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EL AÑO DEL PEJE

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“Sólo se considera que un poder es plenamente democrático

si está sometido a pruebas de control y validación

a la vez competitivas y complementarias

de la expresión mayoritaria”

Pierre Rosanvallon

 

¿Cómo evaluar a un líder social como Andrés Manuel López Obrador que, a un año de haber triunfado, después de una mayoría inmejorable en el Congreso y un cúmulo de gobernadores francamente adictos a su figura, sigue en campaña, polarizando el debate público posible y siempre “con otros datos” como la mejor respuesta para todos aquellos que cada mañana les ha tocado jugar el deshonroso papel de sus “adversarios”? ¿Bajo qué parámetros podría decirse que los despidos masivos a servidores públicos federales, los recortes presupuestales y las adjudicaciones directas han mejorado la eficiencia gubernamental y combatido exitosamente la corrupción? ¿Acaso las consultas ciudadanas han contribuido a forjar una sociedad más democrática, realmente han acercado a los mexicanos a la experiencia de los presupuestos participativos, gracias a ellas el gasto público está siendo vigilado y controlado desde la ciudadanía, o tan sólo han servido para legitimar procesalmente los caprichos de una autocracia singular? Y finalmente, ¿en qué medida el derroche presupuestal en materia de política social y de militarización del espacio público ha contribuido a mejorar los índices de seguridad junto con un repunte de la inversión productiva? ¿Acaso ha podido debilitar los sistemas ilegales y forzar a los amigos del hampa a “portarse bien”? Se trata de un cúmulo de preguntas que no se formulan en las mañaneras y, aunque se hicieran, en momentos incómodos el presidente siempre ha optado por ser “dueño de su propio silencio”.

Doce meses le han bastado a López Obrador para convertirse en el centro de gravedad del sistema político mexicano; eso bajo ninguna circunstancia puede ser una buena noticia. Si analizamos el desempeño de la LXIV Legislatura –al corte del 18 de junio– rápidamente saldrían a la luz 105 iniciativas aprobadas, de un total 1645 que fueron presentadas. ¿Cómo puede una Congreso con 316 diputados pertenecientes a una gran coalición, “Juntos haremos Historia”, tener un nivel de eficiencia de tan sólo el 6.38%? Una oposición organizada no es la respuesta; en San Lázaro sólo existe mayoría cuando se trata de un proyecto que le interese al señor presidente, en el resto de las casos la gran fuerza de Morena se difumina en un archipiélago de grupos, clanes y tribus con intereses contrapuestos, incapaces de colaborar por el mero cálculo del consenso. La cuarta transformación, lejos de fundar una nueva República, trajo de vuelta una vieja regla del sistema: la mayoría la monopoliza el presidente, con la única salvedad que, en esta ocasión, la metaconstitucionalidad que arroja su ejercicio tiene un recubrimiento democrático que le permite solventar el impacto de malas decisiones a través de niveles de aprobación sustentables: a un año de la noche de su triunfo Andrés Manuel no sólo cuenta con más del 60% de aprobación del electorado –coinciden con la cifra Mitofsky y El Financiero– sino que todavía el 85% de sus 30 millones de votantes siguen confiando en su “honestidad valiente”.

¿La razón? Es tan simple que hasta parece una mera ocurrencia: no existe nadie más en quien confiar. El sistema de partidos está quebrado, las oligarquías opositoras putrefactas, en todo el espacio público no hay un solo actor, un solo discurso capaz de rivalizar con el del presidente y, sin embargo, las críticas que se reproducen por montones no son captadas por el votante medio como un proyecto alternativo de gobierno –y quizá ésta sea la mayor conquista moral de Andrés Manuel–, sino como un retroceso a un pasado que agravó la desigualdad, y ese es un hecho demostrable.

“Por el bien de México, primero los pobres”: hoy se ha convertido en un auténtico evangelio que justifica en el imaginario colectivo una reducción presupuestal del 13.2% en 26 dependencias del gobierno federal; y aunque no se alcanzan a ver las contradicciones que una medida de ese calibre genera en la realidad de la banqueta como el castigo del 15.8% a la secretaría de Educación Pública equivalente a 21 mil 390 millones o la disminución del 36%, conforme a cifras del 2018, de los recursos asignados para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; sí se percibe –¿acaso la política no se trata tan sólo de apariencias?– un presupuesto de 60 mil 702 millones, con un incremento del 42.1% en los programas de la secretaría de Bienestar que, en el corto salto de un sexenio a otro han duplicado las pensiones de los adultos mayores, además de asignar en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) becas y salarios a jóvenes estudiantes y trabajadores gracias a una cartera de inversión proyectada en 150 mil millones de pesos –los datos son del propio Informe de Finanzas Públicas de la SHCP–.

Desde luego la crisis de los contrapesos constitucionales, así como el populismo como herramienta para subsidiar la miseria, no son los únicos procedimientos que han llevado a la llamada 4T a poner en riesgo el límite crítico del sistema. La maquinaria gubernamental viene sobrecargada y muy desgastada por “los malos manejos” –aquí el presidente acierta en su diagnóstico inicial– “de los gobiernos anteriores”. México enfrenta un déficit en materia de Salud de 5 billones de pesos, además de 100 mil plazas que no tienen fuentes de financiamiento y un pasivo de proveedores de 100 mil millones; bajo estas terribles circunstancias un recorte del 15% al presupuesto de Salud implicó, técnicamente, contribuir a la debacle del pasado; no conforme con ello la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló 2 mil 400 millones pertenecientes a los Institutos Nacionales de Salud –Diario de los Debates del Senado de la República–, sus directores rápidamente protestaron ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero el sitio era equivocado; la medida era un mandato administrativo del Ejecutivo que quebrantaba inconstitucionalmente el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Al final fue la opinión pública, que en México se ha erigido por emergencia como el único contrapeso eficiente del sistema, la única fuerza capaz de reintegrar los recursos a sus originales destinatarios.

¿Por qué un gobierno que ha osado decretar “el fin de la era neoliberal” ejerce recortes que ponen en riesgo la salud de millones de mexicanos? Porque padece de insuficiencia presupuestal para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Desde que López Obrador asumió la presidencia al 30 de junio de 2019 se han contabilizado 19 mil 944 víctimas de homicidios doloso y feminicidio –cálculos del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, un dato que deliberadamente fue omitido durante el informe de 90 minutos de la Plaza de la Constitución el primero de julio pasado, y con razón pues se trata del arranque sexenal más sangriento en la historia de México. ¿La solución? “Frijol con gorgojo”. La creación de un ejército dentro del ejército pero sin la disciplina y la organización de éste último. La Guardia Nacional obedeció a un incremento del 15.6% del presupuesto que el año pasado ejercieron las fuerzas armadas; en total el Gobierno de la República con 93 mil 670 millones de pesos dará “el paso sin retorno” a la consolidación del la militarización del espacio público; y ésta no es una sentencia exagerada, el presupuesto anual de la Fiscalía General de la República (FGR) asciende a sólo 15 mil 351 millones de pesos –según el Diario Oficial de la Federación–. No habrá abrazos, tampoco carpetas de investigación y mucho menos consignaciones; claramente tendremos muchos balazos, o dicho de manera más académica: México será la cuna extemporánea del militarismo burocrático más institucionalizado de América Latina.

Nada de todo lo antes descrito –excepto algunos programas sociales– fueron decisiones tomadas bajo el control “del pueblo sabio”. Las consultas ciudadanas son el sello de una autocracia participativa que ha convertido el fino arte de “llamar constantemente a cuentas al electorado” en una vulgar herramienta de legitimación de proyectos de alto impacto ambiental –y riesgo económico latente– como Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía. Un año ha transcurrido y me parece que no nos encontramos en una sociedad menos neoliberal, más democrática, menos corrupta y mucho menos más transparente; lo que sí tenemos son millones de mexicanos, el propio Andrés Manuel incluido, decididamente convencidos de que hace un año hicieron lo correcto. Justo aquella noche, en el corazón de la República, en el zócalo de la Ciudad de México el presidente aseguraba ante miles de simpatizantes: “tengo la ambición legítima de ser un buen presidente”; con el curso de las decisiones que hasta el momento ha tomado, ¿podrá lograrlo?

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BELLAS ARTES: PANEM ET CIRCENSES

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“La persona que juzga -como dice Kant con mucha elegancia-

sólo puede galantear en busca del consentimiento del otro

con la esperanza de llegar, por último, a un acuerdo con él”.

Hannah Arendt

 

¿Por qué la utilización del máximo recinto cultural del país, el Palacio de Bellas Artes, para homenajear a alguien que se dice ser “el apóstol de Jesucristo”, no ha generado indignación más allá de un reducido circulo de intelectuales, artistas y el club de asiduos del maravilloso escenario proyectado a principios de siglo pasado por Adamo Boari y Federico Mariscal? ¿Por qué, ante un ultraje tan penoso y evidente, tanto la secretaría de la Cultura como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en tiempos de “la cuarta transformación”, afanosamente han sostenido que el teatro “no fue solicitado, ni autorizado para hacer ningún homenaje a ningún líder religioso”? ¿Qué clase de alianzas y contubernios, que nos recuerdan mucho las escenas de las dictaduras militares de Chile y Argentina de los años 70, existen entre la Iglesia de la Luz del Mundo y la Sinfónica de la Marina Armada de México, una institución laica, únicamente al servicio de los honores al lábaro patrio y la conmemoración de las gestas heroicas del Estado mexicano? Y finalmente, ¿hasta dónde la clase política dominante, la misma que devotamente se ha curado en la salud de Andrés Manuel López Obrador, está comprometida con una organización religiosa que intenta restaurar los valores de la Iglesia cristiana del siglo primero? Muchas preguntas, desafortunadamente muy pocas respuestas.

El espíritu público en México, gracias a un fuerte centralismo y a un individualismo posesivo de mercado, está contrariado desde hace mucho con una sociedad de masas que no está interesada en la cultura sino en el entretenimiento; para el gran público, y tristemente para la secretaría de Cultura también, no hay diferencia entre la presentación de Carmina Burana junto al oráculo de la Luz del Mundo y aquella que en los próximos días presentará en Bellas Artes la Compañía Nacional de Danza. No nos encontramos ante al viejo conflicto entre arte y política, que no puede ni debe resolverse, pues ambos pertenecen a la esfera pública desde el momento en que están tensionados de principio; por el contrario, nos enfrentamos a un debate extemporáneo entre política y religión donde la solución del liberalismo, contraria a la medida conservadora que Andrés Manuel tanto ha satanizado en sus mañaneras, nunca ha sido su fusión sino su autonomía recíproca y separación pragmática. ¿Quién diría que el gobierno de quien llegó a la presidencia asegurando que “él se hincaba donde se hinca el pueblo”, en una población mayoritariamente católica, terminaría reparando los agravios que los gobiernos anticlericales de Plutarco Elías Calles y compañía le hicieron al padre de Naasón Joaquín García abriéndole las puertas de Bellas Artes?

La noche del pasado viernes 17 de mayo, durante el habitual concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, la protesta irrumpió en la sala de espectáculos: “los grupos artísticos del INBAL rechazamos el ilegal, abusivo y doloso uso del Palacio de Bellas Artes para la realización de eventos privados de carácter religioso disfrazado de concierto operístico, titulado El Guardián del Espejo”; la manta se leyó entre los aplausos del público asistente. Hasta el momento no han habido más réplicas: aún permanece un fuerte control corporativo en cada una de las funciones administrativas del Estado, y la secretaría de Cultura no es la excepción, no se trata de indiferencia por parte de los miembros del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes o el Ballet Folklórico de México; la posición de los artistas es delicada, Srba Dinić –a disgusto– acaba de salir por la puerta trasera de la Ópera de Bellas Artes y la política de austeridad, en honor a la verdad, ha dejado una cartelera cualitativamente disminuida; la situación de los trabajadores del INBAL dista mucho de ser diferente, presas de salarios caídos, opacidad e intensos conflictos sindicales desde hace más de un sexenio, resultan ser los menos apropiados para convertir una protesta en un movimiento en defensa de la producción artística libre de proselitismo religioso.

“Nos sentimos violentados, porque si bien las autoridades del INBA dicen que no tuvieron nada que ver, estaban entre el público”, declaró enfático Francisco Chavero Briseño, presidente del Sindicato Nacional de Grupos Artísticos. La lista de miembros destacados de la 4T era copiosa: los senadores Martí Batres, Félix Salgado Macedonio, Julio Ramón Menchaca; los diputados Sergio Mayer, Héctor Yunes; acompañados de la subdirectora del INBAL, Laura Ramírez Rasgado, y hasta del Fiscal Electoral José Agustín Ortiz Pinchetti, entre muchos otros. Las preguntas siguen siendo consignas: ¿por qué mintió públicamente la secretaría de la Cultura?, ¿por qué negó la inocultable condición religiosa de un evento en cuyo programa de mano apareció el rostro del mismo Naasón Joaquín García enmarcado en la luz del mentado espejo? La mentira, una práctica que en otras ocasiones ha repdoducido con devoción el gobierno de López Obrador, sólo es producto de la imaginación de quien la emite pues el engaño sólo tiene éxito cuando la afirmación suena plausible, cuando las cosas pudieron haber sido como el mentiroso asegura que fueron; pero en el caso de Bellas Artes la falacia resulta incapaz de establecerse como un principio compartido pues quien la difunde ha convocado a la indignación siendo presa fácil del escarnio.

No es un secreto para nadie que todos los ámbitos de la vida pública en este país atraviezan por un desgaste sin precedentes, y el problema se agrava cuando Bellas Artes es parte de un sistema burocrático incapaz de asumir la responsabilidad de sus procedimientos; ya no hay necesidad que el presidente salga a decir ante la opinión pública: “no te preocupes Alejandra Frausto” pues, en tiempos de la 4T, esa frase se ha sustituido por otra mucho más desvergonzada: “nosostros tenemos otros datos”. No habrá renuncias, “la verdad histórica” del INBAL quedará para la posteridad: “el teatro fue solicitado por el senador Rogelio Zamora Guzmán y la Asociación de Profesionales y Empresarios de México pagó 184 mil 413 pesos por la renta del recinto cultural más importante de México, en ningún momento se autorizó un evento religioso”.

¿Se trata de un caso más de inepetitud gubernamental a la que los ciudadanos nos hemos resignado con estóica paciencia? ¿O acaso existe una decidida intención por parte de López Obrador de propagar desde las instituciones del Estado sus valores cristianos envueltos en los ropajes de un aparente discurso cívico democrático? Hasta el momento sólo tenemos indicios: los mensajes apostólicos, dignos de un pastor frente a su rebaño en las mañaneras de Palacio Nacional; la propagación de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes que a la letra dice: “la práctica del bien supone el acatamiento a una serie de respetos, estos respetos equivalen a los mandamientos de la religión”; la entrega en fast track de tres concesiones para transmitir ondas de radio de uso social o comunitario a organizaciones dedicadas a la difusión de mensajes evangélicos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones; en fin, tan sólo indicios, el curso del proceso político nos darán las respuestas que estamos buscando, lo cierto es que en tiempos de la 4T el espacio público secular está amenazado de principio.

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ANDRÉS MANUEL Y LAS TRAMPAS DE LA FE

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“La naturaleza de los pueblos es inconstante:

resulta fácil convencerlos de una cosa

pero es difícil mantenerlos convencidos”

Niccolò Machiavelli

 

Una mañana cualquiera en un domicilio conocido de la colonia Roma: cuatro fresnos emergen de escuetas jardineras convertidas en auténticas salas de espera de ancianos enfermos, migrantes en apuros, desempleados, jóvenes madres de familia, niños curiosos; unos con cartas, otros con currículos, algunos con consignas y hasta con machetes en los puños; todos con necesidades legítimas, salvoconductos de viejas y nuevas rencillas a la expectativa de una audiencia, de un contacto, de una débil promesa de quien asegura estar listo para encabezar “la cuarta transformación de México”.

Aquellos que no esperan transitan, al dar vuelta en la esquina de la calle Monterrey se topan con el escenario de la esperanza, rápidamente advierten la autenticidad del evento; no se trata de un montaje y, sin embargo, la escena no corresponde a una casa de campaña financiada con el presupuesto público de un sistema de partidos en decadencia; se detienen, la curiosidad se apodera de sus prejuicios: hurgan en el patio, en los detalles de la fachada, reconocen el Jetta blanco de “las benditas redes sociales”, pasan revista a las ventanas con la única intención de mirar a quien reconocen de sobra, algunos preguntan a la manera de un vecino molesto “¿qué, ahí está Andrés Manuel?”, y se marchan de inmediato; otros sólo desean contribuir al espectáculo de su fanatismo con un selfie y un celular en la mano.

La escena se completa con un cuadro que permanece sin pretensiones, se trata de un enorme despliegue de reporteros, unidades satelitales, motocicletas, cámaras y micrófonos convertidos en los cristales con los que se mira una locación inédita en el desarrollo político nacional: Los Pinos poco a poco pierden su sentido, hemos confiado al libro de texto a Peña Nieto antes de tiempo, y no podría ser de otro modo, la casa de transición comprueba el protagonismo de un “presidente virtual” que en un mundo digital ha demostrado tener un grado más alto de credibilidad; día con día López Obrador bosqueja la trayectoria moral de su sexenio mientras sus secretarios salen al ruedo de la calle Chihuahua a “explicarle al pueblo” los lineamientos del “cambio verdadero”; de pronto el Plan de Anticorrupción y Austeridad Republicana acapara la cobertura informativa de la nación, aunque nadie aún tenga la certeza sobre sus procedimientos, plazos, sobre la implementación de un programa de acción, para el imaginario colectivo bastaron 50 promesas convertidas en decretos para enmendar –o agravar– el terrible estado de la administración pública federal.

¿Cómo fue que el discurso de Andrés Manuel, que no ha sufrido modificaciones en el último cuarto de siglo, logró moldear la mentalidad pública, expresar con fidelidad las emociones del desencanto y marcar la agenda de devotos y adversarios? ¿Por qué las campañas negativas, a diferencia de los procesos anteriores de 2006 y 2012, insultaron el coeficiente del electorado, convencieron a una masa de indecisos y dejaron en ridículo a sus promotores? Y quizá lo más importante, ¿qué pasó en México para que un líder social, proveniente de un ala de la izquierda conservadora, se transformara en un rockstar del templete y la campaña en el momento de mayor descrédito de la clase política?

Aunque es evidente que lo posee, la variable del carisma queda descartada. Casi 26 millones y medio de votantes le tienen desconfianza a López Obrador por sus políticas proteccionistas que han desafiado la retórica neoliberal en un país que ha logrado afianzarse en las semifinales del mundial de los pobres, 53.4 millones de mexicanos se encuentran en esta condición abyecta por definición; una masa incuantificable que deberá ser dirimida en el tribunal de las conciencias del 46.81% de la votación total emitida lo discrimina –o de plano lo detesta– por miles de razones imaginables, quizá todas ellas resumidas en una muy trágica: Andrés Manuel es la muestra viva de que el conflicto de castas sigue sin resolverse 497 años después de la caída de la México-Tenochtitlán.

La respuesta va en otro sentido. El señor AMLO fue el único político que creció a la par del colapso de las instituciones del Estado, literalmente hizo leña del árbol caído al denunciar con vehemencia una crisis republicana que agravaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y que continúo sin cortapisas Enrique Peña: desde la Casa Blanca de Las Lomas hasta el socavón del Paso Express, pasando por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en lo profundo de más de 200 mil memorias de duelo y tragedia, sin olvidarnos de gobernadores como Roberto Borge, Javier Duarte, Andrés Granier, Eugenio Hernández, Guillermo Padrés, Tomás Yarrington, auténticos aprendices del arte del peculado frente al desvío de más de 7 mil millones de pesos orquestado por el gobierno federal que, gracias a esquemas de triangulación y contubernio con universidades públicas, conocemos como “la estafa maestra” de un país donde la impunidad de los responsables y el cinismo de los cómplices se convirtieron en la única función permanente del sistema; sin esa descomposición tan obscena de la dignidad de la vida publica las palabras de Andrés Manuel jamás hubieran cobrado sentido frente a 30 millones de electores que, casi en un acto de contrición, le confiaron el monopolio moral de la resolución de la tragedia nacional.

Y sin embargo López Obrador no hubiera logrado su cometido sin un aparato capaz de entretejer su “ambición legítima de ser un buen presidente” con los ramales del federalismo mexicano. Como en el PRI de antaño todos caben en Morena y sus satélites: Manuel Bartlett, Cuauhtémoc Blanco, Gabriela Cuevas, René Fujiwara, Napoleón Gómez Urrutia, Lino Korrodi, Nestora Salgado –por mencionar algunos–, cada uno proviene de coaliciones en rebeldía frente a la partidocracia dominante, al amparo de Andrés Manuel se montaron en la ola anti-elitista que invadió las emociones de la nación y ganaron una partida que jamás esperaron: poner punto final a siete cámaras de gobiernos divididos con 310 diputados federales y 69 senadores; junto con cinco gobernadores, una veintena de congresos con 385 diputados locales repartidos en 27 entidades federativas; además de 314 presidencias municipales. Morena y Andrés Manuel no sólo sacaron al PRI de Los Pinos, también acabaron legítimamente con los contrapesos que operan sobre el sistema de facultades del Ejecutivo; evidentemente la proeza de AMLO no consistió en sobrevivir tres sexenios y al final salir ganando, sino en legarle una base democrática, en condiciones de plena competitividad, a la metaconstitucionalidad del ejercicio del poder presidencial.

¿Podrá un gobernante con un Congreso adicto a su figura ejercer su poder con mesura y sin tendencias autocráticas? ¿Realmente Andrés Manuel conseguirá erradicar la escrófula de la corrupción con el simple contagio del ejemplo; a la manera de los reyes taumaturgos de los siglos XII y XIII con el ritual de la presencia y el tacto? ¿Serán suficientes los recortes presupuestales, la autosuficiencia energética y los esquemas de austeridad para brindarles opciones de vida digna a los mexicanos? Por ahora la creencia en el milagro, la fe en las proezas sobrehumanas capaces de ser alcanzadas por el soberano fue la respuesta precipitada de una minoría vinculante del electorado ante la debacle del Estado pero, ¿por cuánto tiempo el presidente podrá mantenerlos convenidos de que hicieron lo correcto?

 

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LA CAÍDA

Chalchihuapan

Mentir es una práctica antipolítica: la deliberada falsedad no provienen de la acción, de la realidad tangible para quien presenció y fue atravesado por los hechos, el engaño se ubica al otro extremo de la verdad, jamás desoculta y mucho menos clarifica; quién miente es presa del temor, rehén de la ilusión de tergiversar la memoria y extraviar el juicio de la razón. La mentira sólo es producto de la imaginación de quien la emite, pues el engaño sólo tiene éxito cuando la afirmación es plausible, cuando las cosas pudieron haber sido como el mentiroso asegura que fueron; de lo contrario, cuando la mentira es incapaz de establecerse como un principio compartido, quien la difunde convoca a la indignación siendo presa fácil del escarnio.

¿Quién está mintiendo en el caso Chalchihuapan? El discurso oficial es inverosímil de pies a cabeza, sólo unas cuántas voces y plumas comprometidas lo han difundido causando –como suele ser su costumbre– el más mínimo impacto en la sociedad; mientras que las imágenes, los testimonios y videos de las víctimas no dejan lugar dudas, la represión fue contundente, la brutalidad de los cuerpos de granaderos escandalosa, el hecho resultó tan escalofriante que fue perfectamente capaz de indignar a una nación que desde la guerra contra el narcotráfico se ha acostumbrado a las escenas de violencia extrema.

Independientemente de los resultados que emitan las investigaciones de la PGR o la CNDH; el veredicto popular ya fue dictado en el tribunal de las conciencias: la caída del gobernador Rafael Moreno Valle en los indicadores de percepción pública radica en que la sociedad lo ha responsabilizado, de principio, en una historia con dos versiones que llevan a una misma tragedia: por el hecho de que los granaderos fueron incapaces de proteger a un menor de “la refriega de los cohetones”; o más bien porque ni uno sólo de los elementos que participaron en el operativo tuvieron la sensibilidad de guarecer a José Luis Tehuatlie ante el fuego abierto de letales balas de goma. Los cuerpos de seguridad del Estado están hechos para preservar las garantías, los términos generales de la vida, cuando incurren en lo contrario, cuando un elemento policial se convierte en la principal amenaza frente a la subsistencia, se ejecuta la más indigna e intolerable de las arbitrariedades, no hay justificación para una agresión de semejantes dimensiones, no hay renuncia capaz de resarcir el daño del efecto.

En su imposible defensa el gobernador y su secretario Luis Maldonado Venegas han intentado las piruetas más desesperadas: a) abrogar, derogar o parchar #LaLeyBala, o lo que resulte más conveniente para acallar la indignación de la opinión pública nacional y al mismo tiempo regular eficientemente “el uso de la fuerza legítima” –increíblemente aún no se han percatado que eso no existe–; b) proponer un observatorio para salvaguardar los derechos de la niñez poblana, y de paso aparentar preocupación ante el estado de desprotección de un grupo vulnerable; c) repartir 893 aparatos ortopédicos a personas en situación de discapacidad, especialmente a menores para que la propaganda muestre a un ejecutivo que es amigo de todos los niños; d) también se entregaron 2000 despensas en San Baltazar Tetela a municipios en situación de pobreza alimentaria, de pronto este gobierno nos recordó que está muy preocupado por la justicia social. Se trata de un conjunto de reacciones aisladas frente una crisis de dimensiones que todavía ninguno advierte.

Por su parte Facundo Rosas, en otro arrebato de desesperación, cometió la irresponsabilidad de mostrar ante los medios el oficio 28003 signado por el general comandante de la vigésima quinta zona militar, que señala que el gobierno del estado “no ha adquirido balas de goma”; hecho que Rosas aprovechó para afirmar algo que la SEDENA es incapaz de comprobar: “por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, aseguró el secretario. La falacia desborda la diferencia semántica entre “adquirir” y “usar”; realmente estriba en que el titular de la SSP fue incapaz de consultar los archivos de la CDH Puebla antes de salir al ruedo, concretamente la recomendación 60/2011 donde el ombudsman local refiere que estos instrumentos letales fueron utilizados, “llegando a la certeza, en virtud de la uniformidad de las declaraciones, de que estos hechos son ciertos”. Otra técnica fallida para minimizar el impacto de los malos resultados.

La caída es contundente, el daño del efecto es irreversible; no obstante sin el respaldo abierto de la alta clase política de Acción Nacional, aquél que todavía no es claro y dista mucho de ser copioso, Moreno Valle no podrá administrar el déficit de legitimidad que sencillamente era impensable un día antes de la tragedia de Chalchihuapan.

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EL JUEGO DE LAS CULPAS

Chalchihuapan

Rafael Moreno Valle lo hizo de nuevo: su nombre ocupa los encabezados y las líneas editoriales de las agencias de información más prestigiadas del país; desde la tormenta intempestiva de la opinión pública los lamentables acontecimientos de San Bernardino Chalchihuapan han ligado su percepción nacional con la represión instrumental que le caracteriza, y tal parece que no ha escatimado recursos en hacer aladre de un despotismo marcadamente tecnocrático, fundamentado en acciones capaces de transformarse en despreciables asaltos a las garantías individuales en nombre de un estado que no alberga al Derecho por ningún sitio. Ahora bien si de eso se trataba, si ese era el objetivo a perseguir en el camino de sus apetitos presidenciales; entonces debo reconocer que nuestro gobernador tiene colaborando a las personas más capaces en la materia, y que seguramente por ese camino lo llevarán a la máxima del aprecio ciudadano.

Desde luego me resulta muy difícil imaginar la construcción de una imagen pública con altos indicadores de aceptación mediante los actos vandálicos protagonizados por los cuerpos de granaderos el pasado 9 de julio en la Autopista Puebla-Atlixco. Debo confesarle que no comprendo cómo es posible que los gases lacrimógenos o las balas de goma, entre sus efectos, puedan generar aprecio, aceptación y reconocimiento por el principio de autoridad y el buen gobierno de un mandatario; francamente no lo entiendo, y si el gabinete de seguridad y su cuerpo de asesores son presas de la misma “falta de comprensión”, entonces habrá que llamar a la cordura y concluir que el estado de la gobernabilidad en Puebla está en grave riesgo.

Esta ocasión no será como las anteriores, no podrán “darle carpetazo” al estado agonizante del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, víctima inocente de una violencia injustificable, tampoco podrán esperar pacientemente el olvido de la ciudadanía, hay cosas que la gente nunca olvida. La tragedia de Chalchihuapan ha marcado un parteaguas, una impronta imborrable en la figura de Moreno Valle, sencillamente ha llegado a un punto de no retorno en la percepción de su imagen pública. ¿Cómo fue posible que un político joven, de experiencia probada y pulcras cartas credenciales, en 2010 representara un principio de esperanza, una alternativa de renovación y quizá una oportunidad libertaria frente al autoritarismo; y paradójicamente, medio sexenio después, sea objeto de un desprecio creciente? No es casualidad que muchos analistas, entre ellos los más prestigiados del país en medios de circulación nacional hayan utilizado conceptos de alto calibre –cometiendo bastantes atropellos a la teoría política– como “autócrata”  y “dictador” para calificar “el estilo personal” de un mandatario que está en boca de la nación. Lejos de etiquetas exageradas y fobias con causa; ciertamente existe una radiografía de errores que lo han llevado a situarse justo donde se encuentra; tres puntos saltan a la vista:

    1. La omisión federalista.- Moreno Valle gobierna Puebla como un estado unitario, y le ha funcionado bastante bien en la mayoría de los casos; excepto en aquellos asuntos de gobernabilidad intrínseca que están atravesados por la herencia del federalismo mexicano. El hecho de que un grupo considerable de presidentes de juntas auxiliares amenacen con manifestarse a las puertas del Senado para exigir su derecho de seguir implementando las tareas del registro civil, la creación de una comisión especial que desde el Congreso de la Unión vigile el curso de las investigaciones, la intervención abierta de la PGR y hasta de la CNDH en el asunto, son contrapesos constitucionales diseñados para controlar el poder de los estados. Habrá que decir que no es el único gobernador que parte de esta omisión.
    2. El exilio de la razón.– diálogo es gobierno y acuerdo es consentimiento. Cuando la imposición se convierte en la forma predilecta de mandar se está desterrando de la esfera de los asuntos públicos a la política y todo lo que ella significa. El uso de las balas de goma como técnica de disuasión frente a “piedras de gran calibre” como herramienta de defensa son pruebas de la incapacidad de un gobierno de llegar a acuerdos sustentables, de administrar un conflicto sin poner en riesgo las garantías de los inconformes. Quien impone se niega a gobernar y se sujeta a la fuerza, y esa fuerza tarde o temprano se le revierte: los granaderos no están hechos para dialogar, mucho menos la turba de incompetentes que trabajan en la Secretaría General de Gobierno –desde hace varios meses la tranquilidad y la paz social han abandonado la entidad–, y parece que tampoco los legisladores que aprobaron una reforma a la Ley Orgánica Municipal predestinada a quebrarse en el terreno de la resistencia. Independientemente de quien resulte responsable por los hechos de Chalchihuapan el Gobierno del Estado es culpable de principio, por no haber agotado el diálogo, más bien por no haberlo iniciado.
    3. La inmediatez de la información.– la opacidad en el manejo de la información es el sello de la comunicación social de esta administración, definitivamente están a la vanguardia de hace medio siglo; mientras que los medios de comunicación del tiempo presente, inmersos en la lógica del mercado compiten por receptores, audiencias y lectores, su práctica diaria consiste en transmitir y comunicar de manera inmediata la nota del último minuto. Ni siquiera los diarios y portales digitales “políticamente correctos” se resistieron a la tentación de transmitir las fotografías y videos de la masacre. El bloqueo de la autopista fue tan prolongado que perfectamente le dieron tiempo a la prensa de cubrir la nota con toda precisión, y con ella los detalles de la violencia. El cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública prácticamente montó un espectáculo de represión frente a los lentes de ciudadanos cautivos y reporteros osados que estaba en el lugar de los hechos; quien haya dado la orden de abrir “fuego de goma” a discreción… simplemente fue incapaz de pensar, y eso tiene muchos sinónimos que prefiero reservarme.

El juego de las culpas es claro y contundente, la tragedia de Chalchihuapan exhibe una violación escandalosa de los derechos humanos, una vulnerabilidad escalofriante del estado de derecho que no podemos permitir, que en Puebla no puede volver a ocurrir.

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PUEBLO TRÁGICO

Cholula

¿Se imagina usted un puente atirantado sobre la Calzada de los Muertos en Teotihuacán?, ¿o acaso un tren bala que comunique las Cascadas de Agua Azul con la zona arqueológica de Palenque?, ¿por qué no un atractivo teleférico capaz de sobrevolar la pirámide de Chichén Itzá? Son absurdos en la más grandiosa extensión de la palabra; pero profundamente aterradores cuando se vuelven parte de las acciones que transforman –o más bien que deforman– el espacio público a merced de las estructuras gubernamentales.

No faltará algún lector que advierta cierta exageración en mis comentarios, incluso aversión: no olvidemos la irreparable tragedia de la que fue objeto el Fuerte de Guadalupe, hoy parece un aparador de una tienda comercial de prestigio; y que decir de aquella magnífica Casa del Torno, construida entre los siglos XVII y XVIII, y ubicada a unos pasos de un teatro que tiene fama de ser uno de los más antiguos de América, las espantosas varillas y escombros a los que se ha reducido el inmueble se han convertido en testigos fidedignos del más grande despotismo que recordemos los poblanos en los últimos años. No es producto de la casualidad que “el estilo personal” del gobernador Rafael Moreno Valle esté al centro de las reflexiones nacionales; no precisamente por sus aspiraciones presidenciales, para mala fortuna de los profesionales que llevan su imagen pública, sino por la patología que a diario reproduce, para muestra un ejemplo:

La construcción de un puente atirantado, una propuesta arquitectónica propia de mediados de siglo pasado, ubicado a tan sólo 400 metros de la base de una pirámide icónica, constituye una completa agresión a nuestro patrimonio, a nuestra memoria histórica y cultural. ¿Cómo puede explicarse lo inexplicable? ¿Cómo es posible “un pueblo mágico” con un armatoste de concreto producto de un modernismo trasnochado? Muy pronto Cholula cobrará renombre internacional por ser la primera ciudad milenaria con una ocurrencia de este tipo a las puertas de una zona arqueológica.

El beneplácito y vanagloria de todo el aparato gubernamental indigna y contrasta con la opacidad de su comunicación social: al momento que transcurre, con un avance del 15 por ciento del llamado “distribuidor”, es un auténtico misterio si el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio o no los permisos definitivos para la construcción de semejante anacronismo. Desde luego la inconformidad de los trabajadores del INAH no se hizo esperar, las protestas han atravesado las fronteras de la entidad, cada una de las organizaciones civiles que apoyan el derecho a la movilidad de peatones y ciclistas han hecho lo propio, y a pesar de las voces disidentes –entre ellas las de verdaderos expertos en desarrollo urbano y regional– la política gubernamental en Puebla no conoce diálogo ni acuerdo, simplemente se impone a pesar del tamaño de las resistencias, en contra de cualquier diagnósticos o estudio técnico por más preciso o especializado que éste sea.

Para colmo de males, durante la misma semana en que Cholula fue ratificada como la sede del Congreso Nacional de Peatones, a celebrarse en Mayo de 2015, los ciudadanos de a pie que por rutina o por necesidad deben atravesar la zona conexa a los trabajos de la Secretaría de Infraestructura –Ruta Quetzalcóatl y 5 de Mayo– han vivido un infierno lamentable: entre escombros, barrancas, ausencia de banquetas y vallas mal puestas que intentan ocultar –o más bien advertir– la existencia de boquetes a cielo abierto de hasta dos metros de profundidad, deben realizar la hazaña en la que se ha convertido caminar por las inmediaciones de un distribuidor que comprueba que “las acciones que transforman” son para beneficio de los automóviles; pues a juicio de aquellos que están atrás del volante, y de los que están ladeando los autos –quienes por cierto absorben con sus pagos y contribuciones esta clase de ocurrencias–, desde el comienzo de las obras el recorrido se ha hecho sin presencia alguna de agentes de vialidad.

El colmo del sarcasmo: Leo Paisano, el presidente municipal de San Andrés Cholula que ignora muchos conceptos de primaria, entre ellos el de “protección civil”, es incapaz de advertir –y en mi opinión de pensar– que la marcada ausencia de agentes de tránsito está exponiendo a la población a un riesgo constante que, de resultar en una tragedia, lo responsabilizará para siempre. Pobre Cholula: tan cerca de la desgracia y al vilo de la indiferencia.

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LA #LEYBALA O EL SÍNDROME DEL GRANADERO JURISTA

Rafael Moreno Valle BUAP

Versa el decreto publicado el pasado 19 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Puebla: “el uso de la fuerza legítima es un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo, siempre y cuando exista imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas (…) la policía tiene entre sus funciones ejercer la prevención y represión de hechos delictivos (…) la presente iniciativa propone regular el empleo de la fuerza para la salvaguarda de la integridad, derechos y bienes de las personas”.

Pese a la aparente claridad del alegato surgen preguntas inquietantes: ¿bajo qué criterio una protesta social se convierte en un acto delictivo?, ¿quién decide y enjuicia entre una manifestación legal y cualquier otra que “merezca” ser reprimida con el uso de “la violencia legítima”?, ¿desde cuándo es legal y racional reemplazar los poderes neutros y las figuras de control constitucional con el uso de la fuerza para la protección de los derechos humanos?, ¿cuáles serán las sanciones que incurran bajo el supuesto de que un granadero, al calor de la protesta en la plaza pública, reprima ilegítimamente en aras de la protección de los derechos y la estabilidad social?

Ninguna de estas interrogantes encuentra respuesta concreta en aquello que las redes sociales han bautizado con clamoroso sincretismo como la #LeyBala. No la encuentra por la sencilla razón de que la nueva norma, por las múltiples lagunas, vaguedades y prejuicios que encubre, constituye un grosero abuso de poder por parte de la LIX Legislatura y, por añadidura, del Ejecutivo del estado. Para ningún jurista es un secreto que no existe la fuerza o la violencia legítima, ese prejuicio enarbola el peligro de que toda represión que provenga de los órganos facultados por el Estado, únicamente por su origen e implementación, ocurre necesariamente con apego a derecho; en todo caso la facultad de obligar y coaccionar, connatural al poder público, es racional –con apego a valores, obligaciones y garantías– antes que legítima y nunca atraviesa, en primer instancia, por la fuerza.

El artículo tercero de la nueva Ley, fracción VI, arroja más luces al respecto: “el uso de la fuerza será inmediato, es decir en el momento preciso en que se requiera para evitar o neutralizar el daño o peligro de que se trate, no antes ni después”. La implicación es obvia: si esta norma nos otorga algún derecho es a sustraernos de la protesta, aquí el tribunal de la incertidumbre abre un foso pernicioso –y altamente ventajoso para la Secretaría General de Gobierno– entre aquello que para el poder público es un peligro y para otros es un derecho legítimo pues, frente a una manifestación que ejerce actos de resistencia, la Secretaría de Seguridad Pública en apelación a la normatividad podrá asegurar que se trató de un abuso y aplicar sus medidas extraordinarias, y legalmente nada podría objetar que se trató de un operativo donde la fuerza pública fue aplicada “legítimamente, para salvaguardar los derechos de las personas”.

Y si ahondamos en el decreto la perversión es todavía más grande. El primer párrafo del artículo sexto aclara que “el uso legítimo de la fuerza por parte del elemento policial, se realizará siempre como última medida” en ciertos casos; la fracción III precisa que “con el fin de prevenir la comisión de conductas ilícitas”; no obstante el párrafo segundo de ese mismo artículo asegura que “queda prohibido el uso de la fuerza en contra de las personas por simple sospecha”. La sentencia insulta la inteligencia: ¿acaso por sospecha no puede usarse la violencia para “prevenir conductas ilícitas”? Y a todo esto, ¿la sospecha de quién? Paren las prensas: la #LeyBala ha elevado a nuestros nobles granaderos al estatus de auténticos juristas, pues toda la redacción descansa en la existencia del “buen criterio” del elemento policial. Claramente la normatividad nos lleva al extremo de concebir a la autoridad estatal como potencial agresora de los derechos humanos esenciales, así como del bienestar de la comunidad, pues exhibe un marco legal que en el peor de los escenarios está facultado para encubrir una injusticia legitimada y, en consecuencia, un auténtico “no-derecho”.

Frente a la gravedad del caso llama poderosamente la atención el silencio de Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; el sincretismo de las declaraciones de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH que, con un doctorado honoris causa en mano, se salió por la tangente frente a las preguntas de la prensa en el Paraninfo del edificio Carolino; y ya que estamos en esas tampoco podemos obviar la exagerada complacencia de Alfonso Esparza, así como la ausencia de un posicionamiento institucional por parte de la BUAP frente a la legalidad de una norma desprovista de todo derecho. El silencio de la máxima casa de estudios exhibe una nueva relación con el gobierno, enmarcada en una lamentable forma de complicidad; hasta el momento únicamente la Universidad Iberoamericana se ha atrevido a emitir una nota de extrañamiento. Así el estado del orden constitucional democrático en Puebla.

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