LA GRAMÁTICA DE LA APERTURA: REFORMAS ELECTORALES EN MÉXICO, 1977-1996.

El año de 1977 inauguró una oleada de reformas que intentaron viabilizar los encauces de la oposición impidiendo, en la medida de lo posible, la llegada al poder de la misma. Bajo esta tendencia se intentaba mantener intacta la gobernabilidad fundada en el autoritarismo patrimonial, en el monólogo priista, en la antimoderna fusión Estado-gobierno, así como preservar un tipo de legitimidad más parecida a la consulta pública que al sufragio efectivo. En suma la nueva reforma intentaba conservar intacta la arquitectura política legada al régimen durante los años cuarenta a través el pacto social revolucionario.

El 17 de diciembre de 1977 fue aprobada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE) con 164 votos a favor y 19 en contra.[1] Desde entonces hasta 1985 el nuevo ordenamiento desataría una serie de reformas controladas bajo la lógica de una “liberalización funcional”, apegadas a un tipo de apertura que logró con éxito relativo neutralizar el conflicto coadyuvando al requilibrio de la coalición dominante (Cansino, 2000: p. 137). No obstante la despresurización del régimen abrió paso a una serie de cambios en la legislación electoral suscritos bajo una contradicción aparente: el control de los procesos electorales debía ser directamente proporcional al tamaño de la oposición participante; bajo ese supuesto la sola intervención del gobierno consistiría un mecanismo de seguridad frente a probables derrotas priistas en elecciones importantes (Gómez Tagle, 2001: p. 20). Los nuevos ordenamientos estipulaban lo siguiente:

a) Ampliación de la Cámara de Diputados.– la fórmula de integración de la Cámara baja seguía una estricta lógica de representación territorial hasta que la LFOPPE, en su artículo 155, introdujo la noción de proporcionalidad. En consecuencia se aumentó el número de diputados a un total de 400 legisladores, 300 elegidos bajo el principio de mayoría simple en distritos uninominales, y 100 más votados mediante representación proporcional en circunscripciones con lista parlamentaria. Para el acceso a los curules de proporcionalidad se reformó el artículo 54 constitucional asegurando dos métodos de reparto: uno de ellos, “la representatividad mínima”, era capaz de otorgar un diputado al partido que logara cinco por ciento de la votación total efectiva en una circunscripción; el otro, también llamado “de primera proporcionalidad”, basó el reparto de curules según la votación efectiva de cada fracción con respecto al cociente electoral –o al cociente de unidad en caso de que el primer método no agotara el total de las bancas disponibles–. En caso de que algún partido obtuviese 70 o más bancas por la vía uninominal estaba vetado del reparto proporcional.

b) Cambios en los procedimientos electorales.– la reforma depositó en la Comisión Federal Electoral (CFE) la mayor parte de las tareas y facultades de la organización de las elecciones. La Comisión tenía personalidad jurídica propia y presupuesto necesario, sus decisiones eran inimpugnables en todos sus actos salvo en los relacionados con la emisión de los sufragios. Estaba conformada por un presidente en funciones –que era el Secretario de Gobernación–; un senador, un diputado, y un representante por cada partido político nacional –con voz y voto–; así como por un representante por cada partido con registro condicionado –con voz y sin voto– y un secretario acompañado del director del Registro Nacional de Electores –ambos con voz y sin voto–.

c) Reconocimiento de asociaciones políticas.– para ampliar la estructura opositora el régimen decidió reconocer oficialmente a las llamadas “asociaciones políticas nacionales”. Su registro dependía de 5 mil miembros en todo el país, una dirección nacional con delegados en 10 entidades federativas, así como dos años de actividad política anterior a la solicitud de su ingreso. Una vez reconocidas se les permitiría aliarse con otras organizaciones e incluso con partidos políticos nacionales.

d) Reconocimiento de partidos políticos.- las organizaciones políticas capaces de presentar una declaración de principios, un programa de acción así como estatutos propios podían solicitar reconocimiento oficial como partidos políticos nacionales vía dos métodos específicos: uno era “el registro condicionado”que se otorgaba siempre que el partido reuniese 1.5 por ciento de los votos nacionales en la elección durante la cual se procuraba el reconocimiento; el otro consistía en “el registro definitivo” que requería de un mínimo de 3 mil miembros en por lo menos la mitad de las entidades federativas, o en su defecto 300 afiliados en la mitad de cada uno de los distritos electorales uninominales con un total de 75 mil miembros como mínimo. Una vez reconocidos los partidos políticos ostentaban una serie de derechos concernientes a la postulación de sus candidatos en elecciones federales, a la participación en las elecciones estatales y municipales, así como a la participación en los organismos electorales donde podían nombrar un comisionado con voz y voto. En cuanto a sus obligaciones quedaba claro que debían mantener el número de afiliados, cumplir con sus estatutos, editar publicaciones periódicas, sostener un centro de formación política y comunicar a la Comisión sobre cualquier cambio en sus reglamentos.[2]

La normatividad en curso, pese a que involucró una serie de cambios a nivel constitucional –principalmente en los artículos 41, 52, 54, 55, 60, 73, 97 y 115–, hacía descansar sus principales mecanismos restrictivos en la LFOPPE. Y en razón de lo mismo tanto las reformas constitucionales como la ley reglamentaria propiciaron un sinnúmero de lagunas legales capaces de reforzar el control del partido hegemónico y del régimen político por completo. Entre tales inconsistencias destaca que la Constitución contemplaba en su artículo 54 fracción IV el registro de candidatos mientras que el registro oficial de los partidos políticos carecía de fundamento constitucional alguno; asimismo, pese a que en el artículo 60 constitucional existía respaldo para la auto calificación de las elecciones a cargo del Colegio Electoral, nunca se diseñó a la par –y pese a la existencia de un incipiente sistema contencioso electoral– ningún tribunal ante el cual se pudieran interpelar los resultados de las votaciones; finalmente resalta el hecho de que aunque se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intervenir en caso de conflicto, se le negó de antemano la capacidad para dirimir en caso de una violación flagrante en el conteo de los sufragios (Paoli Bolio, 1993: pp. 156-157).

En virtud de una serie de inconsistencias y controles últimos el PRI mantuvo su condición hegemónica en el Congreso mientras que la CFE se apuntaló como un “superpoder electoral”, no sólo porque su desempeño nunca estuvo sometido a tribunal alguno, sino porque tenía capacidad para decidir, juzgar, ejecutar, reglamentar e imponer –sin posibilidad de revisión– todo lo relacionado a lo contencioso electoral (Becerra, et al., 2000: p. 119).

Las reacciones a la reforma no se hicieron esperar: la representación proporcional recién impuesta causó más críticas que adhesiones. Curiosamente la oposición no había comprendido que teniendo votaciones tan bajas como 1.5 de los sufragios efectivos tenían asegurados 25 por ciento de los curules totales de la Cámara de Diputados. Basado en este principio el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM) posterior a las elecciones legislativas de 1979 logaron obtener su registro condicionado (Aguilar, Meyer, 1993: p. 216).[3] Claramente la representación política fraccionaria era la principal usufructuaria de la funcionalidad liberalizadora, siempre y cuando el PRI mantuviese intacta su condición hegemónica en el Congreso.

Sin embargo para 1985 tanto la arquitectura política como la atmósfera ideológica del régimen habían llegado a un punto de no retorno; la época de los rendimientos decrecientes del sistema habían comenzado minando los esquemas de gobernabilidad de una clase política cada vez más imposibilitada para operacionalizar los términos del conflicto (Janet, 1988: p. 303). Con el paso del tiempo la liberalización perdía su estructura de eficacia debido a dos razones esenciales: las reformas electorales del 1977 resultaron insuficientes para aglutinar a las fuerzas sociales disidentes; en tanto que el modelo económico, pieza clave de toda justificación y legitimidad del régimen posrevolucionario, “hacía agua” por todas partes.

Los saldos de la crisis se tradujeron en descontento, irritación y empobrecimiento de amplios sectores sociales que, en oposición férrea a las reformas económicas impulsadas por el régimen, abandonaron gradualmente el partido del presidente evidenciando la manera en que la apertura económicaconformaba las nuevas coaliciones políticas predestinadas a constituirse como las auténticas bases del multipartidismo mexicano (Collier, 2000: p. 100). La lectura era simple: el crecimiento económico sostenido era la condición necesaria para la rentabilidad autoritaria del sistema y la sustentabilidad última del pacto corporativo.

La respuesta del régimen a los primeros indicios de la disfuncionalidad de la liberalización era predecible: una nueva reforma al sistema electoral intentó limitar la fuerza creciente del complejo opositor, actitud que transformó a la apertura en una suerte de movilidad descendente“pues su efecto principal consistió en poner en órbita otra, y después otra y otra reforma más” sepultando para siempre la ilusión, hasta cierto punto progresista al interior de algunos sectores del PRI, de corporativizar la totalidad de la disidencia (Becerra, et al., 2000: p. 149). Luego de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados que tuvo lugar entre el 27 y 28 de noviembre de 1986 se aprobó un nuevo Código Federal Electoral (CFE) junto con un conjunto de enmiendas a la Constitución.[4] En esta ocasión las reglas del juego resultaron ser mucho más restrictivas:

a) Financiamiento y asignación de recursos.- desde 1977 el financiamiento público a los partidos políticos se venía otorgando de manera discrecional; con esta reforma se reglamentó la asignación de recursos mediante la figura del “costo mínimo de campaña”.Desde luego la transparencia en el manejo de los recursos públicos no quedó del todo superada pues aún se contemplaba indistintamente aportaciones provenientes de individuos como de organizaciones.

b) Mayor centralización en la organización electoral.- la Comisión Federal Electoral se encontraba en manos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mientras que las comisiones locales electorales y los comités distritales siguieron sus mismos criterios de integración. El presidente y el secretario de los respectivos órganos desconcentrados de la autoridad electoral serían nombrados por el titular de la SEGOB, hecho que aseguró un elevado grado de centralización al interior de los procesos electorales.

c) Mayor control en los organismos electorales.- para la conformación de los organismos electorales se estableció un sistema de representación proporcional que permitió al PRI la ocupación de la mayoría de los puestos al interior de la Comisión. También se creó el  Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) conformado por siete magistrados nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios en el Congreso, sus funciones se sujetaban a los recursos de apelación y queja, aunque resultara inaplicablecualquier recurso de reclamación, despojando a la SCJN de todas sus facultades en la materia.

d) Mayor control en la participación política.- con la reforma se imposibilitaron las alianzas y coaliciones, hecho que desató la desaparición de algunos partidos escasamente competitivos, en su lugar se permitieron las candidaturas comunesen las que dos o más partidos podían apoyar la postulación de un contendiente ajeno a sus filas.De igual modo se instauró un método fijo para el reparto proporcional, se trató de la llamada fórmula de “primera proporcionalidad” –la cuál tendía a favorecer a los partidos más pequeños– haciéndose el primer reparto a través del llamado “cociente rectificado”.

e)  Mayor hegemonía del PRI en el Congreso.- si bien el número de curules de la Cámara de Diputados aumentó de 400 a 500, el PRI dejó de estar excluido del reparto proporcional mediante los términos de una “cláusula de gobernabilidad”, elemento queaseguró que el partido mayoritario no podría obtener menos del 50 por ciento más uno de los curules totales, situación que blindó al tricolor ante posibles derrotas en los distritos de mayoría. Igualmente se determinó que ningún partido, ni siquiera el hegemónico, tendría derecho a más del 70 por ciento de los curules de la Cámara baja, asegurándole a la oposición un mínimo de 150 bancas. Esa fue la tarifa de la subrrepresentación opositora por aquellos años.

f)  Mayor rigidez en los mecanismos de registro.- con la reforma desapareció el registro condicionado haciendo depender el futuro de los partidos a la suerte de su registro permanente que, dicho sea de paso, se perdía de manera definitiva al tener en una elección federal menos del 1.5 por ciento de la votación efectiva.[5]

El nuevo experimento electoral duró poco. El 14 de julio de 1990 la Cámara de Diputados aprobó, con un total de 369 votos a favor, un nuevo ordenamiento en materia electoral. De las fauces de un régimen en transición surgió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con un total de 372 artículos y 19 transitorios distribuidos en ocho libros, la nueva normatividad establecía un complejo específico de instituciones, órganos, y lineamientos que anticipaban aires de verdadera democratización:

a) Cambios en los mecanismos de representación política.- se reinstauró el registro condicionado –desaparecido por la reforma de 1986– y se implementó “la escala móvil”que terminó por dilapidar a los partidos políticos medianos; la escala consistía en que el partido con mayor número de triunfos de mayoría relativa tendría derecho a dos diputados adicionales por cada punto porcentual de votación que obtuviera entre el 35 y 60 por ciento de los votos nacionales.       

b) Creación del Instituto Federal Electoral.- la búsqueda de imparcialidad y la necesidad de contar con una base sólida de confianza llevaron a la creación del acuerdo institucional más importante en materia electoral ocurrida hasta nuestros días, se trató del Instituto Federal Electora (IFE), una “autoridad encargada de la función estatal de organizar las elecciones para renovar a los poderes Ejecutivo y Legislativo”. El IFE se encargó de todo lo concerniente al padrón electoral, a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, de la preparación y desarrollo de la jornada electoral, del cómputo y otorgamiento de constancias así como de la capacitación de los comicios.

c) Creación del Tribunal Federal Electoral.- en materia de lo contenciosos electoral la reforma de 1990 construyó todo un sistema jurídico que se suscribía a una Sala Central conformada por cinco magistrados designados por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo, y cuatro Salas Regionales integradas por tres magistrados cada una. Desde la perspectiva de los procedimientos se establecieron recursos de impugnación: “queja, reclamación, apelación y reconsideración”; los dos primeros de naturaleza administrativa, los otros dos de carácter jurídico.

d) Formalización de los mecanismos de financiamiento.- por primera vez en la historia de este país se establecieron cuatro rubros para el financiamiento público de los partidos: el primero era “por actividad electoral”, se otorgaba de acuerdo al número de votos obtenidos por el partido en las elecciones de diputados y senadores; el segundo “por actividades generales” que equivalía al 10 por ciento del financiamiento por actividad, otorgándose de manera igualitaria a todas las fracciones; el tercero “por subrogación”,es decir el monto otorgado por el gobierno a los partidos políticos que ascendía al 50 por ciento anual del total de las contribuciones que aportaban los legisladores; y finalmente “por actividades específicas” que constituía en un rembolso hasta del 50 por ciento por los gastos que hicieran los partidos en rubros concretos, tales como tareas editoriales, investigación o educación cívica.[6]          

Cada uno de estos lineamientos hizo de la reforma electoral de 1990 el acuerdo institucionalmás significativo emprendido desde la apertura política; bien que mal la creación de un edificio especializado –el IFE–, profesional, abierto y vigilado por todos y cada uno de los partidos políticos existentes no podía ser más que la expresión depurada de un acuerdo político tácito: mayor equidad en los términos de competencia, al interior de elecciones limpias y confiables. El hecho estaría destinado a convertirse en la piedra filosofal para el desarrollo ulterior de la conflictividad institucionalizada.

A pesar de todo lo anterior, las metas del IFE estaban muy lejos de cumplirse, y eso lo dejaba muy claro las elecciones intermedias de 1991 en las que el nuevo organismo debía aplicar una serie de fórmulas barrocas, complicadas y hasta artificiales que le imposibilitaban cumplir con los principios de “neutralidad y vigilancia” que motivaron las causas de su diseño. Contradictoriamente, y quizá perfilándose la emergencia de un electorado “conservador” de gran activismo en las décadas subsecuentes, los comicios de ese año arrojaron la tasa de participación más alta registrada hasta entonces: casi 23 millones de personas salieron a las urnas y el 61.43 por ciento sufragó por el candidato del PRI (Becerra, et al., 2000: p. 273).

A dos años de transición –con la pérdida de la hegemonía priista en la Cámara de Diputados en 1988–, las elecciones no competitivas seguían arrojando resultados altamente positivos para el régimen, a tal grado que durante el ejercicio de la LV Legislatura (1991-1994) el Revolucionario Institucional recobraría la mayoría calificada para reformar autónomamente la Constitución. La Cámara de Diputados se encontraba sobre y subrrepresentada, al tiempo que los comicios electorales aseguraban escalas de participación ascendentes. No obstante con el transcurso de la nueva Legislatura un hecho resultaba evidente: el voto ciudadano no podía forzar por sí mismo la equidad en los términos de la contienda, para conseguir tal cosa se necesitaba del concurso de otro tipo de sufragio, aquél que se emitía en pleno proceso legislativo y desde las bancadas opositoras. En 1993, en un nuevo impulso revisionista, se implementó la sexta reforma electoral emprendida por el régimen en dieciséis años de apertura:

a) Cambios en el Senado.- a partir de 1993 se contaría con cuatro senadores por entidad federativa; dos de ellos por el principio de mayoría relativa, uno bajo la figura de la primera minoría y el cuarto asignado por reparto proporcional.

b)  Cambios en los mecanismos de financiamiento.- la reforma contempla cuatro nuevos rubros de financiamiento para los partidos políticos: público, militancia, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros; por militancia el monto del financiamiento no podía ser superior al 5 por ciento del presupuesto público total otorgado al partido; las aportaciones individuales tenían como máximo el 1 por ciento del financiamiento público, el límite para las personas morales no debía exceder al 5 por ciento de los recursos públicos. Además de que quedó estrictamente prohibido el fomento de los partidos con montos proveniente de dependencias gubernamentales, entidades públicas, extranjeras, asociaciones religiosas y organizaciones internacionales.      

c) Cambios en los mecanismos de registro.- la permanencia de las fracciones no se encontraba a merced de las urnas, al menos no directamente pues las reformas emprendidas facilitaban la permanencia de los partidos políticos que ya contaban con su registro, debido a que no se les despojaba de su patrocinio público hasta pasadas dos elecciones consecutivas en las que el partido no lograra el 1.5 por ciento de la votación total emitida.

d) Cambios en los procedimientos electorales.- después de 1993 quedaba en claro que la Cámara de Diputados, erigida como Colegio Electoral, seguiría calificando las elecciones presidenciales; sin embargo durante las elecciones de renovación del Legislativo se anulaba la “autocalificación”, optando en su lugar por un reconocimiento jurídico que delegaba dicha función tanto a los órganos electorales como al Tribunal Federal Electoral.[7]   

Pese a la adenda a la legislación electoral de 1990 el COFIPE aún privilegiaba la participación de los partidos sobre los ciudadanos, prohibiendo cualquier posibilidad de candidatura independiente. Desde luego ese no era el único inconveniente consagrado en la legislación, también existía una restricción ejercida en contra de las asociaciones políticas: los partidos políticos se encontraban completamente inhabilitados para la conformación de candidaturas comunes, dificultándoles la formación de alianzas o coaliciones. Frente a las prohibiciones también se sumaban inconsistencias innegables: el Tribunal Electoral podía nulificar una elección hasta que las irregularidades sumaran el 20 por ciento del total de las casillas instaladas, circunstancia que en el peor de los extremos implicó la impunidad –e incluso la permisión– de un fraude electoral hasta en dicha proporción.

Después de la tormenta política y social que supuso el año de 1994 vino, desde luego, otra reforma política. El séptimo esfuerzo del gradualismo contempló una modificación al artículo 41 constitucional para refrendar la autonomía del IFE y permitir su pertinente ciudadanización; así como la cancelación del derecho al voto de los partidos al interior del Consejo General, los Consejos Estatales y Distritales, medida que fue compensada por la eliminación del principio de proporcionalidad en la ocupación de los mismos (Alcocer, 1996: p. 97). Bajo la influencia de precisiones mínimas el país se perfilaba rumbo a los comicios de 1994 en los que Ernesto Zedillo obtuvo el 48.7 por ciento de los sufragios totales emitidos, convirtiéndose en el último candidato del PRI triunfante en comicios presidenciales –hasta el año 2012– y en el primero que desde 1946 no recibió la postulación de otro partido además del de Los Pinos (Molinar Horcasitas, 1993: p. 200).[8]

Pese a los avances las fórmulas de proporcionalidad fueron poco sensibles a los cambios en materia de competencia político-electoral, e incluso contraproducentes debido a los términos ya tan deplorables de la gobernabilidad entera; sorprendentemente la LVI Legislatura (1994-1997), la última erigida sobre la base de un sistema de partido semicompetitivo, motivada por la inestabilidad financiera fue capaz de producir un acuerdo institucional significativo que cambió para siempre el estado del régimen y el sistema político por entero: el octavo esfuerzo del revisionismo electoral hubiera resultado poco probable sin el voluntarismo mostrado por la oposición, quienes profundamente vulnerables ante las secuelas de la crisis económica optaron, al igual que el PRI, por alentar reconfiguraciones institucionales que blindaran el campo de acción de su propia legitimidad. El gobierno mexicano decidió convocar a una especie de “acuerdo político nacional” donde todas las fuerzas políticas se pronunciaran en favor de una reforma capaz de asegurar equidad, certeza y, por sobre todas las cosas, estabilidad política.

El 13 de noviembre de 1996, después de dos años de entrampadas negociaciones, las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría priista, aprobaron un dictamen que introducía dieciséis modificaciones a la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo; la minuta se tornó al pleno sin aprobación opositora para que, después de un tiempo, fuera sancionada durante las primeras horas del 14 de noviembre con un total de 282 votos a favor y 142 en contra (Becerra, et al., 2000, p. 422).[9] Presa de un clásico del régimen político mexicano, de un madruguete legislativo, fue aprobada en lo general el último esfuerzo del reformismo electoral arrojando muchos más acuerdos que divergencias:

a) Coaliciones electorales.- las coaliciones están obligadas a presentar de manera conjunta sus fórmulas para diputados y senadores por ambos principios de representación; asimismo tendrán un solo representante ante el Consejo Generaldel IFE; y en cuanto a su financiamiento público cada partido integrante de una coalición recibirá normalmente sus recursos, aunque los gastos y topes de campaña tendrán que ser erogados como si se tratase de un sólo partido.

b) Consejo General del IFE.- con la reforma de 1996 el gobierno abandonó de manera definitiva la organización electoral dejando en manos de los ocho consejeros electorales, así como del presidente del Consejo General del IFE, la organización de los comicios. El cargo de consejero duraría seis años, estarían sujetos a relección, serían propuestos por los partidos políticos y elegidos por las tres cuartas partes de los diputados presentes en el pleno al momento de la elección. El Consejo General se convirtió en el único responsable de vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad electoral.

c) Financiamiento público.- el dinero público se convirtió en el componente primordial de los recursos partidistas. El 70 por ciento se distribuyó conforme al monto de la votación, mientras que el 30 restante se asignó de un modo igualitario a cada partido. También se especificaron los topes de campaña, se restringieron las aportaciones individuales y se establecieron mejores mecanismos de auditoría y vigilancia. En cuanto a las modalidades, quedaron suscritas a tres rubros: actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas.

d) Representación política.- se instauró un techo a la sobrerrepresentación desde el momento en que ningún partido político podía obtener ocho por ciento más de las bancas que establecieran su votación nacional, salvo que las obtuviera por la vía uninominal. Se integró para la Cámara de Senadores una lista nacional de representación proporcional con un total de 32 legisladores; el monto total de escaños ascendió a 128 senadores: tres por cada entidad federativa y el cuarto proveniente de la lista descrita. Finalmente, y como disposición transitoria, a partir del año 2000 el Senado se renovaría en su totalidad, terminando con la “guillotina francesa” vigente desde 1991.       

e) Tiempo en radio y televisión.- a cada uno de los partidos con representación en el Congreso se les permitió el acceso a radio y televisión tanto en sus espacios de transmisión oficial como en los promocionales. Dicho reparto quedaba determinado de la siguiente manera: 30 por ciento distribuido de manera igualitaria, mientras que el 70 restante fue otorgado conforme a la fuerza electoral que cada fracción registrara en las urnas.    

f) Tribunal Electoral.– la Sala Superior del Tribunal se erigió como la máxima autoridad electoral, salvo en materia de inconstitucionalidad, área reservada a la SCJN. A la Sala Superior le correspondía realizar el cómputo final así como formular la declaración de validez de la elección presidencial; la designación de los magistrados corría a cargo del Senado a propuesta de la Corte; en caso de inconstitucionalidad en el desempeño de los magistrados podían ser objeto de auscultación por parte de la SCJN. Finalmente se declaró el fin en el tiempo de aquella vieja tradición decimonónica que otorgaba a la Cámara de Diputados funciones de Colegio Electoral.

g) Sistema de partidos.– se suprimió la modalidad del registro condicionado y en su lugar se estableció un procedimiento único para la obtención del registro oficial. Toda institución aspirante a partido político debía realizar asambleas que acreditasen un mínimo de 3 mil afiliados en por lo menos 10 entidades federativas; además debía comprobar 300 ciudadanos adherentes en 100 o más distritos uninominales; así como presentar una lista de afiliados no menor al 0.13 por ciento del padrón electoral en la elección federal ordinaria e inmediata a la fecha del trámite de solicitud del registro. A partir de 1996 sólo aquellos partidos con una votación nacional superior al 2 por ciento tendrían derecho sobre el reparto proporcional en la Cámara de Diputados.[10]

La larga y extenuante configuración sistémica de 1996 constituye el último acto de una liberalización disfuncional y, consecuentemente, el primero que marcó el inicio de una singular “democratización”. A diferencia de las siete reformas electorales precedentes, la última emprendida por el régimen no tenía entre sus objetivos otorgarle al Congreso un aire pluralista ante una realidad monocromática, mucho menos era diseñada para crear un espacio limitado y exprofeso para minorías de antaño excluidas; por el contrario, intentaba apartar al gobierno de la organización de los comicios además de otorgarle a los partidos los recursos para asegurar una mayor equidad en los términos de una competencia reconocida de antemano como desleal. Por esa y muchas otras razones el año de 1996 abrió paso a la democratización en México, y con ella a una etapa nueva y mucho más incierta en el desarrollo político nacional.

BIBLIOGRAFÍA:

Aguilar, Héctor; Meyer, Lorenzo (1993), A la sombra de la revolución mexicana, México: Cal y Arena.

Alcocer, Jorge (1996), “Las recientes reformas electorales en México: perspectivas para una democracia pluripartidista real”,en Roett, Riordan [comp.], El desafío de la reforma institucional en México, México: Siglo XXI.

Becerra, Ricardo, et al., (2000), La mecánica del cambio político en México: elecciones, partidos y reformas, México: Cal y Arena.

Cansino, César (2000), La transición mexicana: 1977-2000, México: Centro de Estudios de Política Comparada.

Collier, Berins Ruth (2000), “The transformation of labor-based one-partyism at the end of Twentieth Century: the case of México”,in Hollifield, James Frank and Calvin C., Jillson [comps.], Pathways to democracy: the political economy of democratic transitions, New York: Routledge.

Gómez Tagle, Silvia (2001), La transición inconclusa: treinta años de elecciones en México 1964-1994, México: El Colegio de México.

——— (1999), “La crisis y las reformas electorales salinistas”, en Salinas Figueredo, Darío [comp.], Problemas y perspectivas de la democracia en América Latina, México: Asociación Latinoamericana de Sociología, Triana, Universidad Iberoamericana.

González, Miguel; Lomelí, Leonardo (2000), El partido de la revolución: institución y conflicto (1928-1999), México: Fondo de Cultura Económica.

Janet, Fernando (1988), “Reforma del Estado: itinerarios y gobernabilidad”, en Cordera, Rolando et al., [comps.], México: el reclamo democrático, México: Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, Siglo XXI.

Krieger, Emilio (1990), “Derecho electoral en julio de 1988”, en González Casanova, Pablo [comp.], Segundo informe sobre la democracia: México el 6 de julio de 1988, México: Siglo XXI.

Middlebrook, Kevin J., (1994), “La liberalización política en un régimen autoritario: el caso de México”, en O’Donnell, Guillermo, et al., [comps.], Transiciones desde un gobierno autoritario: México y América Latina, volumen 2, Barcelona: Paidós.

Molinar Horcasitas, Juan (1993), El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, México: Cal y Arena.

Paoli Bolio, Francisco José (1993), “Legislación electoral y proceso político: 1917-1982”,en González Casanova, Pablo [comp.], Las elecciones en México: evolución y perspectivas, México: Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México.


[1] La LFOPPE fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1977. Se conformó de 250 artículos distribuidos en cinco títulos: a) elección de los poderes ejecutivo, legislativo y organizaciones políticas; b) preparación del proceso electoral; c) disposiciones de la jornada electoral, d) cómputo y resultados electorales; e) resolución de problemas, nulidades, recursos y sanciones (Paoli Bolio, 1993: p. 158).

[2] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 115-119); Middlebrook (1994: pp. 205-206).

[3] Posterior al año de 1979 también consiguieron su registro condicionado: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Social Demócrata (PSD), así como el Mexicano de los Trabajadores (PMT).

[4] El Código Federal Electoralmodificaría la mayoría de los artículos de la reglamentación anterior, añadiendo un total de 113 nuevas disposiciones; en su totalidad contaba con 362 artículos distribuidos en 73 capítulos (González & Lomelí, 2000: p. 516).

[5] El cociente rectificadoresultaba de dividir el total de la votación efectiva entre el número de curules multiplicado por dos; con esta medida los partidos medianos se vieron fuertemente perjudicados. El costo mínimo de una campaña para diputadoconsistía en una ecuación donde el gasto mínimo de una campaña sería multiplicado por el número de candidatos registrados bajo el principio de mayoría relativa, lo que resultara de esa operación se dividía por mitades para finalmente ser asignado a los partidos en una cantidad proporcional al número de sus diputados. Véase Becerra, et al., (2000: pp. 181-199); Cansino (2000: pp. 171-172); Krieger (1990: pp. 33-49).

[6] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 249-270); Gómez Tagle (1999: p. 197).

[7] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 293-307).

[8] Durante los comicios de 1994 el PAN obtuvo el 27 por ciento de los sufragios totales emitidos, es decir 10 millones de sufragios; en tanto que el PRD fue votado casi por el mismo número de electores que seis años atrás, se trató del 17 por ciento de la votación efectiva que ascendía a poco más de 6 millones de sufragios (Alcocer, 1996: p. 106).

[9] La aprobación de la reforma de 1996 suscitó un sinnúmero de controversias constitucionales presentadas ante la SCJN tanto por el PAN como por el PRD. La razón del desacuerdo descasó en que durante el trabajo de comisiones el PRI terminó imponiendo su condición mayoritaria en el Congreso modificando, sin la venia opositora, algunos puntos concernientes al financiamiento público, acceso a medios de comunicación así como a la conformación de coaliciones y diputaciones de representación proporcional; temas en los que tanto la oposición como el tricolor jamás llegaron a ningún acuerdo posible en casi dos años de negociaciones.

[10] Véase Becerra, et al., (2000: pp. 424-450).

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2 comentarios

Archivado bajo Ensayo, Política

2 Respuestas a “LA GRAMÁTICA DE LA APERTURA: REFORMAS ELECTORALES EN MÉXICO, 1977-1996.

  1. mmmm ,me deja muchas cosas en que pensar realmente soy nuevo en esto se que me falta mucho camino pero me parece muy interesante .

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