Archivo mensual: noviembre 2013

AMPARO Y EXCEPCIÓN

BUAP

“No hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos”

Álvaro Obregón

Desde que el Sexto Juzgado de Distrito ordenó la suspensión temporal del proceso de auscultación argumentando la presunta “inconstitucionalidad del artículo 113 fracción II del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, en virtud de un amparo indirecto interpuesto por Arturo Rivera Pineda a quien la Comisión Electoral en principio le negó la carta de idoneidad por rebasar el límite de edad establecido por la Convocatoria; ríos de tinta han justificado el atentado directo contra nuestra autonomía difundiendo el complejo más diverso de absurdos exorbitantes:

Primera falacia.- ninguna norma interna de la universidad, por muy autónoma que ésta sea, puede ser violatoria de los preceptos básicos de nuestra Constitución”. Obviamente la BUAP no es el Vaticano, no encaja dentro del esquema de un Estado dentro de otro Estado; por el contrario existe un procedimiento llamado “juicio de ponderación”, algo que el Sexto Juzgado de Distrito jamás operó, y que incurre cuando existe una antinomia –otro concepto que les vendría bien recordar a muchos abogados–, es decir un conflicto de facultades situado a un mismo –o distinto– nivel normativo. El principio de la “no discriminación por edad” es tan constitucional como que “la facultad y la responsabilidad” que la misma Carta Magna le ha concedido a la BUAP “de gobernarse a sí misma”. ¿Bajo qué fundamento un juez otorgó preponderancia al contenido del artículo primero, que contiene principios universales y abstractos, sobre una facultad concreta –delegativa en esencia– situada en la fracción VII del artículo tercero?, ¿cómo se atrevió un miembro del Poder Judicial a entrometerse en asuntos que no le corresponden?, y todavía más importante, ¿qué ocurrió con el principio de la individualización de la norma? Todas éstas preguntas, para un juez miope, cobraron sentido bajo pretexto de la defensa “legítima” de los derechos humanos; el colmo del sarcasmo, en un país sumergido desde el 2007 en una crisis humanitaria sin precedentes motivada por la militarización del espacio público.

Segunda falacia.- “autonomía de gestión no significa que el campo universitario sea un lugar extraterritorial donde la ley no impera”. En primer instancia la Carta Magna no habla de gestión sino de “gobierno”, y aunque se complementan sus significaciones son abismalmente distintas, en estricta teoría política gobierno quiere decir “organización impuesta”. En Ciudad Universitaria no nos rige la ley de la selva, aquí nadie está hablando de homicidios o de delitos culposos; por el contrario somos parte del Estado civil desde el momento que su propia Ley Fundamental reconoce nuestro status, nuestra condición de excepción jurídica que se limita exclusivamente, como mandata nuestra Constitución, a la deliberación y aplicación de nuestros mecanismos de distribución de poder. La pregunta es obvia: ¿cómo puede ser inconstitucional el Estatuto Orgánico cuando sus procedimientos, como los de cualquier otra institución de educación superior autónoma, están reconocidos por la Ley Suprema de esta nación?

Tercera falacia.- “Arturo Rivera Pineda pretende, a través del juicio de amparo, hacer válidos los derechos humanos que la Constitución le reconoce”. Si eso efectivamente pretendía, entonces ¿por qué desistió del amparo que él mismo interpuso? Ningún activista que lucha a favor de las libertades y la equidad, y que realmente cree en ellas, desiste de las causas que promueve por más jugosa o redituable que parezca la oferta. Con una acción de este calibre él mismo ha desacreditado su causa; no me extraña del otrora “candidato legítimo del PRD” a la gubernatura del estado en 2010; y realmente no me sorprende de uno de los egresados más destacados de la escuela incorporada donde, a juzgar por lo visto, cursó sus estudios de doctorado. ¿Me pregunto si sus simpatizantes también desistirán de sus causas? La ética y la congruencia una vez más han brillado por su ausencia.

De cualquier modo el daño del efecto está en curso y el problema radica en que la BUAP no es un Estado, no cuenta con mecanismos institucionales que aseguren tránsitos estables frente al vacío de poder, por la simple y sencilla razón de que sus procesos de renovación son internos, administrativos en estricto sentido. En otras palabras su aparato normativo no concibe mecanismos de emergencia, mucho menos formas de excepción ni parámetros para justificar el ejercicio de algún tipo de discrecionalidad en su función interna. Mientras más amparos promuevan los candidatos y suspirantes, a medida que se intensifique la judicialización de nuestro proceso de auscultación crecerá en la misma medida la curva de discrecionalidad en las acciones venideras. Nada de lo que haga el Consejo Universitario y el Consejo de Unidad en las próximas horas estará comprendido íntegramente en la norma universitaria, la tragedia –y la cuarta falacia– estriba en que tres caballeros petulantes, un falso quejoso y un Juez cómplice, en razón de sus intereses mezquinos y deleznables, han situado a una comunidad universitaria en el peor de los escenarios posibles: en la discrecionalidad abierta, en la ausencia de norma que tutele el sentido de la acción. Me pregunto ¿qué contenido y procedencia tendrá el próximo amparo?

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LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 100 AÑOS DE INTERPRETACIÓN

La Trinchera - Orozco

A pesar del trastorno político que supone una revolución, desde aquella sucesión de acontecimientos que van de la toma del poder que conduce a una reestructuración capital del gobierno y de la sociedad hasta la sustitución de una élite anterior por otra nueva, la resonancia del acontecimiento puede hacerse comprensible a través de “tipos ideales” que intentan abarcar la significación del proceso histórico concreto.[1] Uno de los esquemas más útiles fue desarrollado por Chalmers Johnson en “Revolution and the social system” (1964) donde el proceso revolucionario, en grados de contingencia creciente, puede circunscribirse a seis categorías concretas:

 a)  Jacquerie.- se trata de un levantamiento espontáneo de masas de campesinos que de ordinario se mueven en pro de las autoridades tradicionales, Iglesia y monarquía comúnmente, su meta más inmediata consiste en purgar a la élite local o nacional.

b) Rebelión milenarista.– aunque comparte rasgos con el tipo anterior su distinción radica en la constitución de “un sueño utópico” inspirado por una suerte de mesías viviente.

c) Rebelión anarquista.– se trata de un producto de la reacción nostálgica al cambio progresivo que consiste en idealizar románticamente el viejo orden.

d) Revolución comunista-jacobina.- se ha definido como un cambio fundamental “arrebatado de la organización política”, de la estructura social, del control de la propiedad económica y el mito predominante de un orden social, “inclinándose así a una ruptura radical con la continuidad del desarrollo”. Desde luego esta clase de revolución sólo puede acontecer en un Estado altamente centralizado; su blanco es el gobierno mientras que su botín es la sociedad. A la postre el proceso tiende a la creación de una nueva conciencia nacional bajo la estafeta de una autoridad militar apoyada por un orden burocrático construido sobre las ruinas de la decadente estructura de privilegios anteriores.

e) Golpe de Estado conspiratorio.- producto de la maquinación planeada de una diminuta camarilla, enardecida por una ideología oligárquica y relativamente sectaria. No obstante sólo puede apegarse al tipo revolucionario cuando el golpe es precedido por un movimiento masivo o bien un cambio social significativo.

f) Insurrección masiva militarizada.- se trata de una guerra revolucionaria masiva deliberadamente planeada a cargo de una élite dedicada. La guerra de guerrillas es su forma de operación básica mientras que el éxito de los rebeldes depende de apoyo popular vasto.[2]        

Ahora bien según las categorías precedentes, ¿qué tipo de revolución ocurrió en México a principios de siglo XX? En primera instancia llama la atención un hecho singular: las revoluciones son eventos explosivos e inevitables, causales e involutivos, ciertamente dirigidos pero nunca antes convocados con anticipación y mucho menos a través de la institucionalidad de una convocatoria: Francisco I. Madero, utilizando como directriz la coyuntura del Plan de San Luis, no sólo llamó, sino que prácticamente decretó la revolución en 1910 convirtiéndose –a partir del primer exilio de Bernardo Reyes– en la cabeza de una insurrección masiva y organizada impulsada por el fervor creciente de “guardias de ciudadanos” que clamaban por la renovación del régimen.[3] No obstante una auténtica revolución sólo ocurre “cuando una condición de disfunción múltiple se encara a una élite intransigente”,[4] y cabe aclarar que esto no aconteció sino hasta el golpe de Estado conspiratorio que desató el Pacto de la Embajada en febrero de 1913 –figura I–.

Revolución Mexicana

* Behemoth, nombre originario de un demonio que representa la tierra y el caos, fue el título que recibió una publicación póstuma de Thomas Hobbes en 1681 sobre la guerra civil inglesa.

En consecuencia los acontecimientos ocurridos entre la entrevista Díaz-Creelman en 1908 y la promulgación de la Ley Electoral de 1911 se desarrollaron bajo la trama de una revuelta que, paulatinamente, fue tomando el tinte de lo que un revisionista como Ramón Eduardo Ruiz llamó “una gran rebelión”[5] que comenzó con el hostigamiento de Emiliano Zapata en 1911 y que siguió su curso hasta las decena trágica de 1913, siendo Venustiano Carranza quien desde la doctrina del Plan de Guadalupe, en perfecta tónica con el siglo XIX mexicano:

“Presentó una situación de ruptura del pacto federal en el sentido de que los poderes federales fueron considerados ilegítimos e inconstitucionales por parte de los poderes de los estados soberanos de la unión mexicana. La historia nos permite rescatar el espesor del federalismo mexicano al constatar la fuerza del movimiento constitucional por el cual, roto el pacto federal, la soberanía revertía a los estados”.[6]

Marcando el leitmotiv de una república escindida en una guerra de resistencias periféricas, largamente extendida y desgastante en virtud de la sistemática emergencia de distensiones bipolares: grupos antirreeleccionistas contra científicos, renovadores contra disidentes, constitucionalistas desafiando a restauradores y hasta convencionistas contra constitucionalistas –figura I–. En suma una serie de tensiones infinitas y alternantes que convirtieron la pacificación nacional en un proyecto que, todavía para 1920, era poco redituable.

No hay duda de que nuestra revolución –según los tipos ideales de Chalmers Johnson– se suscribió a las formalidades de “una insurrección masiva y organizada” que antecedió –y prosiguió– a “un golpe de Estado conspiratorio”; no obstante este debate no responde todavía a la pregunta sobre los orígenes del último proceso “heredero del modelo de la revolución francesa”.[7] Desde la perspectiva de James C. Davis en “Toward a theory of revolution” (1962):

El ímpetu fundamental hacia una contingencia de tipo revolucionaria de ordinario se genera por el crecimiento económico rápido seguido inmediatamente por una fase de ocaso (…) es decir, las expectativas de ascenso constante, recién creadas por el periodo de crecimiento, se alejan cada vez más de la satisfacción real de las necesidades. Por lo tanto la revolución venturosa no es obra de los desposeídos, ni de los hartos, sino de aquellos cuya situación real no mejora a la celeridad de lo que esperan”.[8]

No es una casualidad, esta vez siguiendo un artículo firmado por James C. Davis titulado “The anatomy of revolution” (1965), que la primera fase de operación de estas revoluciones esté dominada por “elementos burgueses moderados” –el proceso mexicano no fue la excepción a la regla– predestinados a ser reemplazados por grupos radicales seguidos por una reacción poderosa que, una vez derrotada, abre paso a una autoridad central vigorosa que bajo cierto régimen militar intenta administrar y consolidar las ventajas comparativas de la revolución.[9]

Claramente el debate sobre la tipología y los orígenes queda atravesado por la multiplicidad de “corrientes interpretativas” sobre el sistema y la política mexicana en el siglo XX. Inaugurando la visión clásica actores ilustrados que participaron directamente en el proceso, haciendo uso de una rara mezcla entre el anecdotario y el posicionamiento político, empuñaron la pluma para dar cuenta de los acontecimientos al calor de la construcción de un régimen en formación: Manuel Calero, diputado federal y subsecretario durante el régimen de don Porfirio, ministro durante el gobierno de transición y secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero hizo lo propio en “Un decenio de política mexicana” (1920); Manuel Bonilla Gaxiola, quien primero se unió a Madero y luego a Venustiano Carranza hizo claro su proselitismo contra Álvaro Obregón en “Diez años de guerra: sinopsis de la historia verdadera de la revolución mexicana” (1922); sin olvidarnos de Jorge Vera Estañol, último secretario de Instrucción Pública del general Díaz y titular de ese mismo despacho con Victoriano Huerta, en su obra “La revolución mexicana: orígenes y resultados” (1957) dio puntual cuenta del legado perdido de la restauración.[10]

Desde luego la interpretación clásica no sólo se suscribió a los protagonistas de la arenga trágica; Frank Tannenbaum tiene el mérito indiscutible en “The mexican agrarian revolution” (1929) de haber inaugurado formalmente la prolífica producción académica sobre la historia de la revolución mexicana, entendida como un proceso unitario –idea que suscribo con reservas– enmarcado a partir de un levantamiento popular y agrarista homogéneo capaz de marcar la pauta de la transformación del Estado, la sociedad y la clase política auspiciada por el régimen.[11] El estudio de Tannenbaum fue tan persuasivo en su época que medio siglo después se convirtió en el fundamento de la investigación de Charles C. Cumberland “Mexican revolution. The constitucionalist years” (1972):

“Nunca antes en la historia de la nación se había dado tal movilidad física. Los jóvenes que nunca habían ido más allá de los confines de sus municipios antes de 1913, y los trabajadores urbanos que nunca habían viajado fuera del Distrito Federal antes de 1915, descubrieron el campo y las ciudades de los estados norteños en 1916. Probablemente hubo unos doscientos cincuenta mil hombres que vieron vastas regiones de su tierra natal que nunca hubieran podido ver bajo las circunstancias que existían antes (…). Estas grandes migraciones temporales dieron a una generación de mexicanos un concepto más grande de su nación; ayudaron a destruir el concepto de patria chica y desarrollaron la idea de patria”.[12]

En esa secuencia Hans Werner Tobler en “La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1840” (1984) se dedicó minuciosamente a demostrar que por su estructura y desarrollo nuestra revolución, lejos de ser una simple rebelión, se encuentra a la altura de las experiencias revolucionarias sociales ocurridas en Rusia y China.[13] Alan Knight por su parte, en una obra de dos tomos titulada “The mexican revolution” (1986), se encargó de diferenciar “la revolución popular y agrarista” de aquella que emergió a partir de 1920 con características marcadamente “estatistas”, focalizando el proceso –un rasgo coincidente con algunos marxistas– donde el desarrollo del capitalismo encontraban un crecimiento sostenido; razón suficiente para afirmar que aquellos lugares “donde mandaba la plantocracia, la revolución no entraba”.[14] Incluso John Mason Hart, quien también pertenece a la tradición clásica, en su célebre “Revolucionary Mexico: the coming and process of the mexican revolution (1987) se concentró decididamente en demostrar que el nacionalismo fue una de las grandes fuerzas impulsoras del conflicto.[15]

A la par del famoso “paradigma clásico” nuevas perspectivas emergieron ampliando el debate e intercambiando selectivamente algunos argumentos; así fue como desde los años 70 del siglo pasado interpretaciones autoritarias, pluralistas, marxistas y hasta revisionistas paulatinamente completaron el espectro historiográfico. En un extraordinario artículo titulado “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano” (1993), Juan Molinar Horcasitas puntualizó:

“Dice Lawrence Koslow que son tres los paradigmas dominantes en el análisis de la política mexicana: el autoritario, sostenido por Frank Brandenburg, Kenneth Jhonson, Octavio Paz y en algunos escritos de Susan Kaufmann Purcell, entre otros; el del autoritarismo limitado, impulsado por James D. Cockcroft, Richard Fagen y parte de la obra de Susan Kaufman y Robert Scott y el paradigma no autoritario unipartidista, en donde se incluye el trabajo principal de Robert Scott sobre México y las investigaciones de Martin Needler, Vincent Padgett y William Tucker”.[16]

De ese abanico de opciones enfocadas en el principio de la autoridad destaca la tesis doctoral de Susan Kaufman “Decision-making in an autoritarian regime: the case of Mexico” (1970) y su idea sui generis de “una élite unida por consenso programático” a través del cual se construyó la estabilidad política durante los años treinta “entre representantes de las clases bajas y las clases medias revolucionarias”, hecho que en su opinión exhibe que el sistema político mexicano “no se sostiene en instituciones, sino en la rígida disciplina de las élites” que rara vez se atrevieron a sobrepasar el límite de la negociación.[17]

Desde luego cada página a continuación refuta la idea central de Kaufman; no obstante mi investigación tiene un par de deudas indirectas con la interpretación autoritaria: ambas se encuentra en la obra de Roger Hansen “La política del desarrollo mexicano” (1971) que, entre otros pormenores, afirma la existencia de “una política indígena y una política mestiza”, dejando en claro que sus interacciones determinan la dinámica histórica de México y que cuando “en 1910 ambas sociedades estallaron, lanzaron al país a una vorágine sin cabeza hasta que el fracaso de la rebelión Delahuertista puso fin al caos”.[18] Evidentemente Hansen se inspiró en la obra clásica de John Womack “Zapata y la revolución mexicana” (1969) donde se explicó el ocaso de don Porfirio, de una dictadura soberana de más tres décadas de persistencia, bajo esos mismos esquemas:

“Díaz gobernaba dos repúblicas, su propio México oficial de caballeros de levita y una raída y descontenta república de parias. Cuando se abría una disputa entre Díaz y esa otra república desarrapada, los viejos jefes arrinconados desde la década de 1870 eran los únicos que podían mediar”.[19]

No sólo suscribo –al igual que Hansen– la opinión de Womack; convertí esta misma temática, por su amplitud explicativa y el conocimiento profundo sobre la política del siglo XIX mexicano, en el arranque formal de mi primer capítulo. La otra deuda con la interpretación autoritaria también nos remite a un texto anterior, “The political order in changing societies” (1968) de Samuel P. Huntington, y se suscribe a la aplicación del término “pretoriano” –Hansen es el primero en adecuarlo a la revolución mexicana–, y por cierto resulta de mucha utilidad desde el momento en que involucra sistemas de mayor movilización que institucionalización, que parten de la dificultad de centrar y expandir el poder bajo el supuesto de la transmisión recurrente de lealtades de un grupo social a otro     –coaliciones de intereses para el caso–.[20]

Frente a esa cosmovisión autoritaria del sistema y la revolución, y ante el reconocimiento abierto sobre la dificultad de concentrar el poder por parte de las élites revolucionarias surgen otros dos enfoques, pluralistas y marxistas concretamente, que pronto se sumaron al collage historiográfico de la política del siglo XX mexicano. Bajo la primera rúbrica funcionalistas de origen como Everett Hagen en “On the theory of social change” (1962) pregonaron la supremacía de la función en el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna; así como David Truman en “Governmental process” (1951) insistió en la importancia de los grupos en la conformación de las asociaciones políticas de interés.[21] Esta investigación recoge esencialmente ambos matices, intentando emular un justo medio entre el grupo y la función, capaz de comprender a la revolución no sólo como la piedra filosofal del proceso de modernización política en México, sino como la causal inicial de rotación sistemática de la clase política mediante impulsos recurrentes que transcurren entre espasmos de violencia y de democratización abierta.

“Para los pluralistas la revolución presenta facetas racionales básicamente en la expedición de la Constitución de 1917, razón por la cual en un buen número de ocasiones datan en ese año el fin de la vorágine revolucionaria. La otra fecha más socorrida para señalar lo mismo es 1920, ya que entonces tuvo lugar la última revuelta militar exitosa de la época posporfiriana”.[22]

A propósito Howard Cline en “México: revolution to evolution” (1962), incluso Frank Brandenburg en “The making of modern Mexico” (1964), concibieron la revolución de una manera “típicamente pluralista” como una guerra civil que destruyó un régimen estable mediante escenas de violencia extrema; bajo esa misma línea Robert Scott en “Mexican government in transition” (1964) tampoco pasó desapercibida la relación centro versus caciques regionales –centro versus periferia para los trabajos de este documento– correlacionadas desde siempre con el auge y ulterior desgaste de las bases militares y personalistas entretejidas a partir de lucha por el poder político; también Patricia Richmond en “Mexico´s one party democracy” (1961) junto con James Wilkie en “The mexican revolution: federal expenditure and social change since 1910” (1967), registraron correlaciones significativas entre lapsos de violencia revolucionaria y episodios de reconstrucción institucional.[23] Bajo este contexto cobra mucho sentido la interpretación de una revisionista como Alicia Hernández Chávez en “La tradición republicana del buen gobierno” (1993):

“La revolución mexicana no fue, por lo tanto, sólo un gran movimiento popular pluralista sino también un conjunto de movimientos con bases regionales capaces de garantizar gracias a su firme tradición federalista, aún en los momentos más convulsos, alguna forma de gobernabilidad sobre sus territorios”.[24]

No muy lejos de esa temática Judith Hellman en “Mexico in crisis” (1978) reconoció una dupla constante entre “revolución y reconstrucción”, enfatizando los orígenes sociales de los contingentes revolucionarios –en nuestro tratamiento “coaliciones de intereses”– argumentando que “la dinastía norteña –generales hechos terratenientes– se asoció bajo diversas formas con la vieja clase latifundista”, así como con los industriales empresarios para construir un gobierno central fuerte.[25]

A través de los pluralistas hemos vuelto al punto de partida de la interpretación autoritaria: la idea de un conflicto polarizado como secuencia vital de un proceso que, aunque fue capaz de sustituir muchas prácticas del latifundismo, jamás tuvo como consigna la abolición de la propiedad privada. Esquivando esta verdad la interpretación marxista queda satisfactoriamente representada por los trabajos de Víctor Manuel Durand Ponte en “México: la formación de un país independiente” (1979) quien con un pie en “La ideología alemana” (1845) –y otro en la CEPAL– ubicó el origen de nuestra revolución “entre las múltiples contradicciones que el capitalismo dependiente generó entre clases dominantes y dominadas, entre intereses nacionales y extranjeros”, distinguiendo entre comunidades precapitalistas y capitalistas. Una visión no menos obcecada fue la que sostuvo Enrique Semo en “Reflexiones sobre la revolución mexicana” (1979) quien, apelando a “la larga duración” –y seguramente muy influido por la escuela de los Annales–, reconoció el carácter triunfador de la burguesía argumentándolo de una forma singular:

“La única manera científica de estudiar la revolución mexicana es como parte de un ciclo de revoluciones burguesas que se inicia con la transición de nuestro país al capitalismo y que termina en el momento en que la burguesía pierde toda reserva revolucionaria, es decir, toda capacidad de plantear y resolver los problemas de desarrollo del capitalismo  por el camino revolucionario. ¿Cuándo se inicia este ciclo de revoluciones burguesas? Con la revolución de independencia. ¿Cuándo termina? Considero que termina en 1940”.[26]

Otros marxistas todavía más extremistas como Donald Hodge y Grandy Ross en “El destino de la revolución mexicana” (1972) llevaron la herencia francesa al extremo de  los Cuadernos de París (1844) afirmando que el año de 1910 atestiguó el nacimiento de una revolución política, pero de tipo “buroctática bonaprtista”, entendido esto como “una forma permanente, específica del Estado capitalista que surge después de la revolución”, y que no tardó en convertirse en una genuina “revolución social burguesa” predestinada a abrir paso al socialismo gracias a una cofradía –anti– histórica entre la burocracia y el proletariado.[27]

Arnaldo Córdova siendo parte de la interpretación marxista, e intentando lo que muchos “ortodoxos” jamás se atrevieron, tensar los argumentos y aplicar juiciosamente –y con reservas– las ideas doctrinarias del “Manifiesto del partido comunista” (1848); en un conjunto de trabajos encabezados por “La formación del poder político en México” (1972), “La ideología de la revolución mexicana” (1973), “Las reformas sociales y la tecnocracia del Estado mexicano” (1974) así como “México: revolución burguesa y política de masas” (1977) presentó una adecuación muy sugerente: en su opinión en este país se desató una versión inédita de la revolución burguesa, la populista, predestinada no a la instauración del socialismo sino al creciente “reformismo social de su élite política”.

“El Plan de San Luis obligaba a Madero a devolver tierras a los campesinos despojados por haber sido consideradas sus antiguas propiedades como “terrenos baldíos”; y aunque la modalidad de dicha restitución resultó ser muy incierta, dado que sólo una pequeña parte de los afectados había perdido sus parcelas a causa de la implementación de la Ley Federal de Terrenos Baldíos, esa endeble “promesa social” bastó para desatar el mayor levantamiento rural desde la revolución de independencia de 1810”.[28]

“Lo más notable de la revolución mexicana fue la relativa rapidez con que los grupos de clase media que se oponían a la dictadura lograron asimilar en sus programas políticos y en su ideología las reivindicaciones de los campesinos y, al mismo tiempo, ponerse a la cabeza del movimiento campesino mismo”.[29]

La incapacidad de “las élites campesinas” para formular un proyecto político capaz de ser aplicado a escala nacional, así como la capitalización de esa agenda por parte de “las élites pequeñoburguesas” –renovadores y constitucionalistas según nuestro tratamiento– constituye la gran deuda de mi investigación con la interpretación marxista de Arnaldo Córdova.[30]

La esterilidad de la mayoría de los ejercicios marxistas, las contradicciones del socialismo realmente existe y su correlación desafortunada con experiencias totalitarias, así como el movimiento de 1968, la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la guerra fría incentivaron el nacimiento de nueva camada de investigadores dedicados a “revisitar” los hechos y los discursos de “la primera revolución del siglo XX” pero, en esta ocasión, bajo una intención decididamente casuística, a partir del estudio de escenas regionales que partieron de la incidencia de las relaciones entre el centro y periferia para, en una segunda posición, poner en duda todo aquello que la tradición clásica pregonaba: el carácter popular, nacionalista y agrarista de la revolución.

Los revisionistas, de las cinco escuelas de interpretación existentes, representan la producción más basta y compleja de todas; profundizar sobre sus cartas credenciales desborda los límites de este trabajo, sin embargo intentaré presentar dos casos emblemáticos: el primero se suscribe al trabajo icónico de Friedrich Katz quien reveló, en “The secret war in Mexico: Europe, the United States and the mexican revolution” (1981), que la revolución no sólo fue un movimiento de masas sino también de ciudades, que careció de cualquier “terror organizado” contra la vieja clase dominante –algo que pasó de noche para muchos marxistas–, además de haber encontrado una correlación evidente entre la injerencia extranjera, siempre coincidente con los momentos más convulsos del proceso, y el avance económico de Estados Unidos en México, sin olvidarnos de sus reflexiones sobre el “porfirismo” natural de Carranza; al respecto opinó:

“Fue un porfirista desde el momento en que supo jugar con los diferentes generales poniendo a uno contra otro: Ángeles contra Obregón. Obregón contra Ángeles, Obregón contra Pablo González, Pablo González contra Obregón, Maytorena contra Obregón, Obregón contra Maytorena. Este juego le permitió a Carranza mantener el equilibrio; la rivalidad le permitió también consolidar su poder”.[31]

A propósito quizá la aportación más importante de los revisionistas –además de la vasta producción de estudios regionales sobre la revolución– consistió en investigar a profundidad las continuidades entre la dictadura y el nuevo orden.[32] En ese tenor Françoise Xavier Guerra en su imprescindible obra “México: del antiguo régimen a la revolución” (1985), siguiendo las enseñanzas de Alexis de Tocqueville y Françoise Furet, intentó por primera vez conciliar la dictadura de Díaz con la reforma liberal del siglo XIX y con el tipo de centralización política que emergió como producto de la revolución constitucionalista:

“Es evidente que el régimen de Porfirio Díaz no es una democracia (…) sin embargo la reflexión de la época sobre el Porfiriato no cesa de invocar esa cumbre del liberalismo mexicano que es la Constitución de 1857. Siempre en vigor, en lo esencial, bajo el Porfiriato, goza de una autoridad que no soñaban en impugnar ni los partidarios ni los adversarios del régimen (…) el federalismo no es menos formal (…) [y pese a ello] la división de poderes no existe. Los parlamentarios y los jueces son designados por el presidente. La docilidad con la que siguen sus decisiones personales es el testimonio político de un poder por fin unificado a nivel nacional”.[33]

La influencia de este modelo le permitió a la presente investigación: “Ingeniería institucional y estabilidad política: el México revolucionario, 1908-1920” (2013) nutrirse de la aportación clásica y usar, desde una posición absolutamente revisionista, las variables del institucionalismo ya implementadas por Roger Hansen en “La política del desarrollo mexicano” (1971) para el estudio de la revolución mexicana, y de manera mucho más sofisticada por Luis Medina Peña en “Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994” (1994), con el propósito de ubicar en el proceso mexicano un “pathos del conflicto” a la luz de las relaciones entre el centro y la periferia expresadas a través de distensiones múltiples agrupadas en esquemas bipolares, sucesivos y alternantes que necesitaron de al menos treinta años de estabilidad porfirista para emerger y afirmar su incompatibilidad con el régimen político del cual era un producto indiscutible. Esta modesta contribución intenta acentuar el papel de las instituciones para dar cuenta de la construcción del nuevo orden en una revolución decisiva para nuestra historia reciente.

*Fragmento tomado de: Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, pp. 14-26.  

BIBLIOGRAFÍA:

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Guerra, Françoise Xavier, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo I y II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

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Hernández Chávez, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Huntington, Samuel P., El orden político en las sociedades de cambio, Barcelona, Paidós, 1997.

Katz, Friederich; Claudio Lomnitz, El Porfiriato y la revolución en la historia de México. Conversación, México, Era, 2011.

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Stone, Lawrence, “Puntos de vista académicos recientes acerca de la Revolución”, en Lawrence Kaplan (compilador), Revoluciones. Un estudio comparativo de Cromwell a Castro¸ México, volumen I, Extemporáneos, 1977, pp. 61-90.

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Weber, Max, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

Womack, John Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008.


[1] De acuerdo a la concepción clásica un tipo ideal “se obtiene mediante el realce unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente en un cuadro conceptual en sí unitario” –las cursivas son de Weber–. Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 79.  

[2] En Lawrence Stone, “Puntos de vista académicos recientes acerca de la Revolución”, en Lawrence Kaplan (compilador), Revoluciones. Un estudio comparativo de Cromwell a Castro¸ México, volumen I, Extemporáneos, 1977, pp. 65-67.

[3] La expresión ha sido muy utilizada por Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 165.

[4] Stone, “Puntos”, 1977, pp. 70-71.

[5] Ramón Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, México, Era, 1984.

[6] Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 175.

[7] Ruiz, Rebelión, 1984, pp. 136-139.

[8] En Stone, “Puntos”, 1977, pp. 78-79.

[9] En Stone “Puntos”, 1977, pp. 82-83.

[10] Luis Barrón, Historias de la revolución mexicana, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 27.

[11] Barrón, Historias, 2004, p. 28.

[12] Charles, C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 250. Las cursivas son del autor.

[13] Hans Werner Tobler, La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza Editorial, 1997.

[14] Alan Knight, The mexican revolution: from porfiriato to revolution, volume II, Nebraska, University of Nebraska, 2003, p. 53.

[15] John M., Hart, El México revolucionario. Gestación y proceso de la revolución mexicana, México, Alianza Editorial, 1997. Véase Barrón, Historias, 2004, pp. 36-37.

[16] La cita hace referencia a “The Future of Mexico” publicada originalmente por Lawrence Koslow en 1977. Véase Juan Molinar Horcasitas, “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano”, en Revista Mexicana de Sociología., México, año LV, número 2, abril-junio, 1993, p. 4. Las cursivas son mías.

[17] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 26-27.

[18] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 27.

[19] John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008, p. 20.

[20] Samuel P., Huntington, El orden político en las sociedades de cambio, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 81 & 177-194.

[21] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 6-7.

[22] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 9.

[23] Desde luego existen muchos otros trabajos de corte pluralista, entre ellos destaca la aportación casi bibliográfica de Stanley R. Ross “Francisco I. Madero. Apostole of mexican democrcay” (1955), dos tomos producto del esfuerzo de Jesús Silva Herzog titulados “Breve historia de la revolución mexicana” (1960), la obra de Robert E. Quirk “The mexican revolution, 1914-1915: The Convention of Aguascalientes” (1960), así como la investigación de Eric Wolf “Peasant wars of the Twentieth Century” (1969). Barrón, Historias, 2004, p. 28. Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 13-16.

[24] Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 119.

[25] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 18-19.

[26] Véase Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 19993, p. 41.

[27] Al respecto no podemos pasar por alto la lectura de Adolfo Gilly en “La revolución interrumpida. México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder” (1970), seguramente teniendo como modelo la idea original de “revolución permanente” de Lev Trostki supuso que el proceso mexicano se interrumpió cuando los ejércitos de Villa y Zapata fueron derrotados en 1915, para continuar posterior a la asesinato de Carranza y, una vez más detenerse por completo en 1940. Si bien mi investigación utiliza con mucha frecuencia la simbiosis entre continuidad y ruptura; los contenidos de Gilly no sólo no tienen cabida en mi análisis sino que son desmentidos abiertamente en el segundo capítulo de esta obra. Ahora bien, independientemente de la ausencia de sentido de estas interpretaciones destaca el hecho de que la visión marxista que ha hecho de la revolución mexicana una de sus principales preocupaciones, jamás logró superar el debate sobre el origen y la tipología del proceso. Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México, Era, 2009, pp. 64-85 y 324-353. Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 39-43.

[28] Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 21.

[29] Véase Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 48.

[30] Otras interpretaciones de corte marxista no menos relevantes se suscriben a los trabajos de James Cockcroft “Intellectual precursors of the mexican revolution, 1900-1913” (1968), así como a la obra tardíamente traducida de Jean Meyer “La revolution mexicaine, 1910-19402 (1973).

[31] Friederich Katz, Claudio Lomnitz, El Porfiriato y la revolución en la historia de México. Conversación, México, Era, 2011, p. 112 y 127.

[32] Entre las historias regionales destacan: Romana Falcón “Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938” (1976); Mark Wasserman “The social origins of the 1910 revolution in Chihuahua” (1980); así como la obra conjunta de Thomas Benjamin y Mark Wasserman “Provinces of the revolution. Essays on regional mexican history, 1910-1929” (1990); además de la investigación de Paul Gerner “La revolución en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo en las montañas de Oaxaca, 1910-1920” (1988). Véase Barrón, Historias, 2004, p. 32.

[33] Françoise Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 329-330.

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DIALÉCTICA DE LA REVOLUCIÓN

Delacroix

La sentencia de Marx, la «violencia es la partera de toda vieja sociedad preñada de otra nueva», es decir de todo cambio en la historia y la política, sólo resume la convicción de la Época Moderna y saca las consecuencias de su profunda creencia en que la historia la «hacen» los hombres de la misma manera en que la naturaleza la «hace» Dios”.

Hannah Arendt

“Puede decirse que todo lo que sabemos, es decir, todo lo que podemos, ha acabado por enfrentarse con lo que somos”.

Paul Valéry

La violencia, contraria a todo raciocino y cálculo estratégico, proviene de la espontaneidad, de la afirmación de la condición subjetiva y, en algunas ocasiones, de la defensa frente al libre ejercicio de la diferencia. Al respecto los sistemas jurídicos del mundo han tomado infinidad de precauciones; incluso la educación como sistema social ha estado orientada a atenuar nuestra proclividad a vivir –o más bien a extinguirnos– en un estado de naturaleza. La pregunta sigue siendo la misma que planteó Georges Sorel en 1906: ¿qué clase de instinto nos ha llevado a pensar que todo acto de violencia constituye la manifestación de un retroceso hacia la barbarie?[1] O más bien aquella que Max Horkheimer y Theodor W. Adorno replantearon en 1944: ¿por qué la humanidad, en lugar de estar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie?[2]

La violencia no es un destino romántico. Como en ningún otro sitio en los asuntos humanos la fortuna desempeña un papel abiertamente fatalista; en tanto que la promesa del progreso –casi siempre aunada a ella–, de un supuesto regreso necesario pero temporal, ha colmado la más seria y compleja superstición de nuestra época. Pero hagamos a un lado el progreso como un indicador de cambio político; reconozcamos en la violencia lo único inmanente a ella: “la más flagrante manifestación de poder”.[3] En ese sentido el poder es un instrumento de mando que debe su origen, como lo advirtió Max Weber, a “un instinto de dominación” y, en consecuencia, “a un tipo de violencia mitigada” según la interpretación de Passerin d´Entrèves.[4] El ciclo pernicioso entre poder y violencia, entre los mecanismos de distribución propios de las instituciones políticas y los instrumentos que supone la dominación existente, ocultan un tercero ausente; me refiero al consentimiento.

Desde Platón la tradición del pensamiento político occidental ha sostenido la misma teología: toda organización supone obediencia a los superiores y a las leyes del país. “Todo esto suena tan plausible que cuesta trabajo descubrir la falacia” pues todas las formas de gobierno, incluso las más autocráticas y tiránicas, se basan en el consentimiento, y el contrasentido estriba precisamente en la equiparación de dos opuestos absolutos: el consentimiento con la obediencia.[5] Ya lo decía quizá el único teórico político que basó su geometría corpórea en el miedo como sustento de la acción, Thomas Hobbes en su Leviatán de 1651:

“Quienes tienen poder soberano pueden cometer iniquidad pero no injusticia o injuria (…) si el soberano ordena a un hombre –aunque injustamente condenado– que se mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes le ataquen, o que se abstenga del uso de los alimentos, del aire, de la medicina o de cualquier otra cosa, sin la cual no puede vivir, ese hombre tiene libertad para desobedecer. (…) La naturaleza de esa ofensa consiste en la renuncia a la subordinación, lo cual constituye una recaída a la condición de guerra, comúnmente llamada rebelión; y quienes así ofenden no sufren como súbditos, sino como enemigos, ya que la rebelión no es sino guerra renovada”.[6]

Una teoría de la guerra –o una teoría de la revolución– sólo pueden ocuparse de la justificación de la violencia. Sin embargo ocurre que esa justificación es precisamente su limitación, y da la casualidad que hemos abandonado el sendero de la política para adentrarnos al pantano de la antipolítica, cuando esa justificación se convierte precisamente en su glorificación.[7] En ese contexto la resistencia a la opresión adquiere ropajes legitimistas, e incluso racionales según devenga la diversidad de la materia, así desde ese peligroso binomio entre “violencia oficialista y violencia espontánea” existe una cláusula irreductible en todos los casos: la superioridad de las instituciones políticas sólo resulta absoluta en tanto permanezcan intactas las estructuras del poder.  De lo contrario:

“Donde las órdenes no son ya obedecidas, los medios de violencia ya no tienen ninguna utilidad; y la cuestión de esta obediencia no es decidida por la relación mando-obediencia sino por la opinión y, desde luego, por el número de quienes la comparten”.[8]

La obediencia civil constituye una manifestación exterior, de apoyo y asentimiento colectivo frente aquel poder gubernamental, organizado e institucionalizado que no necesita justificación sino más bien legitimación; en ese tenor la violencia puede ser justificable pero nunca verdaderamente legitimada. El punto máximo de esta peligrosa tendencia ocurre cuando la violencia no abdica, cuando ha destruido todo poder ejerciendo un completo control e imponiendo el terror como forma única de gobierno. En ese caso la violencia destruye al poder; al tiempo que resulta absolutamente incapaz para crearlo. A esta altura de la reflexión valdría la pena preguntarse si en algún escenario concreto “¿la violencia pudiera ser la resultante de una consecuencia racional?” Sólo podría serlo “hasta el punto en que resulte efectiva para alcanzar el fin que debe justificarla”; el problema radica en que cuando actuamos carecemos de una bitácora sobre las consecuencias eventuales de nuestras propias acciones, en consecuencia la violencia sólo puede ser racional en tanto persiga fines a corto plazo, de otro modo lo único que consigue es dramatizar los agravios y postrarlos frente a una mirada pública relativamente cautiva.[9]

Casi sin advertirlo hemos allanado en el peligroso camino de “la violencia revolucionaria”. Aristóteles, rodeando el argumento platónico, advirtió que la revolución no es un tempo alternante sino un leitmotiv degenerativo y vinculante que se reproduce a partir de tensiones significativas entre gobernantes y gobernados ocurrida en contextos de gran desigualdad. Desde esta perspectiva una revolución puede desencadenar en tres escenarios altamente diferenciados: a) es capaz de menoscabar el principio del gobierno vigente sustituyéndolo por otro de naturaleza contraria; b) puede cimentar un mando de tipo personalista respetando la constitución vigente; c) o en su defecto fortificar o relajar, de manera convenientemente selectiva para quién encabeza el gobierno recién impuesto, algún principio inserto en la constitución originaria.[10] De cualquier modo cada caso es motivado por la ausencia de un “justo medio” existente entre la igualdad relativa al mérito y aquella concerniente al número.

El remedio ha resultado peor que la enfermedad. El propio Aristóteles reconocía que cuando una forma nueva de democracia sustituye a otra antigua no concurren mayores aspavientos; pero todo lo contrario acontece cuando dentro del seno de una oligarquía nace otra diferente: la combinación entre estos dos sistemas, sin mecanismos que atemperen los principios de una y otra forma, resulta ser la causa de la irrupción violenta en el equilibrio de la res publica. En ese contexto la oligarquía se torna exagerada en su forma transfigurando el contenido de la democracia en una demagogia extrema. Tal vez este sea el origen de los principios tiránicos que potencialmente recubren la función de todo Estado.[11]

Me parece que hemos llegado a una conclusión casi florentina: el problema de la revolución no radica en la forma o en el equilibrio de la misma, sino en los ordenamientos preexistentes en cada caso:

“Pero permaneciendo estables los ordenamientos del estado, que con aquella corrupción ya no eran apropiados, las leyes renovadas no bastaban para mantener buenos a los hombres; y hubieran sido más beneficiosas si, con la innovación de las leyes, se hubieran modificado también los ordenamientos”.[12]

Maquiavelo convirtió la polifonía del mundo antiguo en una reforma preventiva motivada por la mala hechura de los ordenamientos que configuran la acción al interior del espacio público; en apariencia la preocupación republicana del siglo XVI estriba en que la virtud y la fortuna surgen como mecanismos antagónicos predispuestos a ser atemperados por un elemento estabilizador: la costumbre dada por la diversidad de la materia.[13] O dicho de manera más precisa: “sempre una mutazione lascia lo addelantallato per la edificazione dell’altra”.[14] La afirmación constriñe la génesis de una innovación sistemáticamente anclada el pasado que la precede, y aquí es precisamente donde cobra importancia el imperativo de la virtù para darle forma a la materia de la fortuna en un mundo parcialmente predecible pero absolutamente ingobernable.[15]

De este modo la revolución –siendo la gran exportación del renacimiento al mundo ilustrado– se convirtió en un proceso de transformación radical de la sociedad, una reforma integral capaz de emprender una renovatio ab imis fundamentis; mientras que la acción revolucionaria quedó suscrita a una expresión prácticamente teológica: “la réalité est la politique”.[16]

“Cependant, l’ordre de la politique demeure spécifique; il engendre des actions dont le sens est fixé par les lois qui gouvernent les rapports de force. Il impose l’usage de moyens qui ne se laissent pas accorder immédiatement avec les fines de la Révolution”.[17]

Con Maquiavelo la tradición del pensamiento político occidental llegó a un punto de no-retorno. Con la marcha de los siglos el hecho se traduciría a una premisa aterradora: el pensamiento “ta tōn anthrōpōn pragmata” –se ha separado por completo de la acción–.[18] Entre los siglos XVII y XVIII Inglaterra experimentó una desintegración parcial y selectiva del antiguo orden motivada por sectores sociales afectados negativamente por las tendencias económicas estamentales de larga duración, tras consumarse la faena pretoriana el camino quedó libre para el florecimiento de nuevas instituciones como la democracia parlamentaria y el modo de producción capitalista. Un siglo después en Francia el sistema de privilegios también entraba lentamente en barrena, los reajustes de la economía feudal combinados con los del absolutismo real eran insuficientes para llevar a buen término la consumación de una economía capitalista. En cada caso las nuevas embestidas retorcían al antiguo régimen al punto de hacer de las relaciones de producción –de dominación– el gran terreno de contienda entre la monarquía, el campesinado y las clases privilegiadas.[19]

Para la Europa ilustrada la revolución seguía siendo un tipo de irrupción violenta, sólo que esta vez –a diferencia del renacimiento o la época clásica– escindida en dos momentos de retrogresión: el primero consistía en la abolición de las instituciones del pasado monárquico; mientras que el segundo involucraba la restauración de la virtud sepultada por el mismo.[20] A esta altura de nuestra reflexión valdría la pena formular una pregunta: ¿qué es la revolución? Un momento constructivo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Una parte del todo. ¿Qué pide? Reformar los ordenamientos subsecuentes; la paráfrasis sostenida con Sieyes no es obra de la causalidad: el tiempo histórico que va de 1642 –fecha de la primera asonada inglesa– a la toma de la Bastilla de 1789 se ha erigido como el auténtico corsi e ricorsi  –para rescatar una vieja expresión usada por Vico– del proyecto de modernidad en occidente.[21] Dicho esto en palabras de Tocqueville:

“Así, son muchísimas las leyes y costumbres políticas del Antiguo Régimen que desaparecen de golpe en 1789 y que resurgen años después, como ciertos ríos que se hunden en tierra para reaparecer poco más lejos, dejando ver las mismas aguas en nuevas riberas”.[22]

No demasiado lejos del pensamiento maquiavélico la dialéctica preexistente entre reforma y revolución fue sintetizada por Tocqueville bajo la impronta de la innovación.[23] Sólo que llevada a un extremo que el pensador florentino jamás imaginó: la centralización –entendida esta vez como una acepción al concepto de persistencia– que debía primar sobre la costumbre, alimentar a la autoridad pública secular para finalmente acabar con la aristocracia y las jerarquías feudales del momento.[24] Concebida la revolución como un pathos de distensión y progreso no tardó en encontrar su antítesis inmediata, motivada por el alzamiento de las masas populares que veían amenazados los esquemas tradicionales de su supervivencia; así fue como entró en escena la contrarrevolución: como “una respuesta violenta a la violencia anticipada” asociada negativamente a la idea de contraofensiva libertaria.[25]

“Esto hizo que la Revolución aparentara ser todavía más grande de lo que era; parecía destruirlo todo pues lo que destruía interesaba a todo y, en cierto modo, se incorporaba a todo”.[26]

En contraste la “ley común de Europa”, aquella que Edmund Burke salvaguardaba con meticuloso apasionamiento, quedaba parcialmente abolida por la Francia republicana.[27] Y dado que la fuerza revolucionaria implicó una construcción de-constructiva ampliamente selectiva, vía una retrogresión sustantiva, la existencia de archipiélagos del antiguo orden capaces de transportarse casi en su totalidad a los contextos de la sociedad futura no sólo era posible, sino inevitable, al menos hasta que las prácticas del nuevo régimen hayan completado su patrón de institucionalización.[28] Esta extraña dinámica de estructuración “contrapuesta” permitió que la antípoda contrarrevolucionara coexistiera –y en algunos casos hasta coincidiera– con atisbos transitorios tales como la restauración, otro momento dialéctico negativo que implicaba el retorno pasajero del arcaico ordo saeclorum.[29]

“La Revolución se hizo para preservar nuestras antiguas, indisputables leyes y libertades, y esa antigua Constitución de gobierno que es nuestra única garantía de ley y libertad (…) Así, preservando el método de la naturaleza en la manera de hacer funcionar al Estado, nunca somos del todo nuevos en aquellas cosas que mejoramos; nunca somos totalmente obsoletos en aquellas cosas que retenemos”.[30]  

Pese a sus diferencias irreconciliables tanto Burke como Tocqueville coincidieron en una premisa inexorable: el concepto de reforma, entendido como el justo medio entre la tradición y la vanguardia, resulta ser inherente a la gresca revolucionaria. La reforma atempera la violencia, evita su convulsión radical manteniendo el equilibrio al interior de la forma pues “cuando las partes útiles de un viejo establishment son conservadas y las cosas nuevas que se le añaden son compatibles con las que se han retenido”;[31] lo que ocurre realmente es un esfuerzo preventivo ante posibles derrames en la constitución del Estado. De lo contrario “le grand peur” –sin ser un recurso de acción– posibilita el movimiento extraviando el sentido y los objetivos de la revolución,  tornándose en “un principio anti-político dentro del mundo común”.[32]

Hemos vuelto al punto de hobbesiano partida, pero esta vez motivado por el sistema de contradicciones existente entre los modos de producción y las fuerzas productivas. Al centro de ese intrincado debate “la convicción”, basada casi exclusivamente en “la competencia de las comuniones, cada una de las cuales se cree el Ejército de la Verdad llamado a combatir los Ejércitos del Mal”[33] se colocó al centro de las luchas de emancipación propias de los siglos XIX y XX incentivando la no colaboración colectiva así como las luchas por los derechos obreros, las liberaciones nacionales e incluso las reivindicaciones políticas y sociales propias de las revoluciones socialistas.[34] No pasaría mucho tiempo para que la inversión de la dialéctica hegeliana irrumpiera en la concepción de “progreso” desde el espacio común de la acción, haciendo de la revolución una utopía que necesitó de la contrariedad entre clases para la construcción de una sociedad futura sin clases.[35]

Bajo “la creencia hegeliana en un proceso dialéctico en que la libertad surge directamente de la necesidad” la revolución, reconocida como un concepto-engrane, ha demostrado su amplia capacidad para transfigurar su sentido de acuerdo al tiempo histórico que transita.[36] Durante la segunda mitad del siglo XIX la significación revolucionaria consistió en hacer saltar por los aires los sistemas legales de la burguesía haciendo del conflicto de clases la gran “partera en una vieja sociedad que está preñada por el viejo orden”.[37] En esta ocasión se trataba de emancipar al proletariado –en vez de al ciudadano– mediante la transformación total de las relaciones de dominación comandadas por una dictadura soberana.[38]

“Todas las revoluciones, hasta el presente, han terminado sustituyendo el reinado de una clase determinada por el de otra; pero todas las clases dominantes no han sido, hasta hoy, más que pequeñas minorías en relación con la masa del pueblo dominado (…) Pero si abstraemos el contenido concreto en cada caso, la forma común de todas estas revoluciones era el de ser revoluciones de minorías”.[39]

La sentencia de Engels nos obliga a suponer que las revoluciones burguesas nacieron a la manera de una estructura organizativa tendiente a la conservación –en vez de la transformación– del poder mediante golpeteos constantes entre minorías sucesivamente dominantes; de esta lógica se desprende que el partido político revolucionario, erigido como un Estado dentro del Estado, tenía por objeto destruir la constitución existente para subordinarla a un orden económico y social fundamentalmente diferente.[40]

No muy lejos de los clichés rousseaunianos como “el hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado”;[41] Marx y Engels llamaron a la movilización desde los pasquines de la propaganda partidista: “proletarios de todos los pueblos, uníos en contra del capitalismo, los proletarios no tenemos nada que perder más que las cadenas de nuestra explotación”.[42] Bajo la teología del reemplazo del pactismo republicano por la voluntad general de los proletarios, “unánime y unitaria, siempre recta e imperecedera”; la revolución se transformó decisivamente en la subversión de la sociedad burguesa.[43] La restauración por su parte, en ausencia de su dispositivo simbólico inmediato —la noblesse d’épée– abrió paso a las fuerzas de la reacción a la manera de una defensa orgánica del sistema de privilegios de la constitución capitalista; bajo esa tónica le grand peur no tardó en desencadenar en un handstreich tumultuoso. Sólo entonces la república se volvió contra sí misma, erigiéndose como la forma de destrucción burguesa en vez de su forma natural de evolución; mientras que el proletariado, siendo la fuerza transformadora decisiva, quedó suspendido y entre los paréntesis de “las locomotoras de la historia”.[44]

 Las revoluciones son movimientos involutivos presas, como aseguraba la intuición de Marx:

“[De] la mezcla más abigarrada de clamorosas contradicciones: constitucionales que conspiran abiertamente contra la Constitución; revolucionarios que se confiesan constitucionales; una Asamblea Nacional que quiere ser todopoderosa y que no pasa nunca de parlamentaria; realistas que constituyen los partes conscriptii de la república (…); un poder ejecutivo que encuentra su fuerza en su misma debilidad, y su respetabilidad, en el desprecio que infunde; una república que no es más que la infama combinada de dos monarquías (…); alianzas cuya primera cláusula es la ruptura; en nombre del orden, una agitación salvaje e inane; en nombre de la revolución, la prédica festiva de la tranquilidad; pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas; historia sin acontecimientos; un proceso cuya única fuerza motriz parece ser el calendario, agotado por la continua repetición de las mismas tensiones y distensiones; contradicciones que sólo parecen adquirir altura periódicamente, para adormecerse y desplomarse sin poder resolverse (…). Si hay algún tronco de la historia pintado gris sobre gris, es éste”.[45]

 Trama gris pero jamás desapercibida; “revolución pasiva” a la manera de Gramsci o “permanente” según la acepción de Proudhon pero definitivamente decidida en hachar mano de una violencia que conduce a la liberación de la opresión, “o al menos a la constitución de la liberad” bajo la clave de un nuevo orden político.[46] Entonces, y sólo entonces, podemos hablar de una auténtica revolución.

 *Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2013, pp. 4-14.

 

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[1] Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 239.

[2] Max Horkheimer; Theodor Adorno, Dialéctica de la ilustración, Madrid, Totta, 2005, p. 51.

[3] Para una aproximación más profunda sobre los conceptos de poder y violencia la propia Hannah Arendt  los puntualizó de la siguiente manera: el poder corresponde a la capacidad humana no sólo de actuar sino de actuar concertadamente, nunca resulta en propiedad de un solo individuo pues pertenece a un grupo, y ese poder seguirá existiendo mientras el grupo permanezca unido; en cambio la violencia se distingue por su carácter instrumental, fenomenológicamente está próxima a la potencia, dado que sus instrumentos están diseñados para multiplicar la potencia natural “hasta que, en la última fase de su desarrollo, puedan sustituirla”. Hannah Arendt, Crisis de la república, México, Taurus, 1973, pp. 146-148.

[4] En Arendt, Crisis, 1973, pp. 114-141. Max Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 170-180.

[5] Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio, Barcelona, Paidós, 2007, p. 72.

[6] Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 177 y 260.

[7] Hannah Arendt, Sobre la revolución, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 22.

[8] Arendt, Crisis, 1973, p. 151.   

[9] El poder y la violencia se vinculan con mayor frecuencia cuando el gobierno se concibe como el dominio de un hombre sobre otros hombres por medio de la violencia. Y, sin embargo, el poder y la violencia no son la misma cosa: “donde uno domina absolutamente falta el otro”. Arendt, Crisis, 1973, pp. 151-182.

[10] Aristóteles, Política, Austral, México, 2007, pp. 254-255.

[11] Aristóteles, Política, 2007, pp. 265-268 y 286.    

[12] Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 89.

[13] Maquiavelo, Discursos, 2008, pp. 102-103.

[14] En John Grenville A., Pocock, El momento maquiavélico: el pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica, Madrid, Tecnos, 2002, p. 246. Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 38.   

[15] “La fuerza innovadora, en cuanto que ella misma no es un hecho arbitrario, no puede no ser ya inmanente en el pasado, no puede no ser en cierto sentido ella misma el pasado (…) aquello del pasado que está vivo y en desarrollo, es ella misma conservación-innovación, contiene en sí todo el pasado, digno de desarrollarse y perpetuarse”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Era, tomo IV, 2001, p. 206. Véase: Pocock, Momento, 2002, pp. 245-251.

[16] Claude Lefort, Le travail de l’œuvre Machiavel, Paris, Gallimard, 2008, p. 245. Norberto Bobbio, “Riforme e rivoluzione”, in Michelangelo Bovero (curattore), Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999, p. 548.

[17] Lefort, Travail, 2008, p. 245.

[18] Hannah Arendt, La promesa de la política, Barcelona, Paidós, 2008, pp. 43-44 y 119.

[19] Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno, Barcelona, Ediciones Península, 1991, pp. 24-36 y 62-66.

[20] Arendt, Revolución, 2006, p. 56.

[21] Originalmente la frase fue escrita de la siguiente manera: “¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo”. Arendt continúa: “el hecho de que la palabra «revolución» significase originalmente restauración, algo que para nosotros constituye precisamente su polo opuesto, no es una rareza de la semántica. Las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, que concebimos como un nuevo espíritu, el espíritu de la Edad Moderna, fueron proyectadas como restauraciones”.  Arendt, Revolución, 2006, p. 57. Emmanuel Sieyes, ¿Qué es el Tercer Estado?, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 85.

[22] Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 98.

[23] La dialéctica puede ser entendida a partir del conocido proceso de tres instancias por el cual la tesis conduce, por medio de la antítesis, a la síntesis; al tiempo que esta síntesis se convierte ella misma en una nueva tesis abriendo paso a una secuencia infinita. Aunque ciertamente el aspecto aquí referido atañe al carácter del movimiento histórico que según Hegel es dialéctico y necesario, pues de la revolución y la contrarrevolución nace el movimiento y el contramovimiento “que arrastra a los hombres como flujo irresistible” en el momento mismo en que intentan establecer la libertad sobre la tierra. Arendt, Revolución, 2006, p. 72. Georg W., F., Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México, Porrúa, 2004.

[24] Sobre la centralización Tocqueville aseguró: “es producto del antiguo régimen, y me atrevería a agregar que es la única parte de la constitución política del Antiguo Régimen que ha sobrevivido a la Revolución, porque fue la única que pudo acomodarse al nuevo estado social que creó esta revolución”. Si esto es cierto, prosigue Arendt, “es la secularización en sí misma y no el contenido de la doctrina cristiana la constituye el origen de la revolución. La primera etapa de esta secularización no fue la Reforma sino el desarrollo del absolutismo”. Arendt, Revolución, 2006, p. 32. Tocqueville, Régimen, 2006, p. 114, 125, 141 y 320.

[25] Originalmente la palabra contrarrevolución fue acuñada por Condorcet: “la contrerévolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution”. Arendt, Revolución, 2006, p. 20 y 44. Bobbio, “Riforme”, 1999, p. 563. Moore, Orígenes, 1991, p. 72.

[26] Tocqueville, Antiguo, 2006, p. 126.

[27] Edmund Burke, Reflexiones sobre la revolución francesa, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 128.

[28] Tocqueville, Antiguo, 2006, pp. 168-169.  

[29] Arendt, Revolución, 2006, pp. 246-296.   

[30] Burke, Reflexiones, 2003, p. 65 y 69.

[31] Burke, Reflexiones, 2006, p. 250.

[32] Arendt, Promesa, 2008, p. 104.

[33] Sorel, Reflexiones, 2005, p. 273.

[34] Michael Randle, Resistencia civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 36-45. Sorel, Reflexiones, 2005, p. 273.

[35] La undécima tesis de Feuerbach constituye un inmejorable punto de partida: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata de es transformarlo”. Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, en Ideología alemana, México, Ediciones de Cultura Popular, 1978, p. 229.    

[36] Arendt, Revolución, 2009, p. 84.

[37] Arendt, Promesa, 2008, pp. 125-126. Karl Marx, El capital. Crítica a la economía política, tomo I, volumen 3, México, Siglo XXI, 1998, p. 824.

[38] “Desde el punto de vista de una teoría general del Estado, la dictadura del proletariado –la cual se identificaba con el pueblo–, en cuanto transición a una situación económica en la que el Estado “se extingue”, presupone el concepto de una dictadura soberana, tal y como el que existe en en la teoría y la práctica de la Convención Nacional”. Carl Schmitt, La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 263.

[39] Friederich Engels, “Introducción”, en Karl Marx, Las luchas de clases en Francia, Buenos Aires, Claridad, 2007, p. 13.

[40] Desde la perspectiva de Marx la dicotomía entre dominación burguesa y liberación proletaria resulta pertinente sólo donde la primera se extiende a plenitud, bajo esa condición las raíces materiales de la sociedad feudal pueden ser plenamente extirpadas, hecho que posibilita el surgimiento de una auténtica “revolución proletaria”. No obstante esto sólo será posible cuando la burguesía industrial alcance un punto máximo en su escala de desarrollo a costa de un proletariado alienado por los relaciones de producción capitalista; no obstante dicha condición lo extingue y lo catapulta llevándolo a protagonizar una revolución donde “crea él mismo los medios de producción modernos que llegan a ser otros tantos medios de su liberación revolucionaria”. Marx, Luchas, 2007, pp. 64-65.

[41] “Rousseau identifica la volunté générale con la voluntad del soberano; pero al mismo tiempo se determina cuantitativamente el concepto de lo general, incluso en lo que se refiere al sujeto, es decir, el pueblo se convierte en soberano”. El problema radica en que la unidad que un pueblo representa no tiene ningún carácter decisionista pues más bien se trata de una unidad orgánica. Carl Schmitt, Teología política, Madrid, Trotta, 2009, p. 46. Jean Jacob Rousseau, El contrato social. Principios de derecho político, México, Austral, 2000, p. 37.     

[42] Karl Marx, Friederich Engels, Manifiesto del partido comunista, Moscú, Progreso, 1970, p. 42.  

[43] Arendt, Revolución, 2006, p. 101. Marx, Luchas, 2007, p. 83. Schmitt, Dictadura, 2009, p. 159.

[44] Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Alianza Editorial, 2003, pp. 45-46; Luchas, 2007, p. 147 y 151.

[45] Marx, Dieciocho, 2003, pp. 66-67.

[46] El concepto gramsciano de revolución pasiva debe ser deducido de la mediación dialéctica entre dos principios fundamentales para el materialismo histórico: el primero consiste en que ninguna formación social desaparece mientras las fuerzas productivas que se han desarrollado en ella encuentran todavía lugar para su ulterior movimiento progresivo; el segundo consiste en que ninguna sociedad se impone tareas para cuya solución no se hayan incubado las condiciones necesarias. Por otra parte la revolución permanente consiste en una serie sucesiva de “oleadas” más o menos largas de orden ascendente y descendente que permiten establecer las relaciones entre estructura y superestructuras, tanto como las relaciones existentes entre elementos que se pueden llamar permanentes y ocasionales de la propia estructura. Arendt, Revolución, 2006, p. 45. Gramsci, Cuadernos, tomo II, 1999, pp. 167-169; tomo III, 1984, p. 244; 1999, tomo V, p. 193 y 321.

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EL DERECHO, LA FACULTAD Y LAS TRAMPAS DE LA LEY

Auscultación Derecho

Lo que ha ocurrido en los últimos días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha sentado un precedente pernicioso que a nadie nos conviene: un día antes de celebrarse el proceso de auscultación, originalmente en diez unidades académicas de la máxima casa de estudios, la cobertura mediática lentamente anticipaba el camino de la emboscada, una crisis jurídica sin precedentes se asomaba a través de las notas de los portales electrónicos de las casas de noticias más importantes del estado y la región, a ocho columnas las agencias se debatían entre la celebración y la cancelación de los comicios y había razones suficientes para incentivar la confusión: el Sexto Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla ordenó la suspensión temporal del proceso electoral argumentando la presunta “inconstitucionalidad del artículo 113 fracción II del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”, en virtud de un amparo indirecto interpuesto por Arturo Rivera Pineda a quien la Comisión Electoral le negó la carta de idoneidad por rebasar el límite de edad establecido por la Convocatoria. Una vez que la Comisión fue notificada de la medida precautoria el anuncio oficial no tardó en desatar una serie de contradicciones inesperadas.

Entremos en materia, hablemos de la presunta inconstitucionalidad del artículo 113 fracción II del Estatuto Orgánico. En el marco de los requisitos de elegibilidad de Director de Unidad Académica a la letra dice: “tener más de treinta y menos de sesenta y cinco años a la fecha del nombramiento”; bajo este supuesto la Convocatoria en su Base 2 inciso b sólo se limitó a operar el principio de la norma base. Sin embargo el problema radica en que cualquier requisito elegibilidad es en sí mismo restrictivo, no olvidemos que toda elección parte del principio de la discriminación, no obstante la limitante en cuestión –según el razonamiento del Juez– “transgrede el orden constitucional” a partir de lo estipulado en el artículo primero de la Carta Magna que a la letra establece en su párrafo quinto:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.

El planteamiento del juez, casi por ósmosis constitucional, equiparó el contenido del artículo primero en “una causal de nulidad abstracta” que reforzó con los derechos de ciudadanía consagrados en el artículo 35 de la Ley Fundamental, concretamente con la fracción II que establece: “poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”. Y así fue como a partir de una pirueta jurídica el Sexto Juzgado de Distrito decidió admitir la demanda de garantías promovida por Rivera Pineda, “por propio derecho, contra actos del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla” convocando a audiencia constitucional para los efectos legales el próximo 3 de diciembre de 2013. Cabría resaltar el hecho de que aunque fue la Comisión quien le negó la Carta de Idoneidad, el amparo está dirigido al Consejo Universitario fuente de toda normatividad universitaria.

No obstante detrás de la “pulcritud” de un razonamiento aparentemente jurídico –que se le asignó el número de expediente 1501/2013– se esconden una serie de argumentos demasiado burdos y sin fundamento: en primer lugar destaca el hecho que el artículo 35 constitucional no es competente para el caso en cuestión, los procesos de auscultación para la renovación de los cargos directivos de las unidades académicas de la BUAP no son elecciones populares, y ni siquiera pueden suscribirse a los derechos de la ciudadanía desde el momento en que no todo ciudadano mexicano puede votar en ellos sino únicamente alumnos, académicos y personal administrativo matriculado, incluso para el caso concreto de las preparatorias pueden hacerlo un sinnúmero de estudiantes que carecen de la edad mínima de 18 años que les permite el ejercicio legal de los derechos de ciudadanía.

Ahora bien el artículo primero de la Carta Magna tampoco puede ser extralimitado en sus facultades y utilizarse como una “causal de nulidad” de un procedimiento que, dicho sea de paso, pertenece a los mecanismos de renovación propios de un organismo autónomo constitucional. Premeditadamente el Juzgado Sexto de Distrito abrió una controversia bajo los términos de una antinomia irresoluble –y bastante patética–, pues si bien el artículo consagra el principio de la “no discriminación por edad”; el artículo tercero constitucional en su fracción VII otorga a las universidades autónomas “la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. En términos operativos la miopía de un juez, en la defensa de las garantías de Rivera Pineda, transgredió el derecho de libre sufragio de una comunidad predispuesta a votar el pasado 30 de octubre por el candidato de su preferencia. A propósito bajo la nueva Ley de Amparo los miles de terceros implicados también podemos interpelar la suspensión arbitraria de nuestras garantías frente a los juzgados federales; pero esto sería tan absurdo como si en el año 2018 los ciudadanos mexicanos que se encuentren entre los 18 y 34 años emprendieran acciones legales por la “discriminación” contenida en la fracción II del artículo 82 constitucional que marca los principios de elegibilidad del Ejecutivo Federal a partir de los 35 años, y cabe destacar que en ese rango “de potenciales quejosos” se encontrará cerca del 40 por ciento del padrón electoral.

Pandora se ha desatado y el problema es que no encontramos su caja por ningún sitio: la judicialización del proceso ha iniciado sin siquiera haber permitido que una comunidad adscrita a una unidad académica emitiera un solo sufragio. Rivera Pineda, de contender por la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, si es que eso pretende, tendría que hacer campaña solo, en detrimento de los cuatro candidatos restantes que verán en esa acción de equidad operativa una consecuencia de desventaja sustantiva. Vergonzosamente la lucha en los tribunales refleja los intereses mezquinos de una coalición inconfundible que pretende ganar con amparos lo que es incapaz de conseguir “por derecho propio” con los sufragios.

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