RADIOGRAFÍA MÍNIMA DEL VIEJO RÉGIMEN

Las instituciones políticas emanadas del pacto social revolucionario surgieron por la interacción y el desacuerdo propiciado por las fuerzas sociales existentes, así como por el gradual desarrollo ocurrido al interior de los procedimientos y dispositivos de organización diseñados para resolver dichas discrepancias; en consecuencia “a medida que las fuerzas sociales se hicieron más heterogéneas, las instituciones se tornaron mucho más complejas y autoritarias” (Huntington, 1997: pp. 21-22). Ese fue el credo imperante a lo largo y ancho del proceso modernizador en México, proceso que al interior de su estructura organizativa alcanzó un elevado grado de institucionalización.

Bajo este contexto el orden político posrevolucionario, aún bajo el remanente de la diplomacia del revólver, se logró afianzar como un sistema político moderno mediante la construcción de un partido político capaz de conducir los destinos del régimen, soportando con ello la legitimidad de la clase gobernante durante poco más  de siete décadas. Así el sistema presidencial mexicano logró concretar una compleja red de relaciones a nombre del Estado, sirviendo como el emblema de unidad al interior de las fracciones dominantes y como el representante ideológico más visible en los proyectos de desarrollo que la nación en un momento determinado llegó a implementar (López Villafañe 1997, p. 56). Contrario al mito –que en los últimos años ha cobrado muchos adeptos– el poder del presidente radicaba en la institución y no en la persona; sin embargo dicho poder era impensable sin el consenso ejercido por el mandatario en turno vía el cuerpo de instituciones que de su figura política sistemática emanaban.

De esta manera el partido del gobierno se mantuvo desde su origen y durante mucho tiempo como un cuerpo de alianzas capaces de cooptar las fuerzas políticas del nuevo Estado. La tarea no era sencilla, para sostener las labores de la centralización se necesitó de una escalada de acontecimientos y coyunturas críticas capaces de incidir en el desarrollo político nacional así como el diseño institucional vigente: en ese tenor “el partido de partidos” del año de 1929 se transformó rápidamente en un “partido de sectores” en 1938, para finalmente, en 1946 constituirse como “un partido diseñado para el control de los sectores” (López Villafañe, 1997: pp. 181-187). Esa fue la metodología que construyó un sistema político al servicio de la administración del conflicto y del sostenimiento de una estabilidad abiertamente autoritaria.

Una vez consolidado el PRI como partido hegemónico el régimen político quedó por completo institucionalizado; desde entonces hasta 1985 el Revolucionario Institucional se reservó el ejercicio particular del justo medio existente entre el orden político y el cambio permanente.[1] En primer lugar aseguró el relevo pacífico de los mandos públicos; al tiempo que incentivó una serie de instituciones y corporaciones capaces de cooptar amplios sectores al proceso político de manera organizada y limitada; esto último le proporcionó a la elite gubernamental un amplio margen de maniobra, facultándosele para abrir espacios a la disidencia sin que éstos representaran una fuerte amenaza; hecho que le permitió basar su dominación en el mínimo grado de represión, asegurando de antemano la subordinación de las fuerzas armadas a los mandos civiles, e incluso disminuyendo la brecha existente entre una práctica autoritaria y “una formalidad democrática”; todo este conjunto hizo posible un grado de legitimidad adicional en su desempeño gubernamental (Crespo, 1999: pp. 45-47).[2]

El PRI, erigido como la precondición necesaria para el ejercicio óptimo de cada una de estas eventualidades, era además un actor protagónico en el marco de elecciones periódicas, estables y no competitivas.[3] Esta situación era propiciada por una paradoja funcional que con el paso de las décadas retrasó el ascenso de la vida democrática del país: la metaconstitucionalidad en el ejercicio del poder presidencial. Me refiero a aquella vieja relación de extra formalidad construida a nivel sistema alrededor de 1933 que, entre otras cosas, posibilitó la abdicación del Legislativo en favor del Poder Ejecutivo vía la estructura organizativa del partido, incentivada por la imposibilidad de relección consecutiva de los diputados que invariablemente era traducida, por una suerte de simbiosis institucional, en disciplina y lealtad para con el presidente en turno.[4] Esta cadena de relaciones causales y escalonadas lograron la construcción de mega mayorías que desde Donceles –y mucho después desde San Lázaro– coadyuvaron a la puesta en práctica de un enorme poder presidencial que se tradujo en la capacidad desmedida de reforma constitucional del PRI y del Ejecutivo (Lujambio, 2003: p. 255).[5]

De manera paralela la sintomatología de los comicios, en un principio plebiscitarios y mucho después semicompetitivos, alcanzó grados de sofisticación encomiables: además de la intervención de la estructura gubernamental, la movilización electoral era accionada por mecanismos clientelares y patrimonialistas, limitando cualquier indicio de apertura y libre expresión ciudadana sobre la base de normas discrecionales e inequitativas, capaces de controlar tanto el escrutinio como los procedimientos de integración de la representación política, así como de utilizar como último recurso de estabilidad y permanencia prácticas fraudulentas construidas en torno a las urnas y el conteo de los sufragios (Molinar, 1988: pp. 260-266). Bajo tales síntomas el régimenpolítico mexicano muy bien podía caracterizarse como “un modelo autoritario de pluralismo limitado y no participativo” (Cansino, 2000: p. 98); y la etiqueta no era exagerada pues se trataba de un forma de organización política donde el sistema de libertades y tolerancia hacia otros grupos, necesario para la realización plena de un Estado constitucional democrático, no llegó nunca a implementarse y tampoco a consolidar un subsistema judicial de función eficiente, mucho menos a impedir la subordinación del Congreso a un Ejecutivo naturalmente corporativizado y tendencialmente centralizado (Muñoz Petraca, 2001: pp. 32-33).

A más de medio siglo de distancia lo que quedó del “viejo” régimen, pese a más de treinta años de apertura y democratización, hoy se presenta como un tremendo y aletargante obstáculo para la movilidad y el cambio político en México.

BIBLIOGRAFÍA:

Cansino, César (2000). La transición mexicana: 1977-2000, México, Centro de Estudios de Política Comparada.

Casar, María Amparo (2002). “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”,en Elizondo, Carlos; Nacif, Benito (editores), Lecturas sobre el cambio político en México, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Fondo de Cultura Económica, pp. 41-78.

Crespo, José Antonio (1999). Fronteras democráticas en México: retos, perspectivas y comparaciones, México, Océano.

Huntington, Samuel P., (1997). El orden político en las sociedades de cambio, Barcelona, Paidós.

Levi, Lucio (2002). “Régimen político”,en Norberto Bobbio; Niccola Matteucci; Gianfranco Pasquino (editores), Diccionario de política, volumen II, México, Siglo XXI, pp. 1362-1366.

Levy, Daniel C., (1989). “México: sustained civilian rule without democracy”,en Diamond, Larry; Linz, Juan; Lipset, Seymour Martin (editors), Democracy in developing countries: Latin America, volume IV,Colorado, Lynne Rienner, pp. 459-497.

López Villafañe, Víctor (1993). La formación del sistema político mexicano, México, Siglo XXI.

Lujambio, Alonso (2003). “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México”,en Lanzaro, Jorge (editor), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 251-280.

Meyer, Lorenzo (1988). “La debilidad histórica de la democracia mexicana”, en Cordera Campos, Ronaldo; Trejo, Raúl; Vega, Juan Enrique (coordinadores), México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra, México, Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, Siglo XXI, pp. 73-83.

Molinar Horcasitas, Juan (1993). El tiempo de la legitimidad: elecciones, autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena.

——– (1988). “La asfixia electoral”, en Cordera Campos, Ronaldo; Trejo, Raúl; Vega, Juan Enrique (coordinadores), México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra, México, Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacionales, Siglo XXI, pp. 259-269.

Muñoz Petraca, Víctor Manuel (2001). Del autoritarismo a la democracia: dos decenios de cambio político en México, México, Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México.

Sartori, Giovanni (2005). Partidos y sistemas de partido: marco para un análisis, Madrid, Alianza Editorial.

Weldon, Jeffrey (2002). “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”,en Mainwarring, Scott; Soberg, Matthew Shugart (editores), Presidencialismo y democracia en América Latina, Buenos Aires, Paidós, pp. 175-211.


[1] De manera muy escueta un régimen político se suscribe “a cierta escala de valores, normas y estructuras de autoridad” sensibles a cambios profundos que reconfiguran, en mayor o menor medida, la lucha política al interior de las instituciones del Estado (Levi, 2002: pp. 1362-1363). En cambio un partido hegemónico no permite la competencia formal por el poder, lo que por ningún motivo exime la existencia de otros partidos que existen “como meras fracciones de segunda”, sin posibilidades reales de competencia ni equidad en los términos de la misma (Sartori, 2005: p. 282).

[2] Desempeño que siempre fue medido en estándares de crecimiento económico. De esta manera fue posible confundir dos opuestos absolutos: “entremezclar el corporativismo con pluralismo”, la represión con la cooptación y la continuidad con la flexibilidad, al grado de provocar una estabilidad autoritaria altamente funcional (Levy, 1989: p. 485).

[3] Los gobiernos mexicanos reconocieron en la democracia una de las metas menos trascendentes de la revolución, actitud que quedó por completo reforzada desde la primera campaña presidencial del PNR, cuando el partido de Plutraco Elías Calles postuló a Pascual Ortiz Rubio dos elementos se convirtieron en tendencias a seguir por el sistema: las urnas nunca habrían de determinar ningún papel decisivo en la vida política nacional, así como el resultado de las elecciones estaría acordado de antemano (Meyer, 1988: p. 78).

[4] En el año de 1933 se reformó el artículo 59 constitucional con el propósito de impedir la relección consecutiva de diputados y senadores, debilitar la representación local adherida al caudillismo del PNR y posibilitar un Congreso cada vez más centralizado, leal a la figura del Ejecutivo y mucho más apegado a la estructura de intereses del partido gobernante (Weldon, 2002: p. 191).

[5] Esto involucraba la coexistencia de estructuras de poder formales aparejadas con otras formas de naturaleza mixta, informales de jure pero completamente formales de facto (Molinar, 1993: pp. 17-18).Desde luego la penetración efectiva del Ejecutivo en el actuar de los otros dos poderes, vía un arreglo institucional previo, ocurrió porque tanto los magistrados como los parlamentarios encontraron mayores incentivos en la disciplina autoimpuesta que en su ejercicio como contra-balanceadores reales ante aquel “poder indiviso y unitario” representado por la presidencia de la república (Casar, 2002: pp. 42-71).

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