EL ESPACIO PÚBLICO DE LA DISTENSIÓN: GOBIERNOS DIVIDIDOS Y EQUILIBRIOS ENTRE PODERES EN MÉXICO, 1997-2000

01sep99-5

Cuando la democracia se convierte en una realidad contrastable se torna cada vez más imperfecta al momento de la administración en los asuntos de gobierno debido al control férreo que ejerce la mayoría en las negociaciones de los intereses vinculantes (Holmes, 1999: 85). El marco de la distensión entre poderes en un sistema presidencial[1] no sólo está a merced de la división partidaria de las instituciones, sino de la capacidad del diseño para afrontar mayores grados de incertidumbre, cuando esta incertidumbre se institucionaliza, es decir desde el momento en que se constituye como el producto de un pacto sustantivo que garantiza una estructura de equidad entre las fuerzas políticas participantes, los intereses quedan sometidos a los bemoles de la competencia y, por tanto, al flujo de conflictos propios de toda movilidad transitoria.[2]

 

El presidente y el Congreso

La dinámica de toda transición se desenvuelve entorno a interacciones estratégicas y arreglos sustanativos entre actores con poderes y recursos limitados (Gill, 2000: 80). Bajo ese supuesto, si el ordenamiento institucional de 1996 abrió paso a la democratización en México, limitando de manera equitativa los poderes y recursos de los actores políticos participantes; los comicios de 1997 proyectaron el inicio de una instauración democrática[3] que transformó la naturaleza del sistema de partidos de un pluralismo semicompetitivo a un pluralismo limitado[4]. La LVII Legislatura (1997-2000) fue la primera en suscribirse a dicho esquema de distribución de fuerzas:

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Durante la LVII Legislatura el PRI no sólo perdió –como en 1988– los dos tercios necesarios para reformar la Constitución, sino que contó por primera vez con una suma de curules que ascendió a poco menos de la mitad de las bancas totales de San Lázaro; lejano había quedado el electorado 1994, aquél que ante la adversidad respaldaba el sostenimiento del status quo gubernamental, a tres años de distancia el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) era evaluado por un referéndum altamente negativo para su figura y la de su partido (Magaloni, 1999: 230). México se asomaba a la ventana del siglo XXI acompañado de una ciudadanía despierta y difícilmente cautiva.

No obstante acelerar una democratización vía una cámara baja polarizada arrojaría grandes dificultades, una de ellas fue la forzada “reinvención democrática” de la bancada de Los Pinos en San Lázaro; las repercusiones alcanzan nuestros días: el PRI comenzó a erigirse cada vez más como una maquinaria electoral y cada vez menos como un brazo gubernamental (Domínguez, 1999: 21).[5] En 1997 a diferencia de los procesos anteriores los gobernadores del PRI, en contubernio con la secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quedaron en libertad para decidir candidaturas a favor de sus más cercanos aliados; además se les otorgó un mayor número de espacios de representación a miembros prominentes de cuadros políticos estatales, e incluso se privilegió la experiencia electoral para la asignación de candidaturas a diputaciones federales, sobre todo bajo el principio de mayoría relativa (Langston, 2002: 414). Hablamos de transformaciones profundas en la estructura de selección interna del Revolucionario Institucional que, sin traducirse necesariamente en su democratización interna, abrieron paso a un proceso que desembocó en la delegación del control del partido en manos de los gobernadores, revitalizando la descentralización política del sistema.

Bajo la retórica de un gobierno dividido[6] las fuerzas políticas organizadas encontraron en aquello que la metaconstitucionalidad[7] del sistema jamás previó: un Congreso altamente fragmentado; la garantía institucional básica para la profundización de la etapa democratizadora de la transición. En consecuencia la estructura de oportunidades construida en torno al pluralismo limitado conseguía, a nivel de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, una serie de distensiones tan propias como inéditas, pues por primera vez el efecto institucional en los resultados de los conflictos era inevitable; la validez y legitimidad de las instituciones que comandaban dichas incertidumbres eran crecientes; así como la competitividad de los partidos que, equiparada con su potencial institucional, constituía un hecho real e innegable.[8] Tres directrices que paulatinamente instrumentaban desde San Lázaro una de las tareas fundamentales del constitucionalismo liberal: controlar y/o bloquear, según sea el caso, la agenda presidencial.

Desde 1997 la Cámara de Diputados se reafirmó como un medio alterno para convertir en productos ciertas clases de insumos, hecho que colocó a los proyectos de iniciativa en una posición estratégica y sensible a las afectaciones propias de su entorno. En otras palabras, la naturaleza conflictiva de la transición impactó directamente en el terreno vinculante del setting agenda:

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La LVII Legislatura, a pesar de haber registrado sólo 22.6 por ciento de eficiencia, albergó fracciones altamente cohesionadas que no desemboocaron en parálisis alguna; es decir, entre los años de 1985 y 1997 la media de proyectos de ley aprobados por San Lázaro fue de 152.7, dato que no marcó un gran contraste con los 137 documentos votados durante la primera cámara de gobierno dividio; como el propio Linz argumentó: “cuando una coalición exitosa no produce ninguna ganancia en términos electorales y, un fracaso por su parte sólo produce costos, lo racional es oponerse al presidente en vez de cooperar con él”.[9] Bajo esa secuencia la caída porcentual en la eficiencia legisalativa no se correlacionó con la producción nominal de la Cámara en aquellos años.

Sin embargo la aprobación de la agenda legislativa reclamó la construcción de coaliciones, así éstas fueran efímeras. Para el caso de los presupuestos de Ingresos y Egresos durante el ejercicio de la LVII Legislatura el PAN, y en menor medida el PRD, aceptaron brindar su apoyo fugaz a cambio de una transacción altamente rentable: el incremento en los porcentajes de participaciones de las entidades y municipios gobernados por la oposición; con el tiempo el arreglo desembocó en una paradoja curiosa, pues para descentralizar el gasto público –en abierta contradicción con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional–, el Congreso terminó por centralizar la asignación del ramo municipal (Pérez Correa, 2002: 65). Se trata de un botón de muestra que exhibe el desmantelamiento de la hegemonía del PRI paralela a la continuidad de la centralización presupuestaria avalada, esta vez, a diferencia del pasado, por un sistema de pluralismo limitado de creciente competitividad electoral.

De las 469 iniciativas que no fueron aprobadas por la LVII Legislatura destacan proyectos de no poco envergadura: asuntos relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso, la supresión de los candados impuestos a las coaliciones en lo relativo a su financiamiento y composición, se discutió incluso la restauración de la candidatura común, así como la creación de una comisión de fiscalización con facultades para vigilar el uso y destino de las prerrogativas de los partidos políticos en campaña y precampaña, y hasta la reducción de Impuesto al Valor Agragado (IVA) del 15 al 13 por ciento.[10] Un conjunto de iniciativas que fueron llevadas a la congeladora no sólo por la presencia de un gobierno dividio en San Lázaro, sino por el freno estructural que representó una mayoría absoluta del Revolucionario Institucional en el Senado de la República.[11] La situación arrojó tres modelos de transacción legislativa de reciente incursión para el caso mexicano:

 

  1. La oposición contra el gobierno.- apareció desde las primeras horas de la LVII Legislatura; entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre de 1997 la oposición, en tensión con la fracción del PRI, entorpeció la toma de protesta en San Lázaro arriesgando la celebración del III Informe de Gobierno del presidente Zedillo.
  2. El gobierno en coalición con la oposición.- paralelamente, entre el 31 de agosto al 1 de diciembre se fueron gestando las primeras colaboraciones entre las bancadas del PRI y el PAN para la aprobación del primer presupuesto emanado de un gobierno dividido.
  3. Bazar de coyuntura.- cuando Erensto Zedillo perdió el apoyo de la fracción de Acción Nacional el PRI decidió buscar el respaldo de la bancada del PRD, ante la rotunda negativa el presdiente no tuvo otra opción que aprobar el presupuesto de Ingresos y Egresos de 1998 con los votos del PVEM, el PT y una parte del PAN.[12]

 

Los tres primeros meses de la LVII Legislatura exportaron las formas y modos de acción en que los intereses fueron agregados y los conflictos abordados en una era donde la fragmentación era la regla en la Cámara de Diputados.

 

¿Adiós a la metaconstitucionalidad?

No obstante la incursión de un gobierno dividido imposibilitó al PRI mantener en operación aquella vieja construcción de meta-formalidad que descansaba en la delegación de las facultades legislativas en el ámbito de atribuciones del presidente en turno; hecho posible gracias a la fortaleza de la estructura organizativa del Revolucionario Institucional, colmada de disciplina y lealtad de los legisladores asegurada por la imposibilidad de reelección de los mismos; hecho que invariablemente era traducido –por una suerte de pacto sectorial– en disciplina y lealtad para con el presidente en turno (Weldon, 2002: 191). Esta cadena de relaciones simbióticas y escalonadas posibilitaron la consagración de mega mayorías gubernamentales que desde el Congreso –nunca desde Los Pinos– coadyuvaron a la puesta en marcha de un enorme poder presidencial que se tradujo, en la mayoría de los casos, en la capacidad desmedida de reforma constitucional del partido gobernante y, por añadidura, del Ejecutivo en turno (Lujambio, 2003: 255).

El resultado de la coyuntura de 1997 fue simple: la presidencia de la República dejó de ser el centro de redes y controles últimos destinados a dirigir la vida política nacional; la metaconstitucionalidad, propia de los ejecutivos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, se había debilitado en virtud de la reactivación de equilibrios institucionales diseñados para controlar y atemperar las facultades del Ejecutivo en turno. La dirección democrática de la transición, quizá ésta sea su consecuencia más impactante, hacía agonizar medio siglo de hiperpresidencialismo mexicano[13] debido a la ausencia de una mayoría constitucional en el Congreso predestinada a invalidar los controles últimos del sistema.

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A partir del año de 1997 las sinergias de la representación política fraccionaria desembocaron en una mayor flexibilidad en el principio de distinción entre poderes traducida, eventualmente, en una mayor coordinación y corresponsabilidad entre mismos.[14] No obstante “el objetivo principal de dividir el poder para limitarlo no puede implicar una separación radical que termine por inmovilizarlo” (Carbonell y Salazar, 2006: 17); es decir el debilitamiento de la contribución legislativa del Ejecutivo no se tradujo en una variación en los términos de su eficiencia: en ese contexto Ernesto Zedillo fue acreedor a la tasa de contribución legislativa más baja registrada en la historia reciente de México, 20.4 por ciento –tabla III–, el fin en el tiempo del poder interventor del presidente en el ámbito de competencia del Congreso había comenzado.

 

La transición ampliada: gobiernos locales dividios y tasa de alternancia municipal

Si la liberalización económica desmanteló los ciminetos corporativos del PRI y construyó las bases del actual sistema de partidos; la transición política, en consecuencia, vía el gradualismo electoral comandado desde el centro político nacional por una larga apertura, impactó en las localidades consiguiendo mayores condiciones de equidad en los términos de la competencia electoral. De este modo las entidades federativas y los municipios, por isomorfismo institucional,[15] incursionaron en alternancias de gobernadores, alcaldes, e incluso en los equilibrios de gobiernos locales divididos a partir de la crisis económica de 1995 que arrojó saldos negativos cada vez más crecientes y significativos para el partido que aún despachaba desde Los Pinos.[16]

En el año de 1989 la oposición, comandada por el Partido Acción Nacional, ganó la gobernatura de Baja California; por primera vez en muchas deácadas el PRI reconoció una derrota significativa y, por consiguiente, validó la actitud competitiva de los comicios locales. A esa alternancia le siguieron otros cuatro triunfos logrados por el PAN; el Partido de la Revolución Democrática tardaría ocho años en hacer lo propio, fue hasta 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas consiguió la gobernatura de la Ciudad de México. El pluralismo limitado de partidos impactó con fuerza el norte del país al grado que posterior al triunfo de Acción Nacional en Baja California seguirían once contiendas en las que resultarían electos igual número de gobernadores de extracción opositora.[17] Las comicios en los estados entre los años de 1989 y 1995, aún bajo los términos de una competencia selectiva, ocurrieron con ventajas inmejorables para Acción Nacional en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco con 10.5, 6.9, 25.2 y 15.9 puntos respectivamente, es decir con una media de 14.6 sobre los votos totales del PRI; un año después –una vez iniciada la democratización a nivel nacional– en Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California Sur la oposición triunfó con márgenes de 22.5, 6.6, 15.1, 5.5 y 18.5 por ciento, en suma con una distancia promedio de 11.4 con respecto al segundo partido más votado, el Revolucionario Institucional para cualquiera de los casos –tabla IV–.[18]

Las elecciones locales incursionaban en una curva de competitividad creciente. Para 1998 el coalicionismo opositor irrumpió como un arma efectiva contra el partido oficial; la innovación vendría desde la izquierda y ocurriría en Tlaxcala donde el PRD, PT y PVEM lograron 46.5 por ciento de los votos totales emitidos, poniéndole punto final al monólogo del partido oficial con 2.2 puntos de ventaja; un año más tarde la experiencia se repitió en Nayarit, sería la primera vez que el PAN y el PRD irían coaligados en un mismo proyecto político logrando el 52.9 por ciento de la votación efectiva, cifra que superó en 8.1 puntos la votación del PRI.[19]

La alternancia de gobernadores fue impulsada –e impulsó– la aparición sistemática de gobiernos locales divididos. Desde 1994 la LVI Legislatura de Guanajuato, bajo una mayoría absoluta del PRI, tuvo que arreglárselas con un ejecutivo proveniente de las filas del PAN; un año más tarde la LVI Legislatura de Aguascalientes, con una mayoría simple compartida por el PRI y el PAN, pudo cohabitar con un gobernador del Revolucionario Institucional; ese mismo año el congreso de Chihuahua albergó una mayoría absoluta del PRI en tensión con un mandatario del PAN; para 1998 el escenario de Aguascalientes se repetiría en Baja California, sólo que en esta ocasión la XVI Legislatura enfrentó un ejecutivo del PAN; finalmente Zacatecas y Tlaxcala cierran nuestro secuencia de gobiernos locales divididos ocurridos antes de la alternancia federal, en ambos casos persistieron mayorías del Revolucionario Institucional –simple para el primer caso y absoluta para el segundo– electas con gobernadores del PRD.[20]

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Fuente: http://www.elecciones.cidac.mx

*La tasa de alternancia municipal se obtuvo dividiendo el número total de municipios gobernados por primera vez por una fuerza política distinta al PRI entre el número de municipalidades contenidas en cada entidad federativa, discriminando para cada trienio aquellas alcaldías adscritas al fenómeno de la alternancia opositora.

En suma los espacios de representación de la oposición crecían de manera sostenida en 12 entidades del país:

  1. Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas se inscribieron al status de cuasi-poliarquías[21] en virtud de sus probadas alternancias y mayorías diversas al Revolucionario Institucional en sus congresos locales, junto con tasas de alternancia municipal mayores al 50 por ciento del total sus ayuntamientos.[22]
  2. Las entidades de Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Tlaxcala y Querétaro, a pesar de haber atravesado por alternancias de gobernadores –y para el caso concreto de Nuevo León hasta por un gobierno unificado a cargo de Acción Nacional–, están mucho más cercanos a las formas de las oligarquías competitivas[23] debido a que el desarrollo de sus alternancias municipales, por debajo de la mitad de sus ayuntamientos totales, no coincidieron con el grado de fragmentación de sus congresos locales.[24]
  3. A pesar de que los estados de Coahuila, Colima, Morelos, San Luis Potosí y Sonora no han experimentado alternancias de gobernadores; cada uno fue perfectamente capaz de albergar gobiernos divididos con mayorías simples del PRI impulsadas por tasas de alternancia municipales que fluctuaron entre el 41 y el 50 por ciento. Sin embargo el triunfo opositor en las cabeceras municipales no fue capaz de posicionarse a nivel de sus congresos locales y, mucho menos, a nivel de gubernatura. Por este bloqueo en el desarrollo de la representación opositora, motivada por leyes electorales inequitativas y distorsiones significativas en el tamaño de sus muestras distritales, cada una de estas cinco entidades pueden caracterizarse como oligarquías semi-competitivas.[25]
  4. Las entidades de Durango, Michoacán y Veracruz se sitúan en la escala de desarrollo de las hegemonía representativas [26] pues, detrás de una tradición de más de medio siglo de gobiernos unificados del PRI, sus tasas de alternancia superiores a la mitad de sus cabildos totales son, de hecho, el único soporte de su exigua representación opositora.
  5. En estado de mayor dilación, bajo la auténtica caracterización de hegemonías cuasi-representativas, se encuentran Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán; espacios con una tasa de alternancia municipal global de 28.5 por ciento –tabla IV–, y con férreos gobiernos unificados que se han mantenido indiferentes a más de dos décadas de cambios democráticos impulsados por las reformas electorales federales.
  6. Mención aparte merecen Quintana Roo y Tabasco, dos bastiones absolutos del priísmo nacional pues, además de albergar gobiernos unificados con fuertes mayorías absolutas –casi constitucionales–, son las únicas dos entidades del país donde ninguno de sus ayuntamientos –entre los años de 1989 y 1999– han experimentado un sólo cabildo presidido por un partido distinto al de Los Pinos. Singular característica que coloca a esta dupla, debido al nulo estado de pluralismo en los términos de su representación política, en los parámetros de una hegemonía cuasi-cerrada.[27]

 

Lógica de fin de régimen

Para finales del año de 1999 más de la mitad de la población nacional había vivido la experiencia de ser gobernada desde alguno de los tres niveles de gobierno por fracciones distintas al Partido Revolucionario Institucional; circunstancia que forzó al PRI a volverse vez más competitivo, a redefinir sus estrategias de lucha electoral y buscar candidatos más populares y con mayor apoyo de las bases. Asimismo la emergencia de una oposición local verdaderamente competitiva resultó decisiva, no sólo para el fortalecimiento del federalismo mexicano, sino para la puesta en marcha de reformas legislativas que abrieron paso a estilos alternativos de gobierno.[28]

Un año antes de la alternancia del ejecutivo federal la dinámica del cambio periférico abandonaría para siempre el unilateralismo isomorfo dictado por el centro; la democratización de los estados poco a poco adquiría un efecto doble: al proceso político tradicionalmente ocurrido “desde arriba”, en el que las reformas nacionales acarreaban consecuencias locales, se sumaba –en virtud de la creciente apertura local– un efecto contrario “desde abajo” donde los comicios, entendidos como transacciones entre la clase política vinculante, forzaban ajustes favorables en el marco de un régimen cada vez más predispuesto a las negociaciones que al mandato inequívoco.

Poco a poco, por la fuerza de un sistema de partidos cada vez más competitivo, la centralización política se desvanecía sin necesidad de alternancia en la oficina central de Los Pinos; mientras que “las reformas institucionales fueron provocado la dispersión del poder, activando los contrapesos fundamentales en cualquier orden democrático” (Elizondo y Nacif, 2002: 10-11). En consecuencia los tres grandes momentos de una transición política, por su naturaleza estructural escindidos –la transformación de las reglas, el acceso a las mismas y la persistencia en el ejercicio del poder político–, en México se encontraban en un mismo “paquete de contingencia” que hacían de la transición de régimen un proceso inseparable de la dinámica establishment/anti-establishment que, dicho sea de paso, permaneció vigente incluso en su etapa más convulsa, durante la llamada “consolidación democrática” donde actores con alianzas e intereses inocultables solventaron en escenarios diferenciados el juego de su persistencia.

 

*Fragmento tomado de Huerta Cuevas, Enrique , Ingeniería institucional y consolidación de la democracia en México, 1997-2006, tesis de licenciatura, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2007, pp. 51-74.

 

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[1] Un sistema presidencial se define con base a tres criterios convergentes: primero, una elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado; segundo, el Ejecutivo carente de voto parlamentario en su elección originaria designa a discrecionalidad a los miembros de su gabinete; tercero, es el propio presidente quién encabeza el poder ejecutivo sin posibilidad de revocación del Congreso (Sartori, 2000: 97-99).

[2] Véase Przeworski (1999: 92-94).

[3] La instauración democrática queda circunscrita al momento de la “institucionalización de la incertidumbre”; aquél proceso de corto plazo –de 1 a 3 años– en el que todos y cada uno de los grupos, ante la falta de certeza, someten sus intereses a resultados previamente negociados (Przeworski, 1994: 96).

[4] Al respecto Sartori señala que “el pluralismo limitado y moderado está demarcado, en una frontera, por los sistemas bipartidistas y, en otra, por el pluralismo extremo y polarizado. La clase abarca básicamente, pues, de tres a cinco partidos importantes, y por eso digo que se trata de un pluralismo limitado, en contraposición al extremo” (Sartori, 2005: 224).

[5] Ninguno de los otros partidos enfrentaron cambios internos de semejante envergadura debido a la posición de riesgo que el pluralismo limitado terminó por implementar en cada una de las fracciones opositoras, tanto el PAN como el PRD no estaban dispuestos a emitir reforma organizacional alguna hasta que sus bases electorales estuviesen aseguradas, circunstancia que para 1997 era muy difícil de atajar (Bruhn, 1999: 93).

[6] Existe un gobierno dividido cuando varios partidos políticos tienen poder significativo y vinculante en instituciones políticas relevantes (Colomer, 2001: 179); de manera más precisa esto supone un Ejecutivo en manos de un partido que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y que a su vez ningún partido posee principio de mayoría sustentable, de ahí la necesidad de construir amplios acuerdos como condición elemental para el ejercicio de toda gobernabilidad (Sirvent, 2002: 117).

[7] Por metaconstitucionalidad se entiende una serie de arreglos institucionales fundamentados en el consenso de una elite política que anulaba con éxito relativo cualquier contrapeso entre poderes al depositar, bajo el control del partido hegemónico y, por añadidura, de su jefe máximo e inmediato el Presidente de la República, una serie de funciones de naturaleza originalmente compartida (Weldon, 2002: 177-178).

[8] Véase Sejersted (1999: 160).

[9] Citado en Lujambio (2003: 261).

[10] Véase López Lara (2001: 149); Sirvent (2002: 118).

[11] Durante la última recta del sexenio del presidente Zedillo la Cámara de Senadores quedó conformada por 33 legisladores del PAN, 77 del PRI, 17 del PRD y uno del PT y PVEM, respectivamente (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 475).

[12] Véase Pérez Correa (2002: 73-84).

[13] El hiperpresidencialismo mexicano radicó en la penetración efectiva del Ejecutivo en el actuar del Legislativo y Judicial vía un arreglo institucional previo, motivado por una escasa representación opositora en el Congreso y sustentada mediante el control último del presidente al interior del partido mayoritario. De tal manera magistrados, diputados y senadores encontraron mayores incentivos en la disciplina autoimpuesta que en el contra-balanceo real ante aquél poder “indiviso y unitario” representado por la Presidencia de la República (Casar, 2002: 42-71).

[14] Para 1997 cinco de las 48 facultades presidenciales no podían ejercerse sin la aprobación mayoritaria del Congreso; tres años después dicha relación creció a siete de un total de 37 atribuciones ejecutivas que requerían del consentimiento expreso de alguna de las dos cámaras. Entre algunas de las facultades compartidas destacan la reforma al artículo 102 constitucional efectuada a finales de 1994 en la que el presidente debía nombrar al Procurador General de la República previa aprobación del Senado; así como la reforma –de ese mismo año– al artículo 96 donde se estipuló que el Ejecutivo debía nombrar a los ministros de la Suprema Corte con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Senado (Hurtado, 2001: 149).

[15] El concepto de isomorfismo institucional corresponde a un proceso de imitación, de homogenización que obliga a una entidad u organización a parecerse a otra más exitosa o avanzada, siempre y cuando ésta enfrente condiciones ambientales similares, pues el sólo acto de la imitación lleva en sí la promesa de cierto desarrollo estructural (DiMaggio y Powell, 2001: 108-109).

[16] “Hasta antes de la crisis económica de 1995 grandes sectores del electorado seguían votando por el PRI debido al recuerdo de un pasado económico exitoso”; motivados además por la incertidumbre que generaba votar por cualquier otra fuerza distinta al partido del régimen (Magaloni, 1999: 233-234).

[17] Sólo en Chihuahua el PRI recuperó la gubernatura en 1998 con el 49.3 de la votación total emitida, 7.9 puntos de ventaja con respecto a la segunda fuerza política más votada (Lujambio, 2003: 252).

[18] http://www.elecciones.cidac.org

[19] En Nayarit la coalición electoral fue encabezada por el empresario Antonio Echeverría Domínguez quién militó en el PRI hasta 1998, y aunque logró aglutinar tanto a la derecha como a la izquierda, el triunfo de su coalición en sus sentido práctico fue para el PRD, partido que para ese mismo año consiguió la mayoría relativa en el Congreso local. http://www.elecciones.cidac.org

[20] La LVI Legislatura de Guanajuato se conformó por 21 diputados del PRI, 5 del PAN y 2 del PRD; la LVI Legislatura de Aguascalientes albergó 11 diputados del PAN, 11 del PRI, 1 del PRD, 1 del PT y uno más del PC; por su parte la LVIII Legislatura de Chihuahua se constituyó con 15 legisladores del PRI, 7 del PAN, 1 del PRD y otro del CDP; en 1998 el Congreso de Zacatecas se conformó por 12 diputados del PRI, 10 del PRD, 6 del PAN y 2 del PT; Tlaxcala presentó 17 del PRI, 8 del PRD, 3 del PAN, 2 del PT, 1 del PARM y otro del PVEM; mientras que Baja California albergó 11 diputados del PRI, otros 11 del PAN y 3 del PRD. http://www.elecciones.cidac.org

[21] En opinión de Dahl acontece una poliarquía –o cuasi-poliarquía— “cuando los regímenes hegemónicos y las oligarquías evolucionan hacia las poliarquías aumentan las oportunidades de participación y de debate y, por consiguiente, el número de individuos, grupo e intereses cuyas preferencias hay que considerar al ejercer el poder político (1993: 23).

[22] Para el año de 1999 el 24.1 por ciento de los 2400 municipios del país se encontraban gobernados por la oposición; cifra contrastante con las 39 alcaldías que en 1989 eran controladas por un partido distinto al PRI. http://www.elecciones.cidac.mx

[23] Una oligarquía competitiva comprende un régimen donde las fuerzas políticas vinculantes son pocas, están limitadas y adolecen de una base popular activa; el régimen se sostienen no por una participación continua y consiente de la ciudadanía, sino por la inercia de la mayoría o, en su defecto, debido a la momentánea movilización de las masas en momentos coyunturales (Dahl, 1996: 41).        

[24] Los comicios de 1997 en Nuevo León llevaron al Congreso a 24 diputados locales del PAN, 14 del PRI, 2 del PT y 2 más del CD; ese mismo año en LII Legislatura de Querétaro se contaron 12 bancas del PAN, 9 del PRI, 2 del PRD y uno del PC; mientras que las elecciones del año 1999 en Nayarit validaron las fórmulas de 9 legisladores del PRD sumados a 6 del PAN, 3 del PT y uno del PRS en oposición a 11 diputados del PRI. http://www.elecciones.cidac.org

[25] Posterior a los comicios de 1997 el Congreso de Colima se conformó por 10 diputados del PRI, 7 del PAN y 3 del PRD; ese mismo año en Morelos tomaron protesta 13 legisladores del PRI, 11 del PRD, 5 del PAN y uno del PCM; mientras que San Luis Potosí ganaron la contienda 14 representantes del PRI, 9 del PAN, 3 del PRD y uno del PT; Sonora por su parte arrojó un total de 14 diputados del PRI, 9 del PRD, 8 del PAN, y 2 independientes; finalmente, un par de años después, en Coahuila fueron electos 16 candidatos del PRI, 9 del PAN, 3 del PRD, 2 del PT y 2 del PC.

[26] Una hegemonía representativa supone el predomino de una fuerza política sobre otras minadas en su representatividad debido desequilibrios y tendencias de una gran coalición vinculante que no permite mayores posibilidades para la conformación del debate público posible (Dahl, 1996: 42).

[27] Siguiendo los esquemas de Dahl: “la hegemonía cerrada se abre haciéndose representativa (…) la hegemonía representativa se transforma seguidamente en una poliaqruía al aumentar las oportunidades de debate público” (1996: 43 y 46).

[28] Véase Mizrahi (2002: 353-362); Remes (2002: 443).

 

 

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