimos entre los constituyentes girara en torno al nombre que debía dársele a la nación en la nueva Carta Magna. Aunque implícitamente el tema circundaba “un debate extemporáneo” sobre la pertinencia de la forma de gobierno en México; la propuesta proveniente de la Comisión de Reformas a la Constitución –conformada Francisco J. Mújica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga– fue expuesta el 12 de diciembre ante el pleno por el secretario, de filiación moderada, José María Truchuelo: el dictamen pugnaba por la sustitución del título de “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” por el de “Constitución Política de la República Federal Mexicana”.[24]

Luis Manuel Rojas protestó desde el ala renovadora exhibiendo “el conservadurismo” del dictamen; recordó que la expresión “Estados Unidos” connotaba la idea de estados autónomos e independientes en su régimen interior; el debate pronto subió de tono: Fernando Lizardi defendió el proyecto de la Comisión asegurando que el adjetivo “federal” llevaba implícito el término soberanía; mientras que Fernando Castaños se limitó a respaldar la postura del diputado Rojas. Por su parte el jacobino Luis G. Monzón explicó que la connotación Estados Unidos “no era una denominación política sino, más bien geográfica”; declaración que Manuel Herrera, al otro extremo de esa misma fracción, no tardó en negar pidiendo que se conservara el nombre original.[25]

La discusión, propia de la primera mitad del siglo XIX, tras la ratificación de una forma de Estado combinada con una forma de gobierno encubría una anticipación a un impulso centrista que marcaría los debates más álgidos del Constituyente. Rafael Martínez de Escobar negó la posibilidad de que la idea de “república” estuviera ligada con el centralismo, incluso fue capaz de defender el adjetivo “unión”; al tiempo que el Félix Ma. Palavicini y Emilio P. Nafarrate respaldaron la postura inicial del diputado  Rojas. Desde el seno de la comisión, y sin entrar demasiado en materia, Francisco J. Múgica calmó los ánimos cuando el debate ya estaba agotado. A partir de entonces dos posturas volcarían la balanza de las votaciones: la primera a cargo del moderado Francisco Espinosa, quién haciendo una breve historia sobre ocho legislaturas que durante el siglo XIX aludieron con “la palabra república un centralismo de corte clerical” contravino a Martínez de Escobar; la segunda corrió a cargo del jacobino Enrique Colunga quien intentó menoscabar las magnitudes políticas de la discusión asegurando que “con la sustitución de Estados Unidos por República no queremos otra cosa que quitar una denominación que nos liga con la nación vecina”.[26] La votación sobre el preámbulo no prosperó porque se interpretó como una ofensa a la personalidad y soberanía de los estados; el nombre del país y su forma de gobierno permanecieron inalterable gracias al voto de una coalición centrífuga conformada por 12 renovadores, 40 moderados, 33 equilibristas y 23 jacobinos: 108 contra 57 que se manifestaron por la afirmativa –tabla III–.[27]

El 25 de diciembre la discusión sobre el régimen penitenciario, contenida en el primer dictamen del artículo 18 del proyecto de reforma enviado por el Primer Jefe, y modificado en lo particular por la Comisión –conformada por los mismos diputados que remitieron el preámbulo–, volvió a hacer saltar por los aires la gran tensión del Constituyente de Querétaro: centro versus periferia.[28] El secretario Truchuelo dio lectura a la minuta que “imponía a los estados las obligaciones penitenciarias”. José Natividad Macías, uno de los primeros oradores en hacer uso de la tribuna, aseguró que con la centralización “los estados no pierden su jurisdicción”, el renovador concluyó que se trataba de un asunto de recursos y que ninguna entidad podría tener ventaja sobre la Federación en la materia.[29] Al otro extremo Hilario Medina replicó defendiendo el federalismo e instando al pleno a no despojar a los estados del derecho de legislar por sí mismos sus sistemas de penas y castigos, además de proponer la reformulación del sistema económico para combatir la escasez y la mala distribución de los recursos públicos; el jacobino remató:

“El ideal de los sistemas políticos modernos es el de la descentralización administrativa y la centralización política, y esto lo tendremos cuando demos a los estados libertad para establecer el régimen penitenciario porque es la base fundamental de todo sistema administrativo”.[30]

Heriberto Jara tomó la tribuna llevando el debate a un callejón sin salida: si los estados van a costear el sostenimiento de cada uno de sus reos, “¿por qué los estados no van a poder tener los establecimientos penitenciarios adecuados para castigar a los criminales que así lo merezcan?”. Enrique Colunga, presidente de la Comisión en ese momento, remató con otra pregunta ensordecedora: “¿cuáles son los recursos de la Federación sino los mismos de los estados?”.[31]

Posicionamiento Fraccionario 1916-1917

El problema del dictamen del artículo 18 encubría una complejidad recurrente: los constituyentes no podían haber declarado la libertad y soberanía de los estados para, en un momento posterior, nulificar esa proclama centralizando el sistema penitenciario. Al respecto Alberto Terrones Benítez desmintió que el proyecto del Primer Jefe haya implicado “la federalización de la República” sino, más bien una “semi-federalización”, pues la manutención de los reos nunca dejaría de depender de los estados; acto seguido instó a desechar el proyecto de la comisión y aceptar la propuesta tal y como la remitía el Primer Jefe. La defensa fue contraproducente; los jacobinos empezaron a coaligar con algunos moderados mientras José Natividad Macías, a petición de los constituyentes, cerraba el debate limitándose a defender la soberanía de los estados desde los espacios en cuestión: “las colonias penales no las va a establecer el Ejecutivo; ese es el error, lo va a establecer el Congreso”.[32] La votación fue contundente y la polarización más que evidente: 70 diputados rechazaron el dictamen frente a 67 legisladores que votaron por la afirmativa –tabla III–.[33]

La arenga discursiva más convulsa que hasta entonces había presenciado el Constituyente estaba lejos de extinguirse; la coalición de “federalistas centristas” no estaban dispuestos a permitir que por tres votos les ganaran la partida.[34] Pocos días después, el 3 de enero de 1917, la comisión retomó el dictamen del artículo 18 bajo pretexto, según Esteban Baca Calderón, de que el pleno había votado la incorporación de la propuesta sobre la readaptación de los reos del moderado David Pastrana Jaimes al dictamen enviado por el Primer Jefe, asegurando además que esa adición nunca fue votada en lo particular.[35] Sobre el procedimiento, y el controvertible posicionamiento, Félix Ma. Palavicini destacó: “nosotros deseamos que se pregunte a la Secretaría si se admite a discusión el dictamen y, si después de la impugnación del trámite, sostiene la Asamblea el trámite de la mesa”.[36]

Aunque el asunto estaba suficientemente discutido, y era obvio que el artículo fue votado íntegramente, el secretario Truchuelo ante el temor de una “impugnación” defendió el trámite recordándole al pleno que no era la primera vez que se ejecutaba esa práctica, que los artículos 3 y 16 fueron discutidos y aprobados bajo ese mismo procedimiento. Los moderados llamaron a la congruencia asegurando que “si se era partidario del federalismo no se podía votar en lo particular por el centralismo”.[37] Sin darse cuenta los constituyentes ya habían entrado en materia. José María Rodríguez ahondó bajo los siguientes términos:

“Lo único que hay que hacer es conceder a los estados el derecho de tener sus colonias penales para castigar a sus reos, y la obligación de mandarlos a las colonias penales es de la nación cuando carezcan de estos establecimientos”.[38]

Después de muchas vacilaciones ese sería el espíritu que finalmente recogería la versión final del artículo 18 constitucional, bajo pretexto que era facultad de los estados castigar los delitos del fuero común, un nuevo esquema de distribución de competencias entre la Federación y los estados se estaba gestando a través de la distinción del ámbito de aplicación de la materia del derecho; la solución fue salomónica: una justa combinación entre cárceles centrales y locales respaldada por 116 constituyentes contra 35 que se pronunciaron por la negativa dieron por finalizada –por segunda ocasión– la extenuante y calurosa discusión –tabla III–.[39]

El 8 de enero de 1917 la Sala de Comisiones, esta vez integrada por Paulino Machorro Narváez, Heriberto Jara, Arturo Méndez, Agustín Garza González e Hilario Media, envió al pleno el dictamen del artículo 55 fracción III que establecía como requisitos propios de la representación política ser originario del estado o territorio, vecino en todo caso, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección.[40] González Galindo, un jacobino, fue uno de los primeros en oponerse a “una residencia tan escueta” pues desde su óptica un periodo tan corto serviría a la Federación para imponer representantes y contribuir al renacimiento de un “centralismo administrativo”; además propuso incrementar el requisito de residencia a tres años al día de la elección como una medida eficaz para reducir la tasa de rotación legislativa cooptada por diputados itinerantes, al servicio de los intereses del centro, y con escasos ligamentos en su base electoral. Cayetano Andrade no tardó en reaccionar, defendió el lugar de nacimiento por encima de la vecindad, asegurando que no era necesario solicitarle a “un nativo auténtico” ningún tipo de residencia; las respuestas siguieron su curso: Francisco Figueroa ahondó sobre la relación entre representantes y representados, y en consecuencia sobre el déficit de cercanía que generaban los mecanismos propios de la residencia; Esteban Baca Calderón, el único de los constituyentes que habló en favor del dictamen, aseguró que la fracción III no excluía a los ciudadanos nacidos en otros estados.[41] Pese al aparente disenso el Congreso respaldó el discurso de Baca Calderón con una estrepitosa aprobación de 108 frente a 60 constituyentes que rechazaron el dictamen –tabla III–.[42] Una vez más “la gran coalición de federalistas centrífugos” ganaron la batalla en un debate intrincado por posiciones centristas.

El 14 de enero la comisión de Constitución y Reformas integrada por Alberto Terrones Benítez, Silvestre Dorador, Fernando Gómez Palacio, Jesús de la Torre y Antonio Gutiérrez envió al pleno el dictamen sobre el artículo 73 constitucional, la base segunda de la fracción III tensó los ánimos al imposibilitar nada menos que “la elección popular y directa” del gobernador de la ciudad de México.[43] Paulino Machorro Narváez destacó que una elección abierta del jefe de gobierno del Distrito Federal se traduciría en una limitante espacial en el ejercicio de potestades del Ejecutivo federal; Heriberto Jara –renovador pero con posturas jacobinas– saltó en defensa de la autonomía de las entidades y en contra de la centralización de las potestades del gobierno de “la ciudad más populosa de la República”; Félix Ma. Palavicini, cliente frecuente en el uso de la tribuna, aseguró que “la ciudad de México no puede subsistir municipalmente porque no tiene recursos para ello” y que sus autoridades “deben ser nombradas por los poderes federales”; mientras que Rafael Martínez de Escobar respaldó la soberanía de la capital del país y la de sus habitantes.[44]

“El principal peligro que existe en México es que en la ciudad de México el gobernador del Distrito es una especie de jefe político y yo recuerdo que, en la mayor parte de los estados donde existió jefe político, nunca pudo haber ayuntamiento”.[45]

Las palabras de José María Rodríguez expresaron con vehemencia el temor real de los constituyentes de tendencia centrífuga: la emergencia de facultades indirectas concentradas en el Ejecutivo fácilmente podrían poner en riesgo la autonomía –y la soberanía– de los estados y territorios en sus asuntos internos. La votación fue copiosa: 94 constituyentes expresaron su negativa contra sólo 44 que decidieron respaldar el dictamen –tabla III–.[46]

De manera paralela la segunda comisión de Constitución, integrada por Juan de Dios Bojórquez, José Álvarez, Ismael Pintado Sánchez, Luis G. Monzón, Carlos L. Gracidas, Matías Rodríguez, Jairo R. Dyer y Julián Adame, trabajaron y el 15 de enero turnaron al pleno dos puntos de acuerdo, abismalmente distintos uno del otro, sobre el dictamen del artículo 76 fracción VIII: el primero versaba sobre la resolución de “cuestiones políticas” por parte de la Federación cuando las autoridades de dos o más estados en conflicto comparezcan frente al Senado o se haya interrumpido las garantías individuales en los mismos; el segundo, sobre este mismo asunto, implicó a la Suprema Corte como la única instancia facultada para resolver las discrepancias entre los estados justo como lo remitía el Primer Jefe en su propuesta del artículo 104 constitucional.[47]

De inmediato el secretario Fernando Lizardi expuso el voto particular de Paulino Machorro Narváez y Arturo Méndez quiénes se inclinaron por la segunda resolución de la comisión con el propósito de “vacunar” a los conflictos entre los poderes locales de “su carácter de apasionamiento y encono” y someterlos a “las decisiones serenas y jurídicas de la Suprema Corte”.[48] Rápidamente las posturas autonomistas encontraron un respaldo en el discurso del diputado José Rodríguez González que, intentando darle cierta claridad a un dictamen un tanto barroco pues, en caso de que los estados entraran controversia ¿cómo es que acudirían al Senado?, y sobre todo ¿por qué lo harían si de cualquier modo los senadores están facultados para intervenir?; propuso que fuera una prerrogativa del Senado nombrar a un gobernador interino. Palavicini se limitó a tomar la palabra para asegurarle al pleno que su fracción –hablaba por los renovadores– votaría en contra de esa primera resolución.[49]

La discusión era una auténtica torre de babel. La comisión emitía dos resoluciones distintas con posturas poco coincidentes con respecto a los votos particulares y, sin embargo, el debate seguía siendo sobre la fracción VIII del artículo 76. Alberto M. González aclaró que el veredicto de la Suprema Corte no sería para fijar “la anticonstitucionalidad” de la ley que pudiera aplicarse en caso de conflicto, sino que en el peor de los casos equivalía a dictar “una sentencia política” que contravenía “el proyecto original de reforma de la Constitución de 1857” –parecía que algunos moderados aún no se percataban que estaban dando a luz a una nueva Carta Magna– corrompiendo además la esencia del Poder Judicial; Machorro y Narváez, aludiendo al “prestigio moral” más alto entre los poderes públicos, aseguró que la Corte estaba preparada precisamente para tratar esa clase de conflictos; Rafael de los Ríos lanzó una pregunta reveladora del galimatías implícito en los posicionamientos: “¿cuándo los conflictos tienen carácter político y cuándo tienen carácter constitucional?”, le cuestionó al pleno; mientras que Hilario Medina cerró el debate argumentando que “las cuestiones políticas no son siempre las cuestiones constitucionales” exhortando a los constituyentes a dejar fuera de estos menesteres a la Corte, entre líneas su afirmación incitaba a “dejar fuera” del alcance del Ejecutivo cualquier intromisión emergente en la soberanía de los estados.[50] Contra todo pronóstico por una coalición de 110 votos, contra 42, los constituyentes se pronunciaron a favor del proyecto original del Primer Jefe –tabla III–.[51]

Con el paso de las sesiones la trama de la Constitución de 1917 adquiría matices provenientes de una ecuación múltiple y compleja, que no sólo emulaba los equilibrios puestos y contrapuestos de la era pretoriana sino que traducía la agenda de gobierno de la revolución –junto con sus miedos profundos– al diseño de poderes consagrado por la Constitución de 1917. El 18 de enero la Sala de Comisiones integrada por Paulino Machorro Narváez, Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina turnó al pleno el dictamen sobre artículo 79 fracción IV que originalmente estipulaba “como facultad exclusiva del presidente de la república convocar al Legislativo para la celebración de sesiones extraordinarias”; en su lugar la sala dictaminadora propuso recaer dicha potestad en el Congreso en caso de delitos oficiales y del orden común cometidos por los secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte y gobernadores “siempre que esté instruido el proceso de la Comisión del Gran Jurado”, cuidándose de no prolongar las sesiones más que el tiempo indispensable para emitir un fallo.[52]

Una semana después –el 26 de enero– fue votado el dictamen haciendo una cabal distinción en los procedimientos: para el caso de delitos de fuero común era necesario una declaratoria de la Cámara de Diputados para que el funcionario en cuestión pudiera ponerse a disposición de un juez; en contraste “la presunción de culpabilidad” en los delitos oficiales sería analizada por los diputados, y en caso de ser necesario turnados al Senado para ser juzgados.[53] La votación resultó ser contundente: 135 aprobaron el dictamen contra 22 constituyentes que se pronunciaron por la negativa –tabla III–.[54]

En suma las fuerzas de concentración versus dispersión en torno a las líneas de consenso, y la agenda de conflicto del Constituyente de 1916-1917, puede sintetizarse de la siguiente manera: a) el nombre de la nación permaneció sin alternaciones gracias a una alianza centrífuga; b) los constituyentes, en vez de delegar a la Federación las facultades vitales del régimen penitenciario, optaron por un esquema de atribuciones compartidas; c) mientras que el nacimiento, la vecindad y la residencia se convirtieron en requisitos igualmente aceptados para la conformación de la representación fraccionaria del Legislativo; d) en contrapartida se respetó la autonomía en la gestión municipal, incluyendo el espacio jurídico de aplicación de la ciudad de México; e) de igual manera se optó por el Senado como el órgano político encargado de dirimir controversias entre potestades locales; f) para finalmente atemperar la balanza en las relaciones horizontales de poderes facultando a la comisión permanente de la Cámara de Diputados para convocar sesiones extraordinarias con el propósito de juzgar delitos del fuero común cometidos por funcionarios federales de primera línea –tabla III–. Se trata únicamente de siete distensiones, no obstante capaces de evidenciar la forma política y los procedimientos de la nueva Constitución.[55]

Desde luego no todo era miel sobre hojuelas. De manera paralela a los trabajos del Congreso Constituyente una serie de huelgas intensivas propiciadas por la caída de los salarios reales, una inflación descontrolada, la ruptura de relaciones entre Venustiano Carranza y la Casa del Obrero Mundial (COM), la emergencia de la Confederación del Trabajo como un espacio de contención y defensa de las demandas laborales, así como la ejecución de la Ley Juárez de 1862 representaban una escalada de acontecimientos que anticiparon la emergencia de movimientos obreros como grandes diques de contención frente al proyecto de estabilidad constitucional prefigurada desde los balcones del Teatro de Querétaro.[56] Esa era parte de la compleja situación que sorteaba el país posterior al conflicto pretoriano, y dado que toda Constitución es una carta de legitimidad, era imperativo para titulares y suplentes con representación incluir garantías sociales que recubrieran de sentido jurídico los pendientes del proyecto político revolucionario.[57]

“Carranza jamás se imaginó, ni dio trazas de comprenderlo después, el colosal poderío que se ponía a disposición del Estado, al convertir las reformas sociales en instituciones constitucionales”.[58]

El 13 de enero de 1917 la comisión de Constitución y Reformas, integrada por Pastor Rouaix, Victorio E. Góngora, Esteban Baca Calderón, Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael de los Ríos, Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, presentó el proyecto del artículo 123.[59] Cada una de sus XXX fracciones contenía un complejo de derechos laborales inusitados para la época: jornada máxima de ocho horas, siete para trabajo nocturno y seis para niños de entre 12 y 16 años; un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades elementales de la clase obrera y determinado según su base de adquisición regional; doble pago por horas extras; igual salario por igual trabajo independiente de la naturaleza, género o nacionalidad de quien lo desempeñe; protección de las trabajadoras antes y después del parto; derecho de huelga, libertad de organización sindical y respaldo jurídico de las sociedades de mutualidad; así como mecanismos de sanción frente a despidos injustificados.[60]

Se trataba de la legislación laboral más avanzada de la época. El 23 de enero, tan sólo diez días después de que la comisión turnara al pleno el dictamen, se llevó a efecto la votación en lo particular del artículo que en opinión de los constituyentes consagraba como ningún otro “el himno de la revolución”.[61] Únicamente la fracción XVIII encontró ciertas resistencias entre los constituyentes:

“Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital (…) serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno”.[62]

El tema circundaba la jurisdicción de la expresión más genuina y subversiva del movimiento obrero: la suspensión legítima del trabajo como mecanismo de protesta y medida cautelar ante probables arbitrariedades cometidas por los patronos. Después de hondos debates quedó en claro que los huelguistas no podía ser considerados como “trastornadores de la paz pública”, y si lo hicieran tampoco podían ser castigados individualmente sino de manera colectiva.[63] La frontera entre represión y permisión era tan tenue como estratégicamente conveniente para la estructura de estabilidad del nuevo régimen pues, pareciera que desde un principio, la vaguedad implícita en la nueva Constitución estaba predestinada a convertirse en la piedra de toque de una persistencia autoritaria sin precedentes en la historia de México. Después de una sesión secreta, “celebrada con prensa” alrededor de las 7:55 p.m. del día 23 de enero el conflicto se difuminó por completo, en un impulso genuinamente centrífugo y con 163 votos a favor los diputados aprobaron el artículo 123 reservando a los estados las leyes secundarias pertinentes para la aplicación final de sus procedimientos.[64]

Casi al mismo tiempo, del 13 al 23 de enero, Pastor Rouaix junto con dieciséis cabilderos auxiliaron a la Sala de Comisiones conformada por Francisco Múgica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga para reelaborar el dictamen del artículo 27 presentado por el Primer Jefe. La tarde del día 25 la comisión había votado el proyecto que fue turnado al pleno el 29 y votado en lo particular durante las primeras horas del día 30.[65] En esencia “el problema capital de la revolución” se resolvió elevando a precepto constitucional el decreto del 6 de enero de 1915 que colocaba su principal acento en la restitución de los ejidos y en el fomento a la pequeña propiedad.[66] El artículo sujetaba la propiedad privada “a las modalidades que dicte el interés público”, potencialmente todos los latifundios estaban sujetos de expropiación siempre que el propósito fuera la creación de pequeñas propiedades o propiedades comunales; una vez expropiadas las tierras serían pagadas con base al valor fiscal declarado mientras que el propietario original quedaba obligado a aceptar como forma de pago anualidades no mayores a 20 años con un interés neto del 5 por ciento. Los cimientos de una reforma agraria de altos vuelos –previa inspiración al Plan de Ayala–  junto con la emancipación soberana del Estado sobre la propiedad extranjera fueron transformados en credo constitucional.[67]

Al filo de las 10:30 de la noche –pero del día 29– se declaró un receso mientras continuaban “las negociaciones secretas”; una hora después las primeras seis fracciones del artículo 27 fueron discutidas sin mayores aspavientos: el derecho a la adquisición del dominio de tierras y aguas por mexicanos naturalizados, sociedades comerciales e instituciones de beneficencia; el usufructo limitado de instituciones bancarias;  impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas; el papel del municipio y la personalidad jurídica de las comunidades para la defensa y usufructo de sus bienes materiales; así como el adquisición de bienes raíces por el Distrito Federal, los estados y los territorios de la Federación fueron algunos temas que monopolizaron brevemente la tribuna.[68]

No ocurrió lo mismo con la fracción VII que consagraba la indemnización de las expropiaciones hechas a los gobiernos anteriores a Carranza que, conforme al decreto del 25 de junio de 1856, obligaba a que toda extensión “poseída en nombre propio y a título de dominio” a sujetarse a una demarcación de cincuenta hectáreas; en tanto que “el exceso de esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, indemnizando su valor al propietario”. Manuel Cepeda Medrano sintetizó el problema con una pregunta compleja: “¿quiénes son los que deben indemnizar: los infelices que vuelven después de cincuenta años a tomar posesión de sus tierras o el gobierno?”. Reclamación a la que Francisco Múgica contestó en tono disuelto: “el gobierno sabrá con qué clase de dinero paga al propietario; es cuestión secundaria que a nosotros no nos corresponde”.[69]

Corrían las primeras horas del 30 de enero y el debate era encarnizado entre Mújica, Cepeda Medrano, Medina y Navarro; mientras que muchos otros diputado cayeron presas en los brazos de Morfeo. Una campanilla, y un par de alaridos desde la tribuna, hicieron despertar a “los bellos durmientes”: la fracción VII se consideró suficientemente discutida y se turnó para su votación. Alrededor de las 3:30 de la mañana, con la anuencia de 150 diputados, el artículo 27 fue aprobado por unanimidad con excepción de la fracción II que recibió 88 votos a favor contra 66 que se pronunciaron por la negativa.[70] Después de un delicado proceso de negociación el más largo, nacionalista y belicoso de los artículos constitucionales había sido sancionado:

“Más que ningún otro el artículo 27 exhibió claramente las esperanzas y los temores a que se enfrentaban los delegados del Congreso Constituyente. Revelaba no sólo la decisión de crear un nuevo sistema de tenencia e imponer restricciones a los extranjeros, sino también un miedo mortal a la riqueza y a los intereses creados”.[71]

Después de 72 días de complicadas discusiones la constitución política más larga hasta entonces redactada vio la luz el 5 de febrero de 1917. Ese solo acontecimiento marcó el fin de la revolución mexicana y el comienzo de la aplicación formal de un sistema político que siempre recurrió, para la adaptación táctica de su estabilidad, a la reforma del orden constitucional recién impuesto.

*Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, pp. 75-98.

 

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——— “El bicameralismo mexicano: fábrica del lubricantes legislativos y contención política”, en Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, volumen 2, número 3, México, 2009, pp. 66-68.  

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[1] Israel Arroyo, “El nuevo diseño de poderes en el constituyente mexicano, 1916-1917: coaliciones parlamentarias y poder judicial”, XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá: México y sus revoluciones, Santiago Querétaro, 2010, pp. 3-4; “El bicameralismo mexicano: fábrica del lubricantes legislativos y contención política”, en Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, volumen 2, número 3, México, 2009, pp. 66-68.

[2] Peter H. Smith, “La política dentro de la revolución: el congreso constituyente de 1916-1917”, en Historia mexicana, volumen XXII, número 3, México, El Colegio de México, 1973, p. 363.

[3] El decreto publicado el 14 de septiembre de 1916 determinó que cada uno de los 246 distritos electorales elegirían, tal como sucedió durante las elecciones de 1912, a un delegado y un suplente con los mismos requisitos establecidos por la Constitución de 1857 pero con las restricciones implementadas desde el mes junio de 1916. De la misma manera se amplió la definición de “ciudadano del estado” incluyendo a todos los que hubieran nacido en una entidad o vivido en ella durante los primeros seis meses anteriores a los comicios, hecho que permitió la proliferación de fracciones políticas de diversa tendencia ideológica. Charles C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 290-307.

[4] Berta Ulloa, La constitución de 1917, Historia de la revolución mexicana, 1914-1917, número 6, México, El Colegio de México, 1988, p. 497.

[5] Ulloa, Constitución, 1988, pp. 502-504.

[6] Las comillas son mías. Declaración del diputado Jesús Romero Flores citada en Víctor E., Niemeyer, Revolución en Querétaro. El congreso constituyente mexicano de 1916-1917, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1993, p. 39. Véase Hans Werner Tobler, La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza Editorial, 1997, p. 351.   

[7] Entre los 116 profesionistas se encontraban 81 licenciados, 21 ingenieros y 14 profesores; entre los 66 militares había 21 generales, 27 coroneles, 12 tenientes coroneles junto con 5 mayores y un capitán. Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 9-10. Cumberland, Revolución, 1980, p. 307. Ignacio Marván Laborde, “¿Cómo votaron los diputados constituyentes de 1916-1917?”, en Política y gobierno, volumen XIV, número 2, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, 2007, pp. 208-211. Smith, “Política”, 1973, p. 239.

[8] Ulloa, Constitución, 1988, p. 520.

[9] “No lo hizo Iturbide en 1822. Tampoco el Santa Anna de 1843, donde el congreso fue “designado” –no electo popularmente– y dio origen a las Bases Orgánicas. Se infiere, por lo tanto, que Carranza y su núcleo duro de colaboradores –los renovadores–pensaron al Constituyente de 1917, más que como un cuerpo deliberante como una entidad “ratificadora” de su propuesta inicial”. Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 10-11.

[10] Cumberland, Revolución, 1980, p. 309.

[11] Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 7-8.

[12] Ulloa, Constitución, 1988, p. 524.

[13] Cuenta Ulloa que según Pastor Rouaix: “los de izquierda se caracterizaron porque regresaban del campo de batalla o eran elementos muy jóvenes que por no haber tenido ligas con el pasado, pretendían destruirlo, y básicamente lo formaron Múgica, Baca Calderón, Bojórquez, Luis Espinoza y Froylán C. Manarrez; algunos de los cuales no llegaban a la edad mínima de 25 años”. Arroyo, “Diseño”, 2010, pp. 16-17. Smith, “Política”, 1973, p. 381. Ulloa, Constitución, 1988, pp.532-533.

[14] Tobler, Revolución, 1997, p. 350.  

[15] Como Arroyo señala el Constituyente “nunca sufrió un problema en la integración de su quórum legal, que debió contar con una presencia mínima de 122 diputados (…) es necesario distinguir la representación nominal –los 243 diputados que debieron integrar el constituyente-, la calificación de credenciales –220 individuos– y el quórum real de asistentes. Este último fluctuó entre 124 y 192 -51 y 79 por ciento, respecto del quórum nominal–. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 7.

[16] Smith, “Política”, 1973, p. 373.

[17] Según Arroyo “no hubo partidarios de una república centralista”. Y aunque Smith es el único de los estudiosos del Constituyente que asocia tensiones significativas entre “centralistas” y federalistas”, la existencia de un amplio bloque equilibrista muestra que dicha asociación es producto de una ilusión estadística. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 12 y 18. Ulloa, Constitución, 1988, p. 532.

[18] Aunque el número de renovadores que fueron electos para el Congreso Constituyente de 1916-1917 fueron un total de 23 diputados, la fracción se cohesionó sólo en torno a 22 pues Heriberto Jara no se adscribió a las posturas que mantuvo este grupo, estando mucho en el discurso y en las votaciones mucho más cerca de las tendencias moderadas. Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 14-17.

[19] Smith, “Política”, 1973, p. 377.

[20]  Tal vez en razón de esta misma competitividad “la gran coalición” del Constituyente operó a favor del federalismo centrífugo y no del federalismo centrista; pues “lo mismo sedujo a los renovadores y jacobinos que a los independientes. Su magnitud estuvo, de nueva cuenta, determinada por el tema específico a discusión”. Arroyo, “Diseño”, 2010, p. 18.

[21] Jean Jacques Rousseau, El contrato social. Principios de derecho político. México, Austral, 2000, p. 47.

[22] Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 216.

[23] Arroyo García, Israel, “Bicameralismo”, 2009, pp. 66-67. David M., Quinlan, “Issues and factions in the Constituent Congress, 1823-1824”, in Jaime E., Rodríguez O., (editor), Mexico in the age of democratic revolutions, 1750-1850, London, Lynne Rienner, 1994, p. 187. Richard N., Sinkin, The mexican reform, 1855-1867. A study in liberal nation-building, Austin, University of Texas, 1979, pp. 55-74. Smith, “Política”, 1973, p. 369.

[24] Diario de los debates del congreso constituyente de Querétaro, 1916-1917, tomo I, México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2009, p. 402.

[25] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 403-412.

[26] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 413-420.

[27] Diario de los debates, tomo I, 2009, p. 420. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 210 y 220. Smith, “Política”, 1973, p. 388.

[28] Diario de los debates, tomo I, 2009, p. 644.

[29] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 645-655.

[30] Diario de los debates, tomo I, 2009, p. 657.

[31] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 658-661.

[32] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 661-667.

[33] Diario de los debates, tomo I, pp. 667-668. Smith, “Política”, 1973, p. 389.

[34] Desde los trabajos del preámbulo de la Constitución, y de manera mucho más evidente desde que se empezó a discutir el dictamen del artículo 18, una práctica sin parangón en la historia de nuestros Constituyentes hizo su aparición con fuerza creciente; se trató de una suerte de “triple tensión” que terminó por afirmarse como el leitmotiv de los trabajos legislativos: a) la primera ocurrió entre las comisiones y el pleno, entre nueve muestras representativas del pluralismo fraccionario y un congreso que asumía las más variadas posturas; b) la segunda fue protagonizada por el Primer Jefe, casi siempre respaldado por los renovadores, y un congreso que hizo de las alianzas entre fracciones su contrapeso por excelencia; c) la tercera, consecuencia de la anterior, aparecía cuando la polarización llegaba al límite, sólo entonces se diluía la pluralidad fraccionaria para abrir paso a dos grandes coaliciones con posturas centristas y centrífugas según devenga la diversidad de la materia.

[35] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 35.

[36] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 35-50.

[37] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 50-51.

[38] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 52.

[39] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 56. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 222.

[40] En menos de una hora el artículo recibió siete impugnaciones: cuatro dirigidas exclusivamente a la fracción III e interpuestas por Cayetano Andrade, Froylan C. Manjarréz, Francisco Figueroa y Modesto González Galindo. Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 168.

[41] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 168-184.

[42] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 184. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 223. Smith, “Política”, 1973, pp. 389-390.

[43] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 289.

[44] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 289-295.

[45] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 296.

[46] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 296-298. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 223. Smith, “Política”, 1974, p. 390.

[47] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 324 y 351.

[48] Claramente los constituyentes bordeaban los límites de uno de los grandes problemas del diseño institucional del siglo XIX: los poderes de emergencia, la famosa “falla intrínseca” del liberalismo mexicano. José Antonio Aguilar Rivera, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 55 y 92-94.

[49] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 324-352.

[50] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 353-360.

[51] A dos semanas de concluir los trabajos del Constituyente el Teatro de Querétaro era testigo del surgimiento de una magnitud política singular: los diputados, desde los múltiples espacios de sus representaciones, configuraron funciones de concentración tendencialmente favorables al Ejecutivo en las relaciones horizontales entre los poderes; al tiempo que diseñaron contenidos específicos de dispersión, como fue el caso del artículo 76 fracción VIII, en el sistema de distensiones verticales, entre la Federación y los estados. Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 360. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 223. Smith, “Política”, 1974, pp. 390-391.

[52] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 421-423.

[53] El consenso fue tan grande gracias a una negociación precedente, desde la Sala de Comisiones se había acordado conservar la estabilidad del Poder Ejecutivo mediante el impedimento, por parte de la Comisión Permanente, de convocar a sesiones extraordinarias para juzgar al Ejecutivo federal; a cambio de esa “pequeña” concesión se facultó al Legislativo para evaluar y sancionar en libertad secretarios, ministros y gobernadores. Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 721-725.

[54] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 725. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 222. Smith, “Política”, 1974, p. 390.

[55] Al final de los trabajos del Constituyente el proyecto de Venustiano Carranza, impulsada por los renovadores, había conseguido la aprobación de la elección directa del Ejecutivo; su renovación cada cuatro años y sin posibilidad de reelección; la supresión de la vicepresidencia junto con el reconocimiento de la presidencia provisional, sustituta e interina; así como el monopolio del Ejecutivo en la convocatoria a los periodos extraordinarios de sesiones del Congreso. A cambio “los Legisladores de 1917 no sólo fortalecieron el poder Judicial frente al presidente de la república y el poder legislativo, sino que robustecieron el ámbito federalista de los poderes territoriales. Esto no hubiera sido posible sin una fuerza centrífuga en el congreso constituyente”. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 24.

[56] Como antesala a los trabajos de Querétaro el radicalismo de la COM llegó a su punto máximo de ebullición. Por lo menos un par de magnas huelgas pusieron en jaque la actividad productiva de la ciudad de México y la represión no se hizo esperar, varios líderes fueron condenados a prisión; para mediar la situación José Barragán Hernández se entrevistó en secreto con Obregón quien le aconsejo “entrar en receso” asegurándole que “ya vendrán tiempos mejores”; no pasaron muchos días para que la Casa del Obrero Mundial suspendiera sus actividades el 2 de agosto de 1916, tiempo que marcó el fin de las casas mutualistas para abrir paso a la era de los grandes sindicatos y corporaciones gremiales. Pedro Castro, Álvaro Obregón. Fuego y cenizas de la revolución mexicana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Ares, Era, 2010, pp. 139-140.   

[57] La inclusión de las garantías sociales a los dictámenes fue posible gracias a las labores de un pequeño cuerpo de cabilderos como Alfonso Cabrera, Manuel Amaya, Cosme Dávila, Carlos Duplan, Manuel De los Santos, José Lorenzo Sepúlveda, Fernando Lizardi, José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Pastor Rouaix, José Silva Herrera, Gerzain Ugarte, José Verástegui y Pedro Zavala; entre muchos otros legisladores de tendencia centrista y centrífuga que llegaban a un consenso abrumador en materia de constitucionalismo social –tabla VIII–.

[58] Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 27.

[59] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 263-265.

[60] Cumberland, Revolución, 1980, pp. 314-315.

[61] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 602- 611.

[62] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 612.

[63] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 613-621.

[64] Hecho que en parte explica la aparición tardía de la Ley Federal del Trabajo en el año de 1931, posible hasta que en 1928 la totalidad de las entidades habían completado sus procesos de legislación en esta materia. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 20. Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 622-625.

[65] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 774-779.

[66] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 781-787.

[67] Las cláusulas agrarias de la Constitución de 1917 defieren poco de los preceptos originalmente planteados por el Plan de Ayala: Zapata siempre impulsó un sistema ejidal restaurado por restitución o por dotación de tierras expropiadas, además de la destrucción del latifundismo y de la creación de pequeñas propiedades proporcionando “a cada mexicano que lo pida la cantidad de tierra suficiente para atender sus necesidades y las de su familia”. Cumberland, Revolución, 1980, p. 221.

[68] No obstante la discusión del artículo 27 no estuvo exenta de tensiones, de manera inesperada Federico E. Ibarra al momento de la votación y discusión del inciso quinto propuso añadir los porcentajes que la nación debía cobrar a los concesionarios nacionales y extranjeros por la explotación de minas y extracción del petróleo; después de una alud de gritos y descalificaciones mutuas la propuesta fue desechada. Claramente la ambigüedad en la interpretación constitucional era un recurso de negociación –y una cláusula de estabilidad– del Estado para con los empresarios más influyentes del capital financiero. Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 787-802.

[69] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 803-809.

[70] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 821.

[71] Cumberland, Revolución, 1980, pp. 319-321.

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LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 100 AÑOS DE INTERPRETACIÓN

La Trinchera - Orozco

A pesar del trastorno político que supone una revolución, desde aquella sucesión de acontecimientos que van de la toma del poder que conduce a una reestructuración capital del gobierno y de la sociedad hasta la sustitución de una élite anterior por otra nueva, la resonancia del acontecimiento puede hacerse comprensible a través de “tipos ideales” que intentan abarcar la significación del proceso histórico concreto.[1] Uno de los esquemas más útiles fue desarrollado por Chalmers Johnson en “Revolution and the social system” (1964) donde el proceso revolucionario, en grados de contingencia creciente, puede circunscribirse a seis categorías concretas:

 a)  Jacquerie.- se trata de un levantamiento espontáneo de masas de campesinos que de ordinario se mueven en pro de las autoridades tradicionales, Iglesia y monarquía comúnmente, su meta más inmediata consiste en purgar a la élite local o nacional.

b) Rebelión milenarista.– aunque comparte rasgos con el tipo anterior su distinción radica en la constitución de “un sueño utópico” inspirado por una suerte de mesías viviente.

c) Rebelión anarquista.– se trata de un producto de la reacción nostálgica al cambio progresivo que consiste en idealizar románticamente el viejo orden.

d) Revolución comunista-jacobina.- se ha definido como un cambio fundamental “arrebatado de la organización política”, de la estructura social, del control de la propiedad económica y el mito predominante de un orden social, “inclinándose así a una ruptura radical con la continuidad del desarrollo”. Desde luego esta clase de revolución sólo puede acontecer en un Estado altamente centralizado; su blanco es el gobierno mientras que su botín es la sociedad. A la postre el proceso tiende a la creación de una nueva conciencia nacional bajo la estafeta de una autoridad militar apoyada por un orden burocrático construido sobre las ruinas de la decadente estructura de privilegios anteriores.

e) Golpe de Estado conspiratorio.- producto de la maquinación planeada de una diminuta camarilla, enardecida por una ideología oligárquica y relativamente sectaria. No obstante sólo puede apegarse al tipo revolucionario cuando el golpe es precedido por un movimiento masivo o bien un cambio social significativo.

f) Insurrección masiva militarizada.- se trata de una guerra revolucionaria masiva deliberadamente planeada a cargo de una élite dedicada. La guerra de guerrillas es su forma de operación básica mientras que el éxito de los rebeldes depende de apoyo popular vasto.[2]        

Ahora bien según las categorías precedentes, ¿qué tipo de revolución ocurrió en México a principios de siglo XX? En primera instancia llama la atención un hecho singular: las revoluciones son eventos explosivos e inevitables, causales e involutivos, ciertamente dirigidos pero nunca antes convocados con anticipación y mucho menos a través de la institucionalidad de una convocatoria: Francisco I. Madero, utilizando como directriz la coyuntura del Plan de San Luis, no sólo llamó, sino que prácticamente decretó la revolución en 1910 convirtiéndose –a partir del primer exilio de Bernardo Reyes– en la cabeza de una insurrección masiva y organizada impulsada por el fervor creciente de “guardias de ciudadanos” que clamaban por la renovación del régimen.[3] No obstante una auténtica revolución sólo ocurre “cuando una condición de disfunción múltiple se encara a una élite intransigente”,[4] y cabe aclarar que esto no aconteció sino hasta el golpe de Estado conspiratorio que desató el Pacto de la Embajada en febrero de 1913 –figura I–.

Revolución Mexicana

* Behemoth, nombre originario de un demonio que representa la tierra y el caos, fue el título que recibió una publicación póstuma de Thomas Hobbes en 1681 sobre la guerra civil inglesa.

En consecuencia los acontecimientos ocurridos entre la entrevista Díaz-Creelman en 1908 y la promulgación de la Ley Electoral de 1911 se desarrollaron bajo la trama de una revuelta que, paulatinamente, fue tomando el tinte de lo que un revisionista como Ramón Eduardo Ruiz llamó “una gran rebelión”[5] que comenzó con el hostigamiento de Emiliano Zapata en 1911 y que siguió su curso hasta las decena trágica de 1913, siendo Venustiano Carranza quien desde la doctrina del Plan de Guadalupe, en perfecta tónica con el siglo XIX mexicano:

“Presentó una situación de ruptura del pacto federal en el sentido de que los poderes federales fueron considerados ilegítimos e inconstitucionales por parte de los poderes de los estados soberanos de la unión mexicana. La historia nos permite rescatar el espesor del federalismo mexicano al constatar la fuerza del movimiento constitucional por el cual, roto el pacto federal, la soberanía revertía a los estados”.[6]

Marcando el leitmotiv de una república escindida en una guerra de resistencias periféricas, largamente extendida y desgastante en virtud de la sistemática emergencia de distensiones bipolares: grupos antirreeleccionistas contra científicos, renovadores contra disidentes, constitucionalistas desafiando a restauradores y hasta convencionistas contra constitucionalistas –figura I–. En suma una serie de tensiones infinitas y alternantes que convirtieron la pacificación nacional en un proyecto que, todavía para 1920, era poco redituable.

No hay duda de que nuestra revolución –según los tipos ideales de Chalmers Johnson– se suscribió a las formalidades de “una insurrección masiva y organizada” que antecedió –y prosiguió– a “un golpe de Estado conspiratorio”; no obstante este debate no responde todavía a la pregunta sobre los orígenes del último proceso “heredero del modelo de la revolución francesa”.[7] Desde la perspectiva de James C. Davis en “Toward a theory of revolution” (1962):

El ímpetu fundamental hacia una contingencia de tipo revolucionaria de ordinario se genera por el crecimiento económico rápido seguido inmediatamente por una fase de ocaso (…) es decir, las expectativas de ascenso constante, recién creadas por el periodo de crecimiento, se alejan cada vez más de la satisfacción real de las necesidades. Por lo tanto la revolución venturosa no es obra de los desposeídos, ni de los hartos, sino de aquellos cuya situación real no mejora a la celeridad de lo que esperan”.[8]

No es una casualidad, esta vez siguiendo un artículo firmado por James C. Davis titulado “The anatomy of revolution” (1965), que la primera fase de operación de estas revoluciones esté dominada por “elementos burgueses moderados” –el proceso mexicano no fue la excepción a la regla– predestinados a ser reemplazados por grupos radicales seguidos por una reacción poderosa que, una vez derrotada, abre paso a una autoridad central vigorosa que bajo cierto régimen militar intenta administrar y consolidar las ventajas comparativas de la revolución.[9]

Claramente el debate sobre la tipología y los orígenes queda atravesado por la multiplicidad de “corrientes interpretativas” sobre el sistema y la política mexicana en el siglo XX. Inaugurando la visión clásica actores ilustrados que participaron directamente en el proceso, haciendo uso de una rara mezcla entre el anecdotario y el posicionamiento político, empuñaron la pluma para dar cuenta de los acontecimientos al calor de la construcción de un régimen en formación: Manuel Calero, diputado federal y subsecretario durante el régimen de don Porfirio, ministro durante el gobierno de transición y secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero hizo lo propio en “Un decenio de política mexicana” (1920); Manuel Bonilla Gaxiola, quien primero se unió a Madero y luego a Venustiano Carranza hizo claro su proselitismo contra Álvaro Obregón en “Diez años de guerra: sinopsis de la historia verdadera de la revolución mexicana” (1922); sin olvidarnos de Jorge Vera Estañol, último secretario de Instrucción Pública del general Díaz y titular de ese mismo despacho con Victoriano Huerta, en su obra “La revolución mexicana: orígenes y resultados” (1957) dio puntual cuenta del legado perdido de la restauración.[10]

Desde luego la interpretación clásica no sólo se suscribió a los protagonistas de la arenga trágica; Frank Tannenbaum tiene el mérito indiscutible en “The mexican agrarian revolution” (1929) de haber inaugurado formalmente la prolífica producción académica sobre la historia de la revolución mexicana, entendida como un proceso unitario –idea que suscribo con reservas– enmarcado a partir de un levantamiento popular y agrarista homogéneo capaz de marcar la pauta de la transformación del Estado, la sociedad y la clase política auspiciada por el régimen.[11] El estudio de Tannenbaum fue tan persuasivo en su época que medio siglo después se convirtió en el fundamento de la investigación de Charles C. Cumberland “Mexican revolution. The constitucionalist years” (1972):

“Nunca antes en la historia de la nación se había dado tal movilidad física. Los jóvenes que nunca habían ido más allá de los confines de sus municipios antes de 1913, y los trabajadores urbanos que nunca habían viajado fuera del Distrito Federal antes de 1915, descubrieron el campo y las ciudades de los estados norteños en 1916. Probablemente hubo unos doscientos cincuenta mil hombres que vieron vastas regiones de su tierra natal que nunca hubieran podido ver bajo las circunstancias que existían antes (…). Estas grandes migraciones temporales dieron a una generación de mexicanos un concepto más grande de su nación; ayudaron a destruir el concepto de patria chica y desarrollaron la idea de patria”.[12]

En esa secuencia Hans Werner Tobler en “La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1840” (1984) se dedicó minuciosamente a demostrar que por su estructura y desarrollo nuestra revolución, lejos de ser una simple rebelión, se encuentra a la altura de las experiencias revolucionarias sociales ocurridas en Rusia y China.[13] Alan Knight por su parte, en una obra de dos tomos titulada “The mexican revolution” (1986), se encargó de diferenciar “la revolución popular y agrarista” de aquella que emergió a partir de 1920 con características marcadamente “estatistas”, focalizando el proceso –un rasgo coincidente con algunos marxistas– donde el desarrollo del capitalismo encontraban un crecimiento sostenido; razón suficiente para afirmar que aquellos lugares “donde mandaba la plantocracia, la revolución no entraba”.[14] Incluso John Mason Hart, quien también pertenece a la tradición clásica, en su célebre “Revolucionary Mexico: the coming and process of the mexican revolution (1987) se concentró decididamente en demostrar que el nacionalismo fue una de las grandes fuerzas impulsoras del conflicto.[15]

A la par del famoso “paradigma clásico” nuevas perspectivas emergieron ampliando el debate e intercambiando selectivamente algunos argumentos; así fue como desde los años 70 del siglo pasado interpretaciones autoritarias, pluralistas, marxistas y hasta revisionistas paulatinamente completaron el espectro historiográfico. En un extraordinario artículo titulado “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano” (1993), Juan Molinar Horcasitas puntualizó:

“Dice Lawrence Koslow que son tres los paradigmas dominantes en el análisis de la política mexicana: el autoritario, sostenido por Frank Brandenburg, Kenneth Jhonson, Octavio Paz y en algunos escritos de Susan Kaufmann Purcell, entre otros; el del autoritarismo limitado, impulsado por James D. Cockcroft, Richard Fagen y parte de la obra de Susan Kaufman y Robert Scott y el paradigma no autoritario unipartidista, en donde se incluye el trabajo principal de Robert Scott sobre México y las investigaciones de Martin Needler, Vincent Padgett y William Tucker”.[16]

De ese abanico de opciones enfocadas en el principio de la autoridad destaca la tesis doctoral de Susan Kaufman “Decision-making in an autoritarian regime: the case of Mexico” (1970) y su idea sui generis de “una élite unida por consenso programático” a través del cual se construyó la estabilidad política durante los años treinta “entre representantes de las clases bajas y las clases medias revolucionarias”, hecho que en su opinión exhibe que el sistema político mexicano “no se sostiene en instituciones, sino en la rígida disciplina de las élites” que rara vez se atrevieron a sobrepasar el límite de la negociación.[17]

Desde luego cada página a continuación refuta la idea central de Kaufman; no obstante mi investigación tiene un par de deudas indirectas con la interpretación autoritaria: ambas se encuentra en la obra de Roger Hansen “La política del desarrollo mexicano” (1971) que, entre otros pormenores, afirma la existencia de “una política indígena y una política mestiza”, dejando en claro que sus interacciones determinan la dinámica histórica de México y que cuando “en 1910 ambas sociedades estallaron, lanzaron al país a una vorágine sin cabeza hasta que el fracaso de la rebelión Delahuertista puso fin al caos”.[18] Evidentemente Hansen se inspiró en la obra clásica de John Womack “Zapata y la revolución mexicana” (1969) donde se explicó el ocaso de don Porfirio, de una dictadura soberana de más tres décadas de persistencia, bajo esos mismos esquemas:

“Díaz gobernaba dos repúblicas, su propio México oficial de caballeros de levita y una raída y descontenta república de parias. Cuando se abría una disputa entre Díaz y esa otra república desarrapada, los viejos jefes arrinconados desde la década de 1870 eran los únicos que podían mediar”.[19]

No sólo suscribo –al igual que Hansen– la opinión de Womack; convertí esta misma temática, por su amplitud explicativa y el conocimiento profundo sobre la política del siglo XIX mexicano, en el arranque formal de mi primer capítulo. La otra deuda con la interpretación autoritaria también nos remite a un texto anterior, “The political order in changing societies” (1968) de Samuel P. Huntington, y se suscribe a la aplicación del término “pretoriano” –Hansen es el primero en adecuarlo a la revolución mexicana–, y por cierto resulta de mucha utilidad desde el momento en que involucra sistemas de mayor movilización que institucionalización, que parten de la dificultad de centrar y expandir el poder bajo el supuesto de la transmisión recurrente de lealtades de un grupo social a otro     –coaliciones de intereses para el caso–.[20]

Frente a esa cosmovisión autoritaria del sistema y la revolución, y ante el reconocimiento abierto sobre la dificultad de concentrar el poder por parte de las élites revolucionarias surgen otros dos enfoques, pluralistas y marxistas concretamente, que pronto se sumaron al collage historiográfico de la política del siglo XX mexicano. Bajo la primera rúbrica funcionalistas de origen como Everett Hagen en “On the theory of social change” (1962) pregonaron la supremacía de la función en el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna; así como David Truman en “Governmental process” (1951) insistió en la importancia de los grupos en la conformación de las asociaciones políticas de interés.[21] Esta investigación recoge esencialmente ambos matices, intentando emular un justo medio entre el grupo y la función, capaz de comprender a la revolución no sólo como la piedra filosofal del proceso de modernización política en México, sino como la causal inicial de rotación sistemática de la clase política mediante impulsos recurrentes que transcurren entre espasmos de violencia y de democratización abierta.

“Para los pluralistas la revolución presenta facetas racionales básicamente en la expedición de la Constitución de 1917, razón por la cual en un buen número de ocasiones datan en ese año el fin de la vorágine revolucionaria. La otra fecha más socorrida para señalar lo mismo es 1920, ya que entonces tuvo lugar la última revuelta militar exitosa de la época posporfiriana”.[22]

A propósito Howard Cline en “México: revolution to evolution” (1962), incluso Frank Brandenburg en “The making of modern Mexico” (1964), concibieron la revolución de una manera “típicamente pluralista” como una guerra civil que destruyó un régimen estable mediante escenas de violencia extrema; bajo esa misma línea Robert Scott en “Mexican government in transition” (1964) tampoco pasó desapercibida la relación centro versus caciques regionales –centro versus periferia para los trabajos de este documento– correlacionadas desde siempre con el auge y ulterior desgaste de las bases militares y personalistas entretejidas a partir de lucha por el poder político; también Patricia Richmond en “Mexico´s one party democracy” (1961) junto con James Wilkie en “The mexican revolution: federal expenditure and social change since 1910” (1967), registraron correlaciones significativas entre lapsos de violencia revolucionaria y episodios de reconstrucción institucional.[23] Bajo este contexto cobra mucho sentido la interpretación de una revisionista como Alicia Hernández Chávez en “La tradición republicana del buen gobierno” (1993):

“La revolución mexicana no fue, por lo tanto, sólo un gran movimiento popular pluralista sino también un conjunto de movimientos con bases regionales capaces de garantizar gracias a su firme tradición federalista, aún en los momentos más convulsos, alguna forma de gobernabilidad sobre sus territorios”.[24]

No muy lejos de esa temática Judith Hellman en “Mexico in crisis” (1978) reconoció una dupla constante entre “revolución y reconstrucción”, enfatizando los orígenes sociales de los contingentes revolucionarios –en nuestro tratamiento “coaliciones de intereses”– argumentando que “la dinastía norteña –generales hechos terratenientes– se asoció bajo diversas formas con la vieja clase latifundista”, así como con los industriales empresarios para construir un gobierno central fuerte.[25]

A través de los pluralistas hemos vuelto al punto de partida de la interpretación autoritaria: la idea de un conflicto polarizado como secuencia vital de un proceso que, aunque fue capaz de sustituir muchas prácticas del latifundismo, jamás tuvo como consigna la abolición de la propiedad privada. Esquivando esta verdad la interpretación marxista queda satisfactoriamente representada por los trabajos de Víctor Manuel Durand Ponte en “México: la formación de un país independiente” (1979) quien con un pie en “La ideología alemana” (1845) –y otro en la CEPAL– ubicó el origen de nuestra revolución “entre las múltiples contradicciones que el capitalismo dependiente generó entre clases dominantes y dominadas, entre intereses nacionales y extranjeros”, distinguiendo entre comunidades precapitalistas y capitalistas. Una visión no menos obcecada fue la que sostuvo Enrique Semo en “Reflexiones sobre la revolución mexicana” (1979) quien, apelando a “la larga duración” –y seguramente muy influido por la escuela de los Annales–, reconoció el carácter triunfador de la burguesía argumentándolo de una forma singular:

“La única manera científica de estudiar la revolución mexicana es como parte de un ciclo de revoluciones burguesas que se inicia con la transición de nuestro país al capitalismo y que termina en el momento en que la burguesía pierde toda reserva revolucionaria, es decir, toda capacidad de plantear y resolver los problemas de desarrollo del capitalismo  por el camino revolucionario. ¿Cuándo se inicia este ciclo de revoluciones burguesas? Con la revolución de independencia. ¿Cuándo termina? Considero que termina en 1940”.[26]

Otros marxistas todavía más extremistas como Donald Hodge y Grandy Ross en “El destino de la revolución mexicana” (1972) llevaron la herencia francesa al extremo de  los Cuadernos de París (1844) afirmando que el año de 1910 atestiguó el nacimiento de una revolución política, pero de tipo “buroctática bonaprtista”, entendido esto como “una forma permanente, específica del Estado capitalista que surge después de la revolución”, y que no tardó en convertirse en una genuina “revolución social burguesa” predestinada a abrir paso al socialismo gracias a una cofradía –anti– histórica entre la burocracia y el proletariado.[27]

Arnaldo Córdova siendo parte de la interpretación marxista, e intentando lo que muchos “ortodoxos” jamás se atrevieron, tensar los argumentos y aplicar juiciosamente –y con reservas– las ideas doctrinarias del “Manifiesto del partido comunista” (1848); en un conjunto de trabajos encabezados por “La formación del poder político en México” (1972), “La ideología de la revolución mexicana” (1973), “Las reformas sociales y la tecnocracia del Estado mexicano” (1974) así como “México: revolución burguesa y política de masas” (1977) presentó una adecuación muy sugerente: en su opinión en este país se desató una versión inédita de la revolución burguesa, la populista, predestinada no a la instauración del socialismo sino al creciente “reformismo social de su élite política”.

“El Plan de San Luis obligaba a Madero a devolver tierras a los campesinos despojados por haber sido consideradas sus antiguas propiedades como “terrenos baldíos”; y aunque la modalidad de dicha restitución resultó ser muy incierta, dado que sólo una pequeña parte de los afectados había perdido sus parcelas a causa de la implementación de la Ley Federal de Terrenos Baldíos, esa endeble “promesa social” bastó para desatar el mayor levantamiento rural desde la revolución de independencia de 1810”.[28]

“Lo más notable de la revolución mexicana fue la relativa rapidez con que los grupos de clase media que se oponían a la dictadura lograron asimilar en sus programas políticos y en su ideología las reivindicaciones de los campesinos y, al mismo tiempo, ponerse a la cabeza del movimiento campesino mismo”.[29]

La incapacidad de “las élites campesinas” para formular un proyecto político capaz de ser aplicado a escala nacional, así como la capitalización de esa agenda por parte de “las élites pequeñoburguesas” –renovadores y constitucionalistas según nuestro tratamiento– constituye la gran deuda de mi investigación con la interpretación marxista de Arnaldo Córdova.[30]

La esterilidad de la mayoría de los ejercicios marxistas, las contradicciones del socialismo realmente existe y su correlación desafortunada con experiencias totalitarias, así como el movimiento de 1968, la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la guerra fría incentivaron el nacimiento de nueva camada de investigadores dedicados a “revisitar” los hechos y los discursos de “la primera revolución del siglo XX” pero, en esta ocasión, bajo una intención decididamente casuística, a partir del estudio de escenas regionales que partieron de la incidencia de las relaciones entre el centro y periferia para, en una segunda posición, poner en duda todo aquello que la tradición clásica pregonaba: el carácter popular, nacionalista y agrarista de la revolución.

Los revisionistas, de las cinco escuelas de interpretación existentes, representan la producción más basta y compleja de todas; profundizar sobre sus cartas credenciales desborda los límites de este trabajo, sin embargo intentaré presentar dos casos emblemáticos: el primero se suscribe al trabajo icónico de Friedrich Katz quien reveló, en “The secret war in Mexico: Europe, the United States and the mexican revolution” (1981), que la revolución no sólo fue un movimiento de masas sino también de ciudades, que careció de cualquier “terror organizado” contra la vieja clase dominante –algo que pasó de noche para muchos marxistas–, además de haber encontrado una correlación evidente entre la injerencia extranjera, siempre coincidente con los momentos más convulsos del proceso, y el avance económico de Estados Unidos en México, sin olvidarnos de sus reflexiones sobre el “porfirismo” natural de Carranza; al respecto opinó:

“Fue un porfirista desde el momento en que supo jugar con los diferentes generales poniendo a uno contra otro: Ángeles contra Obregón. Obregón contra Ángeles, Obregón contra Pablo González, Pablo González contra Obregón, Maytorena contra Obregón, Obregón contra Maytorena. Este juego le permitió a Carranza mantener el equilibrio; la rivalidad le permitió también consolidar su poder”.[31]

A propósito quizá la aportación más importante de los revisionistas –además de la vasta producción de estudios regionales sobre la revolución– consistió en investigar a profundidad las continuidades entre la dictadura y el nuevo orden.[32] En ese tenor Françoise Xavier Guerra en su imprescindible obra “México: del antiguo régimen a la revolución” (1985), siguiendo las enseñanzas de Alexis de Tocqueville y Françoise Furet, intentó por primera vez conciliar la dictadura de Díaz con la reforma liberal del siglo XIX y con el tipo de centralización política que emergió como producto de la revolución constitucionalista:

“Es evidente que el régimen de Porfirio Díaz no es una democracia (…) sin embargo la reflexión de la época sobre el Porfiriato no cesa de invocar esa cumbre del liberalismo mexicano que es la Constitución de 1857. Siempre en vigor, en lo esencial, bajo el Porfiriato, goza de una autoridad que no soñaban en impugnar ni los partidarios ni los adversarios del régimen (…) el federalismo no es menos formal (…) [y pese a ello] la división de poderes no existe. Los parlamentarios y los jueces son designados por el presidente. La docilidad con la que siguen sus decisiones personales es el testimonio político de un poder por fin unificado a nivel nacional”.[33]

La influencia de este modelo le permitió a la presente investigación: “Ingeniería institucional y estabilidad política: el México revolucionario, 1908-1920” (2013) nutrirse de la aportación clásica y usar, desde una posición absolutamente revisionista, las variables del institucionalismo ya implementadas por Roger Hansen en “La política del desarrollo mexicano” (1971) para el estudio de la revolución mexicana, y de manera mucho más sofisticada por Luis Medina Peña en “Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994” (1994), con el propósito de ubicar en el proceso mexicano un “pathos del conflicto” a la luz de las relaciones entre el centro y la periferia expresadas a través de distensiones múltiples agrupadas en esquemas bipolares, sucesivos y alternantes que necesitaron de al menos treinta años de estabilidad porfirista para emerger y afirmar su incompatibilidad con el régimen político del cual era un producto indiscutible. Esta modesta contribución intenta acentuar el papel de las instituciones para dar cuenta de la construcción del nuevo orden en una revolución decisiva para nuestra historia reciente.

*Fragmento tomado de: Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, pp. 14-26.  

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Weber, Max, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

Womack, John Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008.


[1] De acuerdo a la concepción clásica un tipo ideal “se obtiene mediante el realce unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente en un cuadro conceptual en sí unitario” –las cursivas son de Weber–. Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 79.  

[2] En Lawrence Stone, “Puntos de vista académicos recientes acerca de la Revolución”, en Lawrence Kaplan (compilador), Revoluciones. Un estudio comparativo de Cromwell a Castro¸ México, volumen I, Extemporáneos, 1977, pp. 65-67.

[3] La expresión ha sido muy utilizada por Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 165.

[4] Stone, “Puntos”, 1977, pp. 70-71.

[5] Ramón Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, México, Era, 1984.

[6] Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 175.

[7] Ruiz, Rebelión, 1984, pp. 136-139.

[8] En Stone, “Puntos”, 1977, pp. 78-79.

[9] En Stone “Puntos”, 1977, pp. 82-83.

[10] Luis Barrón, Historias de la revolución mexicana, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 27.

[11] Barrón, Historias, 2004, p. 28.

[12] Charles, C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 250. Las cursivas son del autor.

[13] Hans Werner Tobler, La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza Editorial, 1997.

[14] Alan Knight, The mexican revolution: from porfiriato to revolution, volume II, Nebraska, University of Nebraska, 2003, p. 53.

[15] John M., Hart, El México revolucionario. Gestación y proceso de la revolución mexicana, México, Alianza Editorial, 1997. Véase Barrón, Historias, 2004, pp. 36-37.

[16] La cita hace referencia a “The Future of Mexico” publicada originalmente por Lawrence Koslow en 1977. Véase Juan Molinar Horcasitas, “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano”, en Revista Mexicana de Sociología., México, año LV, número 2, abril-junio, 1993, p. 4. Las cursivas son mías.

[17] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 26-27.

[18] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 27.

[19] John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008, p. 20.

[20] Samuel P., Huntington, El orden político en las sociedades de cambio, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 81 & 177-194.

[21] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 6-7.

[22] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 9.

[23] Desde luego existen muchos otros trabajos de corte pluralista, entre ellos destaca la aportación casi bibliográfica de Stanley R. Ross “Francisco I. Madero. Apostole of mexican democrcay” (1955), dos tomos producto del esfuerzo de Jesús Silva Herzog titulados “Breve historia de la revolución mexicana” (1960), la obra de Robert E. Quirk “The mexican revolution, 1914-1915: The Convention of Aguascalientes” (1960), así como la investigación de Eric Wolf “Peasant wars of the Twentieth Century” (1969). Barrón, Historias, 2004, p. 28. Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 13-16.

[24] Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 119.

[25] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 18-19.

[26] Véase Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 19993, p. 41.

[27] Al respecto no podemos pasar por alto la lectura de Adolfo Gilly en “La revolución interrumpida. México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder” (1970), seguramente teniendo como modelo la idea original de “revolución permanente” de Lev Trostki supuso que el proceso mexicano se interrumpió cuando los ejércitos de Villa y Zapata fueron derrotados en 1915, para continuar posterior a la asesinato de Carranza y, una vez más detenerse por completo en 1940. Si bien mi investigación utiliza con mucha frecuencia la simbiosis entre continuidad y ruptura; los contenidos de Gilly no sólo no tienen cabida en mi análisis sino que son desmentidos abiertamente en el segundo capítulo de esta obra. Ahora bien, independientemente de la ausencia de sentido de estas interpretaciones destaca el hecho de que la visión marxista que ha hecho de la revolución mexicana una de sus principales preocupaciones, jamás logró superar el debate sobre el origen y la tipología del proceso. Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México, Era, 2009, pp. 64-85 y 324-353. Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 39-43.

[28] Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 21.

[29] Véase Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 48.

[30] Otras interpretaciones de corte marxista no menos relevantes se suscriben a los trabajos de James Cockcroft “Intellectual precursors of the mexican revolution, 1900-1913” (1968), así como a la obra tardíamente traducida de Jean Meyer “La revolution mexicaine, 1910-19402 (1973).

[31] Friederich Katz, Claudio Lomnitz, El Porfiriato y la revolución en la historia de México. Conversación, México, Era, 2011, p. 112 y 127.

[32] Entre las historias regionales destacan: Romana Falcón “Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938” (1976); Mark Wasserman “The social origins of the 1910 revolution in Chihuahua” (1980); así como la obra conjunta de Thomas Benjamin y Mark Wasserman “Provinces of the revolution. Essays on regional mexican history, 1910-1929” (1990); además de la investigación de Paul Gerner “La revolución en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo en las montañas de Oaxaca, 1910-1920” (1988). Véase Barrón, Historias, 2004, p. 32.

[33] Françoise Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 329-330.

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DIALÉCTICA DE LA REVOLUCIÓN

Delacroix

La sentencia de Marx, la «violencia es la partera de toda vieja sociedad preñada de otra nueva», es decir de todo cambio en la historia y la política, sólo resume la convicción de la Época Moderna y saca las consecuencias de su profunda creencia en que la historia la «hacen» los hombres de la misma manera en que la naturaleza la «hace» Dios”.

Hannah Arendt

“Puede decirse que todo lo que sabemos, es decir, todo lo que podemos, ha acabado por enfrentarse con lo que somos”.

Paul Valéry

La violencia, contraria a todo raciocino y cálculo estratégico, proviene de la espontaneidad, de la afirmación de la condición subjetiva y, en algunas ocasiones, de la defensa frente al libre ejercicio de la diferencia. Al respecto los sistemas jurídicos del mundo han tomado infinidad de precauciones; incluso la educación como sistema social ha estado orientada a atenuar nuestra proclividad a vivir –o más bien a extinguirnos– en un estado de naturaleza. La pregunta sigue siendo la misma que planteó Georges Sorel en 1906: ¿qué clase de instinto nos ha llevado a pensar que todo acto de violencia constituye la manifestación de un retroceso hacia la barbarie?[1] O más bien aquella que Max Horkheimer y Theodor W. Adorno replantearon en 1944: ¿por qué la humanidad, en lugar de estar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie?[2]

La violencia no es un destino romántico. Como en ningún otro sitio en los asuntos humanos la fortuna desempeña un papel abiertamente fatalista; en tanto que la promesa del progreso –casi siempre aunada a ella–, de un supuesto regreso necesario pero temporal, ha colmado la más seria y compleja superstición de nuestra época. Pero hagamos a un lado el progreso como un indicador de cambio político; reconozcamos en la violencia lo único inmanente a ella: “la más flagrante manifestación de poder”.[3] En ese sentido el poder es un instrumento de mando que debe su origen, como lo advirtió Max Weber, a “un instinto de dominación” y, en consecuencia, “a un tipo de violencia mitigada” según la interpretación de Passerin d´Entrèves.[4] El ciclo pernicioso entre poder y violencia, entre los mecanismos de distribución propios de las instituciones políticas y los instrumentos que supone la dominación existente, ocultan un tercero ausente; me refiero al consentimiento.

Desde Platón la tradición del pensamiento político occidental ha sostenido la misma teología: toda organización supone obediencia a los superiores y a las leyes del país. “Todo esto suena tan plausible que cuesta trabajo descubrir la falacia” pues todas las formas de gobierno, incluso las más autocráticas y tiránicas, se basan en el consentimiento, y el contrasentido estriba precisamente en la equiparación de dos opuestos absolutos: el consentimiento con la obediencia.[5] Ya lo decía quizá el único teórico político que basó su geometría corpórea en el miedo como sustento de la acción, Thomas Hobbes en su Leviatán de 1651:

“Quienes tienen poder soberano pueden cometer iniquidad pero no injusticia o injuria (…) si el soberano ordena a un hombre –aunque injustamente condenado– que se mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes le ataquen, o que se abstenga del uso de los alimentos, del aire, de la medicina o de cualquier otra cosa, sin la cual no puede vivir, ese hombre tiene libertad para desobedecer. (…) La naturaleza de esa ofensa consiste en la renuncia a la subordinación, lo cual constituye una recaída a la condición de guerra, comúnmente llamada rebelión; y quienes así ofenden no sufren como súbditos, sino como enemigos, ya que la rebelión no es sino guerra renovada”.[6]

Una teoría de la guerra –o una teoría de la revolución– sólo pueden ocuparse de la justificación de la violencia. Sin embargo ocurre que esa justificación es precisamente su limitación, y da la casualidad que hemos abandonado el sendero de la política para adentrarnos al pantano de la antipolítica, cuando esa justificación se convierte precisamente en su glorificación.[7] En ese contexto la resistencia a la opresión adquiere ropajes legitimistas, e incluso racionales según devenga la diversidad de la materia, así desde ese peligroso binomio entre “violencia oficialista y violencia espontánea” existe una cláusula irreductible en todos los casos: la superioridad de las instituciones políticas sólo resulta absoluta en tanto permanezcan intactas las estructuras del poder.  De lo contrario:

“Donde las órdenes no son ya obedecidas, los medios de violencia ya no tienen ninguna utilidad; y la cuestión de esta obediencia no es decidida por la relación mando-obediencia sino por la opinión y, desde luego, por el número de quienes la comparten”.[8]

La obediencia civil constituye una manifestación exterior, de apoyo y asentimiento colectivo frente aquel poder gubernamental, organizado e institucionalizado que no necesita justificación sino más bien legitimación; en ese tenor la violencia puede ser justificable pero nunca verdaderamente legitimada. El punto máximo de esta peligrosa tendencia ocurre cuando la violencia no abdica, cuando ha destruido todo poder ejerciendo un completo control e imponiendo el terror como forma única de gobierno. En ese caso la violencia destruye al poder; al tiempo que resulta absolutamente incapaz para crearlo. A esta altura de la reflexión valdría la pena preguntarse si en algún escenario concreto “¿la violencia pudiera ser la resultante de una consecuencia racional?” Sólo podría serlo “hasta el punto en que resulte efectiva para alcanzar el fin que debe justificarla”; el problema radica en que cuando actuamos carecemos de una bitácora sobre las consecuencias eventuales de nuestras propias acciones, en consecuencia la violencia sólo puede ser racional en tanto persiga fines a corto plazo, de otro modo lo único que consigue es dramatizar los agravios y postrarlos frente a una mirada pública relativamente cautiva.[9]

Casi sin advertirlo hemos allanado en el peligroso camino de “la violencia revolucionaria”. Aristóteles, rodeando el argumento platónico, advirtió que la revolución no es un tempo alternante sino un leitmotiv degenerativo y vinculante que se reproduce a partir de tensiones significativas entre gobernantes y gobernados ocurrida en contextos de gran desigualdad. Desde esta perspectiva una revolución puede desencadenar en tres escenarios altamente diferenciados: a) es capaz de menoscabar el principio del gobierno vigente sustituyéndolo por otro de naturaleza contraria; b) puede cimentar un mando de tipo personalista respetando la constitución vigente; c) o en su defecto fortificar o relajar, de manera convenientemente selectiva para quién encabeza el gobierno recién impuesto, algún principio inserto en la constitución originaria.[10] De cualquier modo cada caso es motivado por la ausencia de un “justo medio” existente entre la igualdad relativa al mérito y aquella concerniente al número.

El remedio ha resultado peor que la enfermedad. El propio Aristóteles reconocía que cuando una forma nueva de democracia sustituye a otra antigua no concurren mayores aspavientos; pero todo lo contrario acontece cuando dentro del seno de una oligarquía nace otra diferente: la combinación entre estos dos sistemas, sin mecanismos que atemperen los principios de una y otra forma, resulta ser la causa de la irrupción violenta en el equilibrio de la res publica. En ese contexto la oligarquía se torna exagerada en su forma transfigurando el contenido de la democracia en una demagogia extrema. Tal vez este sea el origen de los principios tiránicos que potencialmente recubren la función de todo Estado.[11]

Me parece que hemos llegado a una conclusión casi florentina: el problema de la revolución no radica en la forma o en el equilibrio de la misma, sino en los ordenamientos preexistentes en cada caso:

“Pero permaneciendo estables los ordenamientos del estado, que con aquella corrupción ya no eran apropiados, las leyes renovadas no bastaban para mantener buenos a los hombres; y hubieran sido más beneficiosas si, con la innovación de las leyes, se hubieran modificado también los ordenamientos”.[12]

Maquiavelo convirtió la polifonía del mundo antiguo en una reforma preventiva motivada por la mala hechura de los ordenamientos que configuran la acción al interior del espacio público; en apariencia la preocupación republicana del siglo XVI estriba en que la virtud y la fortuna surgen como mecanismos antagónicos predispuestos a ser atemperados por un elemento estabilizador: la costumbre dada por la diversidad de la materia.[13] O dicho de manera más precisa: “sempre una mutazione lascia lo addelantallato per la edificazione dell’altra”.[14] La afirmación constriñe la génesis de una innovación sistemáticamente anclada el pasado que la precede, y aquí es precisamente donde cobra importancia el imperativo de la virtù para darle forma a la materia de la fortuna en un mundo parcialmente predecible pero absolutamente ingobernable.[15]

De este modo la revolución –siendo la gran exportación del renacimiento al mundo ilustrado– se convirtió en un proceso de transformación radical de la sociedad, una reforma integral capaz de emprender una renovatio ab imis fundamentis; mientras que la acción revolucionaria quedó suscrita a una expresión prácticamente teológica: “la réalité est la politique”.[16]

“Cependant, l’ordre de la politique demeure spécifique; il engendre des actions dont le sens est fixé par les lois qui gouvernent les rapports de force. Il impose l’usage de moyens qui ne se laissent pas accorder immédiatement avec les fines de la Révolution”.[17]

Con Maquiavelo la tradición del pensamiento político occidental llegó a un punto de no-retorno. Con la marcha de los siglos el hecho se traduciría a una premisa aterradora: el pensamiento “ta tōn anthrōpōn pragmata” –se ha separado por completo de la acción–.[18] Entre los siglos XVII y XVIII Inglaterra experimentó una desintegración parcial y selectiva del antiguo orden motivada por sectores sociales afectados negativamente por las tendencias económicas estamentales de larga duración, tras consumarse la faena pretoriana el camino quedó libre para el florecimiento de nuevas instituciones como la democracia parlamentaria y el modo de producción capitalista. Un siglo después en Francia el sistema de privilegios también entraba lentamente en barrena, los reajustes de la economía feudal combinados con los del absolutismo real eran insuficientes para llevar a buen término la consumación de una economía capitalista. En cada caso las nuevas embestidas retorcían al antiguo régimen al punto de hacer de las relaciones de producción –de dominación– el gran terreno de contienda entre la monarquía, el campesinado y las clases privilegiadas.[19]

Para la Europa ilustrada la revolución seguía siendo un tipo de irrupción violenta, sólo que esta vez –a diferencia del renacimiento o la época clásica– escindida en dos momentos de retrogresión: el primero consistía en la abolición de las instituciones del pasado monárquico; mientras que el segundo involucraba la restauración de la virtud sepultada por el mismo.[20] A esta altura de nuestra reflexión valdría la pena formular una pregunta: ¿qué es la revolución? Un momento constructivo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Una parte del todo. ¿Qué pide? Reformar los ordenamientos subsecuentes; la paráfrasis sostenida con Sieyes no es obra de la causalidad: el tiempo histórico que va de 1642 –fecha de la primera asonada inglesa– a la toma de la Bastilla de 1789 se ha erigido como el auténtico corsi e ricorsi  –para rescatar una vieja expresión usada por Vico– del proyecto de modernidad en occidente.[21] Dicho esto en palabras de Tocqueville:

“Así, son muchísimas las leyes y costumbres políticas del Antiguo Régimen que desaparecen de golpe en 1789 y que resurgen años después, como ciertos ríos que se hunden en tierra para reaparecer poco más lejos, dejando ver las mismas aguas en nuevas riberas”.[22]

No demasiado lejos del pensamiento maquiavélico la dialéctica preexistente entre reforma y revolución fue sintetizada por Tocqueville bajo la impronta de la innovación.[23] Sólo que llevada a un extremo que el pensador florentino jamás imaginó: la centralización –entendida esta vez como una acepción al concepto de persistencia– que debía primar sobre la costumbre, alimentar a la autoridad pública secular para finalmente acabar con la aristocracia y las jerarquías feudales del momento.[24] Concebida la revolución como un pathos de distensión y progreso no tardó en encontrar su antítesis inmediata, motivada por el alzamiento de las masas populares que veían amenazados los esquemas tradicionales de su supervivencia; así fue como entró en escena la contrarrevolución: como “una respuesta violenta a la violencia anticipada” asociada negativamente a la idea de contraofensiva libertaria.[25]

“Esto hizo que la Revolución aparentara ser todavía más grande de lo que era; parecía destruirlo todo pues lo que destruía interesaba a todo y, en cierto modo, se incorporaba a todo”.[26]

En contraste la “ley común de Europa”, aquella que Edmund Burke salvaguardaba con meticuloso apasionamiento, quedaba parcialmente abolida por la Francia republicana.[27] Y dado que la fuerza revolucionaria implicó una construcción de-constructiva ampliamente selectiva, vía una retrogresión sustantiva, la existencia de archipiélagos del antiguo orden capaces de transportarse casi en su totalidad a los contextos de la sociedad futura no sólo era posible, sino inevitable, al menos hasta que las prácticas del nuevo régimen hayan completado su patrón de institucionalización.[28] Esta extraña dinámica de estructuración “contrapuesta” permitió que la antípoda contrarrevolucionara coexistiera –y en algunos casos hasta coincidiera– con atisbos transitorios tales como la restauración, otro momento dialéctico negativo que implicaba el retorno pasajero del arcaico ordo saeclorum.[29]

“La Revolución se hizo para preservar nuestras antiguas, indisputables leyes y libertades, y esa antigua Constitución de gobierno que es nuestra única garantía de ley y libertad (…) Así, preservando el método de la naturaleza en la manera de hacer funcionar al Estado, nunca somos del todo nuevos en aquellas cosas que mejoramos; nunca somos totalmente obsoletos en aquellas cosas que retenemos”.[30]  

Pese a sus diferencias irreconciliables tanto Burke como Tocqueville coincidieron en una premisa inexorable: el concepto de reforma, entendido como el justo medio entre la tradición y la vanguardia, resulta ser inherente a la gresca revolucionaria. La reforma atempera la violencia, evita su convulsión radical manteniendo el equilibrio al interior de la forma pues “cuando las partes útiles de un viejo establishment son conservadas y las cosas nuevas que se le añaden son compatibles con las que se han retenido”;[31] lo que ocurre realmente es un esfuerzo preventivo ante posibles derrames en la constitución del Estado. De lo contrario “le grand peur” –sin ser un recurso de acción– posibilita el movimiento extraviando el sentido y los objetivos de la revolución,  tornándose en “un principio anti-político dentro del mundo común”.[32]

Hemos vuelto al punto de hobbesiano partida, pero esta vez motivado por el sistema de contradicciones existente entre los modos de producción y las fuerzas productivas. Al centro de ese intrincado debate “la convicción”, basada casi exclusivamente en “la competencia de las comuniones, cada una de las cuales se cree el Ejército de la Verdad llamado a combatir los Ejércitos del Mal”[33] se colocó al centro de las luchas de emancipación propias de los siglos XIX y XX incentivando la no colaboración colectiva así como las luchas por los derechos obreros, las liberaciones nacionales e incluso las reivindicaciones políticas y sociales propias de las revoluciones socialistas.[34] No pasaría mucho tiempo para que la inversión de la dialéctica hegeliana irrumpiera en la concepción de “progreso” desde el espacio común de la acción, haciendo de la revolución una utopía que necesitó de la contrariedad entre clases para la construcción de una sociedad futura sin clases.[35]

Bajo “la creencia hegeliana en un proceso dialéctico en que la libertad surge directamente de la necesidad” la revolución, reconocida como un concepto-engrane, ha demostrado su amplia capacidad para transfigurar su sentido de acuerdo al tiempo histórico que transita.[36] Durante la segunda mitad del siglo XIX la significación revolucionaria consistió en hacer saltar por los aires los sistemas legales de la burguesía haciendo del conflicto de clases la gran “partera en una vieja sociedad que está preñada por el viejo orden”.[37] En esta ocasión se trataba de emancipar al proletariado –en vez de al ciudadano– mediante la transformación total de las relaciones de dominación comandadas por una dictadura soberana.[38]

“Todas las revoluciones, hasta el presente, han terminado sustituyendo el reinado de una clase determinada por el de otra; pero todas las clases dominantes no han sido, hasta hoy, más que pequeñas minorías en relación con la masa del pueblo dominado (…) Pero si abstraemos el contenido concreto en cada caso, la forma común de todas estas revoluciones era el de ser revoluciones de minorías”.[39]

La sentencia de Engels nos obliga a suponer que las revoluciones burguesas nacieron a la manera de una estructura organizativa tendiente a la conservación –en vez de la transformación– del poder mediante golpeteos constantes entre minorías sucesivamente dominantes; de esta lógica se desprende que el partido político revolucionario, erigido como un Estado dentro del Estado, tenía por objeto destruir la constitución existente para subordinarla a un orden económico y social fundamentalmente diferente.[40]

No muy lejos de los clichés rousseaunianos como “el hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado”;[41] Marx y Engels llamaron a la movilización desde los pasquines de la propaganda partidista: “proletarios de todos los pueblos, uníos en contra del capitalismo, los proletarios no tenemos nada que perder más que las cadenas de nuestra explotación”.[42] Bajo la teología del reemplazo del pactismo republicano por la voluntad general de los proletarios, “unánime y unitaria, siempre recta e imperecedera”; la revolución se transformó decisivamente en la subversión de la sociedad burguesa.[43] La restauración por su parte, en ausencia de su dispositivo simbólico inmediato —la noblesse d’épée– abrió paso a las fuerzas de la reacción a la manera de una defensa orgánica del sistema de privilegios de la constitución capitalista; bajo esa tónica le grand peur no tardó en desencadenar en un handstreich tumultuoso. Sólo entonces la república se volvió contra sí misma, erigiéndose como la forma de destrucción burguesa en vez de su forma natural de evolución; mientras que el proletariado, siendo la fuerza transformadora decisiva, quedó suspendido y entre los paréntesis de “las locomotoras de la historia”.[44]

 Las revoluciones son movimientos involutivos presas, como aseguraba la intuición de Marx:

“[De] la mezcla más abigarrada de clamorosas contradicciones: constitucionales que conspiran abiertamente contra la Constitución; revolucionarios que se confiesan constitucionales; una Asamblea Nacional que quiere ser todopoderosa y que no pasa nunca de parlamentaria; realistas que constituyen los partes conscriptii de la república (…); un poder ejecutivo que encuentra su fuerza en su misma debilidad, y su respetabilidad, en el desprecio que infunde; una república que no es más que la infama combinada de dos monarquías (…); alianzas cuya primera cláusula es la ruptura; en nombre del orden, una agitación salvaje e inane; en nombre de la revolución, la prédica festiva de la tranquilidad; pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas; historia sin acontecimientos; un proceso cuya única fuerza motriz parece ser el calendario, agotado por la continua repetición de las mismas tensiones y distensiones; contradicciones que sólo parecen adquirir altura periódicamente, para adormecerse y desplomarse sin poder resolverse (…). Si hay algún tronco de la historia pintado gris sobre gris, es éste”.[45]

 Trama gris pero jamás desapercibida; “revolución pasiva” a la manera de Gramsci o “permanente” según la acepción de Proudhon pero definitivamente decidida en hachar mano de una violencia que conduce a la liberación de la opresión, “o al menos a la constitución de la liberad” bajo la clave de un nuevo orden político.[46] Entonces, y sólo entonces, podemos hablar de una auténtica revolución.

 *Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2013, pp. 4-14.

 

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[1] Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 239.

[2] Max Horkheimer; Theodor Adorno, Dialéctica de la ilustración, Madrid, Totta, 2005, p. 51.

[3] Para una aproximación más profunda sobre los conceptos de poder y violencia la propia Hannah Arendt  los puntualizó de la siguiente manera: el poder corresponde a la capacidad humana no sólo de actuar sino de actuar concertadamente, nunca resulta en propiedad de un solo individuo pues pertenece a un grupo, y ese poder seguirá existiendo mientras el grupo permanezca unido; en cambio la violencia se distingue por su carácter instrumental, fenomenológicamente está próxima a la potencia, dado que sus instrumentos están diseñados para multiplicar la potencia natural “hasta que, en la última fase de su desarrollo, puedan sustituirla”. Hannah Arendt, Crisis de la república, México, Taurus, 1973, pp. 146-148.

[4] En Arendt, Crisis, 1973, pp. 114-141. Max Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 170-180.

[5] Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio, Barcelona, Paidós, 2007, p. 72.

[6] Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 177 y 260.

[7] Hannah Arendt, Sobre la revolución, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 22.

[8] Arendt, Crisis, 1973, p. 151.   

[9] El poder y la violencia se vinculan con mayor frecuencia cuando el gobierno se concibe como el dominio de un hombre sobre otros hombres por medio de la violencia. Y, sin embargo, el poder y la violencia no son la misma cosa: “donde uno domina absolutamente falta el otro”. Arendt, Crisis, 1973, pp. 151-182.

[10] Aristóteles, Política, Austral, México, 2007, pp. 254-255.

[11] Aristóteles, Política, 2007, pp. 265-268 y 286.    

[12] Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 89.

[13] Maquiavelo, Discursos, 2008, pp. 102-103.

[14] En John Grenville A., Pocock, El momento maquiavélico: el pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica, Madrid, Tecnos, 2002, p. 246. Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 38.   

[15] “La fuerza innovadora, en cuanto que ella misma no es un hecho arbitrario, no puede no ser ya inmanente en el pasado, no puede no ser en cierto sentido ella misma el pasado (…) aquello del pasado que está vivo y en desarrollo, es ella misma conservación-innovación, contiene en sí todo el pasado, digno de desarrollarse y perpetuarse”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Era, tomo IV, 2001, p. 206. Véase: Pocock, Momento, 2002, pp. 245-251.

[16] Claude Lefort, Le travail de l’œuvre Machiavel, Paris, Gallimard, 2008, p. 245. Norberto Bobbio, “Riforme e rivoluzione”, in Michelangelo Bovero (curattore), Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999, p. 548.

[17] Lefort, Travail, 2008, p. 245.

[18] Hannah Arendt, La promesa de la política, Barcelona, Paidós, 2008, pp. 43-44 y 119.

[19] Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno, Barcelona, Ediciones Península, 1991, pp. 24-36 y 62-66.

[20] Arendt, Revolución, 2006, p. 56.

[21] Originalmente la frase fue escrita de la siguiente manera: “¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo”. Arendt continúa: “el hecho de que la palabra «revolución» significase originalmente restauración, algo que para nosotros constituye precisamente su polo opuesto, no es una rareza de la semántica. Las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, que concebimos como un nuevo espíritu, el espíritu de la Edad Moderna, fueron proyectadas como restauraciones”.  Arendt, Revolución, 2006, p. 57. Emmanuel Sieyes, ¿Qué es el Tercer Estado?, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 85.

[22] Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 98.

[23] La dialéctica puede ser entendida a partir del conocido proceso de tres instancias por el cual la tesis conduce, por medio de la antítesis, a la síntesis; al tiempo que esta síntesis se convierte ella misma en una nueva tesis abriendo paso a una secuencia infinita. Aunque ciertamente el aspecto aquí referido atañe al carácter del movimiento histórico que según Hegel es dialéctico y necesario, pues de la revolución y la contrarrevolución nace el movimiento y el contramovimiento “que arrastra a los hombres como flujo irresistible” en el momento mismo en que intentan establecer la libertad sobre la tierra. Arendt, Revolución, 2006, p. 72. Georg W., F., Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México, Porrúa, 2004.

[24] Sobre la centralización Tocqueville aseguró: “es producto del antiguo régimen, y me atrevería a agregar que es la única parte de la constitución política del Antiguo Régimen que ha sobrevivido a la Revolución, porque fue la única que pudo acomodarse al nuevo estado social que creó esta revolución”. Si esto es cierto, prosigue Arendt, “es la secularización en sí misma y no el contenido de la doctrina cristiana la constituye el origen de la revolución. La primera etapa de esta secularización no fue la Reforma sino el desarrollo del absolutismo”. Arendt, Revolución, 2006, p. 32. Tocqueville, Régimen, 2006, p. 114, 125, 141 y 320.

[25] Originalmente la palabra contrarrevolución fue acuñada por Condorcet: “la contrerévolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution”. Arendt, Revolución, 2006, p. 20 y 44. Bobbio, “Riforme”, 1999, p. 563. Moore, Orígenes, 1991, p. 72.

[26] Tocqueville, Antiguo, 2006, p. 126.

[27] Edmund Burke, Reflexiones sobre la revolución francesa, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 128.

[28] Tocqueville, Antiguo, 2006, pp. 168-169.  

[29] Arendt, Revolución, 2006, pp. 246-296.   

[30] Burke, Reflexiones, 2003, p. 65 y 69.

[31] Burke, Reflexiones, 2006, p. 250.

[32] Arendt, Promesa, 2008, p. 104.

[33] Sorel, Reflexiones, 2005, p. 273.

[34] Michael Randle, Resistencia civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 36-45. Sorel, Reflexiones, 2005, p. 273.

[35] La undécima tesis de Feuerbach constituye un inmejorable punto de partida: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata de es transformarlo”. Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, en Ideología alemana, México, Ediciones de Cultura Popular, 1978, p. 229.    

[36] Arendt, Revolución, 2009, p. 84.

[37] Arendt, Promesa, 2008, pp. 125-126. Karl Marx, El capital. Crítica a la economía política, tomo I, volumen 3, México, Siglo XXI, 1998, p. 824.

[38] “Desde el punto de vista de una teoría general del Estado, la dictadura del proletariado –la cual se identificaba con el pueblo–, en cuanto transición a una situación económica en la que el Estado “se extingue”, presupone el concepto de una dictadura soberana, tal y como el que existe en en la teoría y la práctica de la Convención Nacional”. Carl Schmitt, La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 263.

[39] Friederich Engels, “Introducción”, en Karl Marx, Las luchas de clases en Francia, Buenos Aires, Claridad, 2007, p. 13.

[40] Desde la perspectiva de Marx la dicotomía entre dominación burguesa y liberación proletaria resulta pertinente sólo donde la primera se extiende a plenitud, bajo esa condición las raíces materiales de la sociedad feudal pueden ser plenamente extirpadas, hecho que posibilita el surgimiento de una auténtica “revolución proletaria”. No obstante esto sólo será posible cuando la burguesía industrial alcance un punto máximo en su escala de desarrollo a costa de un proletariado alienado por los relaciones de producción capitalista; no obstante dicha condición lo extingue y lo catapulta llevándolo a protagonizar una revolución donde “crea él mismo los medios de producción modernos que llegan a ser otros tantos medios de su liberación revolucionaria”. Marx, Luchas, 2007, pp. 64-65.

[41] “Rousseau identifica la volunté générale con la voluntad del soberano; pero al mismo tiempo se determina cuantitativamente el concepto de lo general, incluso en lo que se refiere al sujeto, es decir, el pueblo se convierte en soberano”. El problema radica en que la unidad que un pueblo representa no tiene ningún carácter decisionista pues más bien se trata de una unidad orgánica. Carl Schmitt, Teología política, Madrid, Trotta, 2009, p. 46. Jean Jacob Rousseau, El contrato social. Principios de derecho político, México, Austral, 2000, p. 37.     

[42] Karl Marx, Friederich Engels, Manifiesto del partido comunista, Moscú, Progreso, 1970, p. 42.  

[43] Arendt, Revolución, 2006, p. 101. Marx, Luchas, 2007, p. 83. Schmitt, Dictadura, 2009, p. 159.

[44] Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 45-46; Luchas, 2007, p. 147 y 151.

[45] Marx, Dieciocho, 2003, pp. 66-67.

[46] El concepto gramsciano de revolución pasiva debe ser deducido de la mediación dialéctica entre dos principios fundamentales para el materialismo histórico: el primero consiste en que ninguna formación social desaparece mientras las fuerzas productivas que se han desarrollado en ella encuentran todavía lugar para su ulterior movimiento progresivo; el segundo consiste en que ninguna sociedad se impone tareas para cuya solución no se hayan incubado las condiciones necesarias. Por otra parte la revolución permanente consiste en una serie sucesiva de “oleadas” más o menos largas de orden ascendente y descendente que permiten establecer las relaciones entre estructura y superestructuras, tanto como las relaciones existentes entre elementos que se pueden llamar permanentes y ocasionales de la propia estructura. Arendt, Revolución, 2006, p. 45. Gramsci, Cuadernos, tomo II, 1999, pp. 167-169; tomo III, 1984, p. 244; 1999, tomo V, p. 193 y 321.

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EL OCASO DE DON PORFIRIO

Porfirio Díaz, 1910.

Todo comenzó cuando Porfirio Díaz dejó de ser el árbitro del conflicto. Después de un periodo considerable de estabilidad política el consenso generado entre los intereses del centro y las periferias entró en una pugna creciente, mientras que “las dos repúblicas” existentes, a causa del desarrollo del modelo capitalista, asumieron posiciones francamente irreconciliables.

Díaz gobernaba dos repúblicas, su propio México oficial de caballeros de levita y una raída y descontenta república de parias. Cuando se abría una disputa entre Díaz y esa otra república desarrapada, los viejos jefes arrinconados desde la década de 1870 eran los únicos que podían mediar.[1]

Y de pronto nadie medió a favor del general decimonónico. Desde principios de siglo la coalición de intereses porfirista se encontraba muy lejos de constituirse como un bloque hegemónico; la creación de la vicepresidencia en 1904 confirmó, bajo la lógica de un arreglo institucional estable, una fisura al interior del régimen destinada a volverse irresoluble a la luz de los acontecimientos subsecuentes.[2] Para el año de 1908 el presidente había advertido que cada vez le era más difícil “maniobrar por el intrincando laberinto de alianzas y armisticios”;[3] plenamente convencido de que necesitaba de un anzuelo para reestablecer el orden entre “caballeros y parias” resolvió decir lo impensable para hacerse escuchar ante una nación bicéfala. En su intento don Porfirio declaró:

Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un sólo presidente (…) he tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí (…) he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado (…) Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez (…) Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y si llegara a hacerse fuerte, no para explotar sino para gobernar, lo sostendré y aconsejaré, y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país.[4]

El periodista norteamericano James Creelman resultó ser el interlocutor de una audiencia concedida a dos voces distintas: al exterior don Porfirio se mostraba como el demiurgo de una nación moderna, digna de ser considerada como parte íntegra del proyecto occidental, finalmente preparada para implementar una democracia libre y pluralista después de casi cien años de vida independiente; al interior el objetivo era distinto, sus palabras buscaban “destapar” a los disconformes, realmente era un llamado para institucionalizar a la disidencia, ponerla en acción para después atemperarla y refundar la variable de persistencia de la dictadura, “orden y progreso”. No obstante la entrevista resultó ser el producto de un cálculo erróneo, y la razón era simple: casi sin advertirlo y bajo la promesa de una apertura política controlada, un octogenario general había desatado una serie de acontecimientos que descollarían en aquello que se conocería con el nombre de revolución mexicana.

La disputa a nivel de los “cuerpos intermedios” no se hizo esperar. El Partido Democrático, “una agrupación dentro del marco del régimen”, auspició la candidatura a la vicepresidencia del general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y gobernador del estado de Nuevo León; la postulación no tardó en ser respaldada por otros grupos ad hoc como el llamado Club Central Reyista y el Club Soberanía Popular. En contraste, el Partido Reeleccionista auxiliado por el Círculo Nacional Porfirista sería el encargado de garantizar el triunfo de Ramón Corral, ministro del Interior y antiguo traficante de esclavos yaquis.[5]

Con esfuerzos relativos, y muy estilo del siglo XIX mexicano, el presidente Díaz lanzaba una fuerza contra la otra para impedir el crecimiento de ambas; la estrategia surtió su efecto: la maquinaria del sistema contuvo a Reyes exitosamente, sobre todo con el nombramiento como Jefe de la Tercera Zona Militar del general Jerónimo Treviño, un “veterano de la vieja guardia” y enemigo acérrimo del gobernador contencioso.[6] De inmediato Treviño mudó el Cuartel General de la ciudad de Matamoros a Monterrey con el fin de controlar política y militarmente al grupo reyista; en contrapartida el gobernador respondió al cerco con excesiva cautela, lo que hizo que “el movimiento de los claveles rojos” se caracterizara desde sus inicios por una ambigüedad permanente mostrada por una campaña popular en la que el candidato sencillamente nunca estuvo presente.[7] Para junio de 1909 el secretario de Guerra, sin siquiera haber luchado, ya había capitulado. La táctica del general Díaz funcionó pero no por virtudes intrínsecas: cuando el Partido Democrático aceptó la reelección como principio se ancló para siempre al Porfiriato, su oficialismo originario selló la suerte de su fracaso pues de haber surgido del coalicionismo contencioso el resultado hubiera sido muy distinto.[8]

Entre tanto una tercera fuerza minimizada por el presidente y los científicos surgía de una atmósfera saturada de reyismo, se trataba del Partido Antirreeleccionista dirigido y subvencionado por la familia Madero. Bajo los encauces de una liberalización de tipo funcional un joven hacendado coahuilense sin marcar ninguna ruptura con el sistema jurídico vigente, ni con el proyecto modernizador de don Porfirio, comenzó a tender redes, sujetar adscripciones y construir sistemas de lealtades por todo el territorio nacional, poniendo en tela de juicio la hegemonía del presidente y de la coalición dominante en varios niveles de gobierno.[9] En la opinión de Daniel Cosío Villegas:

La gira electoral significaba la invasión de localidades por políticos o agentes ajenos a ellas (…) de allí la alarma no sólo de los gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales, sino también de los jefes de las fuerzas federales donde las había (…) Para decirlo más brevemente, la gira electoral produjo un resquebrajamiento más o menos hondo en todo el aparato gubernamental del país.[10]

Entre 1909 y 1910 Francisco I. Madero emprendió seis giras proselitistas que abarcaron tres cuartas partes del territorio nacional; en cada discurso, en cada conversación insistía en un sólo punto: la necesidad de un cambio ordenado de funcionarios gubernamentales a través del ejercicio del derecho fundamental del sufragio.[11] Bajo la propagación de semejante doctrina, el agua y el aceite finalmente se entremezclaron, los clubes liberales y magonistas así como los católicos de origen decimonónico coaligaron en favor de la única opción que para ese momento parecía rentable. Madero estaba asumiendo el rol que detentara un auténtico “equilibrista” en la política mexicana del siglo XIX, desde el momento en que en pocos meses había logrado conformar cerca de 137 clubes antirreeleccionistas cuya base contenciosa no era del todo espontánea, naturalmente estaba anclada a la reforma juarista, momento ex ante a la dictadura que se desafiaba.[12]

No obstante una estructura de liderazgo nacional como la que se estaba gestando necesitaba de cierto grado de centralización al interior de su base organizativa; inteligentemente Madero aseguró ese principio a partir de una estructura que reconocía la autonomía local proveniente de la forma estatal federal de México: la Convención.[13] Entre el 15 y 17 de abril de 1910 se llevó a cabo la Convención Nacional Independiente de Partidos Aliados, Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático; al evento asistieron un total de 120 delegados que en su conjunto representaban un aproximado de 35 mil antirreeleccionistas.[14] Las discusiones arrojaron un resultado unánime: Francisco I. Madero junto con Francisco Vázquez Gómez fueron postulados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente.

Para el régimen el estado del orden llegaba a un punto crítico. Las elecciones se efectuaron entre junio y julio en medio de la represión y el encarcelamiento. Madero fue arrestado en Monterrey, acusándolo de un delito supuestamente cometido en San Luis Potosí, junto con él cerca de 5 mil líderes y simpatizantes antirreelecionsitas dormían tras las rejas y, por si eso no fuera suficiente, todos los periódicos independientes fueron suprimidos.[15] Ante el nivel de la represión al “apóstol de la democracia” no le quedaba más remedio que advertir en tono fulminante:

Si usted (don Porfirio) y el señor Corral se empeñan en reelegirse a pesar de la voluntad nacional y continuando los atropellos cometidos recurren a los medios en práctica hasta ahora para hacer triunfar las candidaturas oficiales y pretenden emplear una vez más el fraude para hacerlas triunfar en los próximos comicios, entonces, señor general Díaz, si desgraciadamente por ese motivo se trastorna la paz, será usted el único responsable ante la Nación, ante el mundo civilizado y ante la Historia.[16]

 Con el paso de los acontecimientos el clamor por la legalidad iría adquiriendo el tono de “manifiesto de partido”. El 27 de septiembre la Cámara de Diputados declaró injustificada la solicitud de nulidad de los comicios introducida por los antirreelecionsitas; el costo a pagar sería la resistencia en armas. Con apoyo de algunos gobernadores Madero, inicialmente erigido como la cabeza de una coalición de clubes de contención política, repentinamente se convirtió en el líder indiscutible de una confederación de tropas compuestas por “ciudadanos armados”; guardando órdenes y circunstancias se trataba de la reactivación de las famosas “guardias nacionales” al servicio de cada estado de la República.[17]

La liberalización política mostró su faceta disfuncional. Una suerte de “parangón elíptico” al Plan de Tuxtepec ocurría en el peor escenario previsible: el 5 de octubre de 1910, influenciado por el canto de las sirenas, Francisco I. Madero desde San Antonio Texas redactó el Plan de San Luis señalando los mismos males y proponiendo remedios similares que aquellos plasmados por el Plan de la Noria cuarenta años atrás.[18] Casi con un tono de insurgencia el documento llamó a la acción pretoriana ignorando a la clase obrera, sólo un párrafo hacía alusión al campesinado; en suma, “el manifiesto” consideraba los asuntos sociales como un remedo de los grandes problemas políticos mientras que la democratización del régimen, la defensa de la Constitución y la reivindicación del principio de propiedad adolecían a causa de la dictadura que, una vez erradicada –mediante la rotación del personal administrativo y la transformación en los métodos de gobierno–, sanaría de inmediato el sistema social en descomposición.[19] La ingenuidad de Madero no tenía límites: con una simple reforma convocaba a la revolución.

Las fuerzas armadas al servicio del régimen, a pesar de la deficiente organización bélica que presentaban las tropas insurrectas, les era imposible responder con eficiencia la embestida antirreeleccionista. Sin embargo el conflicto aún descollaba bajo la tónica de una revuelta, pues aquello que “se había proyectado como una verdadera revolución llegó a ser una desorganizada y fracasada serie de desórdenes con la apariencia de un embrollo político”.[20]

Tabla I

Insurrecciones Antirreeleccionistas, 1910-1911

1910

Noviembre

Diciembre

1911

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

39

44

52

77

140

145

199

                Fuente: Portilla, Sociedad, 1995, p. 110.

El número de efectivos maderistas nunca excedió los 20 mil hombres; el 70 por ciento estaba concentrado en los estados del norte mientras que el ejército central se componía de más de 30 mil soldados distribuidos por todo el territorio nacional.[21] Pese a la superioridad numérica y profesional de las tropas del general Díaz –nada menos que 29 mil hombres al mando de 99 generales– en el campo de batalla los soldados del régimen cedían paso a los rebeldes; todo gracias a la implementación de una estrategia profundamente atlántica: el fuego simple de una guerra de guerrillas –tabla I–.[22]

Para mediados de febrero de 1911 los antirreeleccionsitas controlaban la Sierra Madre Occidental desde la frontera con Estados Unidos hasta Tepic y Zacatecas; un mes más tarde amedrentaban tenazmente la zona de la Comarca Lagunera hasta las ciudades de Chihuahua y Juárez.[23] La respuesta oficial no se hizo esperar, a la manera de una partida de ajedrez ocurrida entre noviembre de 1910 y mayo de 1911 Porfirio Díaz, plenamente conciente de la localidad del conflicto, desde Palacio Nacional movía gobernadores y secretarios de Estado con el propósito de responder con una “guerra de posiciones” aquello que desde el campo de batalla se erigía como una “guerra de movimientos” parcelarios y en absoluta resistencia.

El patrón de inestabilidad política que sorteaba las relaciones centro-periferia también menoscababa el margen de maniobra del Ejecutivo frente al Congreso y sus secretarías de Estado. El 23 de marzo de 1911 el gabinete, con la excepción de José Ives Limantour y Manuel González Cosío –ministros de Hacienda y Guerra y Marina, respectivamente– renunció en pleno.[24] Dos días después se extendieron nombramientos a Francisco León de la Barra en Relaciones Exteriores, a Demetrio Sodi en Justicia, Jorge Vera Estañol en la cartera de Instrucción Pública, Manuel Marroquín en Fomento y Norberto Domínguez en Comunicaciones; temporalmente Gobernación quedó vacante, de facto Limantour ocupó sus funciones hasta que Vera Estañol, sin renunciar a su nombramiento originario, se encargó de la oficina en cuestión.[25]  Desde luego los relevos y renuncias en las gobernaturas y secretarías de Estado crecían en proporcionalidad a los triunfos que obtenían los antirreeleccionistas en los campos de batalla –figura II–. Entre marzo y mayo de 1911 la noticia era oficial: el gobierno de don Porfiriato vivía sus últimos meses, el otrora “héroe del 2 de abril” había dejado de ser una figura de consenso.

El 1° de abril de 1911 Díaz acudió al Palacio de Donceles. A mitad de discurso la XXV Legislatura rompió en aplausos al escuchar como propuestas: una reforma electoral que incluyera la prohibición de la reelección, la división de las grandes propiedades campesinas, la reforma al sistema judicial y la concesión de una mayor autonomía para las localidades.[26] Madero, para entonces respaldado por clubes y tropas antirreeleccionistas en más 22 entidades federativas, denostó la validez del discurso presidencial; una semana después de la comparecencia los rebeldes asentaron su primer triunfo en el campo de “lo político”: el vicepresidente Ramón Corral salió rumbo a Europa en un exilio disimulado y sin siquiera haber firmado su renuncia.[27]

En ausencia ad interim del vicepresidente se fraguó un breve armisticio que sentaría las bases para un posible acuerdo entre reformistas y científicos. Madero estaba de acuerdo en negociar, siempre y cuando se cumplieran algunos compromisos sustantivos: en primera que se respetara el principio consagrado por el Plan de San Luis sobre el “sufragio efectivo no reelección”, acompañado del nombramiento de catorce gobernadores y cuatro ministros; en segunda, que el régimen se comprometiera a retirar a la brevedad posible las tropas federales de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila para que las fuerzas revolucionarias desde ahí pudieran reestablecer y comandar el orden.[28] No obstante el grado de tensión de las negociaciones era mucho más complejo de lo que a primera vista aparentaba: ninguno de los dos bandos presentaba mayores dificultades ante la remoción de Corral; por el contrario la dimisión de don Porfirio, todavía para la segunda quincena de abril de 1911, detonaba profundas divisiones al interior de los dos extremos combatientes, no por lealtad al viejo dictador sino por las dificultades que de facto acarrearía su desaparición de la escena nacional. El teorema era simple: si Díaz caía Madero obtendría ganancias doblemente significativas en la conformación del gobierno subsecuente; desde luego esa era una posibilidad que los científicos no estaban dispuestos a permitir.

Venustiano Carranza, secretario de Guerra de la coalición maderista, con sagacidad sintetizó la naturaleza de las circunstancias emitiendo una declaración que años más tarde facturaría con el daño de su propio ejemplo: “revolución que transige es una revolución perdida; la revolución que hace concesiones se suicida”.[29] Dado que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a sostener costes de escasa rentabilidad, los científicos decidieron suspender el armisticio en mayo de 1911 alistando al ejército central a amedrentar con las armas el poder y la influencia de los antirreeleccionistas en el campo de batalla. En lo sucesivo un total de 199 refriegas ocurridas en el lapso récord de tres semanas convirtieron la revuelta antirreeleccionista en “la gran rebelión” que definiría el destino del joven siglo XX mexicano –tabla I–.[30]

La situación era complicada. En ciudad Juárez Porfirio Díaz había perdido la última de sus grandes batallas; en tanto que el régimen junto con la clase política que lo auspiciaba no estaban dispuestos a correr con la misma suerte: la multiplicación de las insurrecciones obligaban a los científicos a ceder mientras que Madero no tenía otra opción que negociar con ellos. Y aunque a ninguno de los dos bandos les convenía destronar al régimen, la ausencia de estabilidad obligaba a científicos y antirreeleccionistas a “cortarle la cabeza” al dictador para asegurar el juego de su persistencia. El 25 de mayo del año de 1911, “con un dolor de muela insoportable”, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República.[31] Días después se embarcó rumbo al exilio convencido de que su método de gobierno era el único capaz de pacificar a México; parcialmente estaría en lo correcto. Dejemos que sea él mismo quién describa la naturaleza de las circunstancias:

El Pueblo (…) que me secundó patrióticamente en todas las obras embestidas (…) se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo es la causa de su insurrección (…) respetando como siempre se ha respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 Constitucional Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el voto nacional; y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando su riqueza, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos nacionales.[32]

Mientras el presidente era obligado a renunciar, una dictadura liberal progresista sucumbía en el mismo sitio dónde tres décadas atrás el general Díaz la había instaurado: en una mesa de negociaciones resultado de los triunfos conseguidos por un puñado de tropas insurrectas; sólo que en esta ocasión, a diferencia de 1876, se trataba de un arreglo político en el que el octogenario presidente nunca tomó parte.[33] Antes de exiliarse se dice que don Porfirio comentó: “Madero ha soltado a un tigre; veremos si puede manejarlo”.[34] No ha habido en la historia de este país una mentira tan reproducida y tan ingenuamente creída: no fue el joven hacendado sino el anciano dictador el domador burlado, su fracaso en atemperar la vorágine autonomista que prosiguió a la liberalización convirtió al conflicto pretoriano en “la continuación de la política por otros medios” –figura I–.[35] En ese sentido los dos años que siguieron al Tratado de Ciudad Juárez se erigieron como la suma de todo lo irresoluble en nuestro proceso de nation building; en tanto la reforma, la misma cuya génesis estaba anclada a la segunda mitad del nuovecento, bajo la lógica de una multiplicidad de fuerzas locales inconexas y en exacerbada resistencias desencadenaron aquello que más tarde llevaría el nombre de revolución mexicana.[36]

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Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008.


[1] John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008, p. 20.

[2] Santiago Portilla, Una sociedad en armas. Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, México, El Colegio de México, 1995, p. 31.

[3] Womack, Zapata, 2008, p. 9.   

[4] James Creelman, “Presidente Díaz: hero of the Americas”, in Pearson’s Magazine, XIX, 3. En México la entrevista fue publicada íntegramente los días 3 y 4 de marzo de 1908 en el diario El Imparcial. 

[5] La plataforma programática del Partido Democrático mezclaba una basta selección de ideas liberales como el resurgimiento de las autoridades municipales, la supresión de los jefes políticos y el cumplimiento efectivo de las Leyes de Reforma con tintes de garantismo social tales como el derecho a la educación primaria y las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Françoise Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 109. Portilla, Sociedad, 1995, p. 36. Stanley R., Ross, Francisco I. Madero: apóstol de la democracia mexicana, México, Biografías Gandesa, 1959, pp. 72-75.

[6] Portilla, Sociedad, 1995, p. 41.

[7] Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009, p. 282.

[8] Charles C., Cumberland, Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977, p. 84. Portilla, Sociedad, 1995, pp. 41-44.

[9] Portilla, Sociedad, 1995, p. 51.

[10] Citado en Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 152.  

[11] Cumberland, Madero, 1977, p. 112.

[12] Prueba de ello fue el Partido Nacionalista Democrático, fundado el 22 de septiembre de 1909 por grupos de exreyistas, asistió a la Convención de abril de 1910 asegurando la representación rentable de sus intereses con su adscripción al Partido Antirreelccionista y su respaldo a la candidatura de Francisco I. Madero. Portilla, Sociedad, 1995, pp. 49-50.

[13] Hernández Chávez, Tradición, 1993, pp. 154-156.

[14] Portilla, Sociedad, 1995, p. 58.

[15] Portilla, Sociedad, 1995, p. 60.

[16] Carta de Francisco I. Madero a Porfirio Díaz, 15 de junio de 1910. En Portilla, Sociedad, 1995, p. 61.

[17] De acuerdo con la Constitución de 1857 cada entidad federativa estaba facultada para integrar milicias estatales a la manera de fuerzas paralelas al llamado ejército central. Cumberland, Madero, 1977, p. 138. Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 165. Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 21.

[18] El Plan de San Luis tenía como preceptos fundamentales el establecimiento de la no reelección como ley suprema de la nación; el desconocimiento del dictador en turno; el reconocimiento de Francisco I. Madero como “presidente provisional” con la condición de que apenas la capital fuera ocupada por “las fuerzas del pueblo”, y la mitad de los estados se hallaran en manos de los insurgentes, se celebrarían elecciones; además promulgó la libertad de prensa y el establecimiento de un poder judicial independiente, así como la autoafirmación del pueblo como la única fuente soberana de todo derecho, autoridad y poder. Berta Ulloa, “La lucha armada”, en Daniel Cosío Villegas (coordinador), Historia general de México, México, El Colegio de México, 2006, p. 759. Ross, Francisco, 1959, pp. 82-114.

[19] Asimismo, el Plan de San Luis obligaba a Madero a devolver tierras a los campesinos despojados por haber sido consideradas sus antiguas propiedades como “terrenos baldíos”; y aunque la modalidad de dicha restitución resultó ser muy incierta, dado que sólo una pequeña parte de los afectados había perdido sus parcelas a causa de la implementación de la Ley Federal de Terrenos Baldíos, esa endeble “promesa social” bastó para desatar el mayor levantamiento rural desde la revolución de independencia de 1810. Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 21. Cumberland, Madero, 1977, p. 142. Friedrich Katz, De Díaz a Madero: orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, Era, 2006, pp. 70-71.

[20] Ross, Francisco, 1959, pp. 125-126.

[21] David LaFrance, “Diversas causas, movimientos y fracasos, 1910-1913. Índole regional del maderismo”, en Thomas Benjamin, Mark Wasserman (coordinadores), Historia regional de la revolución mexicana: la provincia entre 1910-1929, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996, pp. 48-49.

[22] Portilla, Sociedad, 1995, p. 398.

[23] Macario Schettino, 100 años de confusión. México en el siglo XX, México, Taurus, 2007, p. 57.

[24] Cumberland, Madero, 1977, pp. 159-160.

[25] Portilla, Sociedad, 1995, p. 418.

[26] Las propuestas emitidas por don Porfirio frente el palacio legislativo de Donceles eran una denuncia de las prácticas de su propia administración; más que una crítica, el programa de reformas era un reconocimiento público de la incapacidad de su gobierno para enfrentar la contingencia, era una confesión de imperdonable debilidad que impulsó a los antirreeleccionistas a realizar nuevos esfuerzos y a formular nuevas demandas. Cumberland, Madero, 1977, p. 160.

[27] Ross, Francisco, 1959, pp. 149-151.

[28] Ross, Francisco, 1959, pp. 156.

[29] Citado en Ross, Francisco, 1959, p. 159.

[30] Portilla, Sociedad, 1995, p. 110.

[31] Ross, Francisco, 1959, p. 168.

[32] Texto de la renuncia del general Porfirio Díaz, 25 de mayo de 1911; citado en Portilla, Sociedad, 1995, pp. 422-423.

[33] El general Díaz fue vencido por las armas, por las tropas irregulares de Madero concentradas en los estados del norte; de ellas nacerían los constitucionalistas, la fuerza militar predestinada a derrotar a la restauración y al ejército central en 1914. Portilla, Sociedad, 1995, p. 90 y 435.

[34] Citado en Cumberland, Madero, 1977, p. 176.

[35] Carl Schmitt, El concepto de “lo político”, México, Folios, 1985, pp. 30-32.

[36] El 21 de mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez. El documento representó una transacción exitosa para el régimen caído. El plan cedió la presidencia interina a Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones de don Porfirio; otorgó la amnistía por delitos de sedición y pugnó por el licenciamiento de las tropas revolucionarias; así como por el aplazamiento de cualquier tipo de reforma social, política o económica que trastocara el orden político establecido. Ruiz, Rebelión, 1984, pp. 136-139.

 

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PEQUEÑA CRÓNICA DE DIEZ DÍAS

WP 17

La cadena de sucesos que llevaron al asesinato de Francisco I. Madero comenzó la mañana del 9 de febrero de 1913: los generales Berardo Reyes y Félix Díaz fueron liberados por la fuerza; el primero de la prisión de Santiago Tlatelolco y el segundo de la penitenciaría de la Ciudad de México. Con el apoyo de tropas federales disidentes ambos líderes marcharon rumbo a Palacio Nacional que en principio debía estar ocupado por las tropas rebeldes; Gustavo Madero, advertido a tiempo de la naturaleza del complot, recuperó sagazmente el edificio y de inmediato el general Lauro Villar, comandante de la guarnición de la ciudad, se sumó para dirigir la defensa contra el inminente ataque. Cuando las columnas de Reyes arribaron las tropas de Villar abrieron fuego a discreción cobrando la vida del exgobernador de Nuevo León junto con 200 de sus hombres. En ese momento el presidente se encontraba en el Castillo de Chapultepec, escoltado por un regimiento de jóvenes cadetes del Colegio Militar marchó hasta el sitio de la emboscada, frente a los cimientos del actual Palacio de Bellas Artes instruyó al general Victoriano Huerta para comandar la defensa de la Ciudadela.[1]

El primer acto del único golpe de Estado que registraría el siglo XX mexicano estaba consumado. Al mando de una “defensa disimulada” Huerta inauguró “la decena trágica” a la manera de un duelo de artillería sostenido entre la fracción disidente del ejército y las tropas que, permaneciendo leales al gobierno,  en definitiva se encontraban bajo las órdenes de un conspirador de ocasión. El resultado no pudo ser más que infame: la población civil fue el principal blanco de un ejército inadvertidamente escindido.

El presidente Madero, permanentemente engañado por los informes del general que comandaba su pueril defensa –e intuyendo muy poco al respecto–, viajó a Cuernavaca para solicitarle al general Felipe Ángeles refuerzos en la Ciudad de México: en menos de dos días arribaron a la capital cerca de 2 mil soldados que fácilmente pudieron desalojar a los 400 rebeldes que ocupaban La Ciudadela. Sin embargo el general Huerta, previniendo las tácticas de Madero, literalmente mandó a los refuerzos por donde vinieron argumentando un supuesto ataque de Emiliano Zapata. Aunque no había indicio que hiciera posible una colaboración entre el Ejército Libertador del Sur y Félix Díaz, un general de altos vuelos como Felipe Ángeles aparentemente “se tragó el cuento” y acató la orden sin cuestionar.[2]

Desde luego Gustavo Madero tenía una actitud muy distinta, atormentado por las dudas resolvió apresar a Huerta a punta de pistola; a las pocas horas fue liberado y reinstaurado por una orden expresa del presidente Madero, acompañada de una disculpa forzada a causa del “comportamiento tan impulsivo” mostrado por su hermano. La espada de Damocles pendía sobre la cabeza del incauto presidente: el 15 de febrero por sugerencia de Henry Lane Wilson, y con el apoyo de los representantes de las naciones de Inglaterra y Alemania, el ministro plenipotenciario del gobierno español solicitó la renuncia del presidente de México. Indignado por la tenaz provocación “diplomática” Madero aseguró que “prefería morir en el cargo” antes de ceder ante presiones extranjeras; sus palabras serían proféticas.[3]

Una maniobra tan arriesgada como el golpe que se estaba gestando requería del acuerdo tácito entre los protagonistas de la arenga trágica: Wilson llamó a Félix Díaz y a Victoriano Huerta al edificio de la Embajada Norteamericana para sellar un pacto que en el pecado llevaría la penitencia.[4] El día 18 la arenga pretoriana se consumó con magistral pulcritud: Huerta compartía los alimentos con Gustavo Madero en el restaurante Gambrinus mientras el general Aureliano Blanquet arrestaba al Francisco I. Madero, a José Ma. Pino Suárez y a Felipe Ángeles junto con los miembros todavía leales del gabinete. Durante las horas que estuvieron en cautiverio muchos legisladores fueron obligados a renunciar, en protesta algunos abandonaron el recinto dejando el Congreso sin quórum suficiente frente a la posible designación de un Ejecutivo ad interim. El general Huerta, aún frente a su incauto comensal, telefoneó a Palacio Nacional para confirmar el éxito de la embestida, acto seguido acribilló a quién días a atrás lo había arrestado; días después corrió la misma suerte el presidente de México. En ese momento todavía el reloj de Catedral no marcaba las dos de la tarde, dos horas atrás desvergonzadamente Henry Lane Wilson ya había cablegrafiado a su departamento de Estado anunciando, en plena antesala al discurso de la sociedad de las naciones, el tenaz derrocamiento de un presidente democráticamente electo.[5]

No obstante la justificación de las acciones golpistas descansaba en un causal de legitimidad ya establecida: el orden político instaurado por los antirreeleccionistas era incapaz de satisfacer las demandas periféricas sin poner en riesgo las variables de persistencia de la gobernabilidad nacional. En una palabra para la vieja clase política resultaba un imperativo regresar a los equilibrios de la pax porfiriana, “cortarle la cabeza” al símbolo por excelencia del clamor reformista para, en un momento posterior, erradicar el movimiento de las rebeliones periféricas. De acuerdo con lo estipulado por Constitución de 1857 era el secretario de Relaciones Exteriores, en ese momento Pedro Lascurain, quién tendría que asumir la titularidad del cargo; cumpliendo con su encargo el secretario designó al general Huerta ministro del Interior, acto seguido renunció para que “el último general porfirista” entrara en funciones con una mínima fracción del Congreso en sesión y bajo el mote de “usurpador”.[6]


[1] Charles C., Cumberland, Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977, pp. 268-270.

[2] Alan Knight, The mexican revolution: from porfiriato to revolution, volume I, Nebraska, University of Nebraska, 2003, pp. 482-487.

[3] La posición de la Casa Blanca con respecto a Madero pasó de cierta simpatía a la hostilidad abierta. Las razones pueden explicarse desde varios frentes: parte se entiende por la negativa del gobierno mexicano en otorgar compensaciones por pérdidas de vidas y propiedades a extranjeros; otra descansó en la promoción de la inmigración europea, acompañada de la proliferación de sentimientos altamente nacionalistas que cundieron en la intención de implementar un servicio militar obligatorio; sin embargo la más significativa de todas descansó en que el presidente Madero incumplió un pacto con la Casa Blanca que implicaba ceder la pujante industria petrolera mexicana a la Estandar Oil Company así como el ferrocarril del Istmo a Ferrocarriles Mexicanos –una empresa norteamericana– a cambio del apoyo político y financiero brindado. Friedrich Katz, De Díaz a Madero: orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, Era, 2006, pp. 97-98.

[4] El Pacto de la Embajada fue sellado el 17 de febrero de 1913 por Henry Lane Wilson, Victoriano Huerta y Felix Díaz. El acuerdo tenía por objeto el desconocimiento de Francisco I. Madero al igual que el establecimiento de una convocatoria que permitiera al general Huerta asumir la presidencia provisional en un plazo no mayor a 72 horas. Charles, C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 63-64. Cumberland, Madero, 1977, pp. 272-273.

[5] Cumberland, Madero, 1977, p. 269; Revolución, 1980, p. 25.

[6] Cumberland, Madero, 1977, p. 274.

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LA GRAMÁTICA DE LA APERTURA: REFORMAS ELECTORALES EN MÉXICO, 1977-1996.

El año de 1977 inauguró una oleada de reformas que intentaron viabilizar los encauces de la oposición impidiendo, en la medida de lo posible, la llegada al poder de la misma. Bajo esta tendencia se intentaba mantener intacta la gobernabilidad fundada en el autoritarismo patrimonial, en el monólogo priista, en la antimoderna fusión Estado-gobierno, así como preservar un tipo de legitimidad más parecida a la consulta pública que al sufragio efectivo. En suma la nueva reforma intentaba conservar intacta la arquitectura política legada al régimen durante los años cuarenta a través el pacto social revolucionario.

El 17 de diciembre de 1977 fue aprobada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE) con 164 votos a favor y 19 en contra.[1] Desde entonces hasta 1985 el nuevo ordenamiento desataría una serie de reformas controladas bajo la lógica de una “liberalización funcional”, apegadas a un tipo de apertura que logró con éxito relativo neutralizar el conflicto coadyuvando al requilibrio de la coalición dominante (Cansino, 2000: p. 137). No obstante la despresurización del régimen abrió paso a una serie de cambios en la legislación electoral suscritos bajo una contradicción aparente: el control de los procesos electorales debía ser directamente proporcional al tamaño de la oposición participante; bajo ese supuesto la sola intervención del gobierno consistiría un mecanismo de seguridad frente a probables derrotas priistas en elecciones importantes (Gómez Tagle, 2001: p. 20). Los nuevos ordenamientos estipulaban lo siguiente:

a) Ampliación de la Cámara de Diputados.– la fórmula de integración de la Cámara baja seguía una estricta lógica de representación territorial hasta que la LFOPPE, en su artículo 155, introdujo la noción de proporcionalidad. En consecuencia se aumentó el número de diputados a un total de 400 legisladores, 300 elegidos bajo el principio de mayoría simple en distritos uninominales, y 100 más votados mediante representación proporcional en circunscripciones con lista parlamentaria. Para el acceso a los curules de proporcionalidad se reformó el artículo 54 constitucional asegurando dos métodos de reparto: uno de ellos, “la representatividad mínima”, era capaz de otorgar un diputado al partido que logara cinco por ciento de la votación total efectiva en una circunscripción; el otro, también llamado “de primera proporcionalidad”, basó el reparto de curules según la votación efectiva de cada fracción con respecto al cociente electoral –o al cociente de unidad en caso de que el primer método no agotara el total de las bancas disponibles–. En caso de que algún partido obtuviese 70 o más bancas por la vía uninominal estaba vetado del reparto proporcional.

b) Cambios en los procedimientos electorales.– la reforma depositó en la Comisión Federal Electoral (CFE) la mayor parte de las tareas y facultades de la organización de las elecciones. La Comisión tenía personalidad jurídica propia y presupuesto necesario, sus decisiones eran inimpugnables en todos sus actos salvo en los relacionados con la emisión de los sufragios. Estaba conformada por un presidente en funciones –que era el Secretario de Gobernación–; un senador, un diputado, y un representante por cada partido político nacional –con voz y voto–; así como por un representante por cada partido con registro condicionado –con voz y sin voto– y un secretario acompañado del director del Registro Nacional de Electores –ambos con voz y sin voto–.

c) Reconocimiento de asociaciones políticas.– para ampliar la estructura opositora el régimen decidió reconocer oficialmente a las llamadas “asociaciones políticas nacionales”. Su registro dependía de 5 mil miembros en todo el país, una dirección nacional con delegados en 10 entidades federativas, así como dos años de actividad política anterior a la solicitud de su ingreso. Una vez reconocidas se les permitiría aliarse con otras organizaciones e incluso con partidos políticos nacionales.

d) Reconocimiento de partidos políticos.- las organizaciones políticas capaces de presentar una declaración de principios, un programa de acción así como estatutos propios podían solicitar reconocimiento oficial como partidos políticos nacionales vía dos métodos específicos: uno era “el registro condicionado”que se otorgaba siempre que el partido reuniese 1.5 por ciento de los votos nacionales en la elección durante la cual se procuraba el reconocimiento; el otro consistía en “el registro definitivo” que requería de un mínimo de 3 mil miembros en por lo menos la mitad de las entidades federativas, o en su defecto 300 afiliados en la mitad de cada uno de los distritos electorales uninominales con un total de 75 mil miembros como mínimo. Una vez reconocidos los partidos políticos ostentaban una serie de derechos concernientes a la postulación de sus candidatos en elecciones federales, a la participación en las elecciones estatales y municipales, así como a la participación en los organismos electorales donde podían nombrar un comisionado con voz y voto. En cuanto a sus obligaciones quedaba claro que debían mantener el número de afiliados, cumplir con sus estatutos, editar publicaciones periódicas, sostener un centro de formación política y comunicar a la Comisión sobre cualquier cambio en sus reglamentos.[2]

La normatividad en curso, pese a que involucró una serie de cambios a nivel constitucional –principalmente en los artículos 41, 52, 54, 55, 60, 73, 97 y 115–, hacía descansar sus principales mecanismos restrictivos en la LFOPPE. Y en razón de lo mismo tanto las reformas constitucionales como la ley reglamentaria propiciaron un sinnúmero de lagunas legales capaces de reforzar el control del partido hegemónico y del régimen político por completo. Entre tales inconsistencias destaca que la Constitución contemplaba en su artículo 54 fracción IV el registro de candidatos mientras que el registro oficial de los partidos políticos carecía de fundamento constitucional alguno; asimismo, pese a que en el artículo 60 constitucional existía respaldo para la auto calificación de las elecciones a cargo del Colegio Electoral, nunca se diseñó a la par –y pese a la existencia de un incipiente sistema contencioso electoral– ningún tribunal ante el cual se pudieran interpelar los resultados de las votaciones; finalmente resalta el hecho de que aunque se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intervenir en caso de conflicto, se le negó de antemano la capacidad para dirimir en caso de una violación flagrante en el conteo de los sufragios (Paoli Bolio, 1993: pp. 156-157).

En virtud de una serie de inconsistencias y controles últimos el PRI mantuvo su condición hegemónica en el Congreso mientras que la CFE se apuntaló como un “superpoder electoral”, no sólo porque su desempeño nunca estuvo sometido a tribunal alguno, sino porque tenía capacidad para decidir, juzgar, ejecutar, reglamentar e imponer –sin posibilidad de revisión– todo lo relacionado a lo contencioso electoral (Becerra, et al., 2000: p. 119).

Las reacciones a la reforma no se hicieron esperar: la representación proporcional recién impuesta causó más críticas que adhesiones. Curiosamente la oposición no había comprendido que teniendo votaciones tan bajas como 1.5 de los sufragios efectivos tenían asegurados 25 por ciento de los curules totales de la Cámara de Diputados. Basado en este principio el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM) posterior a las elecciones legislativas de 1979 logaron obtener su registro condicionado (Aguilar, Meyer, 1993: p. 216).[3] Claramente la representación política fraccionaria era la principal usufructuaria de la funcionalidad liberalizadora, siempre y cuando el PRI mantuviese intacta su condición hegemónica en el Congreso.

Sin embargo para 1985 tanto la arquitectura política como la atmósfera ideológica del régimen habían llegado a un punto de no retorno; la época de los rendimientos decrecientes del sistema habían comenzado minando los esquemas de gobernabilidad de una clase política cada vez más imposibilitada para operacionalizar los términos del conflicto (Janet, 1988: p. 303). Con el paso del tiempo la liberalización perdía su estructura de eficacia debido a dos razones esenciales: las reformas electorales del 1977 resultaron insuficientes para aglutinar a las fuerzas sociales disidentes; en tanto que el modelo económico, pieza clave de toda justificación y legitimidad del régimen posrevolucionario, “hacía agua” por todas partes.

Los saldos de la crisis se tradujeron en descontento, irritación y empobrecimiento de amplios sectores sociales que, en oposición férrea a las reformas económicas impulsadas por el régimen, abandonaron gradualmente el partido del presidente evidenciando la manera en que la apertura económicaconformaba las nuevas coaliciones políticas predestinadas a constituirse como las auténticas bases del multipartidismo mexicano (Collier, 2000: p. 100). La lectura era simple: el crecimiento económico sostenido era la condición necesaria para la rentabilidad autoritaria del sistema y la sustentabilidad última del pacto corporativo.

La respuesta del régimen a los primeros indicios de la disfuncionalidad de la liberalización era predecible: una nueva reforma al sistema electoral intentó limitar la fuerza creciente del complejo opositor, actitud que transformó a la apertura en una suerte de movilidad descendente“pues su efecto principal consistió en poner en órbita otra, y después otra y otra reforma más” sepultando para siempre la ilusión, hasta cierto punto progresista al interior de algunos sectores del PRI, de corporativizar la totalidad de la disidencia (Becerra, et al., 2000: p. 149). Luego de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados que tuvo lugar entre el 27 y 28 de noviembre de 1986 se aprobó un nuevo Código Federal Electoral (CFE) junto con un conjunto de enmiendas a la Constitución.[4] En esta ocasión las reglas del juego resultaron ser mucho más restrictivas:

a) Financiamiento y asignación de recursos.- desde 1977 el financiamiento público a los partidos políticos se venía otorgando de manera discrecional; con esta reforma se reglamentó la asignación de recursos mediante la figura del “costo mínimo de campaña”.Desde luego la transparencia en el manejo de los recursos públicos no quedó del todo superada pues aún se contemplaba indistintamente aportaciones provenientes de individuos como de organizaciones.

b) Mayor centralización en la organización electoral.- la Comisión Federal Electoral se encontraba en manos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mientras que las comisiones locales electorales y los comités distritales siguieron sus mismos criterios de integración. El presidente y el secretario de los respectivos órganos desconcentrados de la autoridad electoral serían nombrados por el titular de la SEGOB, hecho que aseguró un elevado grado de centralización al interior de los procesos electorales.

c) Mayor control en los organismos electorales.- para la conformación de los organismos electorales se estableció un sistema de representación proporcional que permitió al PRI la ocupación de la mayoría de los puestos al interior de la Comisión. También se creó el  Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) conformado por siete magistrados nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios en el Congreso, sus funciones se sujetaban a los recursos de apelación y queja, aunque resultara inaplicablecualquier recurso de reclamación, despojando a la SCJN de todas sus facultades en la materia.

d) Mayor control en la participación política.- con la reforma se imposibilitaron las alianzas y coaliciones, hecho que desató la desaparición de algunos partidos escasamente competitivos, en su lugar se permitieron las candidaturas comunesen las que dos o más partidos podían apoyar la postulación de un contendiente ajeno a sus filas.De igual modo se instauró un método fijo para el reparto proporcional, se trató de la llamada fórmula de “primera proporcionalidad” –la cuál tendía a favorecer a los partidos más pequeños– haciéndose el primer reparto a través del llamado “cociente rectificado”.

e)  Mayor hegemonía del PRI en el Congreso.- si bien el número de curules de la Cámara de Diputados aumentó de 400 a 500, el PRI dejó de estar excluido del reparto proporcional mediante los términos de una “cláusula de gobernabilidad”, elemento queaseguró que el partido mayoritario no podría obtener menos del 50 por ciento más uno de los curules totales, situación que blindó al tricolor ante posibles derrotas en los distritos de mayoría. Igualmente se determinó que ningún partido, ni siquiera el hegemónico, tendría derecho a más del 70 por ciento de los curules de la Cámara baja, asegurándole a la oposición un mínimo de 150 bancas. Esa fue la tarifa de la subrrepresentación opositora por aquellos años.

f)  Mayor rigidez en los mecanismos de registro.- con la reforma desapareció el registro condicionado haciendo depender el futuro de los partidos a la suerte de su registro permanente que, dicho sea de paso, se perdía de manera definitiva al tener en una elección federal menos del 1.5 por ciento de la votación efectiva.[5]

El nuevo experimento electoral duró poco. El 14 de julio de 1990 la Cámara de Diputados aprobó, con un total de 369 votos a favor, un nuevo ordenamiento en materia electoral. De las fauces de un régimen en transición surgió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con un total de 372 artículos y 19 transitorios distribuidos en ocho libros, la nueva normatividad establecía un complejo específico de instituciones, órganos, y lineamientos que anticipaban aires de verdadera democratización:

a) Cambios en los mecanismos de representación política.- se reinstauró el registro condicionado –desaparecido por la reforma de 1986– y se implementó “la escala móvil”que terminó por dilapidar a los partidos políticos medianos; la escala consistía en que el partido con mayor número de triunfos de mayoría relativa tendría derecho a dos diputados adicionales por cada punto porcentual de votación que obtuviera entre el 35 y 60 por ciento de los votos nacionales.       

b) Creación del Instituto Federal Electoral.- la búsqueda de imparcialidad y la necesidad de contar con una base sólida de confianza llevaron a la creación del acuerdo institucional más importante en materia electoral ocurrida hasta nuestros días, se trató del Instituto Federal Electora (IFE), una “autoridad encargada de la función estatal de organizar las elecciones para renovar a los poderes Ejecutivo y Legislativo”. El IFE se encargó de todo lo concerniente al padrón electoral, a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, de la preparación y desarrollo de la jornada electoral, del cómputo y otorgamiento de constancias así como de la capacitación de los comicios.

c) Creación del Tribunal Federal Electoral.- en materia de lo contenciosos electoral la reforma de 1990 construyó todo un sistema jurídico que se suscribía a una Sala Central conformada por cinco magistrados designados por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo, y cuatro Salas Regionales integradas por tres magistrados cada una. Desde la perspectiva de los procedimientos se establecieron recursos de impugnación: “queja, reclamación, apelación y reconsideración”; los dos primeros de naturaleza administrativa, los otros dos de carácter jurídico.

d) Formalización de los mecanismos de financiamiento.- por primera vez en la historia de este país se establecieron cuatro rubros para el financiamiento público de los partidos: el primero era “por actividad electoral”, se otorgaba de acuerdo al número de votos obtenidos por el partido en las elecciones de diputados y senadores; el segundo “por actividades generales” que equivalía al 10 por ciento del financiamiento por actividad, otorgándose de manera igualitaria a todas las fracciones; el tercero “por subrogación”,es decir el monto otorgado por el gobierno a los partidos políticos que ascendía al 50 por ciento anual del total de las contribuciones que aportaban los legisladores; y finalmente “por actividades específicas” que constituía en un rembolso hasta del 50 por ciento por los gastos que hicieran los partidos en rubros concretos, tales como tareas editoriales, investigación o educación cívica.[6]          

Cada uno de estos lineamientos hizo de la reforma electoral de 1990 el acuerdo institucionalmás significativo emprendido desde la apertura política; bien que mal la creación de un edificio especializado –el IFE–, profesional, abierto y vigilado por todos y cada uno de los partidos políticos existentes no podía ser más que la expresión depurada de un acuerdo político tácito: mayor equidad en los términos de competencia, al interior de elecciones limpias y confiables. El hecho estaría destinado a convertirse en la piedra filosofal para el desarrollo ulterior de la conflictividad institucionalizada.

A pesar de todo lo anterior, las metas del IFE estaban muy lejos de cumplirse, y eso lo dejaba muy claro las elecciones intermedias de 1991 en las que el nuevo organismo debía aplicar una serie de fórmulas barrocas, complicadas y hasta artificiales que le imposibilitaban cumplir con los principios de “neutralidad y vigilancia” que motivaron las causas de su diseño. Contradictoriamente, y quizá perfilándose la emergencia de un electorado “conservador” de gran activismo en las décadas subsecuentes, los comicios de ese año arrojaron la tasa de participación más alta registrada hasta entonces: casi 23 millones de personas salieron a las urnas y el 61.43 por ciento sufragó por el candidato del PRI (Becerra, et al., 2000: p. 273).

A dos años de transición –con la pérdida de la hegemonía priista en la Cámara de Diputados en 1988–, las elecciones no competitivas seguían arrojando resultados altamente positivos para el régimen, a tal grado que durante el ejercicio de la LV Legislatura (1991-1994) el Revolucionario Institucional recobraría la mayoría calificada para reformar autónomamente la Constitución. La Cámara de Diputados se encontraba sobre y subrrepresentada, al tiempo que los comicios electorales aseguraban escalas de participación ascendentes. No obstante con el transcurso de la nueva Legislatura un hecho resultaba evidente: el voto ciudadano no podía forzar por sí mismo la equidad en los términos de la contienda, para conseguir tal cosa se necesitaba del concurso de otro tipo de sufragio, aquél que se emitía en pleno proceso legislativo y desde las bancadas opositoras. En 1993, en un nuevo impulso revisionista, se implementó la sexta reforma electoral emprendida por el régimen en dieciséis años de apertura:

a) Cambios en el Senado.- a partir de 1993 se contaría con cuatro senadores por entidad federativa; dos de ellos por el principio de mayoría relativa, uno bajo la figura de la primera minoría y el cuarto asignado por reparto proporcional.

b)  Cambios en los mecanismos de financiamiento.- la reforma contempla cuatro nuevos rubros de financiamiento para los partidos políticos: público, militancia, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros; por militancia el monto del financiamiento no podía ser superior al 5 por ciento del presupuesto público total otorgado al partido; las aportaciones individuales tenían como máximo el 1 por ciento del financiamiento público, el límite para las personas morales no debía exceder al 5 por ciento de los recursos públicos. Además de que quedó estrictamente prohibido el fomento de los partidos con montos proveniente de dependencias gubernamentales, entidades públicas, extranjeras, asociaciones religiosas y organizaciones internacionales.      

c) Cambios en los mecanismos de registro.- la permanencia de las fracciones no se encontraba a merced de las urnas, al menos no directamente pues las reformas emprendidas facilitaban la permanencia de los partidos políticos que ya contaban con su registro, debido a que no se les despojaba de su patrocinio público hasta pasadas dos elecciones consecutivas en las que el partido no lograra el 1.5 por ciento de la votación total emitida.

d) Cambios en los procedimientos electorales.- después de 1993 quedaba en claro que la Cámara de Diputados, erigida como Colegio Electoral, seguiría calificando las elecciones presidenciales; sin embargo durante las elecciones de renovación del Legislativo se anulaba la “autocalificación”, optando en su lugar por un reconocimiento jurídico que delegaba dicha función tanto a los órganos electorales como al Tribunal Federal Electoral.[7]   

Pese a la adenda a la legislación electoral de 1990 el COFIPE aún privilegiaba la participación de los partidos sobre los ciudadanos, prohibiendo cualquier posibilidad de candidatura independiente. Desde luego ese no era el único inconveniente consagrado en la legislación, también existía una restricción ejercida en contra de las asociaciones políticas: los partidos políticos se encontraban completamente inhabilitados para la conformación de candidaturas comunes, dificultándoles la formación de alianzas o coaliciones. Frente a las prohibiciones también se sumaban inconsistencias innegables: el Tribunal Electoral podía nulificar una elección hasta que las irregularidades sumaran el 20 por ciento del total de las casillas instaladas, circunstancia que en el peor de los extremos implicó la impunidad –e incluso la permisión– de un fraude electoral hasta en dicha proporción.

Después de la tormenta política y social que supuso el año de 1994 vino, desde luego, otra reforma política. El séptimo esfuerzo del gradualismo contempló una modificación al artículo 41 constitucional para refrendar la autonomía del IFE y permitir su pertinente ciudadanización; así como la cancelación del derecho al voto de los partidos al interior del Consejo General, los Consejos Estatales y Distritales, medida que fue compensada por la eliminación del principio de proporcionalidad en la ocupación de los mismos (Alcocer, 1996: p. 97). Bajo la influencia de precisiones mínimas el país se perfilaba rumbo a los comicios de 1994 en los que Ernesto Zedillo obtuvo el 48.7 por ciento de los sufragios totales emitidos, convirtiéndose en el último candidato del PRI triunfante en comicios presidenciales –hasta el año 2012– y en el primero que desde 1946 no recibió la postulación de otro partido además del de Los Pinos (Molinar Horcasitas, 1993: p. 200).[8]

Pese a los avances las fórmulas de proporcionalidad fueron poco sensibles a los cambios en materia de competencia político-electoral, e incluso contraproducentes debido a los términos ya tan deplorables de la gobernabilidad entera; sorprendentemente la LVI Legislatura (1994-1997), la última erigida sobre la base de un sistema de partido semicompetitivo, motivada por la inestabilidad financiera fue capaz de producir un acuerdo institucional significativo que cambió para siempre el estado del régimen y el sistema político por entero: el octavo esfuerzo del revisionismo electoral hubiera resultado poco probable sin el voluntarismo mostrado por la oposición, quienes profundamente vulnerables ante las secuelas de la crisis económica optaron, al igual que el PRI, por alentar reconfiguraciones institucionales que blindaran el campo de acción de su propia legitimidad. El gobierno mexicano decidió convocar a una especie de “acuerdo político nacional” donde todas las fuerzas políticas se pronunciaran en favor de una reforma capaz de asegurar equidad, certeza y, por sobre todas las cosas, estabilidad política.

El 13 de noviembre de 1996, después de dos años de entrampadas negociaciones, las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría priista, aprobaron un dictamen que introducía dieciséis modificaciones a la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo; la minuta se tornó al pleno sin aprobación opositora para que, después de un tiempo, fuera sancionada durante las primeras horas del 14 de noviembre con un total de 282 votos a favor y 142 en contra (Becerra, et al., 2000, p. 422).[9] Presa de un clásico del régimen político mexicano, de un madruguete legislativo, fue aprobada en lo general el último esfuerzo del reformismo electoral arrojando muchos más acuerdos que divergencias:

a) Coaliciones electorales.- las coaliciones están obligadas a presentar de manera conjunta sus fórmulas para diputados y senadores por ambos principios de representación; asimismo tendrán un solo representante ante el Consejo Generaldel IFE; y en cuanto a su financiamiento público cada partido integrante de una coalición recibirá normalmente sus recursos, aunque los gastos y topes de campaña tendrán que ser erogados como si se tratase de un sólo partido.

b) Consejo General del IFE.- con la reforma de 1996 el gobierno abandonó de manera definitiva la organización electoral dejando en manos de los ocho consejeros electorales, así como del presidente del Consejo General del IFE, la organización de los comicios. El cargo de consejero duraría seis años, estarían sujetos a relección, serían propuestos por los partidos políticos y elegidos por las tres cuartas partes de los diputados presentes en el pleno al momento de la elección. El Consejo General se convirtió en el único responsable de vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad electoral.

c) Financiamiento público.- el dinero público se convirtió en el componente primordial de los recursos partidistas. El 70 por ciento se distribuyó conforme al monto de la votación, mientras que el 30 restante se asignó de un modo igualitario a cada partido. También se especificaron los topes de campaña, se restringieron las aportaciones individuales y se establecieron mejores mecanismos de auditoría y vigilancia. En cuanto a las modalidades, quedaron suscritas a tres rubros: actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas.

d) Representación política.- se instauró un techo a la sobrerrepresentación desde el momento en que ningún partido político podía obtener ocho por ciento más de las bancas que establecieran su votación nacional, salvo que las obtuviera por la vía uninominal. Se integró para la Cámara de Senadores una lista nacional de representación proporcional con un total de 32 legisladores; el monto total de escaños ascendió a 128 senadores: tres por cada entidad federativa y el cuarto proveniente de la lista descrita. Finalmente, y como disposición transitoria, a partir del año 2000 el Senado se renovaría en su totalidad, terminando con la “guillotina francesa” vigente desde 1991.       

e) Tiempo en radio y televisión.- a cada uno de los partidos con representación en el Congreso se les permitió el acceso a radio y televisión tanto en sus espacios de transmisión oficial como en los promocionales. Dicho reparto quedaba determinado de la siguiente manera: 30 por ciento distribuido de manera igualitaria, mientras que el 70 restante fue otorgado conforme a la fuerza electoral que cada fracción registrara en las urnas.    

f) Tribunal Electoral.– la Sala Superior del Tribunal se erigió como la máxima autoridad electoral, salvo en materia de inconstitucionalidad, área reservada a la SCJN. A la Sala Superior le correspondía realizar el cómputo final así como formular la declaración de validez de la elección presidencial; la designación de los magistrados corría a cargo del Senado a propuesta de la Corte; en caso de inconstitucionalidad en el desempeño de los magistrados podían ser objeto de auscultación por parte de la SCJN. Finalmente se declaró el fin en el tiempo de aquella vieja tradición decimonónica que otorgaba a la Cámara de Diputados funciones de Colegio Electoral.

g) Sistema de partidos.– se suprimió la modalidad del registro condicionado y en su lugar se estableció un procedimiento único para la obtención del registro oficial. Toda institución aspirante a partido político debía realizar asambleas que acreditasen un mínimo de 3 mil afiliados en por lo menos 10 entidades federativas; además debía comprobar 300 ciudadanos adherentes en 100 o más distritos uninominales; así como presentar una lista de afiliados no menor al 0.13 por ciento del padrón electoral en la elección federal ordinaria e inmediata a la fecha del trámite de solicitud del registro. A partir de 1996 sólo aquellos partidos con una votación nacional superior al 2 por ciento tendrían derecho sobre el reparto proporcional en la Cámara de Diputados.[10]

La larga y extenuante configuración sistémica de 1996 constituye el último acto de una liberalización disfuncional y, consecuentemente, el primero que marcó el inicio de una singular “democratización”. A diferencia de las siete reformas electorales precedentes, la última emprendida por el régimen no tenía entre sus objetivos otorgarle al Congreso un aire pluralista ante una realidad monocromática, mucho menos era diseñada para crear un espacio limitado y exprofeso para minorías de antaño excluidas; por el contrario, intentaba apartar al gobierno de la organización de los comicios además de otorgarle a los partidos los recursos para asegurar una mayor equidad en los términos de una competencia reconocida de antemano como desleal. Por esa y muchas otras razones el año de 1996 abrió paso a la democratización en México, y con ella a una etapa nueva y mucho más incierta en el desarrollo político nacional.

BIBLIOGRAFÍA:

Aguilar, Héctor; Meyer, Lorenzo (1993), A la sombra de la revolución mexicana, México: Cal y Arena.

Alcocer, Jorge (1996), “Las recientes reformas electorales en México: perspectivas para una democracia pluripartidista real”,en Roett, Riordan [comp.], El desafío de la reforma institucional en México, México: Siglo XXI.

Becerra, Ricardo, et al., (2000), La mecánica del cambio político en México: elecciones, partidos y reformas, México: Cal y Arena.

Cansino, César (2000), La transición mexicana: 1977-2000, México: Centro de Estudios de Política Comparada.

Collier, Berins Ruth (2000), “The transformation of labor-based one-partyism at the end of Twentieth Century: the case of México”,in Hollifield, James Frank and Calvin C., Jillson [comps.], Pathways to democracy: the political economy of democratic transitions, New York: Routledge.

Gómez Tagle, Silvia (2001), La transición inconclusa: treinta años de elecciones en México 1964-1994, México: El Colegio de México.

——— (1999), “La crisis y las reformas electorales salinistas”, en Salinas Figueredo, Darío [comp.], Problemas y perspectivas de la democracia en América Latina, México: Asociación Latinoamericana de Sociología, Triana, Universidad Iberoamericana.

González, Miguel; Lomelí, Leonardo (2000), El partido de la revolución: institución y conflicto (1928-1999), México: Fondo de Cultura Económica.

Janet, Fernando (1988), “Reforma del Estado: itinerarios y gobernabilidad”, en Cordera, Rolando et al., [comps.], México: el reclamo democrático, México: Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, Siglo XXI.

Krieger, Emilio (1990), “Derecho electoral en julio de 1988”, en González Casanova, Pablo [comp.], Segundo informe sobre la democracia: México el 6 de julio de 1988, México: Siglo XXI.

Middlebrook, Kevin J., (1994), “La liberalización política en un régimen autoritario: el caso de México”, en O’Donnell, Guillermo, et al., [comps.], Transiciones desde un gobierno autoritario: México y América Latina, volumen 2, Barcelona: Paidós.

Molinar Horcasitas, Juan (1993), El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, México: Cal y Arena.

Paoli Bolio, Francisco José (1993), “Legislación electoral y proceso político: 1917-1982”,en González Casanova, Pablo [comp.], Las elecciones en México: evolución y perspectivas, México: Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México.


[1] La LFOPPE fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977. Se conformó de 250 artículos distribuidos en cinco títulos: a) elección de los poderes ejecutivo, legislativo y organizaciones políticas; b) preparación del proceso electoral; c) disposiciones de la jornada electoral, d) cómputo y resultados electorales; e) resolución de problemas, nulidades, recursos y sanciones (Paoli Bolio, 1993: p. 158).

[2] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 115-119); Middlebrook (1994: pp. 205-206).

[3] Posterior al año de 1979 también consiguieron su registro condicionado: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Social Demócrata (PSD), así como el Mexicano de los Trabajadores (PMT).

[4] El Código Federal Electoralmodificaría la mayoría de los artículos de la reglamentación anterior, añadiendo un total de 113 nuevas disposiciones; en su totalidad contaba con 362 artículos distribuidos en 73 capítulos (González & Lomelí, 2000: p. 516).

[5] El cociente rectificadoresultaba de dividir el total de la votación efectiva entre el número de curules multiplicado por dos; con esta medida los partidos medianos se vieron fuertemente perjudicados. El costo mínimo de una campaña para diputadoconsistía en una ecuación donde el gasto mínimo de una campaña sería multiplicado por el número de candidatos registrados bajo el principio de mayoría relativa, lo que resultara de esa operación se dividía por mitades para finalmente ser asignado a los partidos en una cantidad proporcional al número de sus diputados. Véase Becerra, et al., (2000: pp. 181-199); Cansino (2000: pp. 171-172); Krieger (1990: pp. 33-49).

[6] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 249-270); Gómez Tagle (1999: p. 197).

[7] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 293-307).

[8] Durante los comicios de 1994 el PAN obtuvo el 27 por ciento de los sufragios totales emitidos, es decir 10 millones de sufragios; en tanto que el PRD fue votado casi por el mismo número de electores que seis años atrás, se trató del 17 por ciento de la votación efectiva que ascendía a poco más de 6 millones de sufragios (Alcocer, 1996: p. 106).

[9] La aprobación de la reforma de 1996 suscitó un sinnúmero de controversias constitucionales presentadas ante la SCJN tanto por el PAN como por el PRD. La razón del desacuerdo descasó en que durante el trabajo de comisiones el PRI terminó imponiendo su condición mayoritaria en el Congreso modificando, sin la venia opositora, algunos puntos concernientes al financiamiento público, acceso a medios de comunicación así como a la conformación de coaliciones y diputaciones de representación proporcional; temas en los que tanto la oposición como el tricolor jamás llegaron a ningún acuerdo posible en casi dos años de negociaciones.

[10] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 424-450).

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