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LA ECUACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO CONSTITUYENTE

Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917

La serie de acontecimientos relacionados con el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917 marcaron el comienzo de un cambio político integral, una suerte de “ingeniería institucional” que involucró el desarrollo de dos procesos altamente convergentes: a) en la forma bajo el impulso de reformas constitucionales sucesivas y alternantes inspiradas en el diseño bicameralista de los años de 1823-1824, y bajo la fuerza indiscutible de un federalismo decididamente centrífugo, se fue configurando “un nuevo esquema de división de poderes”; b) mientras que en la función la creación de una nueva Constitución motivó la formación de nuevas transacciones, verdaderos pactos de dominación sostenidos entre el centro y las periferias, entre los actores vinculantes con poderes reales y formales y el multifacético collage de cuerpos intermedios, tradicionales y eminentemente locales envueltos en esquemas de racionalidad creciente, predestinados a transformar el devenir de la gobernabilidad estable durante el resto del siglo XX mexicano.[1]

Desde luego la formación de un régimen perdurable mediante los mecanismos de un nuevo diseño institucional necesitaba del despeje de una ecuación de agregación de potestades y márgenes de maniobra puestos y contrapuestos, predestinados a producir una de las constituciones “más progresistas en el mundo occidental”; capaz de sintetizar, por la coyuntura de su nacimiento, una dinámica de conjunción y disyunción simple entre la forma y los procedimientos del México decimonónico.[2]

Una vez derrotada la División del Norte y fraguado el destino de la Convención de Aguascalientes Venustiano Carranza decidió cohesionar los revólveres implementando un par de estrategias concurrentes: en materia castrense se decidió por el reclutamiento de una cantidad obscena de efectivos para sus tropas, a mediados del año de 1916 se contaban 150 mil soldados en las filas constitucionalistas, esa sería la base de la cual partiría la representación interesada del Constituyente de Querétaro; en cuanto a la estabilidad política atañe, el 14 de septiembre de ese mismo año dio por terminado el decretismo fulgurante de los años revolucionarios con la publicación de una convocatoria en clave decimonónica, con toda pompa y circunstancia se anunciaba la hechura de una reforma constitucional que tenía por propósito “evitar la proclividad a la dictadura” poniendo al día el documento original de 1857.[3]

Cada uno de las entidades y territorios del país, junto con el Distrito Federal, eligieron un diputado propietario y un suplente por cada 70 mil habitantes –o fracción que pase de los 20 mil habitantes– según datos del censo de 1910.[4] Para ser electo se necesitaba cumplir con los mismos requisitos exigidos por la Constitución de 1857 para ser diputado del Congreso de la Unión, además de no haber pertenecido a ninguna fracción hostil a la causa constitucionalista, restauradores en esencia. Muy pronto un mosaico maximalista de candidaturas independientes invadieron los distritos de la nación bajo los membretes del Partido Liberal Constitucionalista, Partido Constitucional Fronterizo, Partido Liberal Nacionalista, Partido Nacional Democrático, Partido Liberal Obrero, Partido Unión Liberal Obrera, Partido Liberal Puro entre más de un centenar de fracciones de ocasión que el 22 de octubre de 1916 contendieron por el favor de los sufragios.[5]

“Entre los 220 delegados –incluyendo los suplentes– había 62 abogados, 22 oficiales de alto rango, 19 agricultores, 18 profesores, 16 ingenieros, 16 médicos, 14 periodistas, 7 contadores, 5 líderes sindicales, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 2 farmacéuticos, 1 actor y 31 representantes de otras profesiones, entre ellas artesanos, comerciantes y empleados. La gran mayoría provenía de zonas rurales, “tenía conceptos más bien provincianos” y pertenecía a la generación de ente 30 y 40 años”.[6]

Entre el 20 y el 30 de noviembre se llevaron a cabo las sesiones preliminares de los trabajos constituyentes con un saldo al corte de 8 votaciones nominales y 102 económicas; tras inspeccionar detalladamente las cartas credenciales –historia y filiaciones– de los diputados recién electos el Congreso entró en funciones con 193 diputados propietarios: 116 profesionistas, 66 militares –el número más alto de cuerpos castrenses registrado en la historia de nuestros constituyentes, como muy bien afirma Arroyo–, junto con 36 delegados de oficios y ocupaciones varias.[7] La Mesa Directiva fue presidida por Luis Manuel Rojas; Cándido Aguilar y Salvador González Torres fungieron como vicepresidentes; mientras que Fernando Lizardi, Ernesto Meade Fierro, José Ma. Truchuelo y Antonio Ancona Albertos se desempeñaron como secretarios.[8]

El 1° de diciembre el Congreso fue inaugurado por “el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Ejecutivo” quién se limitó a presentar los dictámenes correspondientes a 132 artículos –más nueve transitorios– que consagraba su proyecto de reforma constitucional; el hecho era inédito en la historia de los Constituyentes de la Era Moderna: nunca antes ningún mandatario se había atrevido a tanto, a convocar elecciones libres y presentar un proyecto de reforma con el único propósito de que fuera ratificado y sancionado sin cuestionar por representantes de tendencia mayoritariamente “centrífuga” y proyectos autónomos bajo el brazo.[9] No obstante muy pronto las cosas tomaron un rumbo distinto al que suponía Carranza al interior del Teatro de la República, poco a poco los 218 constituyentes –entre propietarios y suplentes– fueron discrepando, sobre todo en lo concerniente al sistema de facultades de la federación y los estados implicado en el nuevo diseño constituyente:

“Si la Constitución que al final surgió hubiera seguido de cerca el proyecto –de Carranza– en todos sus conceptos, sin adiciones significativas, no hubiera valido las 150 000 horas-hombre y los dos millones de pesos que costó”.[10]

 En el lapso récord de dos meses, entre el 1° de diciembre de 1916 y el 5 de febrero de 1917 se efectuaron 67 sesiones en las que se registraron 179 votaciones –117 resueltas por unanimidad y 62 por mayoría– celebradas con un quórum legal de 122 diputados que en la realidad de los hechos fluctuó entre 124 y 192  –51 y 79 por ciento respecto al quórum nominal– con un promedio de asistencia de 153 diputados –63 por ciento respecto al total y 80 según el quórum real más alto–.[11] Para la organización de los trabajos se nombraron nueve comisiones, entre ellas dos fueron las más importantes: la Primera Comisión de Constitución, conformada casi exclusivamente por jacobinos, quedó integrado por Francisco J. Múgica, Luis G. Monzón, Alberto Román, Enrique Colunga y Enrique Recio; mientras que la Segunda Comisión de Constitución, creada de manera tardía –el 23 de diciembre– para auxiliar los trabajos de la primera, incluyó un equilibrio entre moderados y jacobinos como Paulino Machorro y Narváez, Arturo Méndez, Agustín Garza González, Hilario Medina y Heriberto Jara.[12]

Poco más de medio centenar de constituyentes pertenecían a la coalición de “los jacobinos”; en la tribuna y en las votaciones respaldaban posturas a favor de una descentralización selectiva en lo referente a los equilibrios funcionales entre el centro y la periferia, podría decirse que eran demócratas por convicción mientras defendían la figura de un Estado fuerte como institución socio-económica, así como la consagración de un proyecto constitucional capaz de brindar una respuesta social a las demandas de los grupos no privilegiados que motivaron el estallido revolucionario; en algunas ocasiones ese posicionamiento también les valió el apelativo de “radicales”, realmente se trataba de “un término relativo” que sólo fungía para señalar su autonomía frente al Primer Jefe así como su decisión inquebrantable de cambiar el proyecto original de Carranza en temas no afines a la lógica de sus “intereses” –tabla I–.[13] Al otro extremo del espectro fraccionario 65 constituyentes se reconocían como “moderados”. Muchos de ellos ostentaban cartas credenciales de origen castrense, selectivamente adictos a la figura de Carranza, federalistas por convicción pero con posturas proclives a la centralización y al fortalecimiento de la figura del Ejecutivo bajo pretexto, en clave decimonónica, de obstaculizar la emergencia de una dictadura, tampoco hacían reparos al momento de enarbolar el decretismo de los años 1914-1916 como una “adaptación táctica a la situación de guerra” –tabla I–[14]

Fraccionalismo Constituyente 1916-1917Ambas fracciones, moderados y jacobinos, sumaban 129 constituyentes: el 58.63 por ciento del total de las cartas credenciales aprobadas por el Constituyente de Querétaro.[15] De tal modo “en una escala del 1 al 100 el promedio de cohesión relativa de las listas de votación de los moderados fue de 79.2; el de los jacobinos de 76.7”.[16] El intervalo existente entre ambas medias revela una flexibilidad sustancial dentro de las dos coaliciones, hecho que permitió la conformación de una tercera fracción elaborada sobre la marcha de las votaciones a la manera de un bazar de coyuntura, se trataba de diputados “equilibristas” –también llamados “independientes”– de filiación flexible, de difícil posicionamiento ideológico a causa de sus escasas participaciones en la lista de oradores y, sin embargo, en votaciones altamente polarizadas fungieron como la fuerza política decisiva en proyectos proclives a un federalismo tanto “centrípeto” como “centrífugo”, según la diversidad de la materia –tabla I–.[17]

Finalmente, para completar el cuadro del Constituyente de 1916-1917, restan un total de 23 diputados que en su momento también fueron llamados a formar parte de los trabajos de la XXVI Legislatura, su persecución y hasta su “resistencia” al gobierno de la restauración les valió un asiento en el Teatro de la República con el mote de “renovadores”. Se trataba nada menos que de la bancada del Primer Jefe en la asamblea, liberales reformistas, “maderistas con agenda propia”, conocían a la perfección el lenguaje de la ilustración; “se opusieron a que las comisiones constitucionales y el pleno del congreso cambiaran el proyecto original de Carranza”, pugnaban por la renovación de la tradición republicana poniendo al día la Constitución de 1857 fortaleciendo la figura del Ejecutivo para alejar el militarismo y los peligros de una larga dictadura del horizonte mexicano del siglo XX –tabla I–.[18]

En cuanto a la correlación entre la representación fraccionaria y el territorio no existe –como Smith lo llegó a afirmar– una zona norte predominantemente jacobina ni mucho menos una región centro tendencialmente moderada.[19] Mientras los estados de Colima, Chihuahua, Oaxaca y Sonora son bastiones jacobinos; Aguascalientes, Nuevo León y Puebla son moderados; en tanto que Baja California y Chiapas son entidades de cuño equilibrista –figura I–. La variable geográfica no tiene lugar; por el contrario lo que sí impera son entidades altamente competitivas en su filiación electa: en los estados de Morelos, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz tres fracciones –jacobinos, equilibristas y moderados– comparten el principio de mayoría simple; en Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí y Sinaloa sólo un par –equilibristas con moderados, jacobinos con moderados y equilibristas con renovadores para los últimos dos casos– empatan en ese principio. Por cierto la mayoría simple jacobina es clara únicamente en las bancadas de Hidalgo, México, Michoacán, Yucatán y Zacatecas; clara también para los equilibristas electos en el Distrito Federal, Guanajuato, Tamaulipas y Tepic; esta proporción también se reproduce para el caso de los diputados moderados de Durango y Querétaro –tabla II–. Queda ampliamente demostrado que en 19 entidades federativas –65.51 por ciento de los espacios de representación total— la alta competitividad era la regla del Constituyente de 1916-1917.[20]

Fraccionalismo Constituyente 1916-1917

Fraccionalismo Constituyente 1916-1917Por su parte, a lo largo de los trabajos del Constituyente, la polarización era la excepción y no regla. Al igual que Jean Jacob Rousseau los diputados constituyentes coincidieron en que “la misma ley de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone, al menos una vez, la previa unanimidad.[21] A pesar del complejo entramado de fracciones, de la superposición de tendencias centrífugas y centrípetas, incluso de la proximidad geográfica y política entre una y otra demarcación; existían líneas de consenso perfectamente claras avant lettre, discutidas y votadas con la avenencia plebiscitaria de los legisladores: el acotamiento del Poder Legislativo; la incorporación del veto presidencial superable sólo por las dos terceras partes de ambas cámaras; la elección del Ejecutivo por sufragio universal, secreto y directo; el fortalecimiento de la autonomía e inmovilidad de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia; así como el revestimiento constitucional del municipio; eran temas donde los respaldos y las votaciones unánimes hacían a un lado las discrepancias.[22]

En contraste los factores de conflicto del Constituyente descansaban en todos aquellos proyectos que implicaran una distinción significativa entre el diseño de poderes del centro con respecto de las periferias; es decir la gran carta de distensión de Querétaro no era muy distinta a la que presentaron los congresos de 1823-1824 y 1856-1857 pues, una vez más en la accidentada historia del México independiente, la proyección de la gestión pública gubernamental encontraría su punto máximo de conflicto entre posiciones centristas y centrífugas, de concentración versus dispersión, precisamente al centro de las relaciones entre la federación y los estados.[23]

No es producto de la casualidad que la primera discusión capaz de tensar los ánimos entre los constituyentes girara en torno al nombre que debía dársele a la nación en la nueva Carta Magna. Aunque implícitamente el tema circundaba “un debate extemporáneo” sobre la pertinencia de la forma de gobierno en México; la propuesta proveniente de la Comisión de Reformas a la Constitución –conformada Francisco J. Mújica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga– fue expuesta el 12 de diciembre ante el pleno por el secretario, de filiación moderada, José María Truchuelo: el dictamen pugnaba por la sustitución del título de “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” por el de “Constitución Política de la República Federal Mexicana”.[24]

Luis Manuel Rojas protestó desde el ala renovadora exhibiendo “el conservadurismo” del dictamen; recordó que la expresión “Estados Unidos” connotaba la idea de estados autónomos e independientes en su régimen interior; el debate pronto subió de tono: Fernando Lizardi defendió el proyecto de la Comisión asegurando que el adjetivo “federal” llevaba implícito el término soberanía; mientras que Fernando Castaños se limitó a respaldar la postura del diputado Rojas. Por su parte el jacobino Luis G. Monzón explicó que la connotación Estados Unidos “no era una denominación política sino, más bien geográfica”; declaración que Manuel Herrera, al otro extremo de esa misma fracción, no tardó en negar pidiendo que se conservara el nombre original.[25]

La discusión, propia de la primera mitad del siglo XIX, tras la ratificación de una forma de Estado combinada con una forma de gobierno encubría una anticipación a un impulso centrista que marcaría los debates más álgidos del Constituyente. Rafael Martínez de Escobar negó la posibilidad de que la idea de “república” estuviera ligada con el centralismo, incluso fue capaz de defender el adjetivo “unión”; al tiempo que el Félix Ma. Palavicini y Emilio P. Nafarrate respaldaron la postura inicial del diputado  Rojas. Desde el seno de la comisión, y sin entrar demasiado en materia, Francisco J. Múgica calmó los ánimos cuando el debate ya estaba agotado. A partir de entonces dos posturas volcarían la balanza de las votaciones: la primera a cargo del moderado Francisco Espinosa, quién haciendo una breve historia sobre ocho legislaturas que durante el siglo XIX aludieron con “la palabra república un centralismo de corte clerical” contravino a Martínez de Escobar; la segunda corrió a cargo del jacobino Enrique Colunga quien intentó menoscabar las magnitudes políticas de la discusión asegurando que “con la sustitución de Estados Unidos por República no queremos otra cosa que quitar una denominación que nos liga con la nación vecina”.[26] La votación sobre el preámbulo no prosperó porque se interpretó como una ofensa a la personalidad y soberanía de los estados; el nombre del país y su forma de gobierno permanecieron inalterable gracias al voto de una coalición centrífuga conformada por 12 renovadores, 40 moderados, 33 equilibristas y 23 jacobinos: 108 contra 57 que se manifestaron por la afirmativa –tabla III–.[27]

El 25 de diciembre la discusión sobre el régimen penitenciario, contenida en el primer dictamen del artículo 18 del proyecto de reforma enviado por el Primer Jefe, y modificado en lo particular por la Comisión –conformada por los mismos diputados que remitieron el preámbulo–, volvió a hacer saltar por los aires la gran tensión del Constituyente de Querétaro: centro versus periferia.[28] El secretario Truchuelo dio lectura a la minuta que “imponía a los estados las obligaciones penitenciarias”. José Natividad Macías, uno de los primeros oradores en hacer uso de la tribuna, aseguró que con la centralización “los estados no pierden su jurisdicción”, el renovador concluyó que se trataba de un asunto de recursos y que ninguna entidad podría tener ventaja sobre la Federación en la materia.[29] Al otro extremo Hilario Medina replicó defendiendo el federalismo e instando al pleno a no despojar a los estados del derecho de legislar por sí mismos sus sistemas de penas y castigos, además de proponer la reformulación del sistema económico para combatir la escasez y la mala distribución de los recursos públicos; el jacobino remató:

“El ideal de los sistemas políticos modernos es el de la descentralización administrativa y la centralización política, y esto lo tendremos cuando demos a los estados libertad para establecer el régimen penitenciario porque es la base fundamental de todo sistema administrativo”.[30]

Heriberto Jara tomó la tribuna llevando el debate a un callejón sin salida: si los estados van a costear el sostenimiento de cada uno de sus reos, “¿por qué los estados no van a poder tener los establecimientos penitenciarios adecuados para castigar a los criminales que así lo merezcan?”. Enrique Colunga, presidente de la Comisión en ese momento, remató con otra pregunta ensordecedora: “¿cuáles son los recursos de la Federación sino los mismos de los estados?”.[31]

Posicionamiento Fraccionario 1916-1917

El problema del dictamen del artículo 18 encubría una complejidad recurrente: los constituyentes no podían haber declarado la libertad y soberanía de los estados para, en un momento posterior, nulificar esa proclama centralizando el sistema penitenciario. Al respecto Alberto Terrones Benítez desmintió que el proyecto del Primer Jefe haya implicado “la federalización de la República” sino, más bien una “semi-federalización”, pues la manutención de los reos nunca dejaría de depender de los estados; acto seguido instó a desechar el proyecto de la comisión y aceptar la propuesta tal y como la remitía el Primer Jefe. La defensa fue contraproducente; los jacobinos empezaron a coaligar con algunos moderados mientras José Natividad Macías, a petición de los constituyentes, cerraba el debate limitándose a defender la soberanía de los estados desde los espacios en cuestión: “las colonias penales no las va a establecer el Ejecutivo; ese es el error, lo va a establecer el Congreso”.[32] La votación fue contundente y la polarización más que evidente: 70 diputados rechazaron el dictamen frente a 67 legisladores que votaron por la afirmativa –tabla III–.[33]

La arenga discursiva más convulsa que hasta entonces había presenciado el Constituyente estaba lejos de extinguirse; la coalición de “federalistas centristas” no estaban dispuestos a permitir que por tres votos les ganaran la partida.[34] Pocos días después, el 3 de enero de 1917, la comisión retomó el dictamen del artículo 18 bajo pretexto, según Esteban Baca Calderón, de que el pleno había votado la incorporación de la propuesta sobre la readaptación de los reos del moderado David Pastrana Jaimes al dictamen enviado por el Primer Jefe, asegurando además que esa adición nunca fue votada en lo particular.[35] Sobre el procedimiento, y el controvertible posicionamiento, Félix Ma. Palavicini destacó: “nosotros deseamos que se pregunte a la Secretaría si se admite a discusión el dictamen y, si después de la impugnación del trámite, sostiene la Asamblea el trámite de la mesa”.[36]

Aunque el asunto estaba suficientemente discutido, y era obvio que el artículo fue votado íntegramente, el secretario Truchuelo ante el temor de una “impugnación” defendió el trámite recordándole al pleno que no era la primera vez que se ejecutaba esa práctica, que los artículos 3 y 16 fueron discutidos y aprobados bajo ese mismo procedimiento. Los moderados llamaron a la congruencia asegurando que “si se era partidario del federalismo no se podía votar en lo particular por el centralismo”.[37] Sin darse cuenta los constituyentes ya habían entrado en materia. José María Rodríguez ahondó bajo los siguientes términos:

“Lo único que hay que hacer es conceder a los estados el derecho de tener sus colonias penales para castigar a sus reos, y la obligación de mandarlos a las colonias penales es de la nación cuando carezcan de estos establecimientos”.[38]

Después de muchas vacilaciones ese sería el espíritu que finalmente recogería la versión final del artículo 18 constitucional, bajo pretexto que era facultad de los estados castigar los delitos del fuero común, un nuevo esquema de distribución de competencias entre la Federación y los estados se estaba gestando a través de la distinción del ámbito de aplicación de la materia del derecho; la solución fue salomónica: una justa combinación entre cárceles centrales y locales respaldada por 116 constituyentes contra 35 que se pronunciaron por la negativa dieron por finalizada –por segunda ocasión– la extenuante y calurosa discusión –tabla III–.[39]

El 8 de enero de 1917 la Sala de Comisiones, esta vez integrada por Paulino Machorro Narváez, Heriberto Jara, Arturo Méndez, Agustín Garza González e Hilario Media, envió al pleno el dictamen del artículo 55 fracción III que establecía como requisitos propios de la representación política ser originario del estado o territorio, vecino en todo caso, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección.[40] González Galindo, un jacobino, fue uno de los primeros en oponerse a “una residencia tan escueta” pues desde su óptica un periodo tan corto serviría a la Federación para imponer representantes y contribuir al renacimiento de un “centralismo administrativo”; además propuso incrementar el requisito de residencia a tres años al día de la elección como una medida eficaz para reducir la tasa de rotación legislativa cooptada por diputados itinerantes, al servicio de los intereses del centro, y con escasos ligamentos en su base electoral. Cayetano Andrade no tardó en reaccionar, defendió el lugar de nacimiento por encima de la vecindad, asegurando que no era necesario solicitarle a “un nativo auténtico” ningún tipo de residencia; las respuestas siguieron su curso: Francisco Figueroa ahondó sobre la relación entre representantes y representados, y en consecuencia sobre el déficit de cercanía que generaban los mecanismos propios de la residencia; Esteban Baca Calderón, el único de los constituyentes que habló en favor del dictamen, aseguró que la fracción III no excluía a los ciudadanos nacidos en otros estados.[41] Pese al aparente disenso el Congreso respaldó el discurso de Baca Calderón con una estrepitosa aprobación de 108 frente a 60 constituyentes que rechazaron el dictamen –tabla III–.[42] Una vez más “la gran coalición de federalistas centrífugos” ganaron la batalla en un debate intrincado por posiciones centristas.

El 14 de enero la comisión de Constitución y Reformas integrada por Alberto Terrones Benítez, Silvestre Dorador, Fernando Gómez Palacio, Jesús de la Torre y Antonio Gutiérrez envió al pleno el dictamen sobre el artículo 73 constitucional, la base segunda de la fracción III tensó los ánimos al imposibilitar nada menos que “la elección popular y directa” del gobernador de la ciudad de México.[43] Paulino Machorro Narváez destacó que una elección abierta del jefe de gobierno del Distrito Federal se traduciría en una limitante espacial en el ejercicio de potestades del Ejecutivo federal; Heriberto Jara –renovador pero con posturas jacobinas– saltó en defensa de la autonomía de las entidades y en contra de la centralización de las potestades del gobierno de “la ciudad más populosa de la República”; Félix Ma. Palavicini, cliente frecuente en el uso de la tribuna, aseguró que “la ciudad de México no puede subsistir municipalmente porque no tiene recursos para ello” y que sus autoridades “deben ser nombradas por los poderes federales”; mientras que Rafael Martínez de Escobar respaldó la soberanía de la capital del país y la de sus habitantes.[44]

“El principal peligro que existe en México es que en la ciudad de México el gobernador del Distrito es una especie de jefe político y yo recuerdo que, en la mayor parte de los estados donde existió jefe político, nunca pudo haber ayuntamiento”.[45]

Las palabras de José María Rodríguez expresaron con vehemencia el temor real de los constituyentes de tendencia centrífuga: la emergencia de facultades indirectas concentradas en el Ejecutivo fácilmente podrían poner en riesgo la autonomía –y la soberanía– de los estados y territorios en sus asuntos internos. La votación fue copiosa: 94 constituyentes expresaron su negativa contra sólo 44 que decidieron respaldar el dictamen –tabla III–.[46]

De manera paralela la segunda comisión de Constitución, integrada por Juan de Dios Bojórquez, José Álvarez, Ismael Pintado Sánchez, Luis G. Monzón, Carlos L. Gracidas, Matías Rodríguez, Jairo R. Dyer y Julián Adame, trabajaron y el 15 de enero turnaron al pleno dos puntos de acuerdo, abismalmente distintos uno del otro, sobre el dictamen del artículo 76 fracción VIII: el primero versaba sobre la resolución de “cuestiones políticas” por parte de la Federación cuando las autoridades de dos o más estados en conflicto comparezcan frente al Senado o se haya interrumpido las garantías individuales en los mismos; el segundo, sobre este mismo asunto, implicó a la Suprema Corte como la única instancia facultada para resolver las discrepancias entre los estados justo como lo remitía el Primer Jefe en su propuesta del artículo 104 constitucional.[47]

De inmediato el secretario Fernando Lizardi expuso el voto particular de Paulino Machorro Narváez y Arturo Méndez quiénes se inclinaron por la segunda resolución de la comisión con el propósito de “vacunar” a los conflictos entre los poderes locales de “su carácter de apasionamiento y encono” y someterlos a “las decisiones serenas y jurídicas de la Suprema Corte”.[48] Rápidamente las posturas autonomistas encontraron un respaldo en el discurso del diputado José Rodríguez González que, intentando darle cierta claridad a un dictamen un tanto barroco pues, en caso de que los estados entraran controversia ¿cómo es que acudirían al Senado?, y sobre todo ¿por qué lo harían si de cualquier modo los senadores están facultados para intervenir?; propuso que fuera una prerrogativa del Senado nombrar a un gobernador interino. Palavicini se limitó a tomar la palabra para asegurarle al pleno que su fracción –hablaba por los renovadores– votaría en contra de esa primera resolución.[49]

La discusión era una auténtica torre de babel. La comisión emitía dos resoluciones distintas con posturas poco coincidentes con respecto a los votos particulares y, sin embargo, el debate seguía siendo sobre la fracción VIII del artículo 76. Alberto M. González aclaró que el veredicto de la Suprema Corte no sería para fijar “la anticonstitucionalidad” de la ley que pudiera aplicarse en caso de conflicto, sino que en el peor de los casos equivalía a dictar “una sentencia política” que contravenía “el proyecto original de reforma de la Constitución de 1857” –parecía que algunos moderados aún no se percataban que estaban dando a luz a una nueva Carta Magna– corrompiendo además la esencia del Poder Judicial; Machorro y Narváez, aludiendo al “prestigio moral” más alto entre los poderes públicos, aseguró que la Corte estaba preparada precisamente para tratar esa clase de conflictos; Rafael de los Ríos lanzó una pregunta reveladora del galimatías implícito en los posicionamientos: “¿cuándo los conflictos tienen carácter político y cuándo tienen carácter constitucional?”, le cuestionó al pleno; mientras que Hilario Medina cerró el debate argumentando que “las cuestiones políticas no son siempre las cuestiones constitucionales” exhortando a los constituyentes a dejar fuera de estos menesteres a la Corte, entre líneas su afirmación incitaba a “dejar fuera” del alcance del Ejecutivo cualquier intromisión emergente en la soberanía de los estados.[50] Contra todo pronóstico por una coalición de 110 votos, contra 42, los constituyentes se pronunciaron a favor del proyecto original del Primer Jefe –tabla III–.[51]

Con el paso de las sesiones la trama de la Constitución de 1917 adquiría matices provenientes de una ecuación múltiple y compleja, que no sólo emulaba los equilibrios puestos y contrapuestos de la era pretoriana sino que traducía la agenda de gobierno de la revolución –junto con sus miedos profundos– al diseño de poderes consagrado por la Constitución de 1917. El 18 de enero la Sala de Comisiones integrada por Paulino Machorro Narváez, Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina turnó al pleno el dictamen sobre artículo 79 fracción IV que originalmente estipulaba “como facultad exclusiva del presidente de la república convocar al Legislativo para la celebración de sesiones extraordinarias”; en su lugar la sala dictaminadora propuso recaer dicha potestad en el Congreso en caso de delitos oficiales y del orden común cometidos por los secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte y gobernadores “siempre que esté instruido el proceso de la Comisión del Gran Jurado”, cuidándose de no prolongar las sesiones más que el tiempo indispensable para emitir un fallo.[52]

Una semana después –el 26 de enero– fue votado el dictamen haciendo una cabal distinción en los procedimientos: para el caso de delitos de fuero común era necesario una declaratoria de la Cámara de Diputados para que el funcionario en cuestión pudiera ponerse a disposición de un juez; en contraste “la presunción de culpabilidad” en los delitos oficiales sería analizada por los diputados, y en caso de ser necesario turnados al Senado para ser juzgados.[53] La votación resultó ser contundente: 135 aprobaron el dictamen contra 22 constituyentes que se pronunciaron por la negativa –tabla III–.[54]

En suma las fuerzas de concentración versus dispersión en torno a las líneas de consenso, y la agenda de conflicto del Constituyente de 1916-1917, puede sintetizarse de la siguiente manera: a) el nombre de la nación permaneció sin alternaciones gracias a una alianza centrífuga; b) los constituyentes, en vez de delegar a la Federación las facultades vitales del régimen penitenciario, optaron por un esquema de atribuciones compartidas; c) mientras que el nacimiento, la vecindad y la residencia se convirtieron en requisitos igualmente aceptados para la conformación de la representación fraccionaria del Legislativo; d) en contrapartida se respetó la autonomía en la gestión municipal, incluyendo el espacio jurídico de aplicación de la ciudad de México; e) de igual manera se optó por el Senado como el órgano político encargado de dirimir controversias entre potestades locales; f) para finalmente atemperar la balanza en las relaciones horizontales de poderes facultando a la comisión permanente de la Cámara de Diputados para convocar sesiones extraordinarias con el propósito de juzgar delitos del fuero común cometidos por funcionarios federales de primera línea –tabla III–. Se trata únicamente de siete distensiones, no obstante capaces de evidenciar la forma política y los procedimientos de la nueva Constitución.[55]

Desde luego no todo era miel sobre hojuelas. De manera paralela a los trabajos del Congreso Constituyente una serie de huelgas intensivas propiciadas por la caída de los salarios reales, una inflación descontrolada, la ruptura de relaciones entre Venustiano Carranza y la Casa del Obrero Mundial (COM), la emergencia de la Confederación del Trabajo como un espacio de contención y defensa de las demandas laborales, así como la ejecución de la Ley Juárez de 1862 representaban una escalada de acontecimientos que anticiparon la emergencia de movimientos obreros como grandes diques de contención frente al proyecto de estabilidad constitucional prefigurada desde los balcones del Teatro de Querétaro.[56] Esa era parte de la compleja situación que sorteaba el país posterior al conflicto pretoriano, y dado que toda Constitución es una carta de legitimidad, era imperativo para titulares y suplentes con representación incluir garantías sociales que recubrieran de sentido jurídico los pendientes del proyecto político revolucionario.[57]

“Carranza jamás se imaginó, ni dio trazas de comprenderlo después, el colosal poderío que se ponía a disposición del Estado, al convertir las reformas sociales en instituciones constitucionales”.[58]

El 13 de enero de 1917 la comisión de Constitución y Reformas, integrada por Pastor Rouaix, Victorio E. Góngora, Esteban Baca Calderón, Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael de los Ríos, Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, presentó el proyecto del artículo 123.[59] Cada una de sus XXX fracciones contenía un complejo de derechos laborales inusitados para la época: jornada máxima de ocho horas, siete para trabajo nocturno y seis para niños de entre 12 y 16 años; un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades elementales de la clase obrera y determinado según su base de adquisición regional; doble pago por horas extras; igual salario por igual trabajo independiente de la naturaleza, género o nacionalidad de quien lo desempeñe; protección de las trabajadoras antes y después del parto; derecho de huelga, libertad de organización sindical y respaldo jurídico de las sociedades de mutualidad; así como mecanismos de sanción frente a despidos injustificados.[60]

Se trataba de la legislación laboral más avanzada de la época. El 23 de enero, tan sólo diez días después de que la comisión turnara al pleno el dictamen, se llevó a efecto la votación en lo particular del artículo que en opinión de los constituyentes consagraba como ningún otro “el himno de la revolución”.[61] Únicamente la fracción XVIII encontró ciertas resistencias entre los constituyentes:

“Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital (…) serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno”.[62]

El tema circundaba la jurisdicción de la expresión más genuina y subversiva del movimiento obrero: la suspensión legítima del trabajo como mecanismo de protesta y medida cautelar ante probables arbitrariedades cometidas por los patronos. Después de hondos debates quedó en claro que los huelguistas no podía ser considerados como “trastornadores de la paz pública”, y si lo hicieran tampoco podían ser castigados individualmente sino de manera colectiva.[63] La frontera entre represión y permisión era tan tenue como estratégicamente conveniente para la estructura de estabilidad del nuevo régimen pues, pareciera que desde un principio, la vaguedad implícita en la nueva Constitución estaba predestinada a convertirse en la piedra de toque de una persistencia autoritaria sin precedentes en la historia de México. Después de una sesión secreta, “celebrada con prensa” alrededor de las 7:55 p.m. del día 23 de enero el conflicto se difuminó por completo, en un impulso genuinamente centrífugo y con 163 votos a favor los diputados aprobaron el artículo 123 reservando a los estados las leyes secundarias pertinentes para la aplicación final de sus procedimientos.[64]

Casi al mismo tiempo, del 13 al 23 de enero, Pastor Rouaix junto con dieciséis cabilderos auxiliaron a la Sala de Comisiones conformada por Francisco Múgica, Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga para reelaborar el dictamen del artículo 27 presentado por el Primer Jefe. La tarde del día 25 la comisión había votado el proyecto que fue turnado al pleno el 29 y votado en lo particular durante las primeras horas del día 30.[65] En esencia “el problema capital de la revolución” se resolvió elevando a precepto constitucional el decreto del 6 de enero de 1915 que colocaba su principal acento en la restitución de los ejidos y en el fomento a la pequeña propiedad.[66] El artículo sujetaba la propiedad privada “a las modalidades que dicte el interés público”, potencialmente todos los latifundios estaban sujetos de expropiación siempre que el propósito fuera la creación de pequeñas propiedades o propiedades comunales; una vez expropiadas las tierras serían pagadas con base al valor fiscal declarado mientras que el propietario original quedaba obligado a aceptar como forma de pago anualidades no mayores a 20 años con un interés neto del 5 por ciento. Los cimientos de una reforma agraria de altos vuelos –previa inspiración al Plan de Ayala–  junto con la emancipación soberana del Estado sobre la propiedad extranjera fueron transformados en credo constitucional.[67]

Al filo de las 10:30 de la noche –pero del día 29– se declaró un receso mientras continuaban “las negociaciones secretas”; una hora después las primeras seis fracciones del artículo 27 fueron discutidas sin mayores aspavientos: el derecho a la adquisición del dominio de tierras y aguas por mexicanos naturalizados, sociedades comerciales e instituciones de beneficencia; el usufructo limitado de instituciones bancarias;  impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas; el papel del municipio y la personalidad jurídica de las comunidades para la defensa y usufructo de sus bienes materiales; así como el adquisición de bienes raíces por el Distrito Federal, los estados y los territorios de la Federación fueron algunos temas que monopolizaron brevemente la tribuna.[68]

No ocurrió lo mismo con la fracción VII que consagraba la indemnización de las expropiaciones hechas a los gobiernos anteriores a Carranza que, conforme al decreto del 25 de junio de 1856, obligaba a que toda extensión “poseída en nombre propio y a título de dominio” a sujetarse a una demarcación de cincuenta hectáreas; en tanto que “el exceso de esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, indemnizando su valor al propietario”. Manuel Cepeda Medrano sintetizó el problema con una pregunta compleja: “¿quiénes son los que deben indemnizar: los infelices que vuelven después de cincuenta años a tomar posesión de sus tierras o el gobierno?”. Reclamación a la que Francisco Múgica contestó en tono disuelto: “el gobierno sabrá con qué clase de dinero paga al propietario; es cuestión secundaria que a nosotros no nos corresponde”.[69]

Corrían las primeras horas del 30 de enero y el debate era encarnizado entre Mújica, Cepeda Medrano, Medina y Navarro; mientras que muchos otros diputado cayeron presas en los brazos de Morfeo. Una campanilla, y un par de alaridos desde la tribuna, hicieron despertar a “los bellos durmientes”: la fracción VII se consideró suficientemente discutida y se turnó para su votación. Alrededor de las 3:30 de la mañana, con la anuencia de 150 diputados, el artículo 27 fue aprobado por unanimidad con excepción de la fracción II que recibió 88 votos a favor contra 66 que se pronunciaron por la negativa.[70] Después de un delicado proceso de negociación el más largo, nacionalista y belicoso de los artículos constitucionales había sido sancionado:

“Más que ningún otro el artículo 27 exhibió claramente las esperanzas y los temores a que se enfrentaban los delegados del Congreso Constituyente. Revelaba no sólo la decisión de crear un nuevo sistema de tenencia e imponer restricciones a los extranjeros, sino también un miedo mortal a la riqueza y a los intereses creados”.[71]

Después de 72 días de complicadas discusiones la constitución política más larga hasta entonces redactada vio la luz el 5 de febrero de 1917. Ese solo acontecimiento marcó el fin de la revolución mexicana y el comienzo de la aplicación formal de un sistema político que siempre recurrió, para la adaptación táctica de su estabilidad, a la reforma del orden constitucional recién impuesto.

*Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, pp. 75-98.

 

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——— “El bicameralismo mexicano: fábrica del lubricantes legislativos y contención política”, en Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, volumen 2, número 3, México, 2009, pp. 66-68.  

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Ulloa, Berta, La constitución de 1917, Historia de la revolución mexicana, 1914-1917, número 6, México, El Colegio de México, 1988.

 


[1] Israel Arroyo, “El nuevo diseño de poderes en el constituyente mexicano, 1916-1917: coaliciones parlamentarias y poder judicial”, XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá: México y sus revoluciones, Santiago Querétaro, 2010, pp. 3-4; “El bicameralismo mexicano: fábrica del lubricantes legislativos y contención política”, en Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, volumen 2, número 3, México, 2009, pp. 66-68.

[2] Peter H. Smith, “La política dentro de la revolución: el congreso constituyente de 1916-1917”, en Historia mexicana, volumen XXII, número 3, México, El Colegio de México, 1973, p. 363.

[3] El decreto publicado el 14 de septiembre de 1916 determinó que cada uno de los 246 distritos electorales elegirían, tal como sucedió durante las elecciones de 1912, a un delegado y un suplente con los mismos requisitos establecidos por la Constitución de 1857 pero con las restricciones implementadas desde el mes junio de 1916. De la misma manera se amplió la definición de “ciudadano del estado” incluyendo a todos los que hubieran nacido en una entidad o vivido en ella durante los primeros seis meses anteriores a los comicios, hecho que permitió la proliferación de fracciones políticas de diversa tendencia ideológica. Charles C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 290-307.

[4] Berta Ulloa, La constitución de 1917, Historia de la revolución mexicana, 1914-1917, número 6, México, El Colegio de México, 1988, p. 497.

[5] Ulloa, Constitución, 1988, pp. 502-504.

[6] Las comillas son mías. Declaración del diputado Jesús Romero Flores citada en Víctor E., Niemeyer, Revolución en Querétaro. El congreso constituyente mexicano de 1916-1917, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1993, p. 39. Véase Hans Werner Tobler, La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza Editorial, 1997, p. 351.   

[7] Entre los 116 profesionistas se encontraban 81 licenciados, 21 ingenieros y 14 profesores; entre los 66 militares había 21 generales, 27 coroneles, 12 tenientes coroneles junto con 5 mayores y un capitán. Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 9-10. Cumberland, Revolución, 1980, p. 307. Ignacio Marván Laborde, “¿Cómo votaron los diputados constituyentes de 1916-1917?”, en Política y gobierno, volumen XIV, número 2, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, 2007, pp. 208-211. Smith, “Política”, 1973, p. 239.

[8] Ulloa, Constitución, 1988, p. 520.

[9] “No lo hizo Iturbide en 1822. Tampoco el Santa Anna de 1843, donde el congreso fue “designado” –no electo popularmente– y dio origen a las Bases Orgánicas. Se infiere, por lo tanto, que Carranza y su núcleo duro de colaboradores –los renovadores–pensaron al Constituyente de 1917, más que como un cuerpo deliberante como una entidad “ratificadora” de su propuesta inicial”. Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 10-11.

[10] Cumberland, Revolución, 1980, p. 309.

[11] Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 7-8.

[12] Ulloa, Constitución, 1988, p. 524.

[13] Cuenta Ulloa que según Pastor Rouaix: “los de izquierda se caracterizaron porque regresaban del campo de batalla o eran elementos muy jóvenes que por no haber tenido ligas con el pasado, pretendían destruirlo, y básicamente lo formaron Múgica, Baca Calderón, Bojórquez, Luis Espinoza y Froylán C. Manarrez; algunos de los cuales no llegaban a la edad mínima de 25 años”. Arroyo, “Diseño”, 2010, pp. 16-17. Smith, “Política”, 1973, p. 381. Ulloa, Constitución, 1988, pp.532-533.

[14] Tobler, Revolución, 1997, p. 350.  

[15] Como Arroyo señala el Constituyente “nunca sufrió un problema en la integración de su quórum legal, que debió contar con una presencia mínima de 122 diputados (…) es necesario distinguir la representación nominal –los 243 diputados que debieron integrar el constituyente-, la calificación de credenciales –220 individuos– y el quórum real de asistentes. Este último fluctuó entre 124 y 192 -51 y 79 por ciento, respecto del quórum nominal–. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 7.

[16] Smith, “Política”, 1973, p. 373.

[17] Según Arroyo “no hubo partidarios de una república centralista”. Y aunque Smith es el único de los estudiosos del Constituyente que asocia tensiones significativas entre “centralistas” y federalistas”, la existencia de un amplio bloque equilibrista muestra que dicha asociación es producto de una ilusión estadística. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 12 y 18. Ulloa, Constitución, 1988, p. 532.

[18] Aunque el número de renovadores que fueron electos para el Congreso Constituyente de 1916-1917 fueron un total de 23 diputados, la fracción se cohesionó sólo en torno a 22 pues Heriberto Jara no se adscribió a las posturas que mantuvo este grupo, estando mucho en el discurso y en las votaciones mucho más cerca de las tendencias moderadas. Arroyo García, “Diseño”, 2010, pp. 14-17.

[19] Smith, “Política”, 1973, p. 377.

[20]  Tal vez en razón de esta misma competitividad “la gran coalición” del Constituyente operó a favor del federalismo centrífugo y no del federalismo centrista; pues “lo mismo sedujo a los renovadores y jacobinos que a los independientes. Su magnitud estuvo, de nueva cuenta, determinada por el tema específico a discusión”. Arroyo, “Diseño”, 2010, p. 18.

[21] Jean Jacques Rousseau, El contrato social. Principios de derecho político. México, Austral, 2000, p. 47.

[22] Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 216.

[23] Arroyo García, Israel, “Bicameralismo”, 2009, pp. 66-67. David M., Quinlan, “Issues and factions in the Constituent Congress, 1823-1824”, in Jaime E., Rodríguez O., (editor), Mexico in the age of democratic revolutions, 1750-1850, London, Lynne Rienner, 1994, p. 187. Richard N., Sinkin, The mexican reform, 1855-1867. A study in liberal nation-building, Austin, University of Texas, 1979, pp. 55-74. Smith, “Política”, 1973, p. 369.

[24] Diario de los debates del congreso constituyente de Querétaro, 1916-1917, tomo I, México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2009, p. 402.

[25] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 403-412.

[26] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 413-420.

[27] Diario de los debates, tomo I, 2009, p. 420. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 210 y 220. Smith, “Política”, 1973, p. 388.

[28] Diario de los debates, tomo I, 2009, p. 644.

[29] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 645-655.

[30] Diario de los debates, tomo I, 2009, p. 657.

[31] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 658-661.

[32] Diario de los debates, tomo I, 2009, pp. 661-667.

[33] Diario de los debates, tomo I, pp. 667-668. Smith, “Política”, 1973, p. 389.

[34] Desde los trabajos del preámbulo de la Constitución, y de manera mucho más evidente desde que se empezó a discutir el dictamen del artículo 18, una práctica sin parangón en la historia de nuestros Constituyentes hizo su aparición con fuerza creciente; se trató de una suerte de “triple tensión” que terminó por afirmarse como el leitmotiv de los trabajos legislativos: a) la primera ocurrió entre las comisiones y el pleno, entre nueve muestras representativas del pluralismo fraccionario y un congreso que asumía las más variadas posturas; b) la segunda fue protagonizada por el Primer Jefe, casi siempre respaldado por los renovadores, y un congreso que hizo de las alianzas entre fracciones su contrapeso por excelencia; c) la tercera, consecuencia de la anterior, aparecía cuando la polarización llegaba al límite, sólo entonces se diluía la pluralidad fraccionaria para abrir paso a dos grandes coaliciones con posturas centristas y centrífugas según devenga la diversidad de la materia.

[35] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 35.

[36] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 35-50.

[37] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 50-51.

[38] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 52.

[39] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 56. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 222.

[40] En menos de una hora el artículo recibió siete impugnaciones: cuatro dirigidas exclusivamente a la fracción III e interpuestas por Cayetano Andrade, Froylan C. Manjarréz, Francisco Figueroa y Modesto González Galindo. Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 168.

[41] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 168-184.

[42] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 184. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 223. Smith, “Política”, 1973, pp. 389-390.

[43] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 289.

[44] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 289-295.

[45] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 296.

[46] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 296-298. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 223. Smith, “Política”, 1974, p. 390.

[47] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 324 y 351.

[48] Claramente los constituyentes bordeaban los límites de uno de los grandes problemas del diseño institucional del siglo XIX: los poderes de emergencia, la famosa “falla intrínseca” del liberalismo mexicano. José Antonio Aguilar Rivera, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 55 y 92-94.

[49] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 324-352.

[50] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 353-360.

[51] A dos semanas de concluir los trabajos del Constituyente el Teatro de Querétaro era testigo del surgimiento de una magnitud política singular: los diputados, desde los múltiples espacios de sus representaciones, configuraron funciones de concentración tendencialmente favorables al Ejecutivo en las relaciones horizontales entre los poderes; al tiempo que diseñaron contenidos específicos de dispersión, como fue el caso del artículo 76 fracción VIII, en el sistema de distensiones verticales, entre la Federación y los estados. Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 360. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 223. Smith, “Política”, 1974, pp. 390-391.

[52] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 421-423.

[53] El consenso fue tan grande gracias a una negociación precedente, desde la Sala de Comisiones se había acordado conservar la estabilidad del Poder Ejecutivo mediante el impedimento, por parte de la Comisión Permanente, de convocar a sesiones extraordinarias para juzgar al Ejecutivo federal; a cambio de esa “pequeña” concesión se facultó al Legislativo para evaluar y sancionar en libertad secretarios, ministros y gobernadores. Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 721-725.

[54] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 725. Marván Laborde, “¿Cómo?”, 2007, p. 222. Smith, “Política”, 1974, p. 390.

[55] Al final de los trabajos del Constituyente el proyecto de Venustiano Carranza, impulsada por los renovadores, había conseguido la aprobación de la elección directa del Ejecutivo; su renovación cada cuatro años y sin posibilidad de reelección; la supresión de la vicepresidencia junto con el reconocimiento de la presidencia provisional, sustituta e interina; así como el monopolio del Ejecutivo en la convocatoria a los periodos extraordinarios de sesiones del Congreso. A cambio “los Legisladores de 1917 no sólo fortalecieron el poder Judicial frente al presidente de la república y el poder legislativo, sino que robustecieron el ámbito federalista de los poderes territoriales. Esto no hubiera sido posible sin una fuerza centrífuga en el congreso constituyente”. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 24.

[56] Como antesala a los trabajos de Querétaro el radicalismo de la COM llegó a su punto máximo de ebullición. Por lo menos un par de magnas huelgas pusieron en jaque la actividad productiva de la ciudad de México y la represión no se hizo esperar, varios líderes fueron condenados a prisión; para mediar la situación José Barragán Hernández se entrevistó en secreto con Obregón quien le aconsejo “entrar en receso” asegurándole que “ya vendrán tiempos mejores”; no pasaron muchos días para que la Casa del Obrero Mundial suspendiera sus actividades el 2 de agosto de 1916, tiempo que marcó el fin de las casas mutualistas para abrir paso a la era de los grandes sindicatos y corporaciones gremiales. Pedro Castro, Álvaro Obregón. Fuego y cenizas de la revolución mexicana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Ares, Era, 2010, pp. 139-140.   

[57] La inclusión de las garantías sociales a los dictámenes fue posible gracias a las labores de un pequeño cuerpo de cabilderos como Alfonso Cabrera, Manuel Amaya, Cosme Dávila, Carlos Duplan, Manuel De los Santos, José Lorenzo Sepúlveda, Fernando Lizardi, José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Pastor Rouaix, José Silva Herrera, Gerzain Ugarte, José Verástegui y Pedro Zavala; entre muchos otros legisladores de tendencia centrista y centrífuga que llegaban a un consenso abrumador en materia de constitucionalismo social –tabla VIII–.

[58] Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 27.

[59] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 263-265.

[60] Cumberland, Revolución, 1980, pp. 314-315.

[61] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 602- 611.

[62] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 612.

[63] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 613-621.

[64] Hecho que en parte explica la aparición tardía de la Ley Federal del Trabajo en el año de 1931, posible hasta que en 1928 la totalidad de las entidades habían completado sus procesos de legislación en esta materia. Arroyo García, “Diseño”, 2010, p. 20. Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 622-625.

[65] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 774-779.

[66] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 781-787.

[67] Las cláusulas agrarias de la Constitución de 1917 defieren poco de los preceptos originalmente planteados por el Plan de Ayala: Zapata siempre impulsó un sistema ejidal restaurado por restitución o por dotación de tierras expropiadas, además de la destrucción del latifundismo y de la creación de pequeñas propiedades proporcionando “a cada mexicano que lo pida la cantidad de tierra suficiente para atender sus necesidades y las de su familia”. Cumberland, Revolución, 1980, p. 221.

[68] No obstante la discusión del artículo 27 no estuvo exenta de tensiones, de manera inesperada Federico E. Ibarra al momento de la votación y discusión del inciso quinto propuso añadir los porcentajes que la nación debía cobrar a los concesionarios nacionales y extranjeros por la explotación de minas y extracción del petróleo; después de una alud de gritos y descalificaciones mutuas la propuesta fue desechada. Claramente la ambigüedad en la interpretación constitucional era un recurso de negociación –y una cláusula de estabilidad– del Estado para con los empresarios más influyentes del capital financiero. Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 787-802.

[69] Diario de los debates, tomo II, 2009, pp. 803-809.

[70] Diario de los debates, tomo II, 2009, p. 821.

[71] Cumberland, Revolución, 1980, pp. 319-321.

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LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 100 AÑOS DE INTERPRETACIÓN

La Trinchera - Orozco

A pesar del trastorno político que supone una revolución, desde aquella sucesión de acontecimientos que van de la toma del poder que conduce a una reestructuración capital del gobierno y de la sociedad hasta la sustitución de una élite anterior por otra nueva, la resonancia del acontecimiento puede hacerse comprensible a través de “tipos ideales” que intentan abarcar la significación del proceso histórico concreto.[1] Uno de los esquemas más útiles fue desarrollado por Chalmers Johnson en “Revolution and the social system” (1964) donde el proceso revolucionario, en grados de contingencia creciente, puede circunscribirse a seis categorías concretas:

 a)  Jacquerie.- se trata de un levantamiento espontáneo de masas de campesinos que de ordinario se mueven en pro de las autoridades tradicionales, Iglesia y monarquía comúnmente, su meta más inmediata consiste en purgar a la élite local o nacional.

b) Rebelión milenarista.– aunque comparte rasgos con el tipo anterior su distinción radica en la constitución de “un sueño utópico” inspirado por una suerte de mesías viviente.

c) Rebelión anarquista.– se trata de un producto de la reacción nostálgica al cambio progresivo que consiste en idealizar románticamente el viejo orden.

d) Revolución comunista-jacobina.- se ha definido como un cambio fundamental “arrebatado de la organización política”, de la estructura social, del control de la propiedad económica y el mito predominante de un orden social, “inclinándose así a una ruptura radical con la continuidad del desarrollo”. Desde luego esta clase de revolución sólo puede acontecer en un Estado altamente centralizado; su blanco es el gobierno mientras que su botín es la sociedad. A la postre el proceso tiende a la creación de una nueva conciencia nacional bajo la estafeta de una autoridad militar apoyada por un orden burocrático construido sobre las ruinas de la decadente estructura de privilegios anteriores.

e) Golpe de Estado conspiratorio.- producto de la maquinación planeada de una diminuta camarilla, enardecida por una ideología oligárquica y relativamente sectaria. No obstante sólo puede apegarse al tipo revolucionario cuando el golpe es precedido por un movimiento masivo o bien un cambio social significativo.

f) Insurrección masiva militarizada.- se trata de una guerra revolucionaria masiva deliberadamente planeada a cargo de una élite dedicada. La guerra de guerrillas es su forma de operación básica mientras que el éxito de los rebeldes depende de apoyo popular vasto.[2]        

Ahora bien según las categorías precedentes, ¿qué tipo de revolución ocurrió en México a principios de siglo XX? En primera instancia llama la atención un hecho singular: las revoluciones son eventos explosivos e inevitables, causales e involutivos, ciertamente dirigidos pero nunca antes convocados con anticipación y mucho menos a través de la institucionalidad de una convocatoria: Francisco I. Madero, utilizando como directriz la coyuntura del Plan de San Luis, no sólo llamó, sino que prácticamente decretó la revolución en 1910 convirtiéndose –a partir del primer exilio de Bernardo Reyes– en la cabeza de una insurrección masiva y organizada impulsada por el fervor creciente de “guardias de ciudadanos” que clamaban por la renovación del régimen.[3] No obstante una auténtica revolución sólo ocurre “cuando una condición de disfunción múltiple se encara a una élite intransigente”,[4] y cabe aclarar que esto no aconteció sino hasta el golpe de Estado conspiratorio que desató el Pacto de la Embajada en febrero de 1913 –figura I–.

Revolución Mexicana

* Behemoth, nombre originario de un demonio que representa la tierra y el caos, fue el título que recibió una publicación póstuma de Thomas Hobbes en 1681 sobre la guerra civil inglesa.

En consecuencia los acontecimientos ocurridos entre la entrevista Díaz-Creelman en 1908 y la promulgación de la Ley Electoral de 1911 se desarrollaron bajo la trama de una revuelta que, paulatinamente, fue tomando el tinte de lo que un revisionista como Ramón Eduardo Ruiz llamó “una gran rebelión”[5] que comenzó con el hostigamiento de Emiliano Zapata en 1911 y que siguió su curso hasta las decena trágica de 1913, siendo Venustiano Carranza quien desde la doctrina del Plan de Guadalupe, en perfecta tónica con el siglo XIX mexicano:

“Presentó una situación de ruptura del pacto federal en el sentido de que los poderes federales fueron considerados ilegítimos e inconstitucionales por parte de los poderes de los estados soberanos de la unión mexicana. La historia nos permite rescatar el espesor del federalismo mexicano al constatar la fuerza del movimiento constitucional por el cual, roto el pacto federal, la soberanía revertía a los estados”.[6]

Marcando el leitmotiv de una república escindida en una guerra de resistencias periféricas, largamente extendida y desgastante en virtud de la sistemática emergencia de distensiones bipolares: grupos antirreeleccionistas contra científicos, renovadores contra disidentes, constitucionalistas desafiando a restauradores y hasta convencionistas contra constitucionalistas –figura I–. En suma una serie de tensiones infinitas y alternantes que convirtieron la pacificación nacional en un proyecto que, todavía para 1920, era poco redituable.

No hay duda de que nuestra revolución –según los tipos ideales de Chalmers Johnson– se suscribió a las formalidades de “una insurrección masiva y organizada” que antecedió –y prosiguió– a “un golpe de Estado conspiratorio”; no obstante este debate no responde todavía a la pregunta sobre los orígenes del último proceso “heredero del modelo de la revolución francesa”.[7] Desde la perspectiva de James C. Davis en “Toward a theory of revolution” (1962):

El ímpetu fundamental hacia una contingencia de tipo revolucionaria de ordinario se genera por el crecimiento económico rápido seguido inmediatamente por una fase de ocaso (…) es decir, las expectativas de ascenso constante, recién creadas por el periodo de crecimiento, se alejan cada vez más de la satisfacción real de las necesidades. Por lo tanto la revolución venturosa no es obra de los desposeídos, ni de los hartos, sino de aquellos cuya situación real no mejora a la celeridad de lo que esperan”.[8]

No es una casualidad, esta vez siguiendo un artículo firmado por James C. Davis titulado “The anatomy of revolution” (1965), que la primera fase de operación de estas revoluciones esté dominada por “elementos burgueses moderados” –el proceso mexicano no fue la excepción a la regla– predestinados a ser reemplazados por grupos radicales seguidos por una reacción poderosa que, una vez derrotada, abre paso a una autoridad central vigorosa que bajo cierto régimen militar intenta administrar y consolidar las ventajas comparativas de la revolución.[9]

Claramente el debate sobre la tipología y los orígenes queda atravesado por la multiplicidad de “corrientes interpretativas” sobre el sistema y la política mexicana en el siglo XX. Inaugurando la visión clásica actores ilustrados que participaron directamente en el proceso, haciendo uso de una rara mezcla entre el anecdotario y el posicionamiento político, empuñaron la pluma para dar cuenta de los acontecimientos al calor de la construcción de un régimen en formación: Manuel Calero, diputado federal y subsecretario durante el régimen de don Porfirio, ministro durante el gobierno de transición y secretario de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero hizo lo propio en “Un decenio de política mexicana” (1920); Manuel Bonilla Gaxiola, quien primero se unió a Madero y luego a Venustiano Carranza hizo claro su proselitismo contra Álvaro Obregón en “Diez años de guerra: sinopsis de la historia verdadera de la revolución mexicana” (1922); sin olvidarnos de Jorge Vera Estañol, último secretario de Instrucción Pública del general Díaz y titular de ese mismo despacho con Victoriano Huerta, en su obra “La revolución mexicana: orígenes y resultados” (1957) dio puntual cuenta del legado perdido de la restauración.[10]

Desde luego la interpretación clásica no sólo se suscribió a los protagonistas de la arenga trágica; Frank Tannenbaum tiene el mérito indiscutible en “The mexican agrarian revolution” (1929) de haber inaugurado formalmente la prolífica producción académica sobre la historia de la revolución mexicana, entendida como un proceso unitario –idea que suscribo con reservas– enmarcado a partir de un levantamiento popular y agrarista homogéneo capaz de marcar la pauta de la transformación del Estado, la sociedad y la clase política auspiciada por el régimen.[11] El estudio de Tannenbaum fue tan persuasivo en su época que medio siglo después se convirtió en el fundamento de la investigación de Charles C. Cumberland “Mexican revolution. The constitucionalist years” (1972):

“Nunca antes en la historia de la nación se había dado tal movilidad física. Los jóvenes que nunca habían ido más allá de los confines de sus municipios antes de 1913, y los trabajadores urbanos que nunca habían viajado fuera del Distrito Federal antes de 1915, descubrieron el campo y las ciudades de los estados norteños en 1916. Probablemente hubo unos doscientos cincuenta mil hombres que vieron vastas regiones de su tierra natal que nunca hubieran podido ver bajo las circunstancias que existían antes (…). Estas grandes migraciones temporales dieron a una generación de mexicanos un concepto más grande de su nación; ayudaron a destruir el concepto de patria chica y desarrollaron la idea de patria”.[12]

En esa secuencia Hans Werner Tobler en “La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1840” (1984) se dedicó minuciosamente a demostrar que por su estructura y desarrollo nuestra revolución, lejos de ser una simple rebelión, se encuentra a la altura de las experiencias revolucionarias sociales ocurridas en Rusia y China.[13] Alan Knight por su parte, en una obra de dos tomos titulada “The mexican revolution” (1986), se encargó de diferenciar “la revolución popular y agrarista” de aquella que emergió a partir de 1920 con características marcadamente “estatistas”, focalizando el proceso –un rasgo coincidente con algunos marxistas– donde el desarrollo del capitalismo encontraban un crecimiento sostenido; razón suficiente para afirmar que aquellos lugares “donde mandaba la plantocracia, la revolución no entraba”.[14] Incluso John Mason Hart, quien también pertenece a la tradición clásica, en su célebre “Revolucionary Mexico: the coming and process of the mexican revolution (1987) se concentró decididamente en demostrar que el nacionalismo fue una de las grandes fuerzas impulsoras del conflicto.[15]

A la par del famoso “paradigma clásico” nuevas perspectivas emergieron ampliando el debate e intercambiando selectivamente algunos argumentos; así fue como desde los años 70 del siglo pasado interpretaciones autoritarias, pluralistas, marxistas y hasta revisionistas paulatinamente completaron el espectro historiográfico. En un extraordinario artículo titulado “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano” (1993), Juan Molinar Horcasitas puntualizó:

“Dice Lawrence Koslow que son tres los paradigmas dominantes en el análisis de la política mexicana: el autoritario, sostenido por Frank Brandenburg, Kenneth Jhonson, Octavio Paz y en algunos escritos de Susan Kaufmann Purcell, entre otros; el del autoritarismo limitado, impulsado por James D. Cockcroft, Richard Fagen y parte de la obra de Susan Kaufman y Robert Scott y el paradigma no autoritario unipartidista, en donde se incluye el trabajo principal de Robert Scott sobre México y las investigaciones de Martin Needler, Vincent Padgett y William Tucker”.[16]

De ese abanico de opciones enfocadas en el principio de la autoridad destaca la tesis doctoral de Susan Kaufman “Decision-making in an autoritarian regime: the case of Mexico” (1970) y su idea sui generis de “una élite unida por consenso programático” a través del cual se construyó la estabilidad política durante los años treinta “entre representantes de las clases bajas y las clases medias revolucionarias”, hecho que en su opinión exhibe que el sistema político mexicano “no se sostiene en instituciones, sino en la rígida disciplina de las élites” que rara vez se atrevieron a sobrepasar el límite de la negociación.[17]

Desde luego cada página a continuación refuta la idea central de Kaufman; no obstante mi investigación tiene un par de deudas indirectas con la interpretación autoritaria: ambas se encuentra en la obra de Roger Hansen “La política del desarrollo mexicano” (1971) que, entre otros pormenores, afirma la existencia de “una política indígena y una política mestiza”, dejando en claro que sus interacciones determinan la dinámica histórica de México y que cuando “en 1910 ambas sociedades estallaron, lanzaron al país a una vorágine sin cabeza hasta que el fracaso de la rebelión Delahuertista puso fin al caos”.[18] Evidentemente Hansen se inspiró en la obra clásica de John Womack “Zapata y la revolución mexicana” (1969) donde se explicó el ocaso de don Porfirio, de una dictadura soberana de más tres décadas de persistencia, bajo esos mismos esquemas:

“Díaz gobernaba dos repúblicas, su propio México oficial de caballeros de levita y una raída y descontenta república de parias. Cuando se abría una disputa entre Díaz y esa otra república desarrapada, los viejos jefes arrinconados desde la década de 1870 eran los únicos que podían mediar”.[19]

No sólo suscribo –al igual que Hansen– la opinión de Womack; convertí esta misma temática, por su amplitud explicativa y el conocimiento profundo sobre la política del siglo XIX mexicano, en el arranque formal de mi primer capítulo. La otra deuda con la interpretación autoritaria también nos remite a un texto anterior, “The political order in changing societies” (1968) de Samuel P. Huntington, y se suscribe a la aplicación del término “pretoriano” –Hansen es el primero en adecuarlo a la revolución mexicana–, y por cierto resulta de mucha utilidad desde el momento en que involucra sistemas de mayor movilización que institucionalización, que parten de la dificultad de centrar y expandir el poder bajo el supuesto de la transmisión recurrente de lealtades de un grupo social a otro     –coaliciones de intereses para el caso–.[20]

Frente a esa cosmovisión autoritaria del sistema y la revolución, y ante el reconocimiento abierto sobre la dificultad de concentrar el poder por parte de las élites revolucionarias surgen otros dos enfoques, pluralistas y marxistas concretamente, que pronto se sumaron al collage historiográfico de la política del siglo XX mexicano. Bajo la primera rúbrica funcionalistas de origen como Everett Hagen en “On the theory of social change” (1962) pregonaron la supremacía de la función en el tránsito de una sociedad tradicional a una moderna; así como David Truman en “Governmental process” (1951) insistió en la importancia de los grupos en la conformación de las asociaciones políticas de interés.[21] Esta investigación recoge esencialmente ambos matices, intentando emular un justo medio entre el grupo y la función, capaz de comprender a la revolución no sólo como la piedra filosofal del proceso de modernización política en México, sino como la causal inicial de rotación sistemática de la clase política mediante impulsos recurrentes que transcurren entre espasmos de violencia y de democratización abierta.

“Para los pluralistas la revolución presenta facetas racionales básicamente en la expedición de la Constitución de 1917, razón por la cual en un buen número de ocasiones datan en ese año el fin de la vorágine revolucionaria. La otra fecha más socorrida para señalar lo mismo es 1920, ya que entonces tuvo lugar la última revuelta militar exitosa de la época posporfiriana”.[22]

A propósito Howard Cline en “México: revolution to evolution” (1962), incluso Frank Brandenburg en “The making of modern Mexico” (1964), concibieron la revolución de una manera “típicamente pluralista” como una guerra civil que destruyó un régimen estable mediante escenas de violencia extrema; bajo esa misma línea Robert Scott en “Mexican government in transition” (1964) tampoco pasó desapercibida la relación centro versus caciques regionales –centro versus periferia para los trabajos de este documento– correlacionadas desde siempre con el auge y ulterior desgaste de las bases militares y personalistas entretejidas a partir de lucha por el poder político; también Patricia Richmond en “Mexico´s one party democracy” (1961) junto con James Wilkie en “The mexican revolution: federal expenditure and social change since 1910” (1967), registraron correlaciones significativas entre lapsos de violencia revolucionaria y episodios de reconstrucción institucional.[23] Bajo este contexto cobra mucho sentido la interpretación de una revisionista como Alicia Hernández Chávez en “La tradición republicana del buen gobierno” (1993):

“La revolución mexicana no fue, por lo tanto, sólo un gran movimiento popular pluralista sino también un conjunto de movimientos con bases regionales capaces de garantizar gracias a su firme tradición federalista, aún en los momentos más convulsos, alguna forma de gobernabilidad sobre sus territorios”.[24]

No muy lejos de esa temática Judith Hellman en “Mexico in crisis” (1978) reconoció una dupla constante entre “revolución y reconstrucción”, enfatizando los orígenes sociales de los contingentes revolucionarios –en nuestro tratamiento “coaliciones de intereses”– argumentando que “la dinastía norteña –generales hechos terratenientes– se asoció bajo diversas formas con la vieja clase latifundista”, así como con los industriales empresarios para construir un gobierno central fuerte.[25]

A través de los pluralistas hemos vuelto al punto de partida de la interpretación autoritaria: la idea de un conflicto polarizado como secuencia vital de un proceso que, aunque fue capaz de sustituir muchas prácticas del latifundismo, jamás tuvo como consigna la abolición de la propiedad privada. Esquivando esta verdad la interpretación marxista queda satisfactoriamente representada por los trabajos de Víctor Manuel Durand Ponte en “México: la formación de un país independiente” (1979) quien con un pie en “La ideología alemana” (1845) –y otro en la CEPAL– ubicó el origen de nuestra revolución “entre las múltiples contradicciones que el capitalismo dependiente generó entre clases dominantes y dominadas, entre intereses nacionales y extranjeros”, distinguiendo entre comunidades precapitalistas y capitalistas. Una visión no menos obcecada fue la que sostuvo Enrique Semo en “Reflexiones sobre la revolución mexicana” (1979) quien, apelando a “la larga duración” –y seguramente muy influido por la escuela de los Annales–, reconoció el carácter triunfador de la burguesía argumentándolo de una forma singular:

“La única manera científica de estudiar la revolución mexicana es como parte de un ciclo de revoluciones burguesas que se inicia con la transición de nuestro país al capitalismo y que termina en el momento en que la burguesía pierde toda reserva revolucionaria, es decir, toda capacidad de plantear y resolver los problemas de desarrollo del capitalismo  por el camino revolucionario. ¿Cuándo se inicia este ciclo de revoluciones burguesas? Con la revolución de independencia. ¿Cuándo termina? Considero que termina en 1940”.[26]

Otros marxistas todavía más extremistas como Donald Hodge y Grandy Ross en “El destino de la revolución mexicana” (1972) llevaron la herencia francesa al extremo de  los Cuadernos de París (1844) afirmando que el año de 1910 atestiguó el nacimiento de una revolución política, pero de tipo “buroctática bonaprtista”, entendido esto como “una forma permanente, específica del Estado capitalista que surge después de la revolución”, y que no tardó en convertirse en una genuina “revolución social burguesa” predestinada a abrir paso al socialismo gracias a una cofradía –anti– histórica entre la burocracia y el proletariado.[27]

Arnaldo Córdova siendo parte de la interpretación marxista, e intentando lo que muchos “ortodoxos” jamás se atrevieron, tensar los argumentos y aplicar juiciosamente –y con reservas– las ideas doctrinarias del “Manifiesto del partido comunista” (1848); en un conjunto de trabajos encabezados por “La formación del poder político en México” (1972), “La ideología de la revolución mexicana” (1973), “Las reformas sociales y la tecnocracia del Estado mexicano” (1974) así como “México: revolución burguesa y política de masas” (1977) presentó una adecuación muy sugerente: en su opinión en este país se desató una versión inédita de la revolución burguesa, la populista, predestinada no a la instauración del socialismo sino al creciente “reformismo social de su élite política”.

“El Plan de San Luis obligaba a Madero a devolver tierras a los campesinos despojados por haber sido consideradas sus antiguas propiedades como “terrenos baldíos”; y aunque la modalidad de dicha restitución resultó ser muy incierta, dado que sólo una pequeña parte de los afectados había perdido sus parcelas a causa de la implementación de la Ley Federal de Terrenos Baldíos, esa endeble “promesa social” bastó para desatar el mayor levantamiento rural desde la revolución de independencia de 1810”.[28]

“Lo más notable de la revolución mexicana fue la relativa rapidez con que los grupos de clase media que se oponían a la dictadura lograron asimilar en sus programas políticos y en su ideología las reivindicaciones de los campesinos y, al mismo tiempo, ponerse a la cabeza del movimiento campesino mismo”.[29]

La incapacidad de “las élites campesinas” para formular un proyecto político capaz de ser aplicado a escala nacional, así como la capitalización de esa agenda por parte de “las élites pequeñoburguesas” –renovadores y constitucionalistas según nuestro tratamiento– constituye la gran deuda de mi investigación con la interpretación marxista de Arnaldo Córdova.[30]

La esterilidad de la mayoría de los ejercicios marxistas, las contradicciones del socialismo realmente existe y su correlación desafortunada con experiencias totalitarias, así como el movimiento de 1968, la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la guerra fría incentivaron el nacimiento de nueva camada de investigadores dedicados a “revisitar” los hechos y los discursos de “la primera revolución del siglo XX” pero, en esta ocasión, bajo una intención decididamente casuística, a partir del estudio de escenas regionales que partieron de la incidencia de las relaciones entre el centro y periferia para, en una segunda posición, poner en duda todo aquello que la tradición clásica pregonaba: el carácter popular, nacionalista y agrarista de la revolución.

Los revisionistas, de las cinco escuelas de interpretación existentes, representan la producción más basta y compleja de todas; profundizar sobre sus cartas credenciales desborda los límites de este trabajo, sin embargo intentaré presentar dos casos emblemáticos: el primero se suscribe al trabajo icónico de Friedrich Katz quien reveló, en “The secret war in Mexico: Europe, the United States and the mexican revolution” (1981), que la revolución no sólo fue un movimiento de masas sino también de ciudades, que careció de cualquier “terror organizado” contra la vieja clase dominante –algo que pasó de noche para muchos marxistas–, además de haber encontrado una correlación evidente entre la injerencia extranjera, siempre coincidente con los momentos más convulsos del proceso, y el avance económico de Estados Unidos en México, sin olvidarnos de sus reflexiones sobre el “porfirismo” natural de Carranza; al respecto opinó:

“Fue un porfirista desde el momento en que supo jugar con los diferentes generales poniendo a uno contra otro: Ángeles contra Obregón. Obregón contra Ángeles, Obregón contra Pablo González, Pablo González contra Obregón, Maytorena contra Obregón, Obregón contra Maytorena. Este juego le permitió a Carranza mantener el equilibrio; la rivalidad le permitió también consolidar su poder”.[31]

A propósito quizá la aportación más importante de los revisionistas –además de la vasta producción de estudios regionales sobre la revolución– consistió en investigar a profundidad las continuidades entre la dictadura y el nuevo orden.[32] En ese tenor Françoise Xavier Guerra en su imprescindible obra “México: del antiguo régimen a la revolución” (1985), siguiendo las enseñanzas de Alexis de Tocqueville y Françoise Furet, intentó por primera vez conciliar la dictadura de Díaz con la reforma liberal del siglo XIX y con el tipo de centralización política que emergió como producto de la revolución constitucionalista:

“Es evidente que el régimen de Porfirio Díaz no es una democracia (…) sin embargo la reflexión de la época sobre el Porfiriato no cesa de invocar esa cumbre del liberalismo mexicano que es la Constitución de 1857. Siempre en vigor, en lo esencial, bajo el Porfiriato, goza de una autoridad que no soñaban en impugnar ni los partidarios ni los adversarios del régimen (…) el federalismo no es menos formal (…) [y pese a ello] la división de poderes no existe. Los parlamentarios y los jueces son designados por el presidente. La docilidad con la que siguen sus decisiones personales es el testimonio político de un poder por fin unificado a nivel nacional”.[33]

La influencia de este modelo le permitió a la presente investigación: “Ingeniería institucional y estabilidad política: el México revolucionario, 1908-1920” (2013) nutrirse de la aportación clásica y usar, desde una posición absolutamente revisionista, las variables del institucionalismo ya implementadas por Roger Hansen en “La política del desarrollo mexicano” (1971) para el estudio de la revolución mexicana, y de manera mucho más sofisticada por Luis Medina Peña en “Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994” (1994), con el propósito de ubicar en el proceso mexicano un “pathos del conflicto” a la luz de las relaciones entre el centro y la periferia expresadas a través de distensiones múltiples agrupadas en esquemas bipolares, sucesivos y alternantes que necesitaron de al menos treinta años de estabilidad porfirista para emerger y afirmar su incompatibilidad con el régimen político del cual era un producto indiscutible. Esta modesta contribución intenta acentuar el papel de las instituciones para dar cuenta de la construcción del nuevo orden en una revolución decisiva para nuestra historia reciente.

*Fragmento tomado de: Huerta Cuevas, Enrique, Ingeniería institucional y estabilidad política. El México revolucionario, 1908-1920, tesis de maestría, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2013, pp. 14-26.  

BIBLIOGRAFÍA:

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Womack, John Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008.


[1] De acuerdo a la concepción clásica un tipo ideal “se obtiene mediante el realce unilateral de uno o varios puntos de vista y la reunión de una multitud de fenómenos singulares, difusos y discretos, que se presentan en mayor medida en unas partes que en otras o que aparecen de manera esporádica, fenómenos que encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente en un cuadro conceptual en sí unitario” –las cursivas son de Weber–. Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 79.  

[2] En Lawrence Stone, “Puntos de vista académicos recientes acerca de la Revolución”, en Lawrence Kaplan (compilador), Revoluciones. Un estudio comparativo de Cromwell a Castro¸ México, volumen I, Extemporáneos, 1977, pp. 65-67.

[3] La expresión ha sido muy utilizada por Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 165.

[4] Stone, “Puntos”, 1977, pp. 70-71.

[5] Ramón Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, México, Era, 1984.

[6] Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 175.

[7] Ruiz, Rebelión, 1984, pp. 136-139.

[8] En Stone, “Puntos”, 1977, pp. 78-79.

[9] En Stone “Puntos”, 1977, pp. 82-83.

[10] Luis Barrón, Historias de la revolución mexicana, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 27.

[11] Barrón, Historias, 2004, p. 28.

[12] Charles, C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 250. Las cursivas son del autor.

[13] Hans Werner Tobler, La revolución mexicana: transformación social y cambio político, 1876-1940, México, Alianza Editorial, 1997.

[14] Alan Knight, The mexican revolution: from porfiriato to revolution, volume II, Nebraska, University of Nebraska, 2003, p. 53.

[15] John M., Hart, El México revolucionario. Gestación y proceso de la revolución mexicana, México, Alianza Editorial, 1997. Véase Barrón, Historias, 2004, pp. 36-37.

[16] La cita hace referencia a “The Future of Mexico” publicada originalmente por Lawrence Koslow en 1977. Véase Juan Molinar Horcasitas, “Escuelas de interpretación del sistema político mexicano”, en Revista Mexicana de Sociología., México, año LV, número 2, abril-junio, 1993, p. 4. Las cursivas son mías.

[17] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 26-27.

[18] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 27.

[19] John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008, p. 20.

[20] Samuel P., Huntington, El orden político en las sociedades de cambio, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 81 & 177-194.

[21] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 6-7.

[22] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 9.

[23] Desde luego existen muchos otros trabajos de corte pluralista, entre ellos destaca la aportación casi bibliográfica de Stanley R. Ross “Francisco I. Madero. Apostole of mexican democrcay” (1955), dos tomos producto del esfuerzo de Jesús Silva Herzog titulados “Breve historia de la revolución mexicana” (1960), la obra de Robert E. Quirk “The mexican revolution, 1914-1915: The Convention of Aguascalientes” (1960), así como la investigación de Eric Wolf “Peasant wars of the Twentieth Century” (1969). Barrón, Historias, 2004, p. 28. Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 13-16.

[24] Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 119.

[25] Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, pp. 18-19.

[26] Véase Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 19993, p. 41.

[27] Al respecto no podemos pasar por alto la lectura de Adolfo Gilly en “La revolución interrumpida. México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder” (1970), seguramente teniendo como modelo la idea original de “revolución permanente” de Lev Trostki supuso que el proceso mexicano se interrumpió cuando los ejércitos de Villa y Zapata fueron derrotados en 1915, para continuar posterior a la asesinato de Carranza y, una vez más detenerse por completo en 1940. Si bien mi investigación utiliza con mucha frecuencia la simbiosis entre continuidad y ruptura; los contenidos de Gilly no sólo no tienen cabida en mi análisis sino que son desmentidos abiertamente en el segundo capítulo de esta obra. Ahora bien, independientemente de la ausencia de sentido de estas interpretaciones destaca el hecho de que la visión marxista que ha hecho de la revolución mexicana una de sus principales preocupaciones, jamás logró superar el debate sobre el origen y la tipología del proceso. Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México, Era, 2009, pp. 64-85 y 324-353. Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 39-43.

[28] Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 21.

[29] Véase Molinar Horcasitas, “Escuelas”, 1993, p. 48.

[30] Otras interpretaciones de corte marxista no menos relevantes se suscriben a los trabajos de James Cockcroft “Intellectual precursors of the mexican revolution, 1900-1913” (1968), así como a la obra tardíamente traducida de Jean Meyer “La revolution mexicaine, 1910-19402 (1973).

[31] Friederich Katz, Claudio Lomnitz, El Porfiriato y la revolución en la historia de México. Conversación, México, Era, 2011, p. 112 y 127.

[32] Entre las historias regionales destacan: Romana Falcón “Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938” (1976); Mark Wasserman “The social origins of the 1910 revolution in Chihuahua” (1980); así como la obra conjunta de Thomas Benjamin y Mark Wasserman “Provinces of the revolution. Essays on regional mexican history, 1910-1929” (1990); además de la investigación de Paul Gerner “La revolución en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo en las montañas de Oaxaca, 1910-1920” (1988). Véase Barrón, Historias, 2004, p. 32.

[33] Françoise Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 329-330.

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EL OCASO DE DON PORFIRIO

Porfirio Díaz, 1910.

Todo comenzó cuando Porfirio Díaz dejó de ser el árbitro del conflicto. Después de un periodo considerable de estabilidad política el consenso generado entre los intereses del centro y las periferias entró en una pugna creciente, mientras que “las dos repúblicas” existentes, a causa del desarrollo del modelo capitalista, asumieron posiciones francamente irreconciliables.

Díaz gobernaba dos repúblicas, su propio México oficial de caballeros de levita y una raída y descontenta república de parias. Cuando se abría una disputa entre Díaz y esa otra república desarrapada, los viejos jefes arrinconados desde la década de 1870 eran los únicos que podían mediar.[1]

Y de pronto nadie medió a favor del general decimonónico. Desde principios de siglo la coalición de intereses porfirista se encontraba muy lejos de constituirse como un bloque hegemónico; la creación de la vicepresidencia en 1904 confirmó, bajo la lógica de un arreglo institucional estable, una fisura al interior del régimen destinada a volverse irresoluble a la luz de los acontecimientos subsecuentes.[2] Para el año de 1908 el presidente había advertido que cada vez le era más difícil “maniobrar por el intrincando laberinto de alianzas y armisticios”;[3] plenamente convencido de que necesitaba de un anzuelo para reestablecer el orden entre “caballeros y parias” resolvió decir lo impensable para hacerse escuchar ante una nación bicéfala. En su intento don Porfirio declaró:

Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un sólo presidente (…) he tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí (…) he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado (…) Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez (…) Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y si llegara a hacerse fuerte, no para explotar sino para gobernar, lo sostendré y aconsejaré, y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país.[4]

El periodista norteamericano James Creelman resultó ser el interlocutor de una audiencia concedida a dos voces distintas: al exterior don Porfirio se mostraba como el demiurgo de una nación moderna, digna de ser considerada como parte íntegra del proyecto occidental, finalmente preparada para implementar una democracia libre y pluralista después de casi cien años de vida independiente; al interior el objetivo era distinto, sus palabras buscaban “destapar” a los disconformes, realmente era un llamado para institucionalizar a la disidencia, ponerla en acción para después atemperarla y refundar la variable de persistencia de la dictadura, “orden y progreso”. No obstante la entrevista resultó ser el producto de un cálculo erróneo, y la razón era simple: casi sin advertirlo y bajo la promesa de una apertura política controlada, un octogenario general había desatado una serie de acontecimientos que descollarían en aquello que se conocería con el nombre de revolución mexicana.

La disputa a nivel de los “cuerpos intermedios” no se hizo esperar. El Partido Democrático, “una agrupación dentro del marco del régimen”, auspició la candidatura a la vicepresidencia del general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y gobernador del estado de Nuevo León; la postulación no tardó en ser respaldada por otros grupos ad hoc como el llamado Club Central Reyista y el Club Soberanía Popular. En contraste, el Partido Reeleccionista auxiliado por el Círculo Nacional Porfirista sería el encargado de garantizar el triunfo de Ramón Corral, ministro del Interior y antiguo traficante de esclavos yaquis.[5]

Con esfuerzos relativos, y muy estilo del siglo XIX mexicano, el presidente Díaz lanzaba una fuerza contra la otra para impedir el crecimiento de ambas; la estrategia surtió su efecto: la maquinaria del sistema contuvo a Reyes exitosamente, sobre todo con el nombramiento como Jefe de la Tercera Zona Militar del general Jerónimo Treviño, un “veterano de la vieja guardia” y enemigo acérrimo del gobernador contencioso.[6] De inmediato Treviño mudó el Cuartel General de la ciudad de Matamoros a Monterrey con el fin de controlar política y militarmente al grupo reyista; en contrapartida el gobernador respondió al cerco con excesiva cautela, lo que hizo que “el movimiento de los claveles rojos” se caracterizara desde sus inicios por una ambigüedad permanente mostrada por una campaña popular en la que el candidato sencillamente nunca estuvo presente.[7] Para junio de 1909 el secretario de Guerra, sin siquiera haber luchado, ya había capitulado. La táctica del general Díaz funcionó pero no por virtudes intrínsecas: cuando el Partido Democrático aceptó la reelección como principio se ancló para siempre al Porfiriato, su oficialismo originario selló la suerte de su fracaso pues de haber surgido del coalicionismo contencioso el resultado hubiera sido muy distinto.[8]

Entre tanto una tercera fuerza minimizada por el presidente y los científicos surgía de una atmósfera saturada de reyismo, se trataba del Partido Antirreeleccionista dirigido y subvencionado por la familia Madero. Bajo los encauces de una liberalización de tipo funcional un joven hacendado coahuilense sin marcar ninguna ruptura con el sistema jurídico vigente, ni con el proyecto modernizador de don Porfirio, comenzó a tender redes, sujetar adscripciones y construir sistemas de lealtades por todo el territorio nacional, poniendo en tela de juicio la hegemonía del presidente y de la coalición dominante en varios niveles de gobierno.[9] En la opinión de Daniel Cosío Villegas:

La gira electoral significaba la invasión de localidades por políticos o agentes ajenos a ellas (…) de allí la alarma no sólo de los gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales, sino también de los jefes de las fuerzas federales donde las había (…) Para decirlo más brevemente, la gira electoral produjo un resquebrajamiento más o menos hondo en todo el aparato gubernamental del país.[10]

Entre 1909 y 1910 Francisco I. Madero emprendió seis giras proselitistas que abarcaron tres cuartas partes del territorio nacional; en cada discurso, en cada conversación insistía en un sólo punto: la necesidad de un cambio ordenado de funcionarios gubernamentales a través del ejercicio del derecho fundamental del sufragio.[11] Bajo la propagación de semejante doctrina, el agua y el aceite finalmente se entremezclaron, los clubes liberales y magonistas así como los católicos de origen decimonónico coaligaron en favor de la única opción que para ese momento parecía rentable. Madero estaba asumiendo el rol que detentara un auténtico “equilibrista” en la política mexicana del siglo XIX, desde el momento en que en pocos meses había logrado conformar cerca de 137 clubes antirreeleccionistas cuya base contenciosa no era del todo espontánea, naturalmente estaba anclada a la reforma juarista, momento ex ante a la dictadura que se desafiaba.[12]

No obstante una estructura de liderazgo nacional como la que se estaba gestando necesitaba de cierto grado de centralización al interior de su base organizativa; inteligentemente Madero aseguró ese principio a partir de una estructura que reconocía la autonomía local proveniente de la forma estatal federal de México: la Convención.[13] Entre el 15 y 17 de abril de 1910 se llevó a cabo la Convención Nacional Independiente de Partidos Aliados, Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático; al evento asistieron un total de 120 delegados que en su conjunto representaban un aproximado de 35 mil antirreeleccionistas.[14] Las discusiones arrojaron un resultado unánime: Francisco I. Madero junto con Francisco Vázquez Gómez fueron postulados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente.

Para el régimen el estado del orden llegaba a un punto crítico. Las elecciones se efectuaron entre junio y julio en medio de la represión y el encarcelamiento. Madero fue arrestado en Monterrey, acusándolo de un delito supuestamente cometido en San Luis Potosí, junto con él cerca de 5 mil líderes y simpatizantes antirreelecionsitas dormían tras las rejas y, por si eso no fuera suficiente, todos los periódicos independientes fueron suprimidos.[15] Ante el nivel de la represión al “apóstol de la democracia” no le quedaba más remedio que advertir en tono fulminante:

Si usted (don Porfirio) y el señor Corral se empeñan en reelegirse a pesar de la voluntad nacional y continuando los atropellos cometidos recurren a los medios en práctica hasta ahora para hacer triunfar las candidaturas oficiales y pretenden emplear una vez más el fraude para hacerlas triunfar en los próximos comicios, entonces, señor general Díaz, si desgraciadamente por ese motivo se trastorna la paz, será usted el único responsable ante la Nación, ante el mundo civilizado y ante la Historia.[16]

 Con el paso de los acontecimientos el clamor por la legalidad iría adquiriendo el tono de “manifiesto de partido”. El 27 de septiembre la Cámara de Diputados declaró injustificada la solicitud de nulidad de los comicios introducida por los antirreelecionsitas; el costo a pagar sería la resistencia en armas. Con apoyo de algunos gobernadores Madero, inicialmente erigido como la cabeza de una coalición de clubes de contención política, repentinamente se convirtió en el líder indiscutible de una confederación de tropas compuestas por “ciudadanos armados”; guardando órdenes y circunstancias se trataba de la reactivación de las famosas “guardias nacionales” al servicio de cada estado de la República.[17]

La liberalización política mostró su faceta disfuncional. Una suerte de “parangón elíptico” al Plan de Tuxtepec ocurría en el peor escenario previsible: el 5 de octubre de 1910, influenciado por el canto de las sirenas, Francisco I. Madero desde San Antonio Texas redactó el Plan de San Luis señalando los mismos males y proponiendo remedios similares que aquellos plasmados por el Plan de la Noria cuarenta años atrás.[18] Casi con un tono de insurgencia el documento llamó a la acción pretoriana ignorando a la clase obrera, sólo un párrafo hacía alusión al campesinado; en suma, “el manifiesto” consideraba los asuntos sociales como un remedo de los grandes problemas políticos mientras que la democratización del régimen, la defensa de la Constitución y la reivindicación del principio de propiedad adolecían a causa de la dictadura que, una vez erradicada –mediante la rotación del personal administrativo y la transformación en los métodos de gobierno–, sanaría de inmediato el sistema social en descomposición.[19] La ingenuidad de Madero no tenía límites: con una simple reforma convocaba a la revolución.

Las fuerzas armadas al servicio del régimen, a pesar de la deficiente organización bélica que presentaban las tropas insurrectas, les era imposible responder con eficiencia la embestida antirreeleccionista. Sin embargo el conflicto aún descollaba bajo la tónica de una revuelta, pues aquello que “se había proyectado como una verdadera revolución llegó a ser una desorganizada y fracasada serie de desórdenes con la apariencia de un embrollo político”.[20]

Tabla I

Insurrecciones Antirreeleccionistas, 1910-1911

1910

Noviembre

Diciembre

1911

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

39

44

52

77

140

145

199

                Fuente: Portilla, Sociedad, 1995, p. 110.

El número de efectivos maderistas nunca excedió los 20 mil hombres; el 70 por ciento estaba concentrado en los estados del norte mientras que el ejército central se componía de más de 30 mil soldados distribuidos por todo el territorio nacional.[21] Pese a la superioridad numérica y profesional de las tropas del general Díaz –nada menos que 29 mil hombres al mando de 99 generales– en el campo de batalla los soldados del régimen cedían paso a los rebeldes; todo gracias a la implementación de una estrategia profundamente atlántica: el fuego simple de una guerra de guerrillas –tabla I–.[22]

Para mediados de febrero de 1911 los antirreeleccionsitas controlaban la Sierra Madre Occidental desde la frontera con Estados Unidos hasta Tepic y Zacatecas; un mes más tarde amedrentaban tenazmente la zona de la Comarca Lagunera hasta las ciudades de Chihuahua y Juárez.[23] La respuesta oficial no se hizo esperar, a la manera de una partida de ajedrez ocurrida entre noviembre de 1910 y mayo de 1911 Porfirio Díaz, plenamente conciente de la localidad del conflicto, desde Palacio Nacional movía gobernadores y secretarios de Estado con el propósito de responder con una “guerra de posiciones” aquello que desde el campo de batalla se erigía como una “guerra de movimientos” parcelarios y en absoluta resistencia.

El patrón de inestabilidad política que sorteaba las relaciones centro-periferia también menoscababa el margen de maniobra del Ejecutivo frente al Congreso y sus secretarías de Estado. El 23 de marzo de 1911 el gabinete, con la excepción de José Ives Limantour y Manuel González Cosío –ministros de Hacienda y Guerra y Marina, respectivamente– renunció en pleno.[24] Dos días después se extendieron nombramientos a Francisco León de la Barra en Relaciones Exteriores, a Demetrio Sodi en Justicia, Jorge Vera Estañol en la cartera de Instrucción Pública, Manuel Marroquín en Fomento y Norberto Domínguez en Comunicaciones; temporalmente Gobernación quedó vacante, de facto Limantour ocupó sus funciones hasta que Vera Estañol, sin renunciar a su nombramiento originario, se encargó de la oficina en cuestión.[25]  Desde luego los relevos y renuncias en las gobernaturas y secretarías de Estado crecían en proporcionalidad a los triunfos que obtenían los antirreeleccionistas en los campos de batalla –figura II–. Entre marzo y mayo de 1911 la noticia era oficial: el gobierno de don Porfiriato vivía sus últimos meses, el otrora “héroe del 2 de abril” había dejado de ser una figura de consenso.

El 1° de abril de 1911 Díaz acudió al Palacio de Donceles. A mitad de discurso la XXV Legislatura rompió en aplausos al escuchar como propuestas: una reforma electoral que incluyera la prohibición de la reelección, la división de las grandes propiedades campesinas, la reforma al sistema judicial y la concesión de una mayor autonomía para las localidades.[26] Madero, para entonces respaldado por clubes y tropas antirreeleccionistas en más 22 entidades federativas, denostó la validez del discurso presidencial; una semana después de la comparecencia los rebeldes asentaron su primer triunfo en el campo de “lo político”: el vicepresidente Ramón Corral salió rumbo a Europa en un exilio disimulado y sin siquiera haber firmado su renuncia.[27]

En ausencia ad interim del vicepresidente se fraguó un breve armisticio que sentaría las bases para un posible acuerdo entre reformistas y científicos. Madero estaba de acuerdo en negociar, siempre y cuando se cumplieran algunos compromisos sustantivos: en primera que se respetara el principio consagrado por el Plan de San Luis sobre el “sufragio efectivo no reelección”, acompañado del nombramiento de catorce gobernadores y cuatro ministros; en segunda, que el régimen se comprometiera a retirar a la brevedad posible las tropas federales de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila para que las fuerzas revolucionarias desde ahí pudieran reestablecer y comandar el orden.[28] No obstante el grado de tensión de las negociaciones era mucho más complejo de lo que a primera vista aparentaba: ninguno de los dos bandos presentaba mayores dificultades ante la remoción de Corral; por el contrario la dimisión de don Porfirio, todavía para la segunda quincena de abril de 1911, detonaba profundas divisiones al interior de los dos extremos combatientes, no por lealtad al viejo dictador sino por las dificultades que de facto acarrearía su desaparición de la escena nacional. El teorema era simple: si Díaz caía Madero obtendría ganancias doblemente significativas en la conformación del gobierno subsecuente; desde luego esa era una posibilidad que los científicos no estaban dispuestos a permitir.

Venustiano Carranza, secretario de Guerra de la coalición maderista, con sagacidad sintetizó la naturaleza de las circunstancias emitiendo una declaración que años más tarde facturaría con el daño de su propio ejemplo: “revolución que transige es una revolución perdida; la revolución que hace concesiones se suicida”.[29] Dado que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a sostener costes de escasa rentabilidad, los científicos decidieron suspender el armisticio en mayo de 1911 alistando al ejército central a amedrentar con las armas el poder y la influencia de los antirreeleccionistas en el campo de batalla. En lo sucesivo un total de 199 refriegas ocurridas en el lapso récord de tres semanas convirtieron la revuelta antirreeleccionista en “la gran rebelión” que definiría el destino del joven siglo XX mexicano –tabla I–.[30]

La situación era complicada. En ciudad Juárez Porfirio Díaz había perdido la última de sus grandes batallas; en tanto que el régimen junto con la clase política que lo auspiciaba no estaban dispuestos a correr con la misma suerte: la multiplicación de las insurrecciones obligaban a los científicos a ceder mientras que Madero no tenía otra opción que negociar con ellos. Y aunque a ninguno de los dos bandos les convenía destronar al régimen, la ausencia de estabilidad obligaba a científicos y antirreeleccionistas a “cortarle la cabeza” al dictador para asegurar el juego de su persistencia. El 25 de mayo del año de 1911, “con un dolor de muela insoportable”, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República.[31] Días después se embarcó rumbo al exilio convencido de que su método de gobierno era el único capaz de pacificar a México; parcialmente estaría en lo correcto. Dejemos que sea él mismo quién describa la naturaleza de las circunstancias:

El Pueblo (…) que me secundó patrióticamente en todas las obras embestidas (…) se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo es la causa de su insurrección (…) respetando como siempre se ha respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 Constitucional Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el voto nacional; y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando su riqueza, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos nacionales.[32]

Mientras el presidente era obligado a renunciar, una dictadura liberal progresista sucumbía en el mismo sitio dónde tres décadas atrás el general Díaz la había instaurado: en una mesa de negociaciones resultado de los triunfos conseguidos por un puñado de tropas insurrectas; sólo que en esta ocasión, a diferencia de 1876, se trataba de un arreglo político en el que el octogenario presidente nunca tomó parte.[33] Antes de exiliarse se dice que don Porfirio comentó: “Madero ha soltado a un tigre; veremos si puede manejarlo”.[34] No ha habido en la historia de este país una mentira tan reproducida y tan ingenuamente creída: no fue el joven hacendado sino el anciano dictador el domador burlado, su fracaso en atemperar la vorágine autonomista que prosiguió a la liberalización convirtió al conflicto pretoriano en “la continuación de la política por otros medios” –figura I–.[35] En ese sentido los dos años que siguieron al Tratado de Ciudad Juárez se erigieron como la suma de todo lo irresoluble en nuestro proceso de nation building; en tanto la reforma, la misma cuya génesis estaba anclada a la segunda mitad del nuovecento, bajo la lógica de una multiplicidad de fuerzas locales inconexas y en exacerbada resistencias desencadenaron aquello que más tarde llevaría el nombre de revolución mexicana.[36]

BIBLIOGRAFÍA:

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Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008.


[1] John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008, p. 20.

[2] Santiago Portilla, Una sociedad en armas. Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, México, El Colegio de México, 1995, p. 31.

[3] Womack, Zapata, 2008, p. 9.   

[4] James Creelman, “Presidente Díaz: hero of the Americas”, in Pearson’s Magazine, XIX, 3. En México la entrevista fue publicada íntegramente los días 3 y 4 de marzo de 1908 en el diario El Imparcial. 

[5] La plataforma programática del Partido Democrático mezclaba una basta selección de ideas liberales como el resurgimiento de las autoridades municipales, la supresión de los jefes políticos y el cumplimiento efectivo de las Leyes de Reforma con tintes de garantismo social tales como el derecho a la educación primaria y las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Françoise Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 109. Portilla, Sociedad, 1995, p. 36. Stanley R., Ross, Francisco I. Madero: apóstol de la democracia mexicana, México, Biografías Gandesa, 1959, pp. 72-75.

[6] Portilla, Sociedad, 1995, p. 41.

[7] Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009, p. 282.

[8] Charles C., Cumberland, Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977, p. 84. Portilla, Sociedad, 1995, pp. 41-44.

[9] Portilla, Sociedad, 1995, p. 51.

[10] Citado en Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 152.  

[11] Cumberland, Madero, 1977, p. 112.

[12] Prueba de ello fue el Partido Nacionalista Democrático, fundado el 22 de septiembre de 1909 por grupos de exreyistas, asistió a la Convención de abril de 1910 asegurando la representación rentable de sus intereses con su adscripción al Partido Antirreelccionista y su respaldo a la candidatura de Francisco I. Madero. Portilla, Sociedad, 1995, pp. 49-50.

[13] Hernández Chávez, Tradición, 1993, pp. 154-156.

[14] Portilla, Sociedad, 1995, p. 58.

[15] Portilla, Sociedad, 1995, p. 60.

[16] Carta de Francisco I. Madero a Porfirio Díaz, 15 de junio de 1910. En Portilla, Sociedad, 1995, p. 61.

[17] De acuerdo con la Constitución de 1857 cada entidad federativa estaba facultada para integrar milicias estatales a la manera de fuerzas paralelas al llamado ejército central. Cumberland, Madero, 1977, p. 138. Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 165. Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 21.

[18] El Plan de San Luis tenía como preceptos fundamentales el establecimiento de la no reelección como ley suprema de la nación; el desconocimiento del dictador en turno; el reconocimiento de Francisco I. Madero como “presidente provisional” con la condición de que apenas la capital fuera ocupada por “las fuerzas del pueblo”, y la mitad de los estados se hallaran en manos de los insurgentes, se celebrarían elecciones; además promulgó la libertad de prensa y el establecimiento de un poder judicial independiente, así como la autoafirmación del pueblo como la única fuente soberana de todo derecho, autoridad y poder. Berta Ulloa, “La lucha armada”, en Daniel Cosío Villegas (coordinador), Historia general de México, México, El Colegio de México, 2006, p. 759. Ross, Francisco, 1959, pp. 82-114.

[19] Asimismo, el Plan de San Luis obligaba a Madero a devolver tierras a los campesinos despojados por haber sido consideradas sus antiguas propiedades como “terrenos baldíos”; y aunque la modalidad de dicha restitución resultó ser muy incierta, dado que sólo una pequeña parte de los afectados había perdido sus parcelas a causa de la implementación de la Ley Federal de Terrenos Baldíos, esa endeble “promesa social” bastó para desatar el mayor levantamiento rural desde la revolución de independencia de 1810. Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 21. Cumberland, Madero, 1977, p. 142. Friedrich Katz, De Díaz a Madero: orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, Era, 2006, pp. 70-71.

[20] Ross, Francisco, 1959, pp. 125-126.

[21] David LaFrance, “Diversas causas, movimientos y fracasos, 1910-1913. Índole regional del maderismo”, en Thomas Benjamin, Mark Wasserman (coordinadores), Historia regional de la revolución mexicana: la provincia entre 1910-1929, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996, pp. 48-49.

[22] Portilla, Sociedad, 1995, p. 398.

[23] Macario Schettino, 100 años de confusión. México en el siglo XX, México, Taurus, 2007, p. 57.

[24] Cumberland, Madero, 1977, pp. 159-160.

[25] Portilla, Sociedad, 1995, p. 418.

[26] Las propuestas emitidas por don Porfirio frente el palacio legislativo de Donceles eran una denuncia de las prácticas de su propia administración; más que una crítica, el programa de reformas era un reconocimiento público de la incapacidad de su gobierno para enfrentar la contingencia, era una confesión de imperdonable debilidad que impulsó a los antirreeleccionistas a realizar nuevos esfuerzos y a formular nuevas demandas. Cumberland, Madero, 1977, p. 160.

[27] Ross, Francisco, 1959, pp. 149-151.

[28] Ross, Francisco, 1959, pp. 156.

[29] Citado en Ross, Francisco, 1959, p. 159.

[30] Portilla, Sociedad, 1995, p. 110.

[31] Ross, Francisco, 1959, p. 168.

[32] Texto de la renuncia del general Porfirio Díaz, 25 de mayo de 1911; citado en Portilla, Sociedad, 1995, pp. 422-423.

[33] El general Díaz fue vencido por las armas, por las tropas irregulares de Madero concentradas en los estados del norte; de ellas nacerían los constitucionalistas, la fuerza militar predestinada a derrotar a la restauración y al ejército central en 1914. Portilla, Sociedad, 1995, p. 90 y 435.

[34] Citado en Cumberland, Madero, 1977, p. 176.

[35] Carl Schmitt, El concepto de “lo político”, México, Folios, 1985, pp. 30-32.

[36] El 21 de mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez. El documento representó una transacción exitosa para el régimen caído. El plan cedió la presidencia interina a Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones de don Porfirio; otorgó la amnistía por delitos de sedición y pugnó por el licenciamiento de las tropas revolucionarias; así como por el aplazamiento de cualquier tipo de reforma social, política o económica que trastocara el orden político establecido. Ruiz, Rebelión, 1984, pp. 136-139.

 

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PEQUEÑA CRÓNICA DE DIEZ DÍAS

WP 17

La cadena de sucesos que llevaron al asesinato de Francisco I. Madero comenzó la mañana del 9 de febrero de 1913: los generales Berardo Reyes y Félix Díaz fueron liberados por la fuerza; el primero de la prisión de Santiago Tlatelolco y el segundo de la penitenciaría de la Ciudad de México. Con el apoyo de tropas federales disidentes ambos líderes marcharon rumbo a Palacio Nacional que en principio debía estar ocupado por las tropas rebeldes; Gustavo Madero, advertido a tiempo de la naturaleza del complot, recuperó sagazmente el edificio y de inmediato el general Lauro Villar, comandante de la guarnición de la ciudad, se sumó para dirigir la defensa contra el inminente ataque. Cuando las columnas de Reyes arribaron las tropas de Villar abrieron fuego a discreción cobrando la vida del exgobernador de Nuevo León junto con 200 de sus hombres. En ese momento el presidente se encontraba en el Castillo de Chapultepec, escoltado por un regimiento de jóvenes cadetes del Colegio Militar marchó hasta el sitio de la emboscada, frente a los cimientos del actual Palacio de Bellas Artes instruyó al general Victoriano Huerta para comandar la defensa de la Ciudadela.[1]

El primer acto del único golpe de Estado que registraría el siglo XX mexicano estaba consumado. Al mando de una “defensa disimulada” Huerta inauguró “la decena trágica” a la manera de un duelo de artillería sostenido entre la fracción disidente del ejército y las tropas que, permaneciendo leales al gobierno,  en definitiva se encontraban bajo las órdenes de un conspirador de ocasión. El resultado no pudo ser más que infame: la población civil fue el principal blanco de un ejército inadvertidamente escindido.

El presidente Madero, permanentemente engañado por los informes del general que comandaba su pueril defensa –e intuyendo muy poco al respecto–, viajó a Cuernavaca para solicitarle al general Felipe Ángeles refuerzos en la Ciudad de México: en menos de dos días arribaron a la capital cerca de 2 mil soldados que fácilmente pudieron desalojar a los 400 rebeldes que ocupaban La Ciudadela. Sin embargo el general Huerta, previniendo las tácticas de Madero, literalmente mandó a los refuerzos por donde vinieron argumentando un supuesto ataque de Emiliano Zapata. Aunque no había indicio que hiciera posible una colaboración entre el Ejército Libertador del Sur y Félix Díaz, un general de altos vuelos como Felipe Ángeles aparentemente “se tragó el cuento” y acató la orden sin cuestionar.[2]

Desde luego Gustavo Madero tenía una actitud muy distinta, atormentado por las dudas resolvió apresar a Huerta a punta de pistola; a las pocas horas fue liberado y reinstaurado por una orden expresa del presidente Madero, acompañada de una disculpa forzada a causa del “comportamiento tan impulsivo” mostrado por su hermano. La espada de Damocles pendía sobre la cabeza del incauto presidente: el 15 de febrero por sugerencia de Henry Lane Wilson, y con el apoyo de los representantes de las naciones de Inglaterra y Alemania, el ministro plenipotenciario del gobierno español solicitó la renuncia del presidente de México. Indignado por la tenaz provocación “diplomática” Madero aseguró que “prefería morir en el cargo” antes de ceder ante presiones extranjeras; sus palabras serían proféticas.[3]

Una maniobra tan arriesgada como el golpe que se estaba gestando requería del acuerdo tácito entre los protagonistas de la arenga trágica: Wilson llamó a Félix Díaz y a Victoriano Huerta al edificio de la Embajada Norteamericana para sellar un pacto que en el pecado llevaría la penitencia.[4] El día 18 la arenga pretoriana se consumó con magistral pulcritud: Huerta compartía los alimentos con Gustavo Madero en el restaurante Gambrinus mientras el general Aureliano Blanquet arrestaba al Francisco I. Madero, a José Ma. Pino Suárez y a Felipe Ángeles junto con los miembros todavía leales del gabinete. Durante las horas que estuvieron en cautiverio muchos legisladores fueron obligados a renunciar, en protesta algunos abandonaron el recinto dejando el Congreso sin quórum suficiente frente a la posible designación de un Ejecutivo ad interim. El general Huerta, aún frente a su incauto comensal, telefoneó a Palacio Nacional para confirmar el éxito de la embestida, acto seguido acribilló a quién días a atrás lo había arrestado; días después corrió la misma suerte el presidente de México. En ese momento todavía el reloj de Catedral no marcaba las dos de la tarde, dos horas atrás desvergonzadamente Henry Lane Wilson ya había cablegrafiado a su departamento de Estado anunciando, en plena antesala al discurso de la sociedad de las naciones, el tenaz derrocamiento de un presidente democráticamente electo.[5]

No obstante la justificación de las acciones golpistas descansaba en un causal de legitimidad ya establecida: el orden político instaurado por los antirreeleccionistas era incapaz de satisfacer las demandas periféricas sin poner en riesgo las variables de persistencia de la gobernabilidad nacional. En una palabra para la vieja clase política resultaba un imperativo regresar a los equilibrios de la pax porfiriana, “cortarle la cabeza” al símbolo por excelencia del clamor reformista para, en un momento posterior, erradicar el movimiento de las rebeliones periféricas. De acuerdo con lo estipulado por Constitución de 1857 era el secretario de Relaciones Exteriores, en ese momento Pedro Lascurain, quién tendría que asumir la titularidad del cargo; cumpliendo con su encargo el secretario designó al general Huerta ministro del Interior, acto seguido renunció para que “el último general porfirista” entrara en funciones con una mínima fracción del Congreso en sesión y bajo el mote de “usurpador”.[6]


[1] Charles C., Cumberland, Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977, pp. 268-270.

[2] Alan Knight, The mexican revolution: from porfiriato to revolution, volume I, Nebraska, University of Nebraska, 2003, pp. 482-487.

[3] La posición de la Casa Blanca con respecto a Madero pasó de cierta simpatía a la hostilidad abierta. Las razones pueden explicarse desde varios frentes: parte se entiende por la negativa del gobierno mexicano en otorgar compensaciones por pérdidas de vidas y propiedades a extranjeros; otra descansó en la promoción de la inmigración europea, acompañada de la proliferación de sentimientos altamente nacionalistas que cundieron en la intención de implementar un servicio militar obligatorio; sin embargo la más significativa de todas descansó en que el presidente Madero incumplió un pacto con la Casa Blanca que implicaba ceder la pujante industria petrolera mexicana a la Estandar Oil Company así como el ferrocarril del Istmo a Ferrocarriles Mexicanos –una empresa norteamericana– a cambio del apoyo político y financiero brindado. Friedrich Katz, De Díaz a Madero: orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, Era, 2006, pp. 97-98.

[4] El Pacto de la Embajada fue sellado el 17 de febrero de 1913 por Henry Lane Wilson, Victoriano Huerta y Felix Díaz. El acuerdo tenía por objeto el desconocimiento de Francisco I. Madero al igual que el establecimiento de una convocatoria que permitiera al general Huerta asumir la presidencia provisional en un plazo no mayor a 72 horas. Charles, C., Cumberland, La revolución mexicana: los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 63-64. Cumberland, Madero, 1977, pp. 272-273.

[5] Cumberland, Madero, 1977, p. 269; Revolución, 1980, p. 25.

[6] Cumberland, Madero, 1977, p. 274.

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1910: BITÁCORA DE UNA REVOLUCIÓN

La revolución mexicana fue un largo puente entre dos siglos mellizos. El año de 1910 –entendido como el simbolismo de un proceso escrito en latín pero imposible de ser interpretado sin el uso de un buen vernáculo — representó una triple tensión sostenida entre las ideas de la ilustración y el desarrollo industrial capitalista, reflejadas por las contradicciones que la reforma liberal sistemáticamente exportaba a la reacción católica, finalmente agravadas por la ruptura del consenso en torno a una dictadura liberal progresista que permitió, tras varios años de ejercicio de la diplomacia del revólver, la construcción de un pacto corporativo estable.

Desde luego el desarrollo intrínseco de cada una de estas distensiones ocurrió en medio de la confrontación flagrante entre formas pretorianas puestas o “contrapuestas”: Francisco I. Madero encabezó la primera con los ropajes de una reforma decimonónica desde San Luis Missouri; tras su fracaso emergió la restauración del “viejo régimen” fraguada por el general Victoriano Huerta y Henry Lane Wilson desde la Embajada Norteamericana; más tarde una ruptura sui generis del pacto federal suscrita por Venustiano Carranza causaría el desplazamiento de la clase política auspiciada por el Porfiriato junto con la derrota final del ejército central; a partir de entonces el constitucionalismo, teniendo sus orígenes en un movimiento de “resistencia en armas”, fue contrabalanceado casi desde su nacimiento por fuerzas disidentes que tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa volverían con la Convención de Aguascalientes subalternas para siempre.

A un lustro del llamado a la revolución una fracción completaba la coalición de intereses hegemónica de un conflicto que, en principio, era de naturaleza eminentemente parcelaria. De pronto, y en medio de un mosaico de movimientos contrarrevolucionarios, sucedió lo impensable: el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo convocó a una Asamblea Constituyente con el propósito de reformar la Carta Magna de 1857. Desde luego las consecuencias del singular hecho no fueron previstas: la fracción ganadora del conflicto revolucionario se escindió desde dentro proyectando a Los Sonorenses –desde el Teatro de la República y sobre la pila bautismal de Tlaxcalantongo– como el justo medio entre una tradición centrífuga y una vanguardia centrípeta.

La sumatoria de todo lo descrito completa el pathos del conflicto revolucionario: aquella enorme conglomeración de esferas de conflictos yuxtapuestos, siempre agrupados en esquemas de distensiones bipolares, sucesivas y alternantes, que necesitaron de al menos treinta años de estabilidad porfiriana para emerger y afirmar su incompatibilidad con el régimen político del cual era un producto indiscutible.

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LOS AYUNTAMIENTOS Y LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO POSTCOLONIAL EN MÉXICO, 1808-1824

El secuestro de Fernando VII y la imposición de Pepe Botella respaldada por Napoleón en 1808 desataron la revolución liberal en España cuyos efectos, al cruzar el atlántico, fueron conocidos con el nombre de revolución hispánica. Toda esta coyuntura histórica, tanto en la península como en los territorios de ultramar, se sintetizaba en una pregunta plagada del espíritu de la ilustración: “¿en quién recaía la soberanía?” Después de haber llamado a Cortes la respuesta claramente fue emitida: en la representación territorial de los pueblos asentados a lo largo y ancho del Imperio.[1]

Para el caso mexicano el orden político gaditano institucionalizaba lo que de facto existía trescientos años atrás. La dominación española fue resultado de “un pacto informal” en el que la Corona delegó a los beneméritos una parte sustantiva de las potestades locales a cambio del ejercicio pleno del poder central; de este modo la centralización en la Nueva España existía, pero de manera selectiva con respecto a un inmenso mar de autonomías, inscritas en espacios novohispanos que se encontraban coordinados más no jerarquizados.[2] Ahí estaba el gran reto de Cádiz: establecerse como un parlamento imperial que debía estratificar los espacios quebrantando las estructuras de poder tradicionales que las reformas borbónicas no habían logrado del todo mitigar. Para tal efecto, y siguiendo la lógica de “los cuerpos intermedios”, los constituyentes de 1812 encomendaron a la diputación provincial dos tareas a la postre altamente tensionadas: a) en la forma desempeñarse como una institución bisagra entre los intereses del centro político colonial con respecto a los detentados por las periferias; b) en la función vigilar y perpetuar el ejercicio constitucional de los ayuntamientos.[3]

Evidentemente los movimientos pro-independentistas reconfiguraron la puesta en práctica de estas dos facultades. Desde el punto de vista de las élites novohispanas la independencia representaba un escaparate ante el peso de los impuestos coloniales; mientras que para los ayuntamientos la insurgencia significaba una oportunidad rentable para combatir el centralismo y afianzar la soberanía de los pueblos a partir de esquemas de recaudación indirectos.[4] Bajo este supuesto quedó suscrito un sistema de relaciones entre diputaciones y ayuntamientos motivado por una vecindad centrípeta, dependiente de la especificidad de cada espacio geohistórico mexicano, producto de una realidad imposible de ser objetivada a tabula rasa.[5]

A principios de la segunda década del siglo XIX la Nueva España resguardaba un total de 630 ayuntamientos; tan sólo en Oaxaca en 1812 subsistían 90 repúblicas de indios que para 1821 quedaron parcialmente comprendidas en los 200 ayuntamientos.[6] En 1803 en la intendencia de México había 1 245 repúblicas y 45 alcaldías mayores; para 1821 se contarían 202 ayuntamientos constitucionales habiéndose perdido un gran número de gobiernos indígenas.[7] Yucatán no fue la excepción a la regla, entre 1814 y el año de la consumación de la independencia cientos de repúblicas perecieron, al tiempo que se pasó de 108 a 178 cabildos.[8] En Tlaxcala la abolición de ayuntamientos exclusivamente indígenas abrió las puertas a una amplia gama de cabeceras que se declararon independientes de la capital; finalmente para 1822 se reconocieron 42 ayuntamientos.[9] Esta situación contrastó ampliamente con los casos de Guanajuato y San Luis, regiones de menor concentración indígena que entre 1820 y 1822 crearon 22 y 52 ayuntamientos respectivamente.[10]

Desde luego detrás de la multiplicación de los espacios existía una mecánica de incentivos redituable para criollos y mestizos, pero profundamente desfavorable para los pueblos indígenas en los espacios dónde éstos no eran mayoría, o simplemente estaban dispersos geográfica, lingüística o étnicamente. La desaparición progresiva de las repúblicas de indios, en aras de la igualdad jurídica y de la modernidad, no sólo implicó el detrimento de sus usos y costumbres sino la imposibilidad de controlar de manera directa sus recursos públicos; por otra parte donde los indígenas no eran fusionados con las élites criollas y mestizas, los ayuntamientos más que “una comunidad jerárquica de sujetos colectivos” eran la piedra de toque entre una tradición corporativa propia del antiguo régimen y, en última instancia, representaban “una soberanía compartida” producto de una revolución tan liberal como distante.[11]

Sin embargo durante el primer periodo gaditano (1812-1814) los ayuntamientos, al tiempo que se hicieron promotores del sufragio en los territorios de sus provincias, reforzaban sus atribuciones gubernamentales, jurisdiccionales y fiscales.[12] De igual manera, y una vez más de manera profundamente diferenciada a lo largo de la Nueva España, se convirtieron en los mediadores por excelencia entre los sistemas de recaudación centrales y provinciales y los contribuyentes locales.[13] Bajo las labores de un estricto co-gobierno los cabildos se erigieron como maquinarias de ejercicio continuo de instrucciones desde el momento en que fueron capaces de encomendar a sus diputaciones la resolución de problemas múltiples; tales como la tenencia de la tierra, la regulación y disminución de los derechos eclesiásticos, usos de bosques, pastos y aguas, cuestiones limítrofes así como étnico-identitarias.[14]

No obstante el retorno de Fernando VII al trono español puso punto final a la pregunta ilustrada; hecho que de ningún modo interrumpió la reconfiguración de los espacios de representación novohispana. La abolición de la Constitución de Cádiz y la restauración de los viejos órdenes, subdelegaciones e intendencias, intensificaron una serie de resistencias locales que allanaron en favor del separatismo. Para 1820, tras el regreso del documento gaditano, los ayuntamientos reinstaurados emergieron como “los agentes principales”, como los detentadores reales de poder entre un conjunto de diputaciones provinciales erigidas a la manera de cuerpos independientes del poder central y con dominio absoluto sobre sus propios asuntos.[15] En esencia estas fueron las variables de orden de la “revolución territorial”, una suerte de reivindicación popular del principio autonomista aparejada al crecimiento exponencial de los espacios de contención y asociación política de diputaciones y cabildos.[16]

Por otra parte durante el segundo periodo gaditano (1820-1822) las diputaciones se adhirieron al Plan de Iguala y Casa Mata rompiendo de manera definitiva con los últimos resquicios del orden colonial; hecho que fortaleció la esfera de influencia de las diputaciones al grado de posicionarlas en condiciones de ventaja ante las figuras de los jefes políticos tradicionales. A partir de entonces empezaron a ser consideradas como un “supremo gobierno”; responsables del control de la hacienda pública, de organizar a las tropas y la milicia impulsando “un federalismo sui generis” con el objetivo de afianzar su control sobre una serie de contribuciones fiscales y administrativas originalmente depositadas en los ayuntamientos.[17]

El empoderamiento de las diputaciones no significó un detrimento de la figura de los ayuntamientos; no obstante implicó la emergencia de un dilema que dominaría el resto del siglo XIX mexicano: “¿federalismo de estados o de municipios?”[18] En el fondo esa disyuntiva encubrió una lógica de recaudación descentralizada que al interior de las entidades debía convertirse en “captación centralizada”, capaz solventar el gasto público y de aminorar el déficit presupuestario generado por una multiplicidad exorbitante de municipios; por cierto ese fue el problema recurrente cada vez que se discutió sobre las formas de gobierno en el México independiente.

Claramente la “revolución territorial” del periodo gaditano no tardó en cobrar su factura. Para los tiempos de nuestro primer Constituyente (1823-1824) la reconfiguración del espacio estaba lejos de haber terminado: caso emblemático fue la creación del Distrito Federal producto de una escisión largamente impugnada por el estado de México; el 18 de noviembre de 1824 sería la federación quién terminaría cobrando las jugosas rentas de la ciudad de México. Mucho más complejo fue el asunto del ayuntamiento de Huejutla que el 10 de junio de 1823 convocó a los demás ayuntamientos de la Huasteca, San Luis, Puebla, México, Nuevo Santander y Veracruz para formar una nueva provincia de mayoría indígena, y aunque al final se impuso el control de la diputación de San Luis, el conflicto devendría en largas discusiones sobre el control de los estancos y los impuestos del tabaco que llegarían a la etapa federal. Casi bajo esa misma tónica, el 15 de enero de 1824 el ayuntamiento de Huamantla dirigió una representación al Congreso respaldada por cinco cabildos a favor de la unión de Tlaxcala al estado de Puebla; el 24 de noviembre los diputados tomaron una decisión salomónica y la declararon territorio.[19]

No sería una exageración argumentar que en este país los municipios nacieron antes que la República, y lo hicieron bajo el sendero de una monarquía moderada cuya ancla de legitimidad durante mucho tiempo sería el Plan de Iguala.[20] El antiguo eje gaditano “vecindad-ciudadanía”, encaminado a limar las asperezas sostenidas entre las autoridades y las soberanías de los pueblos, a partir del gobierno de Guadalupe Victoria estaría sujeto a los equilibrios de un sufragio predominantemente indirecto y altamente diferenciado; su punto de partida de nueva cuenta serían los municipios, pero esta vez comprendidos como bisagras de un nuevo orden, como el contrapeso territorial entre los gobernadores, el gobierno central y las legislaturas locales, con el claro objetivo de limitar el área de influencia militar y fiscal de la federación en los estados.[21]

Claramente esta compleja red de distensiones entre poderes y equilibrios de prominencia fraguó hondas raíces a lo largo del siglo XIX mexicano, al grado de que una vez agotado el “confederalismo” tanto como el “unitarismo”, el diseño federal de la segunda mitad del siglo XIX todavía sujetaría los términos de su gobernabilidad a “una relación contractual, pactista, entre estado y pueblos” en la que los ayuntamientos electivos cobrarían poderes jurisdiccionales autónomos, dándole por primera vez a la ciudadanía cierta dimensión de autogobierno localista.[22] Desde entonces a la fecha ahí ha radicado la legitimidad del municipio en México.

*Artículo originalmente publicado en: Alcaldes de México, Número 3, Septiembre-Octubre, México, 2009.

BIBLIOGRAFÍA:

Annino, Antonio, “El Jano bifronte: los pueblos y los orígenes del liberalismo en México”, en Leticia Reina, Elisa Servín (coordinadoras), Crisis, reforma y revolución. México: historias de fin de siglo, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Taurus, 2002, pp. 209-252.  

———— “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Hilda Sabato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 62-95.

———— “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, pp. 17-64.

———— “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 177-226.

Bellingeri, Marco, “Soberanía o representación: legitimidad de los cabildos y la conformación de las instituciones liberales en Yucatán”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, pp. 65-90.

———— “Las ambigüedades del voto en Yucatán: representación y gobierno en una formación interétnica, 1812-1829”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 227-290.

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———— “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX”, en Alicia Hernández Chávez, Manuel Miño Grijalva (coordinadores), Cincuenta años de historia en México, volumen II, México, El Colegio de México, 1993, pp. 221-242.

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Salinas Sandoval, María del Carmen, “Del imperio al federalismo: Estado de México, 1823-1827”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 445-474.

Serrano Ortega, José, “Federalismo y anarquía, municipalismo y autonomía: Guanajuato, 1820-1826”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 263-288.


[1] Por territorio no puede entenderse “un simple agregado de comunidades ni una construcción artificial a partir de la geografía, sino más bien la resultante de la tensión entre comunidad y autoridad”. A partir de esa tensión emerge el espacio postcolonial que es al mismo tiempo geografía, política, sociedad y cultura. Marcello Carmagnani, “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX”, en Alicia Hernández Chávez, Manuel Miño Grijalva (coordinadores), Cincuenta años de historia en México, volumen II, México, El Colegio de México, 1993, p. 231.

[2] Marcello Carmagnani, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850” en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 42-46.

[3] Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo en México, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. pp. 108-121.

[4] Antonio Annino,“Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 221. Brian, R., Hamnett, “Fraccionalismo, constitución y poder personal en la política mexicana, 1821-1854: un ensayo interpretativo”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 86-88.

[5] Antonio Annino, “El Jano bifronte: los pueblos y los orígenes del liberalismo en México”, en Leticia Reina, Elisa Servín (coordinadoras), Crisis, reforma y revolución. México: historias de fin de siglo, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Taurus, 2002, p. 221. Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 225-226.

[6] Annino, “Cádiz”, 1995, pp. 203-215.

[7] María del Carmen Salinas Sandoval, “Del imperio al federalismo: Estado de México, 1823-1827”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 468.

[8] Marco Bellingeri, “Las ambigüedades del voto en Yucatán: representación y gobierno en una formación interétnica, 1812-1829”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 267.

[9] Raymond Buve, “Una historia particular: Tlaxcala en el proceso del establecimiento de la primera república federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 533-540.

[10] José Serrano Ortega, “Federalismo y anarquía, municipalismo y autonomía: Guanajuato, 1820-1826”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 276. María Isabel Monroy Castillo, Tomás Calvillo Unna, “Las apuestas de una región: San Luis Potosí y la República Federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 328.

[11] Antonio Annino, “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 31.

[12] Bellingeri, “Ambigüedades”, 1995, p. 260.

[13] Serrano, “Federalismo”, 2003, p. 276.

[14] Monroy Castillo, Calvillo Unna, “Apuestas”, 2003, p. 325.

[15] Benson, Diputación, 1995, p. 24. Carmagnani, “Territorio”, 1993, p. 230.

[16] Annino, “Cádiz”, 1995, pp. 177-181.

[17] Serrano, “Federalismo”, 2003, pp. 265-267 y 274-276.

[18] Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 225-226.

[19] Buve, “Historia”, 2003, p. 546. Monroy Castillo, Calvillo Unna, “Apuestas”, 2003, p. 342. Salinas Sandoval, “Imperio”, 2003, pp. 462-463.

[20] Annino, “Jano”, 2002, pp. 243-244.

[21] Escribo “sufragio predominantemente indirecto y altamente diferenciado” pues en algunos estados se ejercía el voto popular directo (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa), que coexistía con el sufragio indirecto en primer grado (Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis), así como con el voto mixto (Agusacalientes, México y Campeche). Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 232-236.

[22] Annino, “Cádiz”, 1995, p. 225; “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Hilda Sabato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 72.

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RADIOGRAFÍA MÍNIMA DEL VIEJO RÉGIMEN

Las instituciones políticas emanadas del pacto social revolucionario surgieron por la interacción y el desacuerdo propiciado por las fuerzas sociales existentes, así como por el gradual desarrollo ocurrido al interior de los procedimientos y dispositivos de organización diseñados para resolver dichas discrepancias; en consecuencia “a medida que las fuerzas sociales se hicieron más heterogéneas, las instituciones se tornaron mucho más complejas y autoritarias” (Huntington, 1997: pp. 21-22). Ese fue el credo imperante a lo largo y ancho del proceso modernizador en México, proceso que al interior de su estructura organizativa alcanzó un elevado grado de institucionalización.

Bajo este contexto el orden político posrevolucionario, aún bajo el remanente de la diplomacia del revólver, se logró afianzar como un sistema político moderno mediante la construcción de un partido político capaz de conducir los destinos del régimen, soportando con ello la legitimidad de la clase gobernante durante poco más  de siete décadas. Así el sistema presidencial mexicano logró concretar una compleja red de relaciones a nombre del Estado, sirviendo como el emblema de unidad al interior de las fracciones dominantes y como el representante ideológico más visible en los proyectos de desarrollo que la nación en un momento determinado llegó a implementar (López Villafañe 1997, p. 56). Contrario al mito –que en los últimos años ha cobrado muchos adeptos– el poder del presidente radicaba en la institución y no en la persona; sin embargo dicho poder era impensable sin el consenso ejercido por el mandatario en turno vía el cuerpo de instituciones que de su figura política sistemática emanaban.

De esta manera el partido del gobierno se mantuvo desde su origen y durante mucho tiempo como un cuerpo de alianzas capaces de cooptar las fuerzas políticas del nuevo Estado. La tarea no era sencilla, para sostener las labores de la centralización se necesitó de una escalada de acontecimientos y coyunturas críticas capaces de incidir en el desarrollo político nacional así como el diseño institucional vigente: en ese tenor “el partido de partidos” del año de 1929 se transformó rápidamente en un “partido de sectores” en 1938, para finalmente, en 1946 constituirse como “un partido diseñado para el control de los sectores” (López Villafañe, 1997: pp. 181-187). Esa fue la metodología que construyó un sistema político al servicio de la administración del conflicto y del sostenimiento de una estabilidad abiertamente autoritaria.

Una vez consolidado el PRI como partido hegemónico el régimen político quedó por completo institucionalizado; desde entonces hasta 1985 el Revolucionario Institucional se reservó el ejercicio particular del justo medio existente entre el orden político y el cambio permanente.[1] En primer lugar aseguró el relevo pacífico de los mandos públicos; al tiempo que incentivó una serie de instituciones y corporaciones capaces de cooptar amplios sectores al proceso político de manera organizada y limitada; esto último le proporcionó a la elite gubernamental un amplio margen de maniobra, facultándosele para abrir espacios a la disidencia sin que éstos representaran una fuerte amenaza; hecho que le permitió basar su dominación en el mínimo grado de represión, asegurando de antemano la subordinación de las fuerzas armadas a los mandos civiles, e incluso disminuyendo la brecha existente entre una práctica autoritaria y “una formalidad democrática”; todo este conjunto hizo posible un grado de legitimidad adicional en su desempeño gubernamental (Crespo, 1999: pp. 45-47).[2]

El PRI, erigido como la precondición necesaria para el ejercicio óptimo de cada una de estas eventualidades, era además un actor protagónico en el marco de elecciones periódicas, estables y no competitivas.[3] Esta situación era propiciada por una paradoja funcional que con el paso de las décadas retrasó el ascenso de la vida democrática del país: la metaconstitucionalidad en el ejercicio del poder presidencial. Me refiero a aquella vieja relación de extra formalidad construida a nivel sistema alrededor de 1933 que, entre otras cosas, posibilitó la abdicación del Legislativo en favor del Poder Ejecutivo vía la estructura organizativa del partido, incentivada por la imposibilidad de relección consecutiva de los diputados que invariablemente era traducida, por una suerte de simbiosis institucional, en disciplina y lealtad para con el presidente en turno.[4] Esta cadena de relaciones causales y escalonadas lograron la construcción de mega mayorías que desde Donceles –y mucho después desde San Lázaro– coadyuvaron a la puesta en práctica de un enorme poder presidencial que se tradujo en la capacidad desmedida de reforma constitucional del PRI y del Ejecutivo (Lujambio, 2003: p. 255).[5]

De manera paralela la sintomatología de los comicios, en un principio plebiscitarios y mucho después semicompetitivos, alcanzó grados de sofisticación encomiables: además de la intervención de la estructura gubernamental, la movilización electoral era accionada por mecanismos clientelares y patrimonialistas, limitando cualquier indicio de apertura y libre expresión ciudadana sobre la base de normas discrecionales e inequitativas, capaces de controlar tanto el escrutinio como los procedimientos de integración de la representación política, así como de utilizar como último recurso de estabilidad y permanencia prácticas fraudulentas construidas en torno a las urnas y el conteo de los sufragios (Molinar, 1988: pp. 260-266). Bajo tales síntomas el régimenpolítico mexicano muy bien podía caracterizarse como “un modelo autoritario de pluralismo limitado y no participativo” (Cansino, 2000: p. 98); y la etiqueta no era exagerada pues se trataba de un forma de organización política donde el sistema de libertades y tolerancia hacia otros grupos, necesario para la realización plena de un Estado constitucional democrático, no llegó nunca a implementarse y tampoco a consolidar un subsistema judicial de función eficiente, mucho menos a impedir la subordinación del Congreso a un Ejecutivo naturalmente corporativizado y tendencialmente centralizado (Muñoz Petraca, 2001: pp. 32-33).

A más de medio siglo de distancia lo que quedó del “viejo” régimen, pese a más de treinta años de apertura y democratización, hoy se presenta como un tremendo y aletargante obstáculo para la movilidad y el cambio político en México.

BIBLIOGRAFÍA:

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Molinar Horcasitas, Juan (1993). El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena.

——– (1988). “La asfixia electoral”, en Cordera Campos, Ronaldo; Trejo, Raúl; Vega, Juan Enrique (coordinadores), México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra, México, Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, Siglo XXI, pp. 259-269.

Muñoz Petraca, Víctor Manuel (2001). Del autoritarismo a la democracia: dos decenios de cambio político en México, México, Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México.

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Weldon, Jeffrey (2002). “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”,en Mainwarring, Scott; Soberg, Matthew Shugart (editores), Presidencialismo y democracia en América Latina, Buenos Aires, Paidós, pp. 175-211.


[1] De manera muy escueta un régimen político se suscribe “a cierta escala de valores, normas y estructuras de autoridad” sensibles a cambios profundos que reconfiguran, en mayor o menor medida, la lucha política al interior de las instituciones del Estado (Levi, 2002: pp. 1362-1363). En cambio un partido hegemónico no permite la competencia formal por el poder, lo que por ningún motivo exime la existencia de otros partidos que existen “como meras fracciones de segunda”, sin posibilidades reales de competencia ni equidad en los términos de la misma (Sartori, 2005: p. 282).

[2] Desempeño que siempre fue medido en estándares de crecimiento económico. De esta manera fue posible confundir dos opuestos absolutos: “entremezclar el corporativismo con pluralismo”, la represión con la cooptación y la continuidad con la flexibilidad, al grado de provocar una estabilidad autoritaria altamente funcional (Levy, 1989: p. 485).

[3] Los gobiernos mexicanos reconocieron en la democracia una de las metas menos trascendentes de la revolución, actitud que quedó por completo reforzada desde la primera campaña presidencial del PNR, cuando el partido de Plutraco Elías Calles postuló a Pascual Ortiz Rubio dos elementos se convirtieron en tendencias a seguir por el sistema: las urnas nunca habrían de determinar ningún papel decisivo en la vida política nacional, así como el resultado de las elecciones estaría acordado de antemano (Meyer, 1988: p. 78).

[4] En el año de 1933 se reformó el artículo 59 constitucional con el propósito de impedir la relección consecutiva de diputados y senadores, debilitar la representación local adherida al caudillismo del PNR y posibilitar un Congreso cada vez más centralizado, leal a la figura del Ejecutivo y mucho más apegado a la estructura de intereses del partido gobernante (Weldon, 2002: p. 191).

[5] Esto involucraba la coexistencia de estructuras de poder formales aparejadas con otras formas de naturaleza mixta, informales de jure pero completamente formales de facto (Molinar, 1993: pp. 17-18).Desde luego la penetración efectiva del Ejecutivo en el actuar de los otros dos poderes, vía un arreglo institucional previo, ocurrió porque tanto los magistrados como los parlamentarios encontraron mayores incentivos en la disciplina autoimpuesta que en su ejercicio como contra-balanceadores reales ante aquel “poder indiviso y unitario” representado por la presidencia de la república (Casar, 2002: pp. 42-71).

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