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LA SOCIEDAD DE LOS OTROS DATOS

¿Cuál es el único control exitoso de un gobierno sin contrapesos? La siempre frágil pero gratamente intensa opinión pública. Los reclamos de “la cuarta transformación” a Twitter sobre el manejo de bots adversarios, porque de los aliados no se dijo una sola palabra, pintan de cuerpo completo un gobierno que tiene por objeto “ver quien paga, controlar los mensajes, quién pompó” las redes que de manera sistemática han dejado de ser “benditas” para convertirse en incómodos aparadores donde quedan al descubierto lo inverosímil de “los otros datos” y, con ellos, “un clásico de los gobiernos anteriores”: el manejo descarado de la posverdad como estrategia de simulación gubernamental. 

Hay fracasos tan evidentes que no pueden ocultarse. De acuerdo con los informes recientes del INEGI los actos y el monto de la corrupción en México han crecido durante el gobierno de la 4T: “a nivel nacional la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes. En 2019 el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12,770 mdp, lo que equivale a 3,822 pesos en promedio por persona afectada”. La lectura es simple: los incentivos para recaer en actos de corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios son altamente redituables porque no hay sanciones para los primeros ni separación del cargo para los segundos. Por fin de cuentas, ¿por qué tendríamos menos corrupción si seguimos viviendo en un país sin estado de derecho? 

Ese último rubro, la deficiente procuración de justicia alimentada por un modelo militar fallido, nos lleva directo y sin escalas a la nula intención política -y presupuestal- de combatir la violencia contra las mujeres; no es casualidad que el reclamo de Palacio Nacional a Twitter ocurra en el contexto de la tendencia #NosotrasTenemosOtrosDatos. Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional, en varias ocasiones ha reiterado su preocupación de que los más de 308 feminicidios, 5,519 violaciones y 68,468 casos de violencia familiar ocurridos entre enero y abril del 2020 -cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- no sean escenas lo suficientemente deleznables como para asegurar la inclusión de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 38 programas prioritarios del Gobierno de la República. En ese rubro, en el urgente, no están las mujeres pero lamentablemente sí se encuentran el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía ocupando las primeras filas. 

El otrora “Proyecto Alternativo de Nación” no tiene a la persona humana como su centro, sino una visión trasnochada, contaminante y neoliberal del desarrollo económico. Por supuesto usted tiene todo el derecho de discrepar, a fin de cuentas hoy vivimos en la sociedad de los otros datos, y ese es justo el problema.   

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NUEVA MORTALIDAD

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La curva de contagios mantiene un crecimiento constante, no estamos ni remotamente cerca de haber domado absolutamente nada. Esta semana comenzamos con un acumulado de 51,633 casos confirmados a nivel nacional que han arrojado al borde de la saturación la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México, sólo 23 por ciento del total de camas están disponibles y, para colmo de males, a nivel nacional el personal de salud ha sido la victima predilecta de la pandemia, al menos 8 mil 544 médicos y enfermeras se han infectado por tratar de salvar a sus pacientes con insumos chinos deficientes. La curva sólo es plana en la posverdad estadística del Dr. López-Gatell y verdaderamente catastrófica en las salas de espera de hospitales, funerarias y crematorios; en el corto lapso de dos meses han muerto 5 mil 332 mexicanos a causa de la combinación del Covid-19 con un sistema de salud pública desmantelado desde hace décadas.

Sin embargo eso no está en la óptica de prioridades de Palacio Nacional, en el ensayo que este fin de semana dio a conocer el presidente López Obrador, decía: “la vecindad con la economía más fuerte del mundo en las circunstancias actuales de recesión global nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y crear nuevos empleos”. La línea pudo haberla escrito Salinas de Gortari; y en efecto, el Gobierno de México anteponiendo la razón utilitaria por encima de la razón humana cedió ante las presiones de Donald Trump incursionando en lo que osadamente ha bautizado como “la nueva normalidad”: por decreto la minería, la construcción y la industria del transporte son “sectores esenciales”, desde luego para la acumulación de capital financiero -mayoritariamente norteamericano-, no precisamente para la protección de la vida y la salud de los mexicanos.

En Puebla por ejemplo, con un confinamiento que jamás ha sido estricto gracias a la dependencia de grandes sectores poblaciones del comercio informal combinada con la nula colaboración de la mayoría de los ayuntamientos, y con más de 1474 casos acumulados y 301 fallecidos -datos del lunes pasado-, vamos directo y sin escalas a las nuevas cadenas de contagio que producirán el aumento sistemático de la movilidad productiva; ¿o qué otra cosa podría pasar cuando 37 mil trabajadores relacionados con la industria automotriz regresen paulatinamente a sus centros de trabajo a partir del primero de junio próximo cuando apenas estemos abandonado el pico pandémico?, ¿acaso reducirá la ocupación hospitalaria el retorno de más de 300 empresas afiliadas a las cámaras empresariales?, ¿cuántas vidas a nivel nacional costará restar dos o quizá tres puntos al decrecimiento del PIB nacional? Son preguntas, desafortunadamente el tiempo nos traerá todas las respuestas.

 

 

 

 

 

 

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DE VUELTA EL EJÉRCITO, ¿Y CUÁNDO SE FUERON?

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¿Por qué el presidente López Obrador demoró casi catorce meses para aplicar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que abrió paso a la Guardia Nacional? El 26 de marzo de 2019 el Diario Oficial de la Federación publicó la porción normativa en cuestión: “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura (…) el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”. Este es el fundamento legal del decreto con la que literalmente arrancamos el manejo informativo de la semana y, sin embargo, la pregunta sigue pendiente: ¿por qué hasta ahora?

Decir que desde ayer el ejército está de vuelta en las calles es un despropósito del tamaño de los problemas de México. Los militares desde el sexenio de Felipe Calderón, una política de seguridad interior que la 4T no se atrevió a interrumpir, han hecho visible su cooptación del espacio público siendo responsables de la violación sistemática de garantías individuales; bastaría con revisar el número de recomendaciones emitidas por el CNDH a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina al año siguiente a la declaración de guerra al narcotráfico del jocosamente bautizado “comandante Borolas”: durante 2008 el ombudsman nacional emitió diez recomendaciones por desapariciones forzadas, torturas, cateos ilícitos y detenciones arbitrarias perpetuadas por “el pueblo uniformado”; un número para nada lejano a las seis recomendaciones que el año pasado se interpusieron a los mismos actores casi por las mismas causas.

El desarrollo de la militarización del espacio público nacional es presa de una línea constante, con Guardia Nacional o sin ella los homicidios registrados por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública dicen lo mismo: 7 mil 273, 7 mil 295 y 6 mil 635 correspondientes al primer trimestre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente. Tan sólo en el concentrado de esos nueve meses se han cometido 669 feminicidios acompañados de 11,773 violaciones; en contraste las consignaciones son tan exiguas como bochornoso es el dispendio de 93 mil 760 millones de pesos que este año está presupuestado para la operación de un organismo relevado a una institución de segundo grado, y que además está siendo investigado por casos documentados de extorsión en Ciudad Obregón, Sonora y complicidad con sistemas ilegales en Venustiano Carranza, Puebla.

La pregunta es errónea. No es porqué hasta ahora, sino ¿por qué lo único permanente en la historia reciente de este país ha sido medio siglo de desapariciones forzadas y suspensión de garantías inherentes a la intromisión de los militares en labores de seguridad pública? La respuesta está en el ADN del sistema político que evidentemente aún no se ha transformado.

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EL EPICENTRO NO ES LA RESPUESTA

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Pareciera que existe un consenso estadístico: el Covid-19 es el mismo en todo el mundo, no obstante la aceleración de los contagios dependen de la complejidad de la base productiva nacional, de las contradicciones inherentes al desarrollo y, finalmente, del manejo de políticas de contención sanitaria -preferentemente ocurridas en estado de excepción- destinadas a contrarrestar los estragos de la pandemia.

Siguiendo la sentencia anterior Estados Unidos, con un PIB de 19 mil millones de euros y una población superior a 325 millones, el lunes pasado registró un acumulado de un millón 180 mil contagios y casi 69 mil defunciones; cifras que hacen un fuerte contraste con España con un PIB de mil 200 millones de euros y una población de 47 millones que ese mismo día contaba con 218 mil contagios y 25 mil defunciones. La conclusión puede ser tan premeditada como errónea: el desarrollo económico es una variable significativa en la propagación del virus que tiene en confinamiento a una tercera parte del planeta.

Este modelo se quebraría en muchos sitios, entre ellos donde apareció la pandemia: la República Popular China con un PIB de 11 mil millones de euros y más de mil millones de habitantes, gracias a los buenos oficios de la globalización, contagió al resto de mundo y, sin embargo, logró contener al interior de sus milenarias fronteras 90 mil contagios que sólo cobraron la vida de 4637 habitantes. Como respuesta algunos podrían argumentar que Xi Jinping está a años luz de enfrentar los contrapesos de una auténtica democracia, situación que le facilitó un férreo control de la movilidad gracias a medidas de extremo confinamiento que han visto emerger el mayor estado de excepción nunca antes aplicado a una población tan grande en la historia contemporánea. Esto nos lleva a una segunda conclusión premeditada: el Covid-19 sólo se combate eficazmente con la irrupción del estado constitucional, es decir desde regímenes autoritarios.

El paso de los acontecimientos ha demostrado que ese argumento no se sostiene, no sólo porque todos los países mencionados aplicaron fuertes medidas de excepción, en buena medida gracias al desmantelamiento democrático que vienen experimentando desde hace décadas; sino porque el país que estuvo muy cerca en igualar a China en materia de suspensión de garantías comenzó la semana con 145 mil contagios y 1365 defunciones. Me refiero a la Federación Rusa, y nadie puede decir que Vladímir Putin ha hecho de ese sitio la tierra de las libertades.

Entonces, ¿por qué las grandes economías del mundo, a pesar de sus férreos controles, fueron incapaces de frenar el avance del Coronavirus? La respuesta no está en el epicentro sino en los márgenes del neoliberalismo, en América Latina. Sobre eso le tengo más la próxima entrega.

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EL CARRO DE LOS REFRESCOS

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¿Alguna vez se había usted imaginado al profesor de primaria trepado en el carro de los refrescos para recoger tareas y revisarles las libretas a sus alumnos? La escena fue confirmada por el propio secretario estatal de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez. Desde luego, se trata de una postal accidental que no sería posible si la brecha tecnológica, la desigualdad económica y el subdesarrollo no hubieran infectado desde hace muchos años a la gran mayoría de las familias poblanas dentro y fuera de la mancha metropolitana.

En Puebla, según datos del Coneval, existen más de 3 millones 763 mil personas que se encuentran en situación de pobreza; Internet, bajo éstos infames números, “no puede ser sinónimo de educación a distancia”, parafraseando de nueva cuenta a Melitón Lozano. Sin embargo tampoco puede existir “sana distancia” entre profesores, padres de familia y estudiantes si las rutas de las compañías refresqueras se han convertido en las vías de contacto de docentes que antes de pedir tareas de español y matemáticas deben tocar la puerta de los hogares de sus estudiantes. Se suspendió el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI por mucho menos que eso.

Por su parte, las clases que transmite la SEP federal a través de algunas permisionarias, y que también están disponibles en su sitio web, distan mucho de ser una solución frente al problema de la precariedad y la pandemia; no sólo son antipedagógicas, ¿a qué burócrata sin hijos se le habrá ocurrido que los padres de familia debían despertar a un niño de kínder a las 7:00 am para que aprenda los colores?; sino que además implican un retroceso a un modelo de telesecundaria fallido que nunca acabó con el rezago educativo en las poblaciones más desiguales del país.

Independiente de sus resultados, algunos de los contenidos del programa “Aprende en Casa” son un verdadero insulto para una cuarta parte de la población a la que va dirigido; por ejemplo, la clase de Ciencias Naturales del pasado lunes 27 de abril programada para 5º y 6º año de educación básica decía: “aprenderás a describir causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad, y su prevención mediante una dieta correcta (…) A su vez, reflexionaremos sobre tu alimentación y la de tu familia”. ¿En verdad esto va dirigido a una población de niños, en situación de pobreza alimentaria, que no le pueden poner una pieza de pollo a sus caldos sino mollejas con un poco de jitomate “para que pinte”, acompañadas de una montaña de azúcar contenida en un buen vaso de refresco?

Nadie conoce mejor la realidad de los niños de México que sus propios profesores, de otro modo estarían recibiendo tareas en las carnicerías de los pueblos, y no en el carro de los refrescos.

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LA VERDADERA TRAGEDIA

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En México todos podemos tener “otros datos”, y ese es justo el problema. Desde los primeros días del mes de abril la curva de la pandemia ha entrado en un crecimiento sostenido: el pasado 6 del presente el subsecretario de Salud Hugo López Gatell anunció 2439 contagios que en siete días se convirtieron en 5014, una semanas más tarde –para el 20 de abril- la cifra total era de 8772 personas infectadas de Covid-19. Desde luego mi objetivo no es entrar al ocioso debate de los repuntes de neumonías atípicas e influenzas que supuestamente “encubren más de 71 mil 930 contagios reales”, si multiplicamos la última cifra oficial por 8.2, de acuerdo al consejo del propio subsecretario; esa discusión ni siquiera tiene una utilidad estadística: los casos oficiales y el cálculo de las proyecciones describen una misma curva pero de proporciones diferentes.

Por el contrario, lo que realmente debe preocupar al gobierno, y a la ciudadanía en consecuencia, es la concentración espacial, no la proyección de la propagación. En los últimos quince días casi se cuadriplican las cifras reconocidas por López Gatell; es de esperarse que si este país permanece llamando al confinamiento voluntario, que nadie atiende en zonas populares; si sigue creyendo en las bondades milagrosas de la sana distancia, que resulta imposible para la inmensa mayoría de la población que utiliza el transporte público. En suma, si México se sigue negado a aplicar verdaderas políticas de contención de la actividad productiva dirigidas a espacios focalizados de propagación, los próximos veinte días seremos testigos del arranque de una catástrofe hospitalaria sin precedentes en nuestra historia; no por el alcance numérico de las infecciones: 8772 todavía es una cifra muy lejana a la que registraba Italia y España para la jornada número 54 de contagios -69,200 y 49,500 respectivamente-, sino por su concentración explosiva en las zonas metropolitanas.

Hagamos un muestreo simple. El valle de México arrancó esta semana con 3581 casos confirmados, concentra el 41 por ciento del total nacional; mientras que su letalidad acumulada ha sido de 245 pacientes fallecidos, poco más del 34 por ciento del universo de personas que en los últimos dos meses han muerto por Covid-19. Ahora bien, ¿cuántas camas la secretaría de Salud ha dispuesto, con ventiladores mecánicos, para pacientes graves de Covid-19? Únicamente 1283.

¿Qué hará el gobierno federal en un par de semanas que se hayan triplicado los contagios? ¿La Guardia Nacional aplicará verdaderas medidas de excepción? ¿López Obrador le seguirá apostando al encanto mediático de López Gatell, la nueva celebridad de la pandemia? ¿O quizá, cuando estemos a punto de llegar al clímax de la emergencia, el presidente siga afirmando que los mexicanos nos hemos portado “requetebién”? Creo que usted y yo hemos elegimos el mismo escenario, y esa en sí misma es la verdadera tragedia.

 

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LA REALIDAD DE LA PANDEMIA

IMG_5345.JPGEl Covid-19 ha trastornado nuestras vidas desde el momento en que hemos convertido en cotidiano lo que antes no era, y aunque poco a poco nos estamos acostumbrado a la realidad de la pandemia, nadie en su sano juicio podría normalizar el contagio de un familiar, de un ser querido, incluso de uno mismo.

Es curioso el comportamiento social en tiempos de emergencia: un tercio de los mexicanos han optado por el privilegio del confinamiento mientras que las otras dos terceras partes siguen librando la batalla de su subsistencia en espacios de producción y consumo de alto riesgo, donde es imposible la sana distancia; me pregunto, con ingresos precarios y difícil acceso a una seguridad social, ¿si lo más racional no supondría comportarse justo como lo están haciendo en los mercados, en los tianguis de las colonias populares o en los autobuses del transporte público? Con beligerante indiferencia. Seamos honestos, ¿qué diferencia existe para ese sector mayoritario de la población si el diagnóstico resulta ser neumonía atípica, influenza o cáncer de mama con ausencia de especialistas, falta de vacunas y una montaña de mastógrafos sin reparar en las bodegas del sector salud? ¿Realmente existe alguna ventaja para los más desfavorecidos si el parte médico dice “Covid-19”?

En México la pandemia ha evidenciado que a lo largo de los últimos treinta años se ha desmantelado sin ninguna resistencia la seguridad social de los trabajadores. Una herencia nefasta de los gobiernos anteriores que se ha agravado por la falta de planeación de los presentes. No es necesario hablar del tránsito tortuoso del Seguro Popular al Insabi para encontrar un buen ejemplo; sólo hay que recordar la cotización que se hizo el 26 de marzo pasado, en plena fase dos de la propagación del virus, y que resultó en la firma de un contrato el día 29 con el gobierno de la República Popular de China por 56.5 millones de dólares para la compra de insumos para la protección del personal médico. Una medida correcta implementada escandalosamente tarde: para el momento que transcurre hay 381 profesionales de la salud adscritos al IMSS contagiados con Covid-19, desafortunadamente siete de ellos ya han fallecido.

Ya no hay manera de aplanar la curva de contagios, el confinamiento voluntario ha hecho lo que ha podido: el 13 de abril México registró 5041 casos confirmados, una semana atrás -el 6 del presente- se contaron 2439. Para colmo de males, poco a poco el virus está dejando de ser un “bicho citadino”, sin dejar de propagarse en las grandes metrópolis ha entado en contacto con poblaciones cada vez menos desarrolladas; para cuando lleguen las mascarillas N95 de China a las clínicas más alejadas del país, el Covid-19 ya nos habrá hecho la peor de las jugadas.

 

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