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DERECHO ELECTORAL / EXAMEN FINAL

BUAP

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN DERECHO

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DERECHO ELECTORAL

EXAMEN FINAL 

  1. ¿Por qué el derecho electoral no es considerado un auténtico derecho?
  2. ¿Cuál es la relación existente entre censo electoral y restricciones del sufragio?
  3. ¿Lo contencioso electoral puede resolverse por la vía administrativa? (Si) (No) ¿Por qué?
  4. Enumera y describe cinco continuidades y cinco rupturas persistentes en la legislación electoral mexicana entre 1977 y 1996?
  5. ¿Qué contenidos supone la expresión “emblema de un partido político”?
  6. Señala al menos uno de los elementos a partir de los cuáles puede considerarse democráticos los estatutos de un partido político:
  7. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre un frente político, una coalición y una fusión?
  8. ¿Bajo qué supuesto la normatividad electoral prohibió estrictamente la impresión de la fotografía, figura o cualquier otro elemento alusivo al candidato en las boletas electorales?
  9. De cumplirse el supuesto anterior, ¿en qué delito electoral estaría incurriendo el partido político?
  10. Señala dos de las causas a partir de las cuáles un partido político puede perder su registro:
  11. ¿En qué consiste el procedimiento de liquidación de los partidos políticos?
  12. La pérdida del registro de un partido político tiene como consecuencia legal necesaria la extinción de la organización. (C) Correcto (I) Incorrecto
  13. Emblema, símbolos o colores con los que fue registrado un partido político es de uso exclusivo del mismo. (C) Correcto (I) Incorrecto
  14. Copia certificada del título de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial correspondiente al emblema de un determinado partido político resulta un documento suficiente para demostrar la exclusividad en el uso del mismo. (C) Correcto (I) Incorrecto
  15. Los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. (C) Correcto (I) Incorrecto
  16. Los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de los programas de gobierno, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. (C) Correcto (I) Incorrecto
  17. ¿Cuál es la causal de orden que está detrás de la expresión “los derechos políticos no son ilimitados”?
  18. ¿Cuál es la misión contenciosa del órgano de justicia intra-partidaria?
  19. ¿Por qué el único mecanismo de control en materia electoral es la acción de inconstitucionalidad?
  20. Desarrolla la escala de gradación en términos de mayor a menor punibilidad de la gama de delitos en materia electoral?
  21. Desarrolla el organigrama institucional del INE –en Prezi o PowerPoint– con todas sus interacciones verticales y horizontales vistas en clase.

¡Buena Suerte!

*Fecha límite de envío: 01/05/18, 15:00 hrs. Correo: ehc_buap@yahoo.com.mx

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LA CAÍDA

Chalchihuapan

Mentir es una práctica antipolítica: la deliberada falsedad no provienen de la acción, de la realidad tangible para quien presenció y fue atravesado por los hechos, el engaño se ubica al otro extremo de la verdad, jamás desoculta y mucho menos clarifica; quién miente es presa del temor, rehén de la ilusión de tergiversar la memoria y extraviar el juicio de la razón. La mentira sólo es producto de la imaginación de quien la emite, pues el engaño sólo tiene éxito cuando la afirmación es plausible, cuando las cosas pudieron haber sido como el mentiroso asegura que fueron; de lo contrario, cuando la mentira es incapaz de establecerse como un principio compartido, quien la difunde convoca a la indignación siendo presa fácil del escarnio.

¿Quién está mintiendo en el caso Chalchihuapan? El discurso oficial es inverosímil de pies a cabeza, sólo unas cuántas voces y plumas comprometidas lo han difundido causando –como suele ser su costumbre– el más mínimo impacto en la sociedad; mientras que las imágenes, los testimonios y videos de las víctimas no dejan lugar dudas, la represión fue contundente, la brutalidad de los cuerpos de granaderos escandalosa, el hecho resultó tan escalofriante que fue perfectamente capaz de indignar a una nación que desde la guerra contra el narcotráfico se ha acostumbrado a las escenas de violencia extrema.

Independientemente de los resultados que emitan las investigaciones de la PGR o la CNDH; el veredicto popular ya fue dictado en el tribunal de las conciencias: la caída del gobernador Rafael Moreno Valle en los indicadores de percepción pública radica en que la sociedad lo ha responsabilizado, de principio, en una historia con dos versiones que llevan a una misma tragedia: por el hecho de que los granaderos fueron incapaces de proteger a un menor de “la refriega de los cohetones”; o más bien porque ni uno sólo de los elementos que participaron en el operativo tuvieron la sensibilidad de guarecer a José Luis Tehuatlie ante el fuego abierto de letales balas de goma. Los cuerpos de seguridad del Estado están hechos para preservar las garantías, los términos generales de la vida, cuando incurren en lo contrario, cuando un elemento policial se convierte en la principal amenaza frente a la subsistencia, se ejecuta la más indigna e intolerable de las arbitrariedades, no hay justificación para una agresión de semejantes dimensiones, no hay renuncia capaz de resarcir el daño del efecto.

En su imposible defensa el gobernador y su secretario Luis Maldonado Venegas han intentado las piruetas más desesperadas: a) abrogar, derogar o parchar #LaLeyBala, o lo que resulte más conveniente para acallar la indignación de la opinión pública nacional y al mismo tiempo regular eficientemente “el uso de la fuerza legítima” –increíblemente aún no se han percatado que eso no existe–; b) proponer un observatorio para salvaguardar los derechos de la niñez poblana, y de paso aparentar preocupación ante el estado de desprotección de un grupo vulnerable; c) repartir 893 aparatos ortopédicos a personas en situación de discapacidad, especialmente a menores para que la propaganda muestre a un ejecutivo que es amigo de todos los niños; d) también se entregaron 2000 despensas en San Baltazar Tetela a municipios en situación de pobreza alimentaria, de pronto este gobierno nos recordó que está muy preocupado por la justicia social. Se trata de un conjunto de reacciones aisladas frente una crisis de dimensiones que todavía ninguno advierte.

Por su parte Facundo Rosas, en otro arrebato de desesperación, cometió la irresponsabilidad de mostrar ante los medios el oficio 28003 signado por el general comandante de la vigésima quinta zona militar, que señala que el gobierno del estado “no ha adquirido balas de goma”; hecho que Rosas aprovechó para afirmar algo que la SEDENA es incapaz de comprobar: “por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, aseguró el secretario. La falacia desborda la diferencia semántica entre “adquirir” y “usar”; realmente estriba en que el titular de la SSP fue incapaz de consultar los archivos de la CDH Puebla antes de salir al ruedo, concretamente la recomendación 60/2011 donde el ombudsman local refiere que estos instrumentos letales fueron utilizados, “llegando a la certeza, en virtud de la uniformidad de las declaraciones, de que estos hechos son ciertos”. Otra técnica fallida para minimizar el impacto de los malos resultados.

La caída es contundente, el daño del efecto es irreversible; no obstante sin el respaldo abierto de la alta clase política de Acción Nacional, aquél que todavía no es claro y dista mucho de ser copioso, Moreno Valle no podrá administrar el déficit de legitimidad que sencillamente era impensable un día antes de la tragedia de Chalchihuapan.

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EL JUEGO DE LAS CULPAS

Chalchihuapan

Rafael Moreno Valle lo hizo de nuevo: su nombre ocupa los encabezados y las líneas editoriales de las agencias de información más prestigiadas del país; desde la tormenta intempestiva de la opinión pública los lamentables acontecimientos de San Bernardino Chalchihuapan han ligado su percepción nacional con la represión instrumental que le caracteriza, y tal parece que no ha escatimado recursos en hacer aladre de un despotismo marcadamente tecnocrático, fundamentado en acciones capaces de transformarse en despreciables asaltos a las garantías individuales en nombre de un estado que no alberga al Derecho por ningún sitio. Ahora bien si de eso se trataba, si ese era el objetivo a perseguir en el camino de sus apetitos presidenciales; entonces debo reconocer que nuestro gobernador tiene colaborando a las personas más capaces en la materia, y que seguramente por ese camino lo llevarán a la máxima del aprecio ciudadano.

Desde luego me resulta muy difícil imaginar la construcción de una imagen pública con altos indicadores de aceptación mediante los actos vandálicos protagonizados por los cuerpos de granaderos el pasado 9 de julio en la Autopista Puebla-Atlixco. Debo confesarle que no comprendo cómo es posible que los gases lacrimógenos o las balas de goma, entre sus efectos, puedan generar aprecio, aceptación y reconocimiento por el principio de autoridad y el buen gobierno de un mandatario; francamente no lo entiendo, y si el gabinete de seguridad y su cuerpo de asesores son presas de la misma “falta de comprensión”, entonces habrá que llamar a la cordura y concluir que el estado de la gobernabilidad en Puebla está en grave riesgo.

Esta ocasión no será como las anteriores, no podrán “darle carpetazo” al estado agonizante del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, víctima inocente de una violencia injustificable, tampoco podrán esperar pacientemente el olvido de la ciudadanía, hay cosas que la gente nunca olvida. La tragedia de Chalchihuapan ha marcado un parteaguas, una impronta imborrable en la figura de Moreno Valle, sencillamente ha llegado a un punto de no retorno en la percepción de su imagen pública. ¿Cómo fue posible que un político joven, de experiencia probada y pulcras cartas credenciales, en 2010 representara un principio de esperanza, una alternativa de renovación y quizá una oportunidad libertaria frente al autoritarismo; y paradójicamente, medio sexenio después, sea objeto de un desprecio creciente? No es casualidad que muchos analistas, entre ellos los más prestigiados del país en medios de circulación nacional hayan utilizado conceptos de alto calibre –cometiendo bastantes atropellos a la teoría política– como “autócrata”  y “dictador” para calificar “el estilo personal” de un mandatario que está en boca de la nación. Lejos de etiquetas exageradas y fobias con causa; ciertamente existe una radiografía de errores que lo han llevado a situarse justo donde se encuentra; tres puntos saltan a la vista:

    1. La omisión federalista.- Moreno Valle gobierna Puebla como un estado unitario, y le ha funcionado bastante bien en la mayoría de los casos; excepto en aquellos asuntos de gobernabilidad intrínseca que están atravesados por la herencia del federalismo mexicano. El hecho de que un grupo considerable de presidentes de juntas auxiliares amenacen con manifestarse a las puertas del Senado para exigir su derecho de seguir implementando las tareas del registro civil, la creación de una comisión especial que desde el Congreso de la Unión vigile el curso de las investigaciones, la intervención abierta de la PGR y hasta de la CNDH en el asunto, son contrapesos constitucionales diseñados para controlar el poder de los estados. Habrá que decir que no es el único gobernador que parte de esta omisión.
    2. El exilio de la razón.– diálogo es gobierno y acuerdo es consentimiento. Cuando la imposición se convierte en la forma predilecta de mandar se está desterrando de la esfera de los asuntos públicos a la política y todo lo que ella significa. El uso de las balas de goma como técnica de disuasión frente a “piedras de gran calibre” como herramienta de defensa son pruebas de la incapacidad de un gobierno de llegar a acuerdos sustentables, de administrar un conflicto sin poner en riesgo las garantías de los inconformes. Quien impone se niega a gobernar y se sujeta a la fuerza, y esa fuerza tarde o temprano se le revierte: los granaderos no están hechos para dialogar, mucho menos la turba de incompetentes que trabajan en la Secretaría General de Gobierno –desde hace varios meses la tranquilidad y la paz social han abandonado la entidad–, y parece que tampoco los legisladores que aprobaron una reforma a la Ley Orgánica Municipal predestinada a quebrarse en el terreno de la resistencia. Independientemente de quien resulte responsable por los hechos de Chalchihuapan el Gobierno del Estado es culpable de principio, por no haber agotado el diálogo, más bien por no haberlo iniciado.
    3. La inmediatez de la información.– la opacidad en el manejo de la información es el sello de la comunicación social de esta administración, definitivamente están a la vanguardia de hace medio siglo; mientras que los medios de comunicación del tiempo presente, inmersos en la lógica del mercado compiten por receptores, audiencias y lectores, su práctica diaria consiste en transmitir y comunicar de manera inmediata la nota del último minuto. Ni siquiera los diarios y portales digitales “políticamente correctos” se resistieron a la tentación de transmitir las fotografías y videos de la masacre. El bloqueo de la autopista fue tan prolongado que perfectamente le dieron tiempo a la prensa de cubrir la nota con toda precisión, y con ella los detalles de la violencia. El cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública prácticamente montó un espectáculo de represión frente a los lentes de ciudadanos cautivos y reporteros osados que estaba en el lugar de los hechos; quien haya dado la orden de abrir “fuego de goma” a discreción… simplemente fue incapaz de pensar, y eso tiene muchos sinónimos que prefiero reservarme.

El juego de las culpas es claro y contundente, la tragedia de Chalchihuapan exhibe una violación escandalosa de los derechos humanos, una vulnerabilidad escalofriante del estado de derecho que no podemos permitir, que en Puebla no puede volver a ocurrir.

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LA #LEYBALA O EL SÍNDROME DEL GRANADERO JURISTA

Rafael Moreno Valle BUAP

Versa el decreto publicado el pasado 19 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Puebla: “el uso de la fuerza legítima es un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo, siempre y cuando exista imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas (…) la policía tiene entre sus funciones ejercer la prevención y represión de hechos delictivos (…) la presente iniciativa propone regular el empleo de la fuerza para la salvaguarda de la integridad, derechos y bienes de las personas”.

Pese a la aparente claridad del alegato surgen preguntas inquietantes: ¿bajo qué criterio una protesta social se convierte en un acto delictivo?, ¿quién decide y enjuicia entre una manifestación legal y cualquier otra que “merezca” ser reprimida con el uso de “la violencia legítima”?, ¿desde cuándo es legal y racional reemplazar los poderes neutros y las figuras de control constitucional con el uso de la fuerza para la protección de los derechos humanos?, ¿cuáles serán las sanciones que incurran bajo el supuesto de que un granadero, al calor de la protesta en la plaza pública, reprima ilegítimamente en aras de la protección de los derechos y la estabilidad social?

Ninguna de estas interrogantes encuentra respuesta concreta en aquello que las redes sociales han bautizado con clamoroso sincretismo como la #LeyBala. No la encuentra por la sencilla razón de que la nueva norma, por las múltiples lagunas, vaguedades y prejuicios que encubre, constituye un grosero abuso de poder por parte de la LIX Legislatura y, por añadidura, del Ejecutivo del estado. Para ningún jurista es un secreto que no existe la fuerza o la violencia legítima, ese prejuicio enarbola el peligro de que toda represión que provenga de los órganos facultados por el Estado, únicamente por su origen e implementación, ocurre necesariamente con apego a derecho; en todo caso la facultad de obligar y coaccionar, connatural al poder público, es racional –con apego a valores, obligaciones y garantías– antes que legítima y nunca atraviesa, en primer instancia, por la fuerza.

El artículo tercero de la nueva Ley, fracción VI, arroja más luces al respecto: “el uso de la fuerza será inmediato, es decir en el momento preciso en que se requiera para evitar o neutralizar el daño o peligro de que se trate, no antes ni después”. La implicación es obvia: si esta norma nos otorga algún derecho es a sustraernos de la protesta, aquí el tribunal de la incertidumbre abre un foso pernicioso –y altamente ventajoso para la Secretaría General de Gobierno– entre aquello que para el poder público es un peligro y para otros es un derecho legítimo pues, frente a una manifestación que ejerce actos de resistencia, la Secretaría de Seguridad Pública en apelación a la normatividad podrá asegurar que se trató de un abuso y aplicar sus medidas extraordinarias, y legalmente nada podría objetar que se trató de un operativo donde la fuerza pública fue aplicada “legítimamente, para salvaguardar los derechos de las personas”.

Y si ahondamos en el decreto la perversión es todavía más grande. El primer párrafo del artículo sexto aclara que “el uso legítimo de la fuerza por parte del elemento policial, se realizará siempre como última medida” en ciertos casos; la fracción III precisa que “con el fin de prevenir la comisión de conductas ilícitas”; no obstante el párrafo segundo de ese mismo artículo asegura que “queda prohibido el uso de la fuerza en contra de las personas por simple sospecha”. La sentencia insulta la inteligencia: ¿acaso por sospecha no puede usarse la violencia para “prevenir conductas ilícitas”? Y a todo esto, ¿la sospecha de quién? Paren las prensas: la #LeyBala ha elevado a nuestros nobles granaderos al estatus de auténticos juristas, pues toda la redacción descansa en la existencia del “buen criterio” del elemento policial. Claramente la normatividad nos lleva al extremo de concebir a la autoridad estatal como potencial agresora de los derechos humanos esenciales, así como del bienestar de la comunidad, pues exhibe un marco legal que en el peor de los escenarios está facultado para encubrir una injusticia legitimada y, en consecuencia, un auténtico “no-derecho”.

Frente a la gravedad del caso llama poderosamente la atención el silencio de Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; el sincretismo de las declaraciones de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH que, con un doctorado honoris causa en mano, se salió por la tangente frente a las preguntas de la prensa en el Paraninfo del edificio Carolino; y ya que estamos en esas tampoco podemos obviar la exagerada complacencia de Alfonso Esparza, así como la ausencia de un posicionamiento institucional por parte de la BUAP frente a la legalidad de una norma desprovista de todo derecho. El silencio de la máxima casa de estudios exhibe una nueva relación con el gobierno, enmarcada en una lamentable forma de complicidad; hasta el momento únicamente la Universidad Iberoamericana se ha atrevido a emitir una nota de extrañamiento. Así el estado del orden constitucional democrático en Puebla.

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ACCIÓN NACIONAL Y LOS CAMINOS DE LA COMPLACENCIA

Cordero VS. Madero
Manuel Gómez Morín, una mañana del 14 de septiembre de 1939, desde la piedra bautismal de su partido vislumbró a la perfección el futuro incierto, la cartera de riesgos y las potencialidades de perversión de su novel instituto político. A la manera de un oráculo reaccionario señaló que los panistas “no tenían el apetito de un triunfo próximo” y que tampoco estaban preparados “para las responsabilidades de ese triunfo”. Los términos de su discurso claramente encubrían una verdad que tardaría medio siglo en confirmarse: la victoria electoral sería letal para el PAN pues traería, en vez certezas y estabilidad, divisiones y dilemas.

Desde sus orígenes Acción Nacional se proyectó como un partido confesional, de férrea doctrina, sin embargo nunca encajó en los principios del liberalismo y mucho menos en la tradición conservadora del sigo XIX mexicano. Este singular complexio oppositorum cobró estragos en 1976 entre “doctrinarios”, militantes apegados al ideario social de la Iglesia y a los principios radicales del Concilio Vaticano II; y “neopanistas”, activistas que demandaban apertura organizacional y un posicionamiento claro por parte del partido en torno a las protestas antiautoritarias que colmaban la plaza pública. El neopanismo de José Ángel Conchello, el mismo que llevó a Vicente Fox a la presidencia de la República, ganó la partida y desde entonces el PAN se instaló al centro de la indignación pero a kilómetros de la protesta.

Por default Acción Nacional capitalizó la democratización de los procedimientos electorales, los cambios sociales motivadas por las crisis económicas recurrentes, las transformaciones profundas en la cultura política, la pugna por la descentralización en virtud de las deficiencias de su estructura organizativa y la debilidad de su representación territorial; fallas de origen que con las cartas credenciales del nulo esfuerzo lo encumbraron como “el receptor pasivo de la protesta” –en alusión a una sentencia que hiciera famosa Soledad Loaeza–. No obstante el pluralismo limitado de los años noventa y “su ofensiva anti-centralista” lo forzaron a tender alianzas con los sectores y corporaciones relegadas desde la era cardenista: la Coparmex, la Concanaco, así como añejos y trasnochados baluartes del “ultraderechismo” católico como el famoso Yunque, entre otras asociaciones civiles ligadas al activismo de los escapularios, reaparecieron en el corazón de la pugna centro-periferia como sus aliados estratégicos, supliendo su déficit de movilidad nacional.

Desde 1997 a la fecha han trascurrido seis cámaras con gobiernos tendencialmente divididos, en ese lapso el Partido Acción Nacional ha transitado de la inacción nacional a “la oposición leal”; no obstante un par de sexenios ocupando Los Pinos bastaron para extraviar el camino de la descentralización proyectado por los ideólogos del partido: para el PAN la alternancia significó sepultura, el liderazgo cuestionado de Gustavo Madero y la catarsis que implicó su colaboración en el Pacto por México transformaron al partido en una “oposición complaciente”, como acertadamente señaló Ernesto Cordero. Los saldos rápidamente irrumpieron en la cartografía electoral: Acción Nacional vio la luz del sexenio de Peña Nieto con menos gobernadores, diputados federales, senadores y presidentes municipales, con un millón menos en las listas de su militancia nacional, y con una escisión histórica que está apunto de vivir una arenga trágica el próximo domingo 18 de mayo.

La crisis es contundente, los doctrinarios de antaño podrán permanecer en el discurso de los líderes y militantes reverenciados, pero definitivamente están exiliados de la acción política del partido; mientras que los neopanistas se han dividido en dos frentes irreconciliables: “pragmáticos de filiación flexible”, también llamados maderistas; y “renovadores de tendencia centrífuga”, que hoy –mañana quien sabe– se hacen llamar corderistas. Lejos de atenuar la fractura, la elección interna la llevará al extremo de la glorificación. A pesar del vuelco democratizador de la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria donde en una votación “a mano alzada” la base de la militancia decidiera arrebatarle al Consejo Nacional la elección de los presidentes de los Comités Directivos Estatales y Municipales, así como del propio Comité Ejecutivo Nacional, “los místicos del voto” y “el panismo histórico” están condenados al museo y al fracaso. Gómez Morín lo vislumbró con mucha precisión: el PAN no está preparado “para las responsabilidades del triunfo”.

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LA VIRGEN DEL DESFILE

Virgen 05 de Mayo, Puebla

“Cualquiera que transmita signos se ocupa de gobernar;

cualquiera que gobierne se ocupa de transmitir”

Régis Debray

Hace tres décadas un filósofo francés llamado Régis Debray publicó un ensayo apabullante sobre la “eficacia simbólica” del arte de gobierno que, según su opinión, “tiene menos arte y más mecanismo de lo que el artista supone”.

La idea viene a cuento por una omisión premeditada en todas las páginas editoriales de las casas informativas del más alto prestigio en Puebla, hasta el momento que transcurre ningún columnista, ninguna pluma con achaques analíticos se ha atrevido a abordar con seriedad un tema de la más grande trascendencia simbólica: en el marco del 152 aniversario de la gesta heroica de 1862, en un desfile cívico-militar plagado de republicanismo, una virgen –glorificada a la manera de una gran botarga– con “un niño Dios en brazos” compartió el boulevard 5 de Mayo con los cadetes del Heroico Colegio Militar; con las fuerzas armadas representadas por las unidades operativas y los escuadrones especiales de la secretaría de la Defensa Nacional y la Marina; marchó a la par de los contingentes de zacapoaxtlas, tetelas y xochiapulcas tan dignificados por la historia oficial; y además lo hizo entre los uniformes relucientes de bandas de guerra y jóvenes estudiantes matriculados en escuelas públicas y centros escolares, laicos y gratuitos, de gran prestigio entre los poblanos. La desafortunada ocurrencia terminó en un desprecio imperdonable por la historia, en una terrible afrenta al ideario liberal y al Estado secularizado; dos de las grandes consignas de los ejércitos republicanos a las órdenes del Gral. Ignacio Zaragoza.

Insisto, se trata tan sólo de una acción simbólica, y en consecuencia de la más grande trascendencia. La idea temática que originalmente se proyectó para el desfilen no era tan mala: hacer de la marcha de los contingentes la marcha de la historia, mostrar las raíces de una nación multicultural atravesada por la batalla de 1862 para, en un momento posterior, enarbolar la impronta que dejó el Fuerte de Guadalupe en los acontecimientos de la historia nacional reciente. No pareció extraña la osadía para los más de 30 mil asistentes que desde las cinco de la mañana aguardaban en gradas un desfile que no ocurrió sino hasta después del mediodía; el gobierno de Rafael Moreno Valle nos ha acostumbrado a grandes ideas acompañadas de pésimas realizaciones: accidentado y con un “discurso artístico” rupestre y contradictorio un carro alegórico de Benito Juárez abrió paso a los zacapoaxtlas seguidos de Abraham Lincoln y las escenas de la guerra civil norteamericana; acto seguido la locomotora de la revolución anticipó la firma de la Constitución de 1917 con la leyenda “sufragio efectivo, no reelección” –un principio recientemente trastocado por la reforma electoral–, reforzado por las consignas de los derechos sociales y políticos del México posrevolucionario –ni una sola mención a los derechos laborales–; mientras que “La nueva democracia” de David Alfaro Siqueiros y un submarino “nazi” aderezaron el caos apelando a la Segunda Guerra Mundial; al tiempo que charros y huehues tropezaban con bandas y contingentes de estudiantes completando el cuadro de una borrachera temática memorable.

Banalidad, farándula y grandilocuencia son los signos ineludibles de la presente administración. La tragedia estriba en que no han parado en un simple desfile: millones de pesos se han erogado en un concreto hidráulico que nos ha despojado de nuestras banquetas y taponeado alcantarillas; se ha publicitado una cifra histórica en la construcción de nuevas clínicas y hospitales mientras retrocedemos en los indicadores nacionales de la pobreza alimentaria; un ambicioso programa de reemplacamiento avanza mientras la calidad del Sistema Ruta y del transporte público son cada vez más deficientes; una rueda colosal se erige como parte del firmamento poblano, su costo representa tres cuartas partes del presupuesto anual del Poder Judicial en el estado, mientras las víctimas del delito esperan en los ministerios públicos por un médico legista, un perito o un defensor de oficio; ese otro desfile, plagado de vulnerabilidad e indiferencia, transcurre frente a los modernos ventanales del Fuerte de Guadalupe, mudo testigo del “deslinde a sueldo” de los trabajadores del INAH que han hecho de su protesta disimulada una forma de complicidad. En fin, “transgresión de todos los principios”, no podría definirse de otra forma.

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EL CONTAGIO DE LAS JUNTAS

Juntas Auxiliares, Puebla

Para el momento que transcurre, a tan sólo 48 horas de haberse celebrado los comicios en 657 juntas auxiliares que conforman el estado de Puebla, existe un completo desconcierto, la zozobra en torno a la autenticidad de los resultados se ha ligado rápidamente con las más variadas conjeturas. Los titulares que hicieron presencia en los quiscos, la mañana del pasado 28 de abril, fueron una muestra clara de la incertidumbre propia de una jornada absolutamente inédita: los encabezados de la prensa local y regional se debatieron entre la postura oficialista reproducida por la comunicación social de la Secretaría General de Gobierno (SGG): “hubo tranquilidad en el 97.5 por ciento de las juntas auxiliares (…) hecho que demuestra la confianza –aseguraba Luis Maldonado Venegas– de la ciudadanía en sus autoridades”; y aquella que difundió Pablo Fernández del Campo desde el seno del PRI, “la suspensión de los comicios confirmaron las irregularidades de la convocatoria”.

En suma, se trata de dos posiciones contrapuestas frente al juicio contundente de un conjunto de imágenes y testimonios innegables: enfrentamientos físicos, compra de sufragios, proselitismo a la puerta en plena jornada electoral, participación activa de funcionarios matriculados con los programas sociales federales, quema de urnas y boletas, intromisión activa y descarada de partidos y coaliciones, bloqueos de accesos y avenidas, pasando por el “secuestro” –se manejó retención– temporal de algunos funcionarios de Gobernación, junto con 15 comicios suspendidos más 22 reprogramados; todo eso completa un cuadro complejo que en sí mismo exhibe severas fallas en la planeación de la gobernabilidad de los municipios.

¿Cuáles fueron las razones de la repulsa? En su inmensa mayoría las secretarías de gobernación municipales fueron incapaces de asegurar el principio de toda jornada que se presuma como democrática: equidad en los términos generales de la competencia.

Para el caso de la capital de la entidad este asunto, desde luego, desborda “los focos rojos” de La Resurrección, San Miguel Canoa, Santa María Xonacatepec y San Sebastián de Aparicio; se trata de un asunto más o menos generalizado a las 17 juntas auxiliares de la capital de la entidad. Para muestra un ejemplo: de acuerdo a la información proporcionada por Mario Riestra, Secretario General del Ayuntamiento de Puebla –a través de su cuenta de Twitter–, en San Andrés Azumiatla “la participación electoral tuvo un incremento del 3.8 por ciento, respecto al plebiscito de hace tres años. Votaron 3,207 personas”, aseguró el funcionario. De acuerdo a los datos que presentó el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) dentro del Censo de Población y Vivienda 2010, en Azumiatla residen únicamente 3,643 personas que se encuentran entre los 20 y más de 65 años de edad; y si en efecto este domingo sufragaron “3.8 por ciento más que hace tres años” las votaciones totales emitidas –considerando la curva de crecimiento demográfico– deben ser superiores al 95 por ciento en ambos casos. La inconsistencia estriba en que los conteos directos de las mesas instaladas en Azumiatla arrojaron datos completamente distintos.

¿A qué se debe este singular “sesgo” estadístico? Una posible explicación puede radicar en que la cartografía electoral que se usó el pasado domingo no coincide con el mapa estadístico, es decir el padrón contenía electores de más –o de menos– según la conveniencia del caso. ¿Y cómo contabilizarlo –y más aún, demostrarlo– si precisamente en esa junta auxiliar nos enfrentamos frente a un vacío de información estratégico? Al momento que trascurre –48 horas después de los comicios– el Ayuntamiento de Puebla en su sitio web no cuenta en su demarcación territorial con los barrios y colonias exactos que componen Azumiatla –y no es la única omisión premeditada, San Baltazar Tétela, San Miguel Canoa, San Pedro Zacachimalpa, entre otras, se encuentran en las mismas–.

Obviamente esa no es la única irregularidad técnica de la que podemos dar cuenta. Si bien es cierto que el origen histórico de las juntas fue abismalmente distinto al de los distritos, pues se remite a una variable territorial en función de una estricta y cerrada representación vecinal –casi digo familiar–, y frente a la disparidad obvia de los componentes poblacionales durante el pasado proceso comicial, no existieron mecanismos compensatorios que abonaran en favor de la competitividad. Otra vez siguiendo la información proporcionada por Riestra: “en San Felipe Hueyotlipan participaron 4,454 votantes en las 8 mesas instaladas”; mientras que “los datos que arroja el cómputo de La Libertad son 3,889 votos registrados y 22 mesas instaladas”. Curiosamente frente a la pulcritud de la información –según datos del INEGI en 2010– destaca el hecho que San Felipe y La Libertad cuentan con 21,895 y 19,422 habitantes, respectivamente, entre 20 y más de 65 años de edad. Dos conclusiones al respecto: en primera, la votación no fue “tan copiosa” como se asegura, menos del 25 por ciento en ambos casos –considerando el crecimiento demográfico–; en segunda, existen mesas con listas más grandes que otras, pues el padrón de una sola mesa en La Libertad cabe tres veces en una de San Felipe. Los problemas logísticos de recepción, afluencia y cómputo de los sufragios saltan a la vista, pues no existe un intervalo legal de cuántos electores debe contener cada mesa; por no decir de que la comunicación social del Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Marcelo García, tampoco invirtió demasiados esfuerzos en informarle a la ciudadanía la ubicación concreta de las mismas.

Si a todo lo anterior sumamos la ausencia de control y fiscalización del manejo de los recursos que utilizaron los candidatos “ciudadanos” para una contienda pública; más la injerencia desmedida de los partidos políticos y presidentes auxiliares salientes: el cuadro completo exhibe el contagio de la inequidad de una contienda comicial, más cercana a un palenque amañado que a una auténtica verbena democrática.

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