¿Cuál es el único control exitoso de un gobierno sin contrapesos? La siempre frágil pero gratamente intensa opinión pública. Los reclamos de “la cuarta transformación” a Twitter sobre el manejo de bots adversarios, porque de los aliados no se dijo una sola palabra, pintan de cuerpo completo un gobierno que tiene por objeto “ver quien paga, controlar los mensajes, quién pompó” las redes que de manera sistemática han dejado de ser “benditas” para convertirse en incómodos aparadores donde quedan al descubierto lo inverosímil de “los otros datos” y, con ellos, “un clásico de los gobiernos anteriores”: el manejo descarado de la posverdad como estrategia de simulación gubernamental.
Hay fracasos tan evidentes que no pueden ocultarse. De acuerdo con los informes recientes del INEGI los actos y el monto de la corrupción en México han crecido durante el gobierno de la 4T: “a nivel nacional la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 15,732 por cada 100,000 habitantes. En 2019 el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12,770 mdp, lo que equivale a 3,822 pesos en promedio por persona afectada”. La lectura es simple: los incentivos para recaer en actos de corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios son altamente redituables porque no hay sanciones para los primeros ni separación del cargo para los segundos. Por fin de cuentas, ¿por qué tendríamos menos corrupción si seguimos viviendo en un país sin estado de derecho?
Ese último rubro, la deficiente procuración de justicia alimentada por un modelo militar fallido, nos lleva directo y sin escalas a la nula intención política -y presupuestal- de combatir la violencia contra las mujeres; no es casualidad que el reclamo de Palacio Nacional a Twitter ocurra en el contexto de la tendencia #NosotrasTenemosOtrosDatos. Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional, en varias ocasiones ha reiterado su preocupación de que los más de 308 feminicidios, 5,519 violaciones y 68,468 casos de violencia familiar ocurridos entre enero y abril del 2020 -cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- no sean escenas lo suficientemente deleznables como para asegurar la inclusión de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 38 programas prioritarios del Gobierno de la República. En ese rubro, en el urgente, no están las mujeres pero lamentablemente sí se encuentran el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía ocupando las primeras filas.
El otrora “Proyecto Alternativo de Nación” no tiene a la persona humana como su centro, sino una visión trasnochada, contaminante y neoliberal del desarrollo económico. Por supuesto usted tiene todo el derecho de discrepar, a fin de cuentas hoy vivimos en la sociedad de los otros datos, y ese es justo el problema.
Enrique Huerta Cuevas 