EL AÑO DEL PEJE

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“Sólo se considera que un poder es plenamente democrático

si está sometido a pruebas de control y validación

a la vez competitivas y complementarias

de la expresión mayoritaria”

Pierre Rosanvallon

 

¿Cómo evaluar a un líder social como Andrés Manuel López Obrador que, a un año de haber triunfado, después de una mayoría inmejorable en el Congreso y un cúmulo de gobernadores francamente adictos a su figura, sigue en campaña, polarizando el debate público posible y siempre “con otros datos” como la mejor respuesta para todos aquellos que cada mañana les ha tocado jugar el deshonroso papel de sus “adversarios”? ¿Bajo qué parámetros podría decirse que los despidos masivos a servidores públicos federales, los recortes presupuestales y las adjudicaciones directas han mejorado la eficiencia gubernamental y combatido exitosamente la corrupción? ¿Acaso las consultas ciudadanas han contribuido a forjar una sociedad más democrática, realmente han acercado a los mexicanos a la experiencia de los presupuestos participativos, gracias a ellas el gasto público está siendo vigilado y controlado desde la ciudadanía, o tan sólo han servido para legitimar procesalmente los caprichos de una autocracia singular? Y finalmente, ¿en qué medida el derroche presupuestal en materia de política social y de militarización del espacio público ha contribuido a mejorar los índices de seguridad junto con un repunte de la inversión productiva? ¿Acaso ha podido debilitar los sistemas ilegales y forzar a los amigos del hampa a “portarse bien”? Se trata de un cúmulo de preguntas que no se formulan en las mañaneras y, aunque se hicieran, en momentos incómodos el presidente siempre ha optado por ser “dueño de su propio silencio”.

Doce meses le han bastado a López Obrador para convertirse en el centro de gravedad del sistema político mexicano; eso bajo ninguna circunstancia puede ser una buena noticia. Si analizamos el desempeño de la LXIV Legislatura –al corte del 18 de junio– rápidamente saldrían a la luz 105 iniciativas aprobadas, de un total 1645 que fueron presentadas. ¿Cómo puede una Congreso con 316 diputados pertenecientes a una gran coalición, “Juntos haremos Historia”, tener un nivel de eficiencia de tan sólo el 6.38%? Una oposición organizada no es la respuesta; en San Lázaro sólo existe mayoría cuando se trata de un proyecto que le interese al señor presidente, en el resto de las casos la gran fuerza de Morena se difumina en un archipiélago de grupos, clanes y tribus con intereses contrapuestos, incapaces de colaborar por el mero cálculo del consenso. La cuarta transformación, lejos de fundar una nueva República, trajo de vuelta una vieja regla del sistema: la mayoría la monopoliza el presidente, con la única salvedad que, en esta ocasión, la metaconstitucionalidad que arroja su ejercicio tiene un recubrimiento democrático que le permite solventar el impacto de malas decisiones a través de niveles de aprobación sustentables: a un año de la noche de su triunfo Andrés Manuel no sólo cuenta con más del 60% de aprobación del electorado –coinciden con la cifra Mitofsky y El Financiero– sino que todavía el 85% de sus 30 millones de votantes siguen confiando en su “honestidad valiente”.

¿La razón? Es tan simple que hasta parece una mera ocurrencia: no existe nadie más en quien confiar. El sistema de partidos está quebrado, las oligarquías opositoras putrefactas, en todo el espacio público no hay un solo actor, un solo discurso capaz de rivalizar con el del presidente y, sin embargo, las críticas que se reproducen por montones no son captadas por el votante medio como un proyecto alternativo de gobierno –y quizá ésta sea la mayor conquista moral de Andrés Manuel–, sino como un retroceso a un pasado que agravó la desigualdad, y ese es un hecho demostrable.

“Por el bien de México, primero los pobres”: hoy se ha convertido en un auténtico evangelio que justifica en el imaginario colectivo una reducción presupuestal del 13.2% en 26 dependencias del gobierno federal; y aunque no se alcanzan a ver las contradicciones que una medida de ese calibre genera en la realidad de la banqueta como el castigo del 15.8% a la secretaría de Educación Pública equivalente a 21 mil 390 millones o la disminución del 36%, conforme a cifras del 2018, de los recursos asignados para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático; sí se percibe –¿acaso la política no se trata tan sólo de apariencias?– un presupuesto de 60 mil 702 millones, con un incremento del 42.1% en los programas de la secretaría de Bienestar que, en el corto salto de un sexenio a otro han duplicado las pensiones de los adultos mayores, además de asignar en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) becas y salarios a jóvenes estudiantes y trabajadores gracias a una cartera de inversión proyectada en 150 mil millones de pesos –los datos son del propio Informe de Finanzas Públicas de la SHCP–.

Desde luego la crisis de los contrapesos constitucionales, así como el populismo como herramienta para subsidiar la miseria, no son los únicos procedimientos que han llevado a la llamada 4T a poner en riesgo el límite crítico del sistema. La maquinaria gubernamental viene sobrecargada y muy desgastada por “los malos manejos” –aquí el presidente acierta en su diagnóstico inicial– “de los gobiernos anteriores”. México enfrenta un déficit en materia de Salud de 5 billones de pesos, además de 100 mil plazas que no tienen fuentes de financiamiento y un pasivo de proveedores de 100 mil millones; bajo estas terribles circunstancias un recorte del 15% al presupuesto de Salud implicó, técnicamente, contribuir a la debacle del pasado; no conforme con ello la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló 2 mil 400 millones pertenecientes a los Institutos Nacionales de Salud –Diario de los Debates del Senado de la República–, sus directores rápidamente protestaron ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero el sitio era equivocado; la medida era un mandato administrativo del Ejecutivo que quebrantaba inconstitucionalmente el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Al final fue la opinión pública, que en México se ha erigido por emergencia como el único contrapeso eficiente del sistema, la única fuerza capaz de reintegrar los recursos a sus originales destinatarios.

¿Por qué un gobierno que ha osado decretar “el fin de la era neoliberal” ejerce recortes que ponen en riesgo la salud de millones de mexicanos? Porque padece de insuficiencia presupuestal para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Desde que López Obrador asumió la presidencia al 30 de junio de 2019 se han contabilizado 19 mil 944 víctimas de homicidios doloso y feminicidio –cálculos del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, un dato que deliberadamente fue omitido durante el informe de 90 minutos de la Plaza de la Constitución el primero de julio pasado, y con razón pues se trata del arranque sexenal más sangriento en la historia de México. ¿La solución? “Frijol con gorgojo”. La creación de un ejército dentro del ejército pero sin la disciplina y la organización de éste último. La Guardia Nacional obedeció a un incremento del 15.6% del presupuesto que el año pasado ejercieron las fuerzas armadas; en total el Gobierno de la República con 93 mil 670 millones de pesos dará “el paso sin retorno” a la consolidación del la militarización del espacio público; y ésta no es una sentencia exagerada, el presupuesto anual de la Fiscalía General de la República (FGR) asciende a sólo 15 mil 351 millones de pesos –según el Diario Oficial de la Federación–. No habrá abrazos, tampoco carpetas de investigación y mucho menos consignaciones; claramente tendremos muchos balazos, o dicho de manera más académica: México será la cuna extemporánea del militarismo burocrático más institucionalizado de América Latina.

Nada de todo lo antes descrito –excepto algunos programas sociales– fueron decisiones tomadas bajo el control “del pueblo sabio”. Las consultas ciudadanas son el sello de una autocracia participativa que ha convertido el fino arte de “llamar constantemente a cuentas al electorado” en una vulgar herramienta de legitimación de proyectos de alto impacto ambiental –y riesgo económico latente– como Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía. Un año ha transcurrido y me parece que no nos encontramos en una sociedad menos neoliberal, más democrática, menos corrupta y mucho menos más transparente; lo que sí tenemos son millones de mexicanos, el propio Andrés Manuel incluido, decididamente convencidos de que hace un año hicieron lo correcto. Justo aquella noche, en el corazón de la República, en el zócalo de la Ciudad de México el presidente aseguraba ante miles de simpatizantes: “tengo la ambición legítima de ser un buen presidente”; con el curso de las decisiones que hasta el momento ha tomado, ¿podrá lograrlo?

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