LOS AYUNTAMIENTOS Y LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO POSTCOLONIAL EN MÉXICO, 1808-1824

El secuestro de Fernando VII y la imposición de Pepe Botella respaldada por Napoleón en 1808 desataron la revolución liberal en España cuyos efectos, al cruzar el atlántico, fueron conocidos con el nombre de revolución hispánica. Toda esta coyuntura histórica, tanto en la península como en los territorios de ultramar, se sintetizaba en una pregunta plagada del espíritu de la ilustración: “¿en quién recaía la soberanía?” Después de haber llamado a Cortes la respuesta claramente fue emitida: en la representación territorial de los pueblos asentados a lo largo y ancho del Imperio.[1]

Para el caso mexicano el orden político gaditano institucionalizaba lo que de facto existía trescientos años atrás. La dominación española fue resultado de “un pacto informal” en el que la Corona delegó a los beneméritos una parte sustantiva de las potestades locales a cambio del ejercicio pleno del poder central; de este modo la centralización en la Nueva España existía, pero de manera selectiva con respecto a un inmenso mar de autonomías, inscritas en espacios novohispanos que se encontraban coordinados más no jerarquizados.[2] Ahí estaba el gran reto de Cádiz: establecerse como un parlamento imperial que debía estratificar los espacios quebrantando las estructuras de poder tradicionales que las reformas borbónicas no habían logrado del todo mitigar. Para tal efecto, y siguiendo la lógica de “los cuerpos intermedios”, los constituyentes de 1812 encomendaron a la diputación provincial dos tareas a la postre altamente tensionadas: a) en la forma desempeñarse como una institución bisagra entre los intereses del centro político colonial con respecto a los detentados por las periferias; b) en la función vigilar y perpetuar el ejercicio constitucional de los ayuntamientos.[3]

Evidentemente los movimientos pro-independentistas reconfiguraron la puesta en práctica de estas dos facultades. Desde el punto de vista de las élites novohispanas la independencia representaba un escaparate ante el peso de los impuestos coloniales; mientras que para los ayuntamientos la insurgencia significaba una oportunidad rentable para combatir el centralismo y afianzar la soberanía de los pueblos a partir de esquemas de recaudación indirectos.[4] Bajo este supuesto quedó suscrito un sistema de relaciones entre diputaciones y ayuntamientos motivado por una vecindad centrípeta, dependiente de la especificidad de cada espacio geohistórico mexicano, producto de una realidad imposible de ser objetivada a tabula rasa.[5]

A principios de la segunda década del siglo XIX la Nueva España resguardaba un total de 630 ayuntamientos; tan sólo en Oaxaca en 1812 subsistían 90 repúblicas de indios que para 1821 quedaron parcialmente comprendidas en los 200 ayuntamientos.[6] En 1803 en la intendencia de México había 1 245 repúblicas y 45 alcaldías mayores; para 1821 se contarían 202 ayuntamientos constitucionales habiéndose perdido un gran número de gobiernos indígenas.[7] Yucatán no fue la excepción a la regla, entre 1814 y el año de la consumación de la independencia cientos de repúblicas perecieron, al tiempo que se pasó de 108 a 178 cabildos.[8] En Tlaxcala la abolición de ayuntamientos exclusivamente indígenas abrió las puertas a una amplia gama de cabeceras que se declararon independientes de la capital; finalmente para 1822 se reconocieron 42 ayuntamientos.[9] Esta situación contrastó ampliamente con los casos de Guanajuato y San Luis, regiones de menor concentración indígena que entre 1820 y 1822 crearon 22 y 52 ayuntamientos respectivamente.[10]

Desde luego detrás de la multiplicación de los espacios existía una mecánica de incentivos redituable para criollos y mestizos, pero profundamente desfavorable para los pueblos indígenas en los espacios dónde éstos no eran mayoría, o simplemente estaban dispersos geográfica, lingüística o étnicamente. La desaparición progresiva de las repúblicas de indios, en aras de la igualdad jurídica y de la modernidad, no sólo implicó el detrimento de sus usos y costumbres sino la imposibilidad de controlar de manera directa sus recursos públicos; por otra parte donde los indígenas no eran fusionados con las élites criollas y mestizas, los ayuntamientos más que “una comunidad jerárquica de sujetos colectivos” eran la piedra de toque entre una tradición corporativa propia del antiguo régimen y, en última instancia, representaban “una soberanía compartida” producto de una revolución tan liberal como distante.[11]

Sin embargo durante el primer periodo gaditano (1812-1814) los ayuntamientos, al tiempo que se hicieron promotores del sufragio en los territorios de sus provincias, reforzaban sus atribuciones gubernamentales, jurisdiccionales y fiscales.[12] De igual manera, y una vez más de manera profundamente diferenciada a lo largo de la Nueva España, se convirtieron en los mediadores por excelencia entre los sistemas de recaudación centrales y provinciales y los contribuyentes locales.[13] Bajo las labores de un estricto co-gobierno los cabildos se erigieron como maquinarias de ejercicio continuo de instrucciones desde el momento en que fueron capaces de encomendar a sus diputaciones la resolución de problemas múltiples; tales como la tenencia de la tierra, la regulación y disminución de los derechos eclesiásticos, usos de bosques, pastos y aguas, cuestiones limítrofes así como étnico-identitarias.[14]

No obstante el retorno de Fernando VII al trono español puso punto final a la pregunta ilustrada; hecho que de ningún modo interrumpió la reconfiguración de los espacios de representación novohispana. La abolición de la Constitución de Cádiz y la restauración de los viejos órdenes, subdelegaciones e intendencias, intensificaron una serie de resistencias locales que allanaron en favor del separatismo. Para 1820, tras el regreso del documento gaditano, los ayuntamientos reinstaurados emergieron como “los agentes principales”, como los detentadores reales de poder entre un conjunto de diputaciones provinciales erigidas a la manera de cuerpos independientes del poder central y con dominio absoluto sobre sus propios asuntos.[15] En esencia estas fueron las variables de orden de la “revolución territorial”, una suerte de reivindicación popular del principio autonomista aparejada al crecimiento exponencial de los espacios de contención y asociación política de diputaciones y cabildos.[16]

Por otra parte durante el segundo periodo gaditano (1820-1822) las diputaciones se adhirieron al Plan de Iguala y Casa Mata rompiendo de manera definitiva con los últimos resquicios del orden colonial; hecho que fortaleció la esfera de influencia de las diputaciones al grado de posicionarlas en condiciones de ventaja ante las figuras de los jefes políticos tradicionales. A partir de entonces empezaron a ser consideradas como un “supremo gobierno”; responsables del control de la hacienda pública, de organizar a las tropas y la milicia impulsando “un federalismo sui generis” con el objetivo de afianzar su control sobre una serie de contribuciones fiscales y administrativas originalmente depositadas en los ayuntamientos.[17]

El empoderamiento de las diputaciones no significó un detrimento de la figura de los ayuntamientos; no obstante implicó la emergencia de un dilema que dominaría el resto del siglo XIX mexicano: “¿federalismo de estados o de municipios?”[18] En el fondo esa disyuntiva encubrió una lógica de recaudación descentralizada que al interior de las entidades debía convertirse en “captación centralizada”, capaz solventar el gasto público y de aminorar el déficit presupuestario generado por una multiplicidad exorbitante de municipios; por cierto ese fue el problema recurrente cada vez que se discutió sobre las formas de gobierno en el México independiente.

Claramente la “revolución territorial” del periodo gaditano no tardó en cobrar su factura. Para los tiempos de nuestro primer Constituyente (1823-1824) la reconfiguración del espacio estaba lejos de haber terminado: caso emblemático fue la creación del Distrito Federal producto de una escisión largamente impugnada por el estado de México; el 18 de noviembre de 1824 sería la federación quién terminaría cobrando las jugosas rentas de la ciudad de México. Mucho más complejo fue el asunto del ayuntamiento de Huejutla que el 10 de junio de 1823 convocó a los demás ayuntamientos de la Huasteca, San Luis, Puebla, México, Nuevo Santander y Veracruz para formar una nueva provincia de mayoría indígena, y aunque al final se impuso el control de la diputación de San Luis, el conflicto devendría en largas discusiones sobre el control de los estancos y los impuestos del tabaco que llegarían a la etapa federal. Casi bajo esa misma tónica, el 15 de enero de 1824 el ayuntamiento de Huamantla dirigió una representación al Congreso respaldada por cinco cabildos a favor de la unión de Tlaxcala al estado de Puebla; el 24 de noviembre los diputados tomaron una decisión salomónica y la declararon territorio.[19]

No sería una exageración argumentar que en este país los municipios nacieron antes que la República, y lo hicieron bajo el sendero de una monarquía moderada cuya ancla de legitimidad durante mucho tiempo sería el Plan de Iguala.[20] El antiguo eje gaditano “vecindad-ciudadanía”, encaminado a limar las asperezas sostenidas entre las autoridades y las soberanías de los pueblos, a partir del gobierno de Guadalupe Victoria estaría sujeto a los equilibrios de un sufragio predominantemente indirecto y altamente diferenciado; su punto de partida de nueva cuenta serían los municipios, pero esta vez comprendidos como bisagras de un nuevo orden, como el contrapeso territorial entre los gobernadores, el gobierno central y las legislaturas locales, con el claro objetivo de limitar el área de influencia militar y fiscal de la federación en los estados.[21]

Claramente esta compleja red de distensiones entre poderes y equilibrios de prominencia fraguó hondas raíces a lo largo del siglo XIX mexicano, al grado de que una vez agotado el “confederalismo” tanto como el “unitarismo”, el diseño federal de la segunda mitad del siglo XIX todavía sujetaría los términos de su gobernabilidad a “una relación contractual, pactista, entre estado y pueblos” en la que los ayuntamientos electivos cobrarían poderes jurisdiccionales autónomos, dándole por primera vez a la ciudadanía cierta dimensión de autogobierno localista.[22] Desde entonces a la fecha ahí ha radicado la legitimidad del municipio en México.

*Artículo originalmente publicado en: Alcaldes de México, Número 3, Septiembre-Octubre, México, 2009.

BIBLIOGRAFÍA:

Annino, Antonio, “El Jano bifronte: los pueblos y los orígenes del liberalismo en México”, en Leticia Reina, Elisa Servín (coordinadoras), Crisis, reforma y revolución. México: historias de fin de siglo, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Taurus, 2002, pp. 209-252.  

———— “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Hilda Sabato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 62-95.

———— “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, pp. 17-64.

———— “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 177-226.

Bellingeri, Marco, “Soberanía o representación: legitimidad de los cabildos y la conformación de las instituciones liberales en Yucatán”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, pp. 65-90.

———— “Las ambigüedades del voto en Yucatán: representación y gobierno en una formación interétnica, 1812-1829”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 227-290.

Benson, Nettie Lee, La diputación provincial y el federalismo en México, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

Buve, Raymond, “Una historia particular: Tlaxcala en el proceso del establecimiento de la primera república federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 533-554.

Carmagnani, Marcello, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 39-73.

———— “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX”, en Alicia Hernández Chávez, Manuel Miño Grijalva (coordinadores), Cincuenta años de historia en México, volumen II, México, El Colegio de México, 1993, pp. 221-242.

Hamnett, R., Brian, “Fraccionalismo, constitución y poder personal en la política mexicana, 1821-1854: un ensayo interpretativo”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 75-109.

Monroy Castillo, María Isabel Calvillo Unna, Tomás, “Las apuestas de una región: San Luis Potosí y la República Federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 319-350.

Salinas Sandoval, María del Carmen, “Del imperio al federalismo: Estado de México, 1823-1827”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 445-474.

Serrano Ortega, José, “Federalismo y anarquía, municipalismo y autonomía: Guanajuato, 1820-1826”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 263-288.


[1] Por territorio no puede entenderse “un simple agregado de comunidades ni una construcción artificial a partir de la geografía, sino más bien la resultante de la tensión entre comunidad y autoridad”. A partir de esa tensión emerge el espacio postcolonial que es al mismo tiempo geografía, política, sociedad y cultura. Marcello Carmagnani, “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX”, en Alicia Hernández Chávez, Manuel Miño Grijalva (coordinadores), Cincuenta años de historia en México, volumen II, México, El Colegio de México, 1993, p. 231.

[2] Marcello Carmagnani, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850” en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 42-46.

[3] Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo en México, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. pp. 108-121.

[4] Antonio Annino,“Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 221. Brian, R., Hamnett, “Fraccionalismo, constitución y poder personal en la política mexicana, 1821-1854: un ensayo interpretativo”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 86-88.

[5] Antonio Annino, “El Jano bifronte: los pueblos y los orígenes del liberalismo en México”, en Leticia Reina, Elisa Servín (coordinadoras), Crisis, reforma y revolución. México: historias de fin de siglo, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Taurus, 2002, p. 221. Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 225-226.

[6] Annino, “Cádiz”, 1995, pp. 203-215.

[7] María del Carmen Salinas Sandoval, “Del imperio al federalismo: Estado de México, 1823-1827”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 468.

[8] Marco Bellingeri, “Las ambigüedades del voto en Yucatán: representación y gobierno en una formación interétnica, 1812-1829”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 267.

[9] Raymond Buve, “Una historia particular: Tlaxcala en el proceso del establecimiento de la primera república federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 533-540.

[10] José Serrano Ortega, “Federalismo y anarquía, municipalismo y autonomía: Guanajuato, 1820-1826”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 276. María Isabel Monroy Castillo, Tomás Calvillo Unna, “Las apuestas de una región: San Luis Potosí y la República Federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 328.

[11] Antonio Annino, “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 31.

[12] Bellingeri, “Ambigüedades”, 1995, p. 260.

[13] Serrano, “Federalismo”, 2003, p. 276.

[14] Monroy Castillo, Calvillo Unna, “Apuestas”, 2003, p. 325.

[15] Benson, Diputación, 1995, p. 24. Carmagnani, “Territorio”, 1993, p. 230.

[16] Annino, “Cádiz”, 1995, pp. 177-181.

[17] Serrano, “Federalismo”, 2003, pp. 265-267 y 274-276.

[18] Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 225-226.

[19] Buve, “Historia”, 2003, p. 546. Monroy Castillo, Calvillo Unna, “Apuestas”, 2003, p. 342. Salinas Sandoval, “Imperio”, 2003, pp. 462-463.

[20] Annino, “Jano”, 2002, pp. 243-244.

[21] Escribo “sufragio predominantemente indirecto y altamente diferenciado” pues en algunos estados se ejercía el voto popular directo (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa), que coexistía con el sufragio indirecto en primer grado (Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis), así como con el voto mixto (Agusacalientes, México y Campeche). Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 232-236.

[22] Annino, “Cádiz”, 1995, p. 225; “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Hilda Sabato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 72.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Ensayo, Historia

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s