Archivo mensual: julio 2013

EXEQUIAS PARA EL PRI

PRI

Poco falta para que el PRI en Puebla coloque inmensos espectaculares por toda la ciudad con la leyenda: “se buscan culpables”. Algunos al interior del partido incluso han sugerido volver a transgredir el lenguaje y añadir la indebida diéresis correspondiente, la misma que los identificó y en su momento los hundió, catapultándolos a una derrota que no sólo los hizo morder el polvo sino que literalmente los tomó por sorpresa.

Digno de la más patética escena de “las brujas de Salem” los unos a los otros en el Revolucionario Institucional se han señalado como “traidores”, como presuntos responsables de una culpa que les carcome las heridas; como si el solo señalamiento fuera capaz de redimirlos frente al descrédito y la deshonra. En el paredón de los acusados una pregunta se ha vuelto constante: ¿cuáles fueron los factores de la derrota? La búsqueda de una posible respuesta ha llevado a los priístas a romper con la retórica y a sostener por verdades evidentes los más funestos disparates. Así, en su terrible e inútil obsesión por darse explicaciones a sí mismos los pretextos se han hecho pasar por razones de peso: la imposición, compra y coacción de candidaturas; la falta de oficio político de su dirigente Pablo Fernández del Campo; los intereses y ambiciones inocultables de Enrique Doger Guerrero; los nexos y cercanías impresentables de Javier López Zavala; el oscuro pasado de Blanca Alcalá; la lealtad a sueldo de Antorcha Campesina y otros gremios; la torpeza e inexperiencia del equipo de trabajo de Enrique Agüera; la orfandad y el abandono al que fueron sometidos por Enrique Peña Nieto en aras del Pacto por México; son sólo algunas de las argucias que muchos respaldan y que otros más desacreditan.

Más allá de los clichés y lugares de costumbre la debacle del PRI no fue producto de la coyuntura, del “mal de ojo” de Casa Puebla o de las intrigas palaciegas de su militancia; por el contrario la derrota perfectamente calza en un proceso de larga data donde una curva decreciente en sus preferencias electorales muestran una estática alarmante: durante el año 2004 para la presidencia municipal de Puebla el Revolucionario Institucional obtuvo 242 mil 950 sufragios totales mientras que en 2007, a pesar del crecimiento constante del padrón electoral, esa cifra se redujo a 224 mil 538 electores, tendencia que durante los comicios de 2010 terminó en 201 mil 046 votos hasta llegar a un punto crítico el pasado 7 de julio con aproximadamente 198 mil 188 sufragios totales emitidos. Los datos no sólo convierten a Enrique Agüera en un candidato oficialmente derrotado sino también en el menos votado en los últimos diez años.

Al interior del estado la “estática” también quedó consumada: sumando las cifras de cada uno de los distritos uninominales resulta que en 2004 el PRI obtuvo 780 mil 570 sufragios, tres años después esa cifra osciló en 764 mil 005 votos que durante las elecciones del 2010 se tradujeron 895 mil 077, y más recientemente en 787 mil 790 electores aproximadamente. Un análisis inmediato y poco cauteloso podría asumir que las votaciones se han mantenido constantes y sin desplomes significativos; desde luego se trata de una conclusión premeditada: ¿cómo fue posible que en 2010 el PRI logró victorias contundentes y votaciones competitivas en 12 distritos; mientras que en 2013, con tan sólo 107 mil 287 sufragios de diferencia, la competitividad del tricolor se limitó a 5 de 26 distritos? Las fronteras distritales, monedas intercambiables por sufragios ad hoc, aseguran triunfos anunciados y derrotas anticipadas. En una palabra, el gerrymandering que hace treinta años patentara “el carro de la revolución” les comió el mandado a los priístas poblanos. Ver para creer.

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LA NOCHE DE LOS PRIÍSTAS TRISTES

The Simpsons

¿Cómo ha procesado el PRI el descalabro electoral del domingo pasado? De la peor forma posible, acostumbrados a los tiempos del partido hegemónico, del populismo de Melquiades Morales o de las argucias criminales del “góber precioso”, la inmensa mayoría de los priistas no están capacitados para administrar la derrota: los cuadros más importantes del partido, instalados en un discurso psicópata, han optado por la descalificación y el descrédito; los militantes duros, aquellas curiosas creaturas pertenecientes a un mundo político casi extinto, aún no salen del shock que les provocó ver su suerte detrás de las facturas de una derrota histórica y humillante; mientras que sus simpatizantes, con la candidez que les caracteriza, han hecho de la indiferencia su refugio temporal.

Al interior de la entidad la crisis del PRI ha alcanzado niveles inimaginables: la Coalición 5 de Mayo únicamente el nombre tuvo de flamante, ni en Zacapoaxtla triunfó, los bastiones del otrora “partidazo” quedaron reducidos a las zonas de Tepeaca, Acatlán de Osorio, Tehuacán Sur y Ajalpan, distritos –18, 23, 25 y 26 respectivamente– donde el Revolucionario Institucional obtuvo votaciones respetables y en algunos casos hasta nos sorprendió con victorias contundentes. La fórmula proyectada por Casa Puebla resultó impecable: un gerrymandering aderezado con partidos de ocasión –PT, PSI y Movimiento Ciudadano– y de coalicionismo flexible circundó los bordes de una gran alianza construida gracias al reparto de lugares en las listas de proporcionalidad, así como en las fórmulas de representación directa, hecho que sin duda le permitirá a Rafael Moreno Valle continuidad en su inmenso margen de maniobra legislativa.

En la capital del estado la debacle dista de ser menos grave: la Coalición Puebla Unida le cambió la placa y el color “al carro de la revolución”; únicamente en el Distrito 16 el PRI presentó votaciones competitivas, aunque al final no sirvió de mucho pues Víctor Manuel Giorgana se quedó con las ganas de repetir cargo en el Congreso del Estado. Y aunque prácticamente el Revolucionario Institucional “desapareció del mapa” electoral, no repiquemos las campanas de la democracia, pues desde hace varios años Puebla está inscrita en la lógica de un autoritarismo competitivo.

Desde luego la candidatura a la presidencia municipal de Puebla, en virtud de los resultados obtenidos –alrededor de 10 puntos porcentuales y 55 mil votos por debajo de la fuerza política más votada–, merece una mención aparte: el único mérito de Enrique Agüera consistió en saber administrar la abundancia de la máxima casa de estudios, su discurso, campaña y propaganda intentaron infructuosamente adueñarse del esfuerzo de una comunidad plural de alumnos, docentes y personal administrativo; ese fue su primer error. El segundo consistió en desplazar a los operadores tradicionales del PRI, los únicos que con su conocimiento del terreno podrían asegurarle alguna posibilidad de triunfo; por el contrario prefirió confiar en su gente que sabe “convencer” estudiantes pero que desconoce el comportamiento de electores y votantes, “generales con medallas de chocolate” que por primera vez salieron de Ciudad Universitaria para incursionar en el campo de batalla. La tercera falla fue todavía más simple: detrás de su discurso sobre la persona humana nunca se asomó el ciudadano y sus necesidades reales; mientras que el manejo de su imagen parecía que estaba en manos de sus adversarios, el inmejorable posicionamiento de su nombre terminó reducido al uso y abuso de una simple vocal, un signo de mal gusto que llevó a pique su campaña en tiempos donde la imagen y el cuerpo son los instrumentos idóneos de la acción política. El cuarto inconveniente era casi inevitable, el origen y justificación de su inmensa fortuna, evidentemente las demandas infundadas y las declaraciones improvisadas no fueron la forma más inteligente de atajar la situación.

Moraleja de esta triste novela: cuando de fórmulas y de candidaturas se trate la militancia y el trabajo de base deben llevar la primicia; y aunque en política no hay victorias duraderas ni derrotas perpetuas, dependerá de la unidad de los priístas y de la disposición de su clase política la regeneración de su agenda y la capitalización de su derrota.

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7 DE JULIO: HORA CUMPLIDA

IEE Puebla

Los números son verdaderamente apabullantes: este domingo 7 de julio desde las primeras horas de la mañana serán instaladas en el estado de Puebla 6 mil 919 casillas que comprenderán las generales de 4 millones 066 mil 805 ciudadanos y 8 millones 236 mil boletas electorales. Un verdadero ejército de poco más de 50 mil funcionarios de casilla, seguros votantes capacitados y doblemente insaculados adscritos a todas las tendencias políticas imaginables, vigilará y registrará el conteo de los sufragios hasta las horas aciagas de la jornada electoral, probablemente acompañados por la visita escrupulosa de 544 observadores debidamente registrados que irán y vendrán de una sección a otra. En una palabra los datos muestran un incremento atípico del 9.23 por ciento con respecto del proceso electoral de 2010, una curva creciente patrocinada por un crecimiento demográfico preocupante y, en segunda instancia, por la aparente “seguridad” que ofrece Puebla frente a las migraciones forzadas motivadas por el clima de emergencia que desde hace más de un sexenio padece el sur-sureste del país.

Frente a ese tsunami de cifras, encubierto tras la pulcritud institucional de un diseño electoral francamente derrotado, sobre todo frente al uso electoral de la función pública o la compra y coacción del sufragio, se esconden otros millones no tan publicitados como los anteriores: el Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó por concepto de financiamiento público para el ejercicio de actividades ordinarias permanentes, así como actividades tendientes a la obtención del voto, correspondientes al Proceso Estatal Ordinario 2012-2013, la escandalosa suma de 102 millones 492 mil 924.12 pesos distribuidos con apego a los criterio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado entre nueve fuerzas políticas en su inmensa mayoría coaligadas.

¿Y para qué tantos millones? Tal vez para que en la ciudad de Puebla los espectaculares se enorgullezcan del uso y abuso de una pésima ortografía, o recurran al cliché más soso posible sintetizado en la expresión de “más y mejor obra pública”; o por el contrario, para que en todo el estado ese dinero termine cosificados en cientos de miles de pancartas, volantes, microperforados y souvenirs de ocasión –completamente inútiles todos– que además de contaminar el espacio público bajo el prejuicio de que “candidato que no es visto no es votado”, saturen la ciudad con rostros silenciosos que atestiguan con despilfarro e indiferencia –eso ya casi es una premonición– todos los desperfectos que poco nos falta para convertirlos en “patrimonio cultural”: luminarias apagadas, cables caídos, semáforos no sincronizados, parques descuidados, fugas de agua sistemáticas y eternas, baches –algunos casi cráteres– soberbios y crecientes, alcantarillas desaparecidas, franeleros y ambulantes adueñándose de la vía pública pero con el permiso que les otorga su derecho de piso, cruceros peligrosos carentes de puentes y semáforos peatonales, bandas de autopartes comerciando tras el cobijo de las autoridades, escasas patrullas y elementos policiacos haciendo uso de una corrupción y un despotismo escandaloso. En fin, la lista es interminable.

¿Y todo esto desde cuándo? Desde que tenemos memoria en Puebla capital y en el estado. El reformismo electoral, el aumento de la competitividad al interior de los partidos políticos y las coaliciones de intereses, los mayores índices de participación y preocupación ciudadana sobre las cosas públicas; todo eso aún no se ha podido traducir en un gestión gubernamental eficiente, austera y decorosa, capaz de responder a las demandas inmediatas no solo del mayor número, sino de los grupos más vulnerables. Y a propósito: un total de 968 mil 238 personas sobreviven en la entidad en situación de pobreza extrema –datos avalados por CONEVAL en 2010– y curiosamente ni uno sólo de más de 13 mil candidatos en campaña se atrevió a plantearles alternativas concretas y viables para mejorar su situación de vida; y paradójicamente, a mí no me cabe la menor sospecha, más uno –en una indigna respuesta frente a la precariedad de su situación– intentará comprarles su sufragio.

Durante este proceso electoral la banalización de las campañas no tuvo precedentes. Ya veremos si en las próximas horas estos comicios actuarán o no como un plebiscito positivo, o negativo, a la función pública del Ejecutivo del estado; si la autonomía universitaria es tan sólo una mera expresión retórica o está llena de contenidos sustanciales y activos; si las calumnias, verdades y bajezas de las campañas negativas incentivaron o inhibieron la votación total emitida; ya veremos si las encuestas midieron con pulcritud metodológica las tendencias y preferencias de los ciudadanos o simplemente fueron una extensión más de la propaganda partidistas; y tal vez lo más importante, ya veremos si los votos se cuentan con pulcritud y respeto o si los comicios terminan sepultados bajo una montaña de impugnaciones y sujetos a la jurisdicción de los tribunales. Por lo pronto dejemos que la virtud y la fortuna actúen sobre la diversidad de la materia y saquen sus propios resultados.

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EL OCASO DE DON PORFIRIO

Porfirio Díaz, 1910.

Todo comenzó cuando Porfirio Díaz dejó de ser el árbitro del conflicto. Después de un periodo considerable de estabilidad política el consenso generado entre los intereses del centro y las periferias entró en una pugna creciente, mientras que “las dos repúblicas” existentes, a causa del desarrollo del modelo capitalista, asumieron posiciones francamente irreconciliables.

Díaz gobernaba dos repúblicas, su propio México oficial de caballeros de levita y una raída y descontenta república de parias. Cuando se abría una disputa entre Díaz y esa otra república desarrapada, los viejos jefes arrinconados desde la década de 1870 eran los únicos que podían mediar.[1]

Y de pronto nadie medió a favor del general decimonónico. Desde principios de siglo la coalición de intereses porfirista se encontraba muy lejos de constituirse como un bloque hegemónico; la creación de la vicepresidencia en 1904 confirmó, bajo la lógica de un arreglo institucional estable, una fisura al interior del régimen destinada a volverse irresoluble a la luz de los acontecimientos subsecuentes.[2] Para el año de 1908 el presidente había advertido que cada vez le era más difícil “maniobrar por el intrincando laberinto de alianzas y armisticios”;[3] plenamente convencido de que necesitaba de un anzuelo para reestablecer el orden entre “caballeros y parias” resolvió decir lo impensable para hacerse escuchar ante una nación bicéfala. En su intento don Porfirio declaró:

Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un sólo presidente (…) he tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí (…) he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado (…) Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez (…) Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y si llegara a hacerse fuerte, no para explotar sino para gobernar, lo sostendré y aconsejaré, y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país.[4]

El periodista norteamericano James Creelman resultó ser el interlocutor de una audiencia concedida a dos voces distintas: al exterior don Porfirio se mostraba como el demiurgo de una nación moderna, digna de ser considerada como parte íntegra del proyecto occidental, finalmente preparada para implementar una democracia libre y pluralista después de casi cien años de vida independiente; al interior el objetivo era distinto, sus palabras buscaban “destapar” a los disconformes, realmente era un llamado para institucionalizar a la disidencia, ponerla en acción para después atemperarla y refundar la variable de persistencia de la dictadura, “orden y progreso”. No obstante la entrevista resultó ser el producto de un cálculo erróneo, y la razón era simple: casi sin advertirlo y bajo la promesa de una apertura política controlada, un octogenario general había desatado una serie de acontecimientos que descollarían en aquello que se conocería con el nombre de revolución mexicana.

La disputa a nivel de los “cuerpos intermedios” no se hizo esperar. El Partido Democrático, “una agrupación dentro del marco del régimen”, auspició la candidatura a la vicepresidencia del general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y gobernador del estado de Nuevo León; la postulación no tardó en ser respaldada por otros grupos ad hoc como el llamado Club Central Reyista y el Club Soberanía Popular. En contraste, el Partido Reeleccionista auxiliado por el Círculo Nacional Porfirista sería el encargado de garantizar el triunfo de Ramón Corral, ministro del Interior y antiguo traficante de esclavos yaquis.[5]

Con esfuerzos relativos, y muy estilo del siglo XIX mexicano, el presidente Díaz lanzaba una fuerza contra la otra para impedir el crecimiento de ambas; la estrategia surtió su efecto: la maquinaria del sistema contuvo a Reyes exitosamente, sobre todo con el nombramiento como Jefe de la Tercera Zona Militar del general Jerónimo Treviño, un “veterano de la vieja guardia” y enemigo acérrimo del gobernador contencioso.[6] De inmediato Treviño mudó el Cuartel General de la ciudad de Matamoros a Monterrey con el fin de controlar política y militarmente al grupo reyista; en contrapartida el gobernador respondió al cerco con excesiva cautela, lo que hizo que “el movimiento de los claveles rojos” se caracterizara desde sus inicios por una ambigüedad permanente mostrada por una campaña popular en la que el candidato sencillamente nunca estuvo presente.[7] Para junio de 1909 el secretario de Guerra, sin siquiera haber luchado, ya había capitulado. La táctica del general Díaz funcionó pero no por virtudes intrínsecas: cuando el Partido Democrático aceptó la reelección como principio se ancló para siempre al Porfiriato, su oficialismo originario selló la suerte de su fracaso pues de haber surgido del coalicionismo contencioso el resultado hubiera sido muy distinto.[8]

Entre tanto una tercera fuerza minimizada por el presidente y los científicos surgía de una atmósfera saturada de reyismo, se trataba del Partido Antirreeleccionista dirigido y subvencionado por la familia Madero. Bajo los encauces de una liberalización de tipo funcional un joven hacendado coahuilense sin marcar ninguna ruptura con el sistema jurídico vigente, ni con el proyecto modernizador de don Porfirio, comenzó a tender redes, sujetar adscripciones y construir sistemas de lealtades por todo el territorio nacional, poniendo en tela de juicio la hegemonía del presidente y de la coalición dominante en varios niveles de gobierno.[9] En la opinión de Daniel Cosío Villegas:

La gira electoral significaba la invasión de localidades por políticos o agentes ajenos a ellas (…) de allí la alarma no sólo de los gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales, sino también de los jefes de las fuerzas federales donde las había (…) Para decirlo más brevemente, la gira electoral produjo un resquebrajamiento más o menos hondo en todo el aparato gubernamental del país.[10]

Entre 1909 y 1910 Francisco I. Madero emprendió seis giras proselitistas que abarcaron tres cuartas partes del territorio nacional; en cada discurso, en cada conversación insistía en un sólo punto: la necesidad de un cambio ordenado de funcionarios gubernamentales a través del ejercicio del derecho fundamental del sufragio.[11] Bajo la propagación de semejante doctrina, el agua y el aceite finalmente se entremezclaron, los clubes liberales y magonistas así como los católicos de origen decimonónico coaligaron en favor de la única opción que para ese momento parecía rentable. Madero estaba asumiendo el rol que detentara un auténtico “equilibrista” en la política mexicana del siglo XIX, desde el momento en que en pocos meses había logrado conformar cerca de 137 clubes antirreeleccionistas cuya base contenciosa no era del todo espontánea, naturalmente estaba anclada a la reforma juarista, momento ex ante a la dictadura que se desafiaba.[12]

No obstante una estructura de liderazgo nacional como la que se estaba gestando necesitaba de cierto grado de centralización al interior de su base organizativa; inteligentemente Madero aseguró ese principio a partir de una estructura que reconocía la autonomía local proveniente de la forma estatal federal de México: la Convención.[13] Entre el 15 y 17 de abril de 1910 se llevó a cabo la Convención Nacional Independiente de Partidos Aliados, Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático; al evento asistieron un total de 120 delegados que en su conjunto representaban un aproximado de 35 mil antirreeleccionistas.[14] Las discusiones arrojaron un resultado unánime: Francisco I. Madero junto con Francisco Vázquez Gómez fueron postulados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente.

Para el régimen el estado del orden llegaba a un punto crítico. Las elecciones se efectuaron entre junio y julio en medio de la represión y el encarcelamiento. Madero fue arrestado en Monterrey, acusándolo de un delito supuestamente cometido en San Luis Potosí, junto con él cerca de 5 mil líderes y simpatizantes antirreelecionsitas dormían tras las rejas y, por si eso no fuera suficiente, todos los periódicos independientes fueron suprimidos.[15] Ante el nivel de la represión al “apóstol de la democracia” no le quedaba más remedio que advertir en tono fulminante:

Si usted (don Porfirio) y el señor Corral se empeñan en reelegirse a pesar de la voluntad nacional y continuando los atropellos cometidos recurren a los medios en práctica hasta ahora para hacer triunfar las candidaturas oficiales y pretenden emplear una vez más el fraude para hacerlas triunfar en los próximos comicios, entonces, señor general Díaz, si desgraciadamente por ese motivo se trastorna la paz, será usted el único responsable ante la Nación, ante el mundo civilizado y ante la Historia.[16]

 Con el paso de los acontecimientos el clamor por la legalidad iría adquiriendo el tono de “manifiesto de partido”. El 27 de septiembre la Cámara de Diputados declaró injustificada la solicitud de nulidad de los comicios introducida por los antirreelecionsitas; el costo a pagar sería la resistencia en armas. Con apoyo de algunos gobernadores Madero, inicialmente erigido como la cabeza de una coalición de clubes de contención política, repentinamente se convirtió en el líder indiscutible de una confederación de tropas compuestas por “ciudadanos armados”; guardando órdenes y circunstancias se trataba de la reactivación de las famosas “guardias nacionales” al servicio de cada estado de la República.[17]

La liberalización política mostró su faceta disfuncional. Una suerte de “parangón elíptico” al Plan de Tuxtepec ocurría en el peor escenario previsible: el 5 de octubre de 1910, influenciado por el canto de las sirenas, Francisco I. Madero desde San Antonio Texas redactó el Plan de San Luis señalando los mismos males y proponiendo remedios similares que aquellos plasmados por el Plan de la Noria cuarenta años atrás.[18] Casi con un tono de insurgencia el documento llamó a la acción pretoriana ignorando a la clase obrera, sólo un párrafo hacía alusión al campesinado; en suma, “el manifiesto” consideraba los asuntos sociales como un remedo de los grandes problemas políticos mientras que la democratización del régimen, la defensa de la Constitución y la reivindicación del principio de propiedad adolecían a causa de la dictadura que, una vez erradicada –mediante la rotación del personal administrativo y la transformación en los métodos de gobierno–, sanaría de inmediato el sistema social en descomposición.[19] La ingenuidad de Madero no tenía límites: con una simple reforma convocaba a la revolución.

Las fuerzas armadas al servicio del régimen, a pesar de la deficiente organización bélica que presentaban las tropas insurrectas, les era imposible responder con eficiencia la embestida antirreeleccionista. Sin embargo el conflicto aún descollaba bajo la tónica de una revuelta, pues aquello que “se había proyectado como una verdadera revolución llegó a ser una desorganizada y fracasada serie de desórdenes con la apariencia de un embrollo político”.[20]

Tabla I

Insurrecciones Antirreeleccionistas, 1910-1911

1910

Noviembre

Diciembre

1911

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

39

44

52

77

140

145

199

                Fuente: Portilla, Sociedad, 1995, p. 110.

El número de efectivos maderistas nunca excedió los 20 mil hombres; el 70 por ciento estaba concentrado en los estados del norte mientras que el ejército central se componía de más de 30 mil soldados distribuidos por todo el territorio nacional.[21] Pese a la superioridad numérica y profesional de las tropas del general Díaz –nada menos que 29 mil hombres al mando de 99 generales– en el campo de batalla los soldados del régimen cedían paso a los rebeldes; todo gracias a la implementación de una estrategia profundamente atlántica: el fuego simple de una guerra de guerrillas –tabla I–.[22]

Para mediados de febrero de 1911 los antirreeleccionsitas controlaban la Sierra Madre Occidental desde la frontera con Estados Unidos hasta Tepic y Zacatecas; un mes más tarde amedrentaban tenazmente la zona de la Comarca Lagunera hasta las ciudades de Chihuahua y Juárez.[23] La respuesta oficial no se hizo esperar, a la manera de una partida de ajedrez ocurrida entre noviembre de 1910 y mayo de 1911 Porfirio Díaz, plenamente conciente de la localidad del conflicto, desde Palacio Nacional movía gobernadores y secretarios de Estado con el propósito de responder con una “guerra de posiciones” aquello que desde el campo de batalla se erigía como una “guerra de movimientos” parcelarios y en absoluta resistencia.

El patrón de inestabilidad política que sorteaba las relaciones centro-periferia también menoscababa el margen de maniobra del Ejecutivo frente al Congreso y sus secretarías de Estado. El 23 de marzo de 1911 el gabinete, con la excepción de José Ives Limantour y Manuel González Cosío –ministros de Hacienda y Guerra y Marina, respectivamente– renunció en pleno.[24] Dos días después se extendieron nombramientos a Francisco León de la Barra en Relaciones Exteriores, a Demetrio Sodi en Justicia, Jorge Vera Estañol en la cartera de Instrucción Pública, Manuel Marroquín en Fomento y Norberto Domínguez en Comunicaciones; temporalmente Gobernación quedó vacante, de facto Limantour ocupó sus funciones hasta que Vera Estañol, sin renunciar a su nombramiento originario, se encargó de la oficina en cuestión.[25]  Desde luego los relevos y renuncias en las gobernaturas y secretarías de Estado crecían en proporcionalidad a los triunfos que obtenían los antirreeleccionistas en los campos de batalla –figura II–. Entre marzo y mayo de 1911 la noticia era oficial: el gobierno de don Porfiriato vivía sus últimos meses, el otrora “héroe del 2 de abril” había dejado de ser una figura de consenso.

El 1° de abril de 1911 Díaz acudió al Palacio de Donceles. A mitad de discurso la XXV Legislatura rompió en aplausos al escuchar como propuestas: una reforma electoral que incluyera la prohibición de la reelección, la división de las grandes propiedades campesinas, la reforma al sistema judicial y la concesión de una mayor autonomía para las localidades.[26] Madero, para entonces respaldado por clubes y tropas antirreeleccionistas en más 22 entidades federativas, denostó la validez del discurso presidencial; una semana después de la comparecencia los rebeldes asentaron su primer triunfo en el campo de “lo político”: el vicepresidente Ramón Corral salió rumbo a Europa en un exilio disimulado y sin siquiera haber firmado su renuncia.[27]

En ausencia ad interim del vicepresidente se fraguó un breve armisticio que sentaría las bases para un posible acuerdo entre reformistas y científicos. Madero estaba de acuerdo en negociar, siempre y cuando se cumplieran algunos compromisos sustantivos: en primera que se respetara el principio consagrado por el Plan de San Luis sobre el “sufragio efectivo no reelección”, acompañado del nombramiento de catorce gobernadores y cuatro ministros; en segunda, que el régimen se comprometiera a retirar a la brevedad posible las tropas federales de los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila para que las fuerzas revolucionarias desde ahí pudieran reestablecer y comandar el orden.[28] No obstante el grado de tensión de las negociaciones era mucho más complejo de lo que a primera vista aparentaba: ninguno de los dos bandos presentaba mayores dificultades ante la remoción de Corral; por el contrario la dimisión de don Porfirio, todavía para la segunda quincena de abril de 1911, detonaba profundas divisiones al interior de los dos extremos combatientes, no por lealtad al viejo dictador sino por las dificultades que de facto acarrearía su desaparición de la escena nacional. El teorema era simple: si Díaz caía Madero obtendría ganancias doblemente significativas en la conformación del gobierno subsecuente; desde luego esa era una posibilidad que los científicos no estaban dispuestos a permitir.

Venustiano Carranza, secretario de Guerra de la coalición maderista, con sagacidad sintetizó la naturaleza de las circunstancias emitiendo una declaración que años más tarde facturaría con el daño de su propio ejemplo: “revolución que transige es una revolución perdida; la revolución que hace concesiones se suicida”.[29] Dado que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a sostener costes de escasa rentabilidad, los científicos decidieron suspender el armisticio en mayo de 1911 alistando al ejército central a amedrentar con las armas el poder y la influencia de los antirreeleccionistas en el campo de batalla. En lo sucesivo un total de 199 refriegas ocurridas en el lapso récord de tres semanas convirtieron la revuelta antirreeleccionista en “la gran rebelión” que definiría el destino del joven siglo XX mexicano –tabla I–.[30]

La situación era complicada. En ciudad Juárez Porfirio Díaz había perdido la última de sus grandes batallas; en tanto que el régimen junto con la clase política que lo auspiciaba no estaban dispuestos a correr con la misma suerte: la multiplicación de las insurrecciones obligaban a los científicos a ceder mientras que Madero no tenía otra opción que negociar con ellos. Y aunque a ninguno de los dos bandos les convenía destronar al régimen, la ausencia de estabilidad obligaba a científicos y antirreeleccionistas a “cortarle la cabeza” al dictador para asegurar el juego de su persistencia. El 25 de mayo del año de 1911, “con un dolor de muela insoportable”, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República.[31] Días después se embarcó rumbo al exilio convencido de que su método de gobierno era el único capaz de pacificar a México; parcialmente estaría en lo correcto. Dejemos que sea él mismo quién describa la naturaleza de las circunstancias:

El Pueblo (…) que me secundó patrióticamente en todas las obras embestidas (…) se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo es la causa de su insurrección (…) respetando como siempre se ha respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 Constitucional Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el voto nacional; y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando su riqueza, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos nacionales.[32]

Mientras el presidente era obligado a renunciar, una dictadura liberal progresista sucumbía en el mismo sitio dónde tres décadas atrás el general Díaz la había instaurado: en una mesa de negociaciones resultado de los triunfos conseguidos por un puñado de tropas insurrectas; sólo que en esta ocasión, a diferencia de 1876, se trataba de un arreglo político en el que el octogenario presidente nunca tomó parte.[33] Antes de exiliarse se dice que don Porfirio comentó: “Madero ha soltado a un tigre; veremos si puede manejarlo”.[34] No ha habido en la historia de este país una mentira tan reproducida y tan ingenuamente creída: no fue el joven hacendado sino el anciano dictador el domador burlado, su fracaso en atemperar la vorágine autonomista que prosiguió a la liberalización convirtió al conflicto pretoriano en “la continuación de la política por otros medios” –figura I–.[35] En ese sentido los dos años que siguieron al Tratado de Ciudad Juárez se erigieron como la suma de todo lo irresoluble en nuestro proceso de nation building; en tanto la reforma, la misma cuya génesis estaba anclada a la segunda mitad del nuovecento, bajo la lógica de una multiplicidad de fuerzas locales inconexas y en exacerbada resistencias desencadenaron aquello que más tarde llevaría el nombre de revolución mexicana.[36]

BIBLIOGRAFÍA:

Benavides Hinojosa, Artemio, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009.

Córdova, Arnaldo, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003.

Creelman, James, “Presidente Díaz: hero of the Americas”, in Pearson’s Magazine, XIX, 3. En México la entrevista fue publicada íntegramente los días 3 y 4 de marzo de 1908 en el diario El Imparcial. 

Cumberland, Charles C., Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977.

Hernández Chávez, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Katz, Friedrich, De Díaz a Madero: orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, Era, 2006.

LaFrance, David, “Diversas causas, movimientos y fracasos, 1910-1913. Índole regional del maderismo”, en Thomas Benjamin, Mark Wasserman (coordinadores), Historia regional de la revolución mexicana: la provincia entre 1910-1929, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996, pp. 31-64.

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Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008.


[1] John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 2008, p. 20.

[2] Santiago Portilla, Una sociedad en armas. Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, México, El Colegio de México, 1995, p. 31.

[3] Womack, Zapata, 2008, p. 9.   

[4] James Creelman, “Presidente Díaz: hero of the Americas”, in Pearson’s Magazine, XIX, 3. En México la entrevista fue publicada íntegramente los días 3 y 4 de marzo de 1908 en el diario El Imparcial. 

[5] La plataforma programática del Partido Democrático mezclaba una basta selección de ideas liberales como el resurgimiento de las autoridades municipales, la supresión de los jefes políticos y el cumplimiento efectivo de las Leyes de Reforma con tintes de garantismo social tales como el derecho a la educación primaria y las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Françoise Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la revolución, tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 109. Portilla, Sociedad, 1995, p. 36. Stanley R., Ross, Francisco I. Madero: apóstol de la democracia mexicana, México, Biografías Gandesa, 1959, pp. 72-75.

[6] Portilla, Sociedad, 1995, p. 41.

[7] Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009, p. 282.

[8] Charles C., Cumberland, Madero y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1977, p. 84. Portilla, Sociedad, 1995, pp. 41-44.

[9] Portilla, Sociedad, 1995, p. 51.

[10] Citado en Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 152.  

[11] Cumberland, Madero, 1977, p. 112.

[12] Prueba de ello fue el Partido Nacionalista Democrático, fundado el 22 de septiembre de 1909 por grupos de exreyistas, asistió a la Convención de abril de 1910 asegurando la representación rentable de sus intereses con su adscripción al Partido Antirreelccionista y su respaldo a la candidatura de Francisco I. Madero. Portilla, Sociedad, 1995, pp. 49-50.

[13] Hernández Chávez, Tradición, 1993, pp. 154-156.

[14] Portilla, Sociedad, 1995, p. 58.

[15] Portilla, Sociedad, 1995, p. 60.

[16] Carta de Francisco I. Madero a Porfirio Díaz, 15 de junio de 1910. En Portilla, Sociedad, 1995, p. 61.

[17] De acuerdo con la Constitución de 1857 cada entidad federativa estaba facultada para integrar milicias estatales a la manera de fuerzas paralelas al llamado ejército central. Cumberland, Madero, 1977, p. 138. Hernández Chávez, Tradición, 1993, p. 165. Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 21.

[18] El Plan de San Luis tenía como preceptos fundamentales el establecimiento de la no reelección como ley suprema de la nación; el desconocimiento del dictador en turno; el reconocimiento de Francisco I. Madero como “presidente provisional” con la condición de que apenas la capital fuera ocupada por “las fuerzas del pueblo”, y la mitad de los estados se hallaran en manos de los insurgentes, se celebrarían elecciones; además promulgó la libertad de prensa y el establecimiento de un poder judicial independiente, así como la autoafirmación del pueblo como la única fuente soberana de todo derecho, autoridad y poder. Berta Ulloa, “La lucha armada”, en Daniel Cosío Villegas (coordinador), Historia general de México, México, El Colegio de México, 2006, p. 759. Ross, Francisco, 1959, pp. 82-114.

[19] Asimismo, el Plan de San Luis obligaba a Madero a devolver tierras a los campesinos despojados por haber sido consideradas sus antiguas propiedades como “terrenos baldíos”; y aunque la modalidad de dicha restitución resultó ser muy incierta, dado que sólo una pequeña parte de los afectados había perdido sus parcelas a causa de la implementación de la Ley Federal de Terrenos Baldíos, esa endeble “promesa social” bastó para desatar el mayor levantamiento rural desde la revolución de independencia de 1810. Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen, México, Era, 2003, p. 21. Cumberland, Madero, 1977, p. 142. Friedrich Katz, De Díaz a Madero: orígenes y estallido de la revolución mexicana, México, Era, 2006, pp. 70-71.

[20] Ross, Francisco, 1959, pp. 125-126.

[21] David LaFrance, “Diversas causas, movimientos y fracasos, 1910-1913. Índole regional del maderismo”, en Thomas Benjamin, Mark Wasserman (coordinadores), Historia regional de la revolución mexicana: la provincia entre 1910-1929, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996, pp. 48-49.

[22] Portilla, Sociedad, 1995, p. 398.

[23] Macario Schettino, 100 años de confusión. México en el siglo XX, México, Taurus, 2007, p. 57.

[24] Cumberland, Madero, 1977, pp. 159-160.

[25] Portilla, Sociedad, 1995, p. 418.

[26] Las propuestas emitidas por don Porfirio frente el palacio legislativo de Donceles eran una denuncia de las prácticas de su propia administración; más que una crítica, el programa de reformas era un reconocimiento público de la incapacidad de su gobierno para enfrentar la contingencia, era una confesión de imperdonable debilidad que impulsó a los antirreeleccionistas a realizar nuevos esfuerzos y a formular nuevas demandas. Cumberland, Madero, 1977, p. 160.

[27] Ross, Francisco, 1959, pp. 149-151.

[28] Ross, Francisco, 1959, pp. 156.

[29] Citado en Ross, Francisco, 1959, p. 159.

[30] Portilla, Sociedad, 1995, p. 110.

[31] Ross, Francisco, 1959, p. 168.

[32] Texto de la renuncia del general Porfirio Díaz, 25 de mayo de 1911; citado en Portilla, Sociedad, 1995, pp. 422-423.

[33] El general Díaz fue vencido por las armas, por las tropas irregulares de Madero concentradas en los estados del norte; de ellas nacerían los constitucionalistas, la fuerza militar predestinada a derrotar a la restauración y al ejército central en 1914. Portilla, Sociedad, 1995, p. 90 y 435.

[34] Citado en Cumberland, Madero, 1977, p. 176.

[35] Carl Schmitt, El concepto de “lo político”, México, Folios, 1985, pp. 30-32.

[36] El 21 de mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez. El documento representó una transacción exitosa para el régimen caído. El plan cedió la presidencia interina a Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones de don Porfirio; otorgó la amnistía por delitos de sedición y pugnó por el licenciamiento de las tropas revolucionarias; así como por el aplazamiento de cualquier tipo de reforma social, política o económica que trastocara el orden político establecido. Ruiz, Rebelión, 1984, pp. 136-139.

 

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